Más Canal Once, menos claridad del gobierno

Publicado en Zócalo, agosto de 2010

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En principio, la ampliación en la cobertura del Canal Once es una de esas decisiones buenas, aunque realizada

¿Ingenuidad y torpeza, o engaño del gobierno con Canal Once?

con tanta torpeza que llegan a parecer malas. Pero pronto sabremos si, además, el gobierno federal quiere hacer del Canal Once un recurso de propaganda política. Estaríamos, en ese caso, ante un asunto malo que se ha querido camuflar de bueno.

Es plausible que al Canal Once, a partir de las medidas anunciadas el pasado 12 de julio, se le pueda ver en sitios del país a donde no llegaba en señal abierta. Llama la atención que eso ocurra hasta ahora y que en plazas fundamentales como Guadalajara, esa emisora cultural fuera desconocida por los telespectadores que no disfrutan de televisión de paga.

Pero es cuestionable, y sumamente extraño, que las instalaciones e incluso las licencias de los nuevos canales que se añaden a la cadena de Canal Once no sean parte de esa emisora sino de la discutida entidad creada por el gobierno federal el 31 de marzo pasado. Ese día, a la mitad de semana santa, el Diario Oficial dio a conocer el decreto presidencial que estableció el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, OPMA.

Las suspicacias que se extendieron ante el surgimiento de ese organismo eran entendibles, especialmente debido a la ausencia de explicaciones claras por parte del gobierno federal. En los medios de comunicación propiedad del gobierno –IMER, Radio Educación, el propio Canal Once– corrió la versión de que serían adscritos al OPMA. Algunos funcionarios y personajes políticos, en privado y luego de manera pública, dijeron que el OPMA había sido creado para hacerse cargo del Canal Once.

Confusión y voracidad

El desconcierto fue tal que la mañana del lunes 12 de julio, un par de horas antes de la ceremonia en donde el OPMA y Canal Once suscribieron un convenio, en varios medios de comunicación se dijo que allí se anunciaría el traslado de esa televisora a la Secretaría de Gobernación. Eso dijo, en el noticiero Enfoque conducido por Leonardo Curzio en Radio Mil, el director general de Notimex, la agencia de noticias del Estado.

Si a alguien no se puede suponer desinformado acerca de la política de medios del gobierno es a ese funcionario, protagonista y a la vez uno de los operadores de dicha política. Pero algo cambió, o el diligente Sergio Uzeta no estaba del todo enterado y pocos minutos después el conductor de Enfoque recibió una llamada del subsecretario para Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Héctor Villarreal, que desmintió la versión del director de Notimex.

Ese episodio es algo más que anecdótico. El interés de gobierno para dotar de mayor presencia pública al habitualmente desamparado Canal Once tiene implicaciones muy diversas. Durante varios años se ha discutido la necesidad de que existan nuevas cadenas de televisión, con alcance nacional, que hagan contrapeso a la hegemonía de Televisa y Televisión Azteca. Una opción para ello es la licitación de frecuencias para crear una o dos nuevas cadenas de televisión privada. La otra posibilidad es el reforzamiento de la red, hasta ahora precaria, que ha tenido Canal Once.

Llevar la señal de Canal Once a más mexicanos resulta, sin duda, meritorio. Aunque sus contenidos estén sujetos siempre a discusión, el hecho de que su prioridad no sea la conquista a toda costa del rating distingue a esa emisora de los canales de televisión orientados por el afán mercantil. Además, en la medida en que alcance mayor presencia entre los televidentes, el Canal Once podría disponer de más recursos para mejorar la calidad de su programación.

Sin embargo el Canal Once no deja de ser una emisora del gobierno federal. Y la ampliación de su cobertura ocurrió precisamente en una coyuntura política que ha estado definida por al afán del gobierno para afianzar su control sobre las telecomunicaciones y la radiodifusión, después de las elecciones estatales del pasado 4 de julio.

La nueva cobertura de Canal Once fue anunciada cinco días después de la designación, como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, de un funcionario sin experiencia en esos asuntos y cuyo mérito principal había sido su cercanía con el secretario de Comunicaciones y Transportes. El nombramiento de Mony de Swaan, hasta ahora colaborador constante de Juan Molinar, tuvo la singularidad de suscitar desacuerdos en sectores que no siempre coinciden en sus apreciaciones sobre esos temas.

