TELEBANCADA: regresión política, desafío a la sociedad

Publicado en Zócalo, julio de 2012

En una de sus novelas más apasionadas, en donde el delirio es atajo para la advertencia y el vaticinio, Carlos Fuentes imagina que en el año 2020 todo México se queda sin señales de televisión, teléfono e Internet. En La Silla del Águila esa calamidad mediática es el marco de una crisis política en donde la incomunicación del país es semejante al aislamiento de los gobernantes.

   La novela fue publicada a comienzos de 2003. Tres años más tarde, Fuentes encontró motivos suficientes para considerar que aquella fantasía literaria podía adelantarse. “En otros tiempos –escribió el 10 de abril de 2006– las televisoras comerciales eran soldados del gobierno. Esta vez, el gobierno es el soldado de las televisoras. Al grado de que muchos ciudadanos sospechan que el verdadero Estado, el verdadero poder está hoy en las grandes compañías y sus celebraciones patrioteras que convierten a los demás actores públicos en simples extras o patiños de la telenovela nacional: un pastel de azúcar candy cubriendo un cenegal de intereses económicos y cursilería implacable” (“Sospecha”, en Reforma, 10 de abril de 2006).

Trueque político

Aquel estupor de Fuentes se debió a la Ley Televisa, que había sido aprobada por todos los partidos en la Cámara de Diputados y por el 64% de los senadores. En vísperas de las elecciones presidenciales de 2006, la empresa de Emilio Azcárraga Jean desplegó una eficaz tarea de cabildeo no para persuadir, sino para presionar a los partidos políticos a favor de una reforma legal que les permitiría a las televisoras disponer a su antojo del espectro radioeléctrico concesionado.

El trueque político que ofrecían las televisoras era tan burdo como evidente: a cambio de la aprobación de esa reforma legal ofrecían coberturas favorables a las campañas de los partidos que las respaldaran. Solamente la decisión de la Suprema Corte, un año más tarde, logró revocar aquel abuso.

La capacidad que desplegaron las televisoras para amagar a los políticos fue uno de los motivos de la reforma constitucional de 2007 que canceló la compra y venta de propaganda electoral en los medios electrónicos. Las corporaciones mediáticas ya no pueden regatearles espacio a los partidos porque los anuncios de campaña se difunden en el tiempo del que dispone el Estado en cada radio y televisora. Sin embargo la complacencia de los partidos con Televisa y TV Azteca ha sido, en 2012, mayor que en otras temporadas electorales.

Paradojas de la obnubilación de los partidos ante las televisoras: Televisa y TV Azteca tienen hoy audiencias notoriamente menores a las que alcanzaban todavía en los años postreros del siglo XX. Los ratings de 40 o incluso 50 puntos que daban cuenta de una hegemonía cultural de consecuencias políticas, ya son parte de la historia. Los programas de mayor audiencia de Televisa, proverbialmente con más público que la otra empresa apenas llegan, cuando mucho, al 15% de los televidentes. La televisión de paga es vista en más de 4 de cada 10 hogares. Los mexicanos consumen contenidos audiovisuales de nuevas y versátiles maneras, entre ellas el cine en DVD y las descargas en Internet. Las televisoras nacionales siguen siendo la única opción para la mitad de los mexicanos pero sus posibilidades de influencia y manipulación están disminuidas por esa diversificación de las fuentes de entretenimiento e información. El desprestigio social de Televisa y TV Azteca ha sido confirmado por los jóvenes del #yosoy132 que se manifestaron, antes que nada, contra las distorsiones atribuidas a tales empresas. Y es precisamente ahora, mientras el predominio cultural de las televisoras languidece, cuando los partidos políticos les abren espacios con una magnanimidad inusitada.

