Censura y opacidad con pretexto de las campañas

Publicado en Zócalo, junio de 2012

A fuerza de repetirla y convertirla en consigna de los nuevos tiempos políticos, decir que la información es indispensable para la democracia se ha convertido en lugar común de nuestra vida pública. Sin embargo de ese dicho, a los hechos, existe una distancia que para los ciudadanos significa restricciones, bloqueos e incluso acciones de censura en el acceso a la información que podría proveerlos del conocimiento suficiente para comprender y tomar posiciones respecto de los asuntos públicos.

Los principales sitios del gobierno bloquearon acceso a información pública con pretexto de las elecciones

La información nutre, renueva y le da perspectivas a la democracia. En la disponibilidad de datos y hechos y el discernimiento respecto de ellos radica una de las claves, quizá la más importante, para la construcción de una auténtica ciudadanía. 

Durante los años recientes en América Latina se ha discutido bastante acerca de las limitaciones de la democracia cuando se la entiende solamente constreñida al campo electoral. Con cierto desdén, para subrayar carencias más que estableciendo un piso mínimo a partir del cual las sociedades pueden mejorar sus instituciones y el compromiso con ellas de sus ciudadanos, hay quienes hablan de democracia procedimental, o quienes se refieren a la democracia formal, como si las reglas o las formas bastasen para que existan elecciones competidas y limpias. Antes de las reglas y como sustrato indefectible de ellas, se encuentran la necesidad e incluso la exigencia de los ciudadanos y las fuerzas políticas para crear esas reglas, identificarse con ellas y ceñir la competencia por el poder al sistema electoral democrático.

La democracia no se extingue en el voto. A fin de que ese ejercicio sea posible se requiere de condiciones que van más allá de las formas y las reglas, aunque pasen por ellas, de la misma manera que a la democracia le hace falta horizonte para tener sentido. La democracia no puede nutrirse en la sociedad si los ciudadanos no tienen interés suficiente en los asuntos públicos y allí es donde la información resulta imprescindible.

Contrapesos y máscaras

Los ciudadanos obtienen información a través de los medios de comunicación y a partir de las instituciones estatales y políticas. El papel que tienen como intermediarios entre esas instituciones y la sociedad, confiere a los medios de comunicación responsabilidades específicas que en muchas ocasiones evaden o que cumplen de manera solamente parcial.

Los medios de comunicación pueden ser contrapesos muy eficientes delante de abusos del poder político. Pero también llegan a enmascarar buena parte de la realidad política. La propensión a espectacularizar los acontecimientos conduce a los medios –siempre hay excepciones, pero son justamente eso– a cargar las tintas sobre algunos de los rasgos más estrepitosos e insustanciales del quehacer político. Cuando los partidos políticos y sus candidatos tienen discursos fundamentalmente huecos, afectados por el desvanecimiento de ideologías, la escasez de compromisos y la desorientación programática, en los medios no es mucho lo que se puede decir de ellos y las anécdotas prevalecen sobre la información de mayor seriedad y densidad. Pero además, los medios mismos habitualmente prefieren difundir frivolidades por encima de asuntos de mayor complejidad. En la cobertura de las campañas políticas por lo general se asigna más espacio a los gritos y las gesticulaciones que a las explicaciones y las ideas –cuando las hay–. Política superficial y medios que la trivializan, constituyen una mezcla que propicia la desazón de los ciudadanos –o, como dicen los colegas sudamericanos, la desafección– respecto del quehacer político.

Información clara, suficiente y accesible, podría ser antídoto contra la murmuración y la trivialización de los asuntos políticos. Las reglas que propician y organizan el acceso a la información pública han sido un activo de la democracia. Pero la obligación de gobiernos, instituciones estatales y partidos políticos para abrir sus asuntos al escrutinio público se cumple sólo de manera parcial e, incluso, es contravenida con subterfugios que se originan precisamente en las reglas y las autoridades electorales. A continuación se mencionan tres fuentes recientes y preocupantes de opacidad con motivo de las campañas políticas: autoridades electorales, medios de comunicación e instituciones gubernamentales.

Autoridades obtusas

Las reglas para la competencia electoral, establecidas en 2007 y 2008, ofrecen un marco muy claro para la propaganda política. La prohibición a la compra y venta de espacios para mensajes políticos en radio y televisión constituye el eje articulador de las principales modificaciones legales con motivo de esa reforma.