Consultores y especialistas, directivos y voceros de empresas del sector, lo mismo que legisladores de los principales partidos, expresaron críticas a la designación de De Swaan y más tarde a la decisión del resto de los comisionados de la Cofetel para encumbrarlo a la presidencia de ese organismo.

Una variedad similar de voces se manifestó contra el procedimiento para aumentar la señal de Canal Once.

El incremento en la cobertura del Once causa inquietud en las televisoras privadas que hasta ahora han visto a la televisión cultural con cierto desdén paternalista. Pero si el Once alcanzara presencia nacional,  aunque no se propusiera competir con las cadenas de Televisa y Azteca significaría una opción interesante para los televidentes hasta ahora cautivos de los canales comerciales que han sido la única opción disponible en televisión abierta.

La posibilidad de que el Once sea manejado con criterios de promoción política para favorecer al gobierno actual, no resulta desdeñable si se toma en cuenta la decisión del presidente Calderón para hacer de la reelección del PAN en la presidencia de la República el eje de su política para los siguientes dos años. De allí el rechazo del PRI al procedimiento para ampliar la señal del Once. El escrutinio crítico de los televidentes de ese canal será el mejor recurso para identificar, y en su caso denunciar, cualquier utilización facciosa de los contenidos del Canal Once.

El opaco OPMA

Pero también entre los simpatizantes del noble Canal Once hay motivos para tener alguna desazón ante las decisiones del gobierno federal. La nueva presencia de esa televisora en media docena de zonas del país y la que adquiera en el futuro será a través de instalaciones y frecuencias que no formarán parte de Canal Once, sino del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.

El OPMA es un organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación. El primero de sus propósitos, de acuerdo con su decreto fundacional, es “coadyuvar al fortalecimiento de la participación democrática de la sociedad, garantizando mecanismos de acceso público en la programación”. Pero si algo no lo ha definido, ha sido la transparencia. A mediados de julio, más de cien días después de haber sido creado, era imposible encontrar información acerca del OPMA. En el sitio de la Secretaría de Gobernación aparecía entre los organismos descentralizados que están “sectorizados” en esa dependencia pero sin una sola referencia más.

A pesar de esa opacidad, el OPMA comenzó a funcionar de inmediato. Sin que sus gestiones fueran públicas, solicitó varias frecuencias de televisión a la Comisión Federal de Telecomunicaciones. El 24 de junio, de acuerdo con el convenio que suscribió con el Canal Once, la Cofetel le asignó ocho permisos, cuatro para televisión analógica y otros tantos para televisión digital, en Xalapa, Guadalajara, Morelia y Coatzacoalcos. Tres semanas más tarde, el 15 de julio, en el sitio de la Cofetel en Internet no había información alguna sobre la asignación de esos permisos ni sobre la sesión del pleno de ese organismo que tendría que haberse realizado para otorgarlos.

Hasta comienzos de julio, la señal abierta de Canal Once llegaba a 14 ciudades, en 10 estados del país. Según el investigador Fernando Mejía Barquera (Milenio, 15 de julio) 9 de esas repetidoras están permisionadas al Instituto Politécnico Nacional y otras 5 son de tres gobiernos estatales (Guerrero, Nayarit, Quintana Roo) que han acordado retransmitir la señal de Canal Once.

A partir del 12 de julio, esa señal llega además a Guadalajara, Morelia, Xalapa y Coatzacoalcos a través de las frecuencias y antenas habilitadas por el OPMA. Sin embargo en la ceremonia que ese día fue encabezada por el presidente Calderón, las autoridades de Canal Once mencionaron también dos pares de canales (uno analógico y otro digital en cada plaza) para el área de Gómez Palacio, Durango y Torreón, Coahuila y otro más en Los Mochis, Sinaloa. Esos canales no aparecen en el convenio entre Canal Once y el OPMA. Improvisación, apresuramientos y descuido, se añaden a la oscuridad acerca de la ampliación en la cobertura de esa televisora.