Bloque transversal

Los partidos políticos, todos ellos, han estado dispuestos a presentar como suyas iniciativas legales diseñadas en las oficinas corporativas de las televisoras. Así surgió la Ley Televisa. Pero más recientemente, en abril de 2012, el Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados propuso reformar la Ley de Radio y Televisión para que los canales nacionales de Televisa y TV Azteca no tuvieran obligación de insertar dentro de sus transmisiones los spots destinados a las campañas electorales en cada localidad. Aprobada con amplia mayoría y con votos de todos los partidos (como reseñamos en Zócalo de mayo de 2012) esa reforma fue suspendida en la misma cámara cuando resultó evidente que lesionaba, precisamente, el interés de los mismos partidos. Es útil recordar ese episodio porque confirma la inquietante facilidad que tienen las televisoras para obtener las adhesiones de todos los partidos políticos.

Las televisoras han podido movilizar a su favor el voto en el Congreso pero no les basta. Ahora impulsaron a sus propios legisladores. Diputados y senadores cercanos a Televisa y Televisión Azteca y cuya presencia en las cámaras de San Lázaro y Xicoténcatl solamente se debe a la influencia de tales empresas, los hay desde hace varias legislaturas. La novedad es el empeño de las televisoras para tener una delegación numerosa y ostensible, con la que patentizan el poder que han alcanzado en y sobre prácticamente todos los partidos políticos.

La telebancada será un bloque transversal a los grupos parlamentarios formalmente constituidos. Las fidelidades de sus integrantes no estarán con los partidos que les permiten llegar al Congreso sino con las corporaciones televisivas que los promueven como legisladores. Allí se encuentra uno de los rasgos ominosos, además de profundamente antidemocrático, en la constitución de esa camarilla legislativa.

Dóciles partidos

El viejo presidencialismo en México fincó uno de los resortes de su poder inmoderado en el corporativismo autoritario. Durante un largo trecho de nuestro siglo XX las elecciones eran de eficacia precaria, o de peso más bien simbólico, y el Congreso no se integraba con representantes de los ciudadanos sino con apoderados de los sectores que convergían en el Estado mexicano. Líderes sindicales, caciques regionales, protegidos de los gobernadores y dirigentes sectoriales ocupaban las curules para formar un coro fundamentalmente regido por la unidad –consecuencia, a su vez, del tráfico de intereses–.

La democracia trastocó aquella inercia autoritaria para reivindicar al ciudadano. Los votos cuentan y son contados. El Congreso ideal es aquel que se integra con representantes designados, pero además reconocidos como tales, por los electores. Ese es el modelo en el que han solidificado el Poder Legislativo con todo y sus disparates, los partidos no obstante probadas inconsecuencias e incluso los ciudadanos a pesar de la desconfianza antipolítica que anida en significativos segmentos de la vida pública. Sólo si se le entiende como representante de la sociedad, el Congreso tendrá el vigor y político que necesita para ser auténtico contrapeso en el esquema de poderes del sistema mexicano.

Por eso la conformación de un grupo de interés paralelo a los partidos políticos, designado a consecuencia de la avidez política de las televisoras, es pésima noticia para la democracia mexicana. La telebancada constituye una regresión a los tiempos del corporativismo autoritario. Sus senadores y diputados no habrán llegado al Congreso a consecuencia del voto deliberado de los ciudadanos sino, antes que nada, como resultado de la sumisión de los partidos políticos a Televisa y a Televisión Azteca.

La Coalición Ciudadana Democracia y Medios y el Comité Conciudadano para la Observación Electoral identificaron por lo menos una veintena de candidatos que, según consideraron, se encuentran o han estado  ligados a las televisoras. Se trata de personeros de Televisa y TV Azteca que llegaron a sitios destacados en esas listas no por méritos en sus carreras políticas (salvo las que han forjado al amparo de tales empresas) ni como resultado de los procesos internos en los partidos y desde luego en ningún caso por haber surgido de auténticas asambleas distritales.

El Partido Revolucionario Institucional colocó en sitios preferentes de sus listas, entre otros, a Jorge Mendoza (plurinominal, para diputado) y Tristán Canales (plurinominal, para el Senado) que han sido funcionarios de Televisión Azteca, a Eva Farías conductora de Televisa Saltillo (plurinominal, para diputada) y a Fernando Azcárraga (que sería diputado) político tamaulipeco que es primo de Emilio Azcárraga Jean.