Entre 2011 y 2012 las autoridades que encabezan el Instituto Federal Electoral y, muy especialmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han tenido lecturas sesgadas, y por lo tanto innecesariamente restrictivas, de algunas de tales disposiciones. El artículo 41 de la Constitución y el Código Electoral no indican expresamente que el proselitismo político deba suspenderse en el periodo que hay entre las precampañas dentro de los partidos y las campañas formales. Tampoco impiden la realización de debates entre algunos de los aspirantes a una candidatura o a un cargo de elección popular. Mucho menos señalan que la presencia de candidatos o emblemas políticos en los medios de comunicación tenga que ser considerada como expresión de proselitismo electoral o  sucedáneo de aportación financiera a una campaña. Sin embargo, en los meses recientes distintas decisiones de esos órganos han resultado discutibles y, para algunos, innecesaria e inquietantemente prohibicionistas.

En febrero de 2012, a los candidatos se les impidió participar en medios de comunicación para dar a conocer sus propuestas. Antes, la transmisión en televisión de un debate entre precandidatos de una coalición de partidos en Nayarit fue juzgada por el TRIFE como “adquisición” de tiempo en ese medio de comunicación debido a una peregrina inferencia de ese organismo y a pesar de que no hubo compraventa de espacio.

Periodistas castigados

El año pasado, cuando el senador Marko Antonio Cortés competía por la candidatura del PAN a la alcaldía de Morelia, el Tribunal Electoral consideró que el hecho de haber sido comentarista en un noticiero en Michoacán había constituido una violación de la ley porque al participar en un medio de comunicación había alcanzado “una posición de privilegio” respecto de sus contendientes.

Con ese precedente, en abril de 2012 el IFE prohibió que el diputado Javier Corral, candidato al Senado por Chihuahua, mantuviera el espacio de comentarios que llevaba cuatro años ofreciendo en el noticiario matutino del Instituto Mexicano de la Radio. La denuncia contra Corral había sido presentada por el Partido Verde, cuyos compromisos con las televisoras privadas son tan evidentes que varios de sus candidatos al Congreso han sido funcionarios o familiares de los dueños de Televisa y Televisión Azteca.

La denuncia contra Corral –ampliamente conocido por su compromiso con la reforma legal para los medios de comunicación– era una medida política de las televisoras para dificultar e incluso, de ser posible, cancelar su candidatura al Senado. Por eso fue muy importante que el Consejo General del IFE no se dejara presionar. El 16 de mayo ese organismo desechó, por mayoría, la propuesta para sancionar a Corral, al IMER y al PAN.

Castigar a un candidato por haber tenido participación profesional en un medio de comunicación implicaba cercenar los derechos políticos de reporteros, conductores, comentaristas, productores y de todo aquel que, trabajando en un medio, quisiera competir por un cargo de elección popular. Además, constituiría un acto de censura y un atentado contra los derechos de las audiencias del medio de comunicación al que se le prohibiera dar espacio a uno de sus periodistas por el hecho de ser candidato.

Cinco consejeros electorales votaron contra la censura a Corral y al IMER. Pero otros cuatro lo hicieron a favor –entre ellos el presidente del IFE, Leonardo Valdés–.

También fue cuestionable la prohibición del IFE a los anuncios publicitarios de un libro dedicado a la vida privada del candidato del PRI a la Presidencia. Los consejeros electorales que vetaron esos spots consideraron que podrían influir en la campaña electoral. Aunque, hasta donde ha podido apreciarse en adelantos en la prensa, el libro no es precisamente favorable a Enrique Peña Nieto, el hecho de que se le mencionase en tales anuncios detonó el recelo de algunos consejeros del IFE.

Adversarios de la reforma

Decisiones como las antes reseñadas, han ocasionado desconcierto en los medios de comunicación. Pero además han sido aprovechadas por operadores y propietarios de empresas adversos a la reforma electoral de 2007. La disputa de los consorcios de la televisión privada y de algunas cadenas de radio contra aquellas modificaciones constitucionales ha transitado por varios y muy publicitados episodios, desde el desacato abierto a cumplir con las disposiciones legales para la transmisión de spots de los partidos cuando comenzaron las campañas federales de 2009, hasta la impugnación legal.

El argumento principal de las televisoras ha sostenido que la prohibición a la compraventa de espacios para spots electorales quebranta la libertad de expresión y fue desechado por la Suprema Corte. Sin embargo, en la temporada electoral de 2012 IFE y TRIFE han favorecido aquella postura al restringir la libertad de expresión. Eso es lo que significa el impedimento a los debates en la fase intercampañas, el veto a colaboradores en medios de comunicación y la suspensión de propaganda no electoral. Queriéndolo o no, las autoridades electorales han confirmado las interesadas suspicacias de los adversarios de la reforma de 2007.