Hasta ahora la señal abierta de Canal Once llegaba al 28% de los mexicanos, la mayor parte en la ciudad de México y su zona metropolitana. Ahora, de acuerdo con los funcionarios que participaron en la ceremonia del 12 de julio, llegará a “casi” el 42%. Se trata de un avance importante, pero habría que tomarlo en sus justas dimensiones.

Hasta ahora 3 de cada 10 mexicanos podían ver Canal Once sin tener que pagar por ello. En lo sucesivo, podrán hacerlo 4 de cada 10 mexicanos.

Se asegura que están en marcha obras para instalar repetidoras en Durango, Mérida, Monterrey y Oaxaca, con lo cual Canal Once llegaría al 49% del territorio nacional. Según parece allí terminará el esfuerzo del gobierno actual para extender la señal de Once TV. Nada de ha dicho acerca de las previsiones, si las hubiera, para que la otra mitad de los mexicanos cuente con el servicio de esa televisora.

Convenio de sólo un año

¿Por qué la nueva infraestructura que el gobierno decidió crear para propagar la señal de Canal Once no le fue adjudicada directamente a esa emisora? ¿Por qué permisos e instalaciones forman parte de OPMA? ¿Qué garantías hay para que esa redundante intermediación administrativa y técnica no se convierta en fuente de entorpecimientos políticos para el Once?

El presidente de la República y otros funcionarios se ufanan de, con esas medidas, estar fortaleciendo la televisión pública. Pero no es así. Lo que consigue la ampliación en la cobertura de Canal Once es ampliar los recursos de la televisión del gobierno, que hasta ahora ha tenido un perfil fundamentalmente cultural pero que nunca deja de estar al garete de ocurrencias, caprichos o intereses del gobierno en turno.

La televisión auténticamente pública es aquella que reúne tres características: se financia de manera fundamental con recursos fiscales, dispone de salvaguardas para que la designación y remoción de sus directivos no dependa del gobierno y cuenta con vínculos formales (en la figura de consejos, o en la integración de sus órganos de conducción administrativa) con la sociedad.

De esos requisitos el Canal Once cumple con el primero. Su financiamiento depende de recursos públicos pero no tiene otras fuentes que respalden su operación cotidiana. Junto con el resto de los medios permisionados esa emisora padece la limitación, impuesta por la Ley Federal de Radio y Televisión, que le impide comercializar algunos de sus espacios. El Canal Once, igual que otros medios del gobierno, evade parcialmente tal disposición vendiendo “patrocinios” por exhibir o mencionar algunos productos. Sin embargo, en rigor, ese subterfugio es ilegal.

Una de las muchas consecuencias del estancamiento en la reforma legal para la radiodifusión ha sido el mantenimiento de esas irregularidades. Los medios no mercantiles deberían poder recibir ingresos por anunciar productos como una manera para fortalecer sus finanzas. Otra solución a la constante pobreza de esos medios radicaría en que tuvieran garantizado un presupuesto, a partir de fondos fiscales, que sólo resultaría suficiente si tales medios disfrutaran de autonomía para gestionar sus recursos.

Mientras se mantenga la situación jurídica que le permite al presidente de la República designar o destituir a su director, Canal Once padecerá una constante incertidumbre política y administrativa. Esa dependencia se acentúa con el peculiar convenio que le permite utilizar temporalmente las frecuencias y repetidoras manejadas por el OPMA.

El convenio entre esas dos entidades tiene vigencia de un año. ¿Por qué, si las frecuencias gestionadas por el OPMA y las antenas que las utilizan fueron creadas para Canal Once se acordó que el convenio caduque a los 12 meses, aunque haya previsiones para que sea renovado? Y si esas frecuencias e instalaciones no son para Canal Once, ¿entonces para qué, para quiénes, a partir de cuándo?

Hacer cosas buenas que parecen malas, es resultado de la ingenuidad, la torpeza o inexperiencia. Hacer cosas malas a las que se busca disfrazar como buenas, es una manera de engañar.

El noble Canal Once, que podría llegar a ser una auténtica televisora pública y con alcance realmente nacional, no se merece un trato así.