Entre los candidatos plurinominales para diputados del Partido Verde fueron incluidos Federico González Luna, inteligente abogado autor de la Ley Televisa; Mónica García de la Fuente, asesora de Televisa; Javier Orozco Gómez, que ha sido asesor jurídico de Televisa y senador en la reciente Legislatura y como candidato suplente Humberto Sarkís Lara, antiguo funcionario de la Cofetel.

El mismo PVEM postuló en su lista plurinominal para el Senado a Ninfa Salinas –cuyo mérito político sobresaliente radica en que es hija de Ricardo Salinas Pliego– y a Juan Gerardo Flores, hasta ahora diputado y antiguo empleado de Televisa.

PRI y PVEM respaldaron, juntos, a Luis Armando Melgar para Senador por Chiapas. Melgar es director del Canal 40, la emisora que Televisión Azteca se apropió con la complacencia del gobierno de Vicente Fox.

 

Reto para AMLO

El partido Movimiento Ciudadano colocó en el segundo lugar de su lista plurinominal para el Senado de la República al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, Alejandro Puente Córdova. Se trata de uno de los voceros más aguerridos de Televisa en la actual disputa por el mercado de las telecomunicaciones.

Movimiento Ciudadano es parte de la coalición que respalda a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en la respuesta que ofreció a un cuestionario que le presentó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, el también candidato presidencial por el PRD respondió: “En el caso específico de los legisladores vinculados con las televisoras, debería haber una prohibición explícita en contra de su participación en la redacción y en la votación de leyes relacionadas con el sector. Lo más importante es asumir con gran responsabilidad el reto de avanzar en la prevención de la corrosión integral del Estado a partir de su colonización por intereses particulares”.

La postulación de Puente contradice cualquier compromiso de López Obrador, y de los partidos que lo han respaldado, con la reforma de los medios de comunicación. No hay congruencia alguna entre las denuncias que esa coalición y su candidato presidencial hicieron contra las televisoras y la inclusión en sus listas de un prominente directivo empresarial comprometido con Televisa. Por eso, independientemente del resultado de la elección presidencial, López Obrador y los legisladores de los grupos parlamentarios comprometidos con él tendrán una oportunidad espléndida para hacer honor a la palabra empeñada en su respuesta a la AMEDI. Lo menos que podrá esperarse es que, en caso de llegar al Senado, Puente no sea incluido en ninguna comisión relacionada con telecomunicaciones o radiodifusión.

Contrarreformas

El Partido Acción Nacional, hasta donde estamos enterados, no incluyó entre sus candidatos a ningún delegado de las televisoras. Pero es imposible dejar de recordar que ha sido el gobierno a cargo del PAN el que ha propiciado, o de plano ha concedido, privilegios mayúsculos a Televisa y Televisión Azteca. La tardanza de por lo menos cinco años y medio para abrir a licitación nuevas cadenas de televisión nacional es una de las más vistosas, pero no la única, entre las prerrogativas con las que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha obsequiado a tales empresas.

Esos y otros candidatos podrán llegar al Congreso gracias a que los partidos los han arropado. Sin embargo, de convertirse en senadores o diputados, sus prioridades legislativas no serán las de tales partidos sino aquellas que resulten del interés de las televisoras.

La telebancada querrá promover reformas a la legislación electoral y, si encuentran condiciones propicias, a la Constitución para que sea posible la compra y venta de propaganda en la televisión y la radio. Además de los rendimientos financieros que recuperarían con esa contrarreforma, el combate al modelo de propaganda electoral ahora vigente se ha convertido en bandera ideológica de las televisoras.

El cambio jurídico más importante que buscarán los legisladores al servicio de las televisoras será, muy probablemente, la adjudicación plena a los concesionarios de la banda que actualmente ocupan los canales a su servicio para, en esa frecuencia, ofrecer los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones que les convengan. Se tratará de una nueva versión de la Ley Televisa.