Gobiernos opacos

Las campañas electorales también han puesto a prueba la capacidad de las instituciones gubernamentales para cumplir las disposiciones en materia de acceso ciudadano a la información. La pertinente disposición del Apartado C del Artículo 41 Constitucional para que durante las campañas electorales se suspenda la difusión de propaganda gubernamental e institucional, ha sido leída como impedimento a la información de distintos asuntos.

Los principales sitios del gobierno federal en Internet advierten a los usuarios que debido a ese mandato constitucional se suspende el acceso a las secciones “que contienen difusión de programas, acciones, obras o logros del gobierno”. En el sitio de la Presidencia de la República quedó bloqueada la consulta, entre otros documentos, de discursos, entrevistas o conferencias de prensa del titular del Ejecutivo Federal. Sin embargo sí están disponibles los videos y fotografías del presidente Calderón.

En la mayor parte de los sitios del gobierno federal quedó suprimido el acceso a boletines de prensa y discursos, pero en algunos es posible encontrar tales informaciones. Al menos ya avanzado el mes de mayo, la secretaría de Salud y la SEP habían dejado intocado el acceso a todos sus contenidos, atendiendo a la excepción establecida por la mencionada disposición constitucional en donde se dice que podrá mantenerse la información de “autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”. Sin embargo los portales del IMSS y el ISSSTE anunciaban restricción a sus contenidos. Los sitios del Conaculta y de Bellas Artes indicaban la reducción de sus contenidos debido a la temporada electoral, pero los del Canal Once y el IMER no habían sido afectados por tales disposiciones.

Algunos gobiernos de los estados bloquearon el acceso a documentos alusivos al gobernador en cuestión, pero otros no. En sitios como los del gobierno del Estado de México y los de Jalisco y Chihuahua, fue suspendida la consulta de boletines y fotografías. Pero en los sitios del gobierno del Distrito Federal y del gobierno de Yucatán, entre otros, era posible encontrar discursos e imágenes del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, o de la gobernadora Ivonne Ortega. Los sitios de la Cámara de Diputados y el Senado no tomaron previsión alguna en este asunto. Los de la UNAM tampoco, pero el sitio del Instituto Politécnico Nacional sí.

Equívoca “propaganda”

La causa de ese desbarajuste se encuentra, en primer lugar, en la ausencia de una definición clara para el término propaganda gubernamental. En el Estado mexicano se encuentra muy extendida la idea de que la información acerca de las actividades del gobierno y otras instituciones tiene fundamentalmente el propósito de promover con fines políticos a los funcionarios. La información acerca de actividades, declaraciones y proyectos de esos funcionarios no suele ser considerada como una obligación y mucho menos como un servicio a los ciudadanos.

Esa identificación entre  anuncios institucionales, boletín de prensa y el respaldo a la  imagen de los secretarios o gobernadores, es reforzada con la compra de grandes cantidades de espacio en los medios electrónicos e impresos. Por eso, ante la disposición constitucional que ataja la propaganda en época electoral, la mayor parte de los gobiernos y organismos estatales suspendieron el acceso a las áreas de sus sitios en Internet destinados a comunicar las acciones de tales funcionarios.

Tal suspensión es un reconocimiento al hecho de que a la información allí contenida la consideran propaganda que, en la acepción del Diccionario, significa “acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores”.

Además, la suspensión en el acceso a esas fuentes de información se debe a resoluciones desatinadas que han tomado las autoridades electorales y que castigan, censuran y bloquean mensajes que sólo a partir de una interpretación subjetiva pueden ser considerados como propaganda electoral. Los gobiernos e instituciones que inhabilitan parcialmente sus sitios en la Red prefieren omitir información antes que exponerse a sanciones del IFE o del TRIFE.

A la disponibilidad de información que requiere nuestro desarrollo democrático no la favorecen esos obstáculos. Actos de censura y opacidad como los antes comentados, no se deben a imperfecciones de la legislación electoral ni de las leyes para la transparencia sino a lecturas restrictivas y retorcidas que distintas autoridades hacen de tales legislaciones.

Seguramente las normas electorales requerirán algunos ajustes después de los comicios federales de este año, pero en donde hacen falta auténticos cambios es en los criterios de evaluación, especialmente en el Tribunal Electoral. Sería inaceptable que la miopía de jueces y consejeros electorales fuera tomada como pretexto para derruir la columna vertebral de la reforma de 2007, es decir, la taxativa para que la compra y venta de espacios para propaganda en radio y televisión lesione la equidad en las campañas electorales.

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