Publicado en Zócalo, abril de 2011
Atrapado en medio de un conflicto que no sabía pero tampoco quería enfrentar, durante varias semanas el gobierno fue testigo atónito del pleito entre el Grupo Carso y las televisoras. El desafío de Televisa y Televisión Azteca a las telefónicas propiedad de Carlos Slim desbordó las secciones financieras de los diarios, se convirtió en asunto político de primer orden, era comentado en medios internacionales y mantenía confundidos a los consumidores mexicanos de servicios de telecomunicaciones.
Las autoridades regulatorias reaccionaron con lentitud y pasmo. No podía ser de otra manera, porque en materia de telecomunicaciones el gobierno por lo general ha olvidado su obligación regulatoria. Cuando recientemente ha tenido políticas en ese campo, ha sido para favorecer al consorcio Televisa a partir de la peregrina convicción de que, de esa manera, evita un mayor fortalecimiento de Telmex y sus asociadas.
Así que cuando se declaró la hostilidad pública y política entre ambos consorcios, lo primero que hizo la administración del presidente Felipe Calderón fue tratar de marginarse de un litigio en donde ha tenido la obligación de intervenir porque se trata de una disputa por y en las telecomunicaciones y los medios convencionales, que son actividades de interés público y que además usufructúan recursos públicos como el espectro radioeléctrico.
Varias semanas después la Cofetel comenzó a revisar tarifas de interconexión, que era uno de los temas explícitos del diferendo entre Telmex y las telefónicas que, asociadas a las televisoras, ocupan porciones menores de ese mercado.
La Cofeco, por su parte, comenzó a estudiar las denuncias contra Televisión Azteca, acusada por Telmex de querer extorsionarla al subir el costo de la publicidad en televisión para que la telefónica del Grupo Carso disminuyera el costo de la interconexión.
Cofetel y Cofeco fueron responsables de la Licitación 21, que en agosto pasado le entregó a Televisa, asociada con Nextel, un amplio segmento de espectro radioeléctrico para servicios de telefonía. Por tales frecuencias, como los lectores de Zócalo recuerdan, esas empresas pagaron 180 millones de pesos en vez de más de 5 mil millones de pesos que, de acuerdo con lo que gastaron otras firmas por una cantidad idéntica de Megahertz, vale ese espacio.
Palabrería e ineficiencia
Además de tardías, las acciones del gobierno en el conflicto entre Telmex y las televisoras serán insuficientes. La administración actual carece de una política integral para las telecomunicaciones. Las “tres c” que el presidente Felipe Calderón ha proclamado para esa área: convergencia, cobertura y competencia, han sido fundamentalmente retórica y demagogia.
Precisamente, la falta de convergencia ha constituido el eje del reclamo del Grupo Carso. A Telmex se le prohíbe ofrecer servicios de televisión a través del cableado telefónico porque afectaría el acaparamiento que hasta ahora han mantenido, en esa actividad, las empresas de televisión de paga que son propiedad, casi todas, del Grupo Televisa.
La cobertura, si bien ha crecido en el campo de la telefonía, resulta insuficiente en servicios de Internet y en la televisión de paga. Además los precios de tales servicios son mucho más caros que en otros países a pesar de que la propaganda de Telmex insiste en lo contrario.
Competencia auténtica no hay, porque solamente las empresas ligadas a Televisa ofrecen televisión, telefonía y transmisión de datos.
Rezagos en telefonía
La política de telecomunicaciones del gobierno actual ha sido un fracaso si se le evalúa con los tres parámetros que ha señalado el presidente Calderón. Los servicios en ese campo son insuficientes y costosos. Peor aún, en algunos rubros hoy México tiene cifras de cobertura más limitadas que las que habíamos alcanzado en años anteriores.
Si se le compara con los gobiernos que le precedieron, resulta que la política de telecomunicaciones del presidente Calderón manifiesta importantes retrocesos. Incluso la cantidad de líneas telefónicas en funcionamiento a fines de 2010 (19 millones 547 mil) era menor a las que existían cuatro años antes (eran 19 millones 861 mil).
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, en 2010 el 43.2% de los hogares mexicanos tenía teléfono fijo. En un porcentaje mayor (65%) hay teléfono celular. Sin embargo, la carencia de una política pública digna de ese nombre ha propiciado un desordenado desarrollo de la telefonía.
En la Ciudad de México el 72% de las viviendas cuenta con teléfono fijo, en Nuevo León el 58.2% y en Jalisco el 55.3%. Al mismo tiempo, en Guerrero 32.4 de cada 100 hogares tienen telefonía fija, en Hidalgo 27.5 de cada 100 y en Chiapas únicamente 16.3 por cada centenar de viviendas. Las desigualdades sociales no son culpa de los operadores gubernamentales –ni privados– de las telecomunicaciones. Pero ni unos ni otros han desarrollado una estrategia satisfactoria para disminuir el rezago en ese terreno.
Internet, no para todos
Lo mismo sucede con Internet. Aunque al inicio de esta administración el gobierno se comprometió a que en 2012 el 60% de los mexicanos tendría acceso regular a la Red de redes, la ausencia de inversiones y fundamentalmente la insuficiente planeación limitan el desarrollo de la conectividad. A comienzos de 2011 tenemos unos 32.8 millones de usuarios de Internet, que constituyen menos del 30% de la población.
México fue el primer país latinoamericano en donde se desarrolló Internet, hace dos décadas. Sin embargo la expansión de la Red ha aminorado en México. A comienzos de 2011, en Argentina el 65% de la población tiene acceso a Internet, en Uruguay el 53%, en Chile el 50%, en Colombia el 49%, en Costa Rica el 44%.
Incluso en Brasil, en donde la pobreza, las dimensiones del territorio y las dificultades geográficas permitirían suponer que la conectividad sería más tortuosa, actualmente 38% de los habitantes tiene acceso regular a Internet. ¿Qué ocurrió en Brasil, para no mencionar a otras naciones de la región, que no haya sucedido en México? Desde luego allá han tenido gobiernos con una vocación social de la que carecen el presidente Calderón y su equipo. Pero sobre todo, los brasileños desarrollaron con éxito una política intencional y eficazmente destinada a promover contenidos y conexiones de Internet por todo el país. Desde la última década del siglo XX, en Brasil las fuerzas políticas, las empresas y las universidades se pusieron de acuerdo para expandir Internet. Allí están los resultados.
En México, el gobierno del presidente Calderón estableció en el Plan Nacional de Desarrollo que al finalizar su gestión 6 de cada 10 mexicanos tendrían Internet. Aquel compromiso no señaló que las conexiones llegarían hasta los hogares. Sin embargo el acceso a la Red en los domicilios de las personas es indicador frecuente de la cobertura de las telecomunicaciones.
En México, el acceso a Internet hace evidentes las desigualdades en otras áreas de la política social. En el Distrito Federal, 39.2 de cada 100 viviendas tiene conexión a Internet, en Baja California 35.4 y en Nuevo León 31.8 de cada 100. En cambio, en Guerrero solamente hay conexión a Internet en el 10.8% de los hogares; en Oaxaca en el 7.8% y en Chiapas tan sólo 7.2 de cada 100 viviendas cuenta con ese servicio.
Conexiones lentas y caras
Los precios de Internet son muy altos en comparación con otros países. Aunque Telmex sostiene una intensa campaña (excepto en los canales de Televisa y Azteca de donde retiró su publicidad) para asegurar que no cobra demasiado caro, una elemental búsqueda de precios para servicios similares nos recuerda una realidad tarifaria que cala en nuestros bolsillos pero que, además, no significa mejores conexiones digitales.
En Argentina un paquete de telefonía a Internet, con llamadas ilimitadas y conexión a la Red de 3 Megabytes por segundo, cuesta 109 pesos argentinos, el equivalente a 329 pesos mexicanos (según tarifas de Telefónica Argentina).
En España, es posible contratar telefonía fija ilimitada, junto con Internet de 10 Megabytes por 27.42 euros, equivalentes a 466 pesos mexicanos.
En Estados Unidos, la empresa Verizon ofrece telefonía ilimitada a domicilio y conexión a la Red con velocidad de descarga de 15 Mb por 50 dólares al mes, es decir, 609 pesos.
En México, el paquete de Telmex que anuncia Internet con velocidad “de hasta 5 Mb” y con llamadas telefónicas, cuesta 999 pesos mensuales.
Indolente autoridad
Las autoridades en el campo de las telecomunicaciones han dejado tarifas y calidad de los servicios al garete del interés de las empresas. A los usuarios, el gobierno los considera como clientes de firmas privadas y no como ciudadanos con derecho a servicios de telecomunicaciones eficientes y suficientes. Suena a cliché, pero es que se comportan a partir de estereotipos: Cofetel, Cofeco y SCT y desde luego la Presidencia de la República, actúan a espaldas del interés de la sociedad.
Por paradójico que resulte, en contraste con esa indiferencia del gobierno (que es compartida por los partidos políticos) a las empresas de telecomunicaciones sí les inquieta la evaluación que haga la sociedad acerca de su desempeño. Quizá porque desde su punto de vista son precisamente clientes y hoy en día saben que a un buen cliente es preciso conservarlo y entenderlo, tanto Telmex y Telcel, como en alguna medida también Televisa y TV Azteca, libran sus escaramuzas delante de la sociedad.
Los agresivos anuncios en televisión contra empresas del Grupo Carso, así como los puntillosos cintillos que Telmex paga en los diarios para golpear a las televisoras, han expresado animosidades agazapadas por largo tiempo y buscan presionar al gobierno. Además, la expresión en público de esa disputa pretende convencer a los usuarios de los servicios de telefonía y televisión.
Televisa y Azteca, de la misma manera que Telmex y Telcel, están en disputa por la credibilidad de la sociedad. Igual sucede con los desplegados de la inopinada coalición de empresas telefónicas lideradas por las televisoras contra el Grupo Carso.
Televisa jamás se ha inquietado por la calidad de sus programas, pero ahora quiere convencer a los mexicanos de que los servicios telefónicos de sus filiales son mejores que los que vende el monopolio de la familia Slim. Televisión Azteca incluso exige que el Estado haga valer el imperio de la ley ¡cuando hay pocas empresas en México tan abusivas como las del Grupo Salinas Pliego! (tan sólo hay que recordar el asalto a las instalaciones del Canal 40, del que TV Azteca se apropió a la fuerza hace no muchos años).
Telcel por su parte, insiste en que sus tarifas no son significativamente elevadas como si los usuarios de telefonía celular no viajaran o no tuvieran familiares en otros países y como si ofreciera servicios que ameritaran esos costos. La señal de la telefonía celular en México, acaparada por Telcel, se interrumpe a cada momento. Los usuarios que tienen la desdicha de acudir a cualquier “Centro de atención” deben invertir fastidiosas horas en cualquier trámite.
Telmex sostiene que las tarifas de telefonía fija en México son bajas, pero si tomamos en cuenta servicios de Internet advertiremos que pagamos mucho y nos dan comparativamente poco. La velocidad de conexión es sustancialmente menor a la que, por precios más bajos, obtienen los usuarios en otros países.
A pesar de ese desdén por el interés de los ciudadanos hoy en día la disputa entre tales empresas, al menos en sus expresiones más vistosas, ocurre delante de la gente. Ese es un cambio fundamental.
Fuentes
– INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
– Internet World Stats, www.internetworldstats.com
– Presidencia de la República, Cuarto Informe Presidencial. Anexo Estadístico. Septiembre de 2010.
Tarifas de paquetes telefónicos en Argentina, España, Estados Unidos y México, consultadas en marzo de 2011 en los portales en Internet de las empresas telefónicas