TV digital, desaprovechada

De hecho, hoy en día los concesionarios de televisión tienen la posibilidad de aprovechar a su antojo los canales que manejan gracias a una resolución que la Comisión Federal de Telecomunicaciones tomó el 2 de mayo pasado. En un extenso documento para modificar el Acuerdo presidencial de julio de 2004 que estableció el estándar para televisión digital en México, los comisionados de la Cofetel decidieron que la digitalización no propiciará diversidad ni calidad en la televisión mexicana. Los concesionarios y permisionarios podrán disponer de las frecuencias que ahora tienen asignadas para televisión digital a fin de que, en cada una de ellas, difundan todos los canales que la tecnología permita transmitir. Solamente hará falta un aviso administrativo para que la Cofetel, si las tuviera, presente objeciones a esa decisión de cada concesionario o permisionario.

Dicha resolución de la Cofetel es demasiado grave para que haya pasado desapercibida tanto por las empresas que cuestionan el acaparamiento de señales en manos de Televisa y Televisión Azteca, como por los analistas de las telecomunicaciones. La televisión digital podría constituir el remedio a la concentración que ha sido el origen del poder y la soberbia de Televisa y Televisión Azteca porque permitiría que en el espacio que hasta ahora ha ocupado cada uno de los actuales canales, haya cabida para cuatro o cinco canales diferentes. Pero esa opción de pluralidad quedará cancelada si se mantiene la reciente resolución de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, especialmente al apartado 2.3, relativo a “Multiprogramación y servicios” de ese documento.

La telebancada querrá consagrar legalmente ese propósito de la autoridad administrativa encargada de las telecomunicaciones. La televisión, entonces, quedará por varias décadas más en manos de quienes la han acaparado en este país. Por mucho que surjan una o dos nuevas cadenas nacionales, tendrán peso escaso si cada una de las actuales cadenas (las tres de Televisa y las dos que maneja TV Azteca) se multiplica por cuatro o cinco.

Adopte a su telediputado

Por eso será muy importante no solamente que conozcamos quiénes compondrán la telebancada sino que sepamos qué hacen, qué decisiones toman y qué contrarreformas impulsan. Antes de las elecciones, la Coalición Ciudadana Democracia y Medios difundió nombres y trayectorias de los candidatos comprometidos con Televisa y Azteca, especialmente en el sitio telecracia.org. Una vez que se instale el Congreso será conveniente que esa coalición y otros grupos ciudadanos puedan dar seguimiento, durante los siguientes tres y seis años, a las actividades de cada uno de los diputados y senadores que hayan llegado a tales cargos gracias al patrocinio político de las televisoras.

Registrar e inventariar sus declaraciones, anotar asistencias e inasistencias a las sesiones, documentar su actividad en comisiones, analizar intervenciones en tribuna si las llegasen a tener, poner atención, en fin, en cada uno de sus pasos en la vida pública, sería un creativo ejercicio de escrutinio ciudadano a la telebancada.

Telepolíticos

De esa manera se contribuirá a impedir que los medios, especialmente la televisión, sigan en unas cuantas manos, por añadidura habitualmente ajenas a las preocupaciones de los ciudadanos.

   La Silla del Águila fue uno de los títulos que recordó Enrique Peña Nieto en aquella infortunada comparecencia que tuvo, en diciembre de 2011, en la Feria del Libro de Guadalajara. El candidato presidencial del PRI se equivocó al señalar el autor de esa novela. Pero nosotros la podemos recordar, con provecho, si de ella obtenemos una lección indispensable: Los medios de comunicación pueden iluminar a su manera, o pueden oscurecer la comunicación y la vida social en un país. Esa es la profecía que, escrita por Carlos Fuentes como alegoría de una pesadilla indeseable, podría ser realidad si los intereses de las televisoras dominan en el Congreso.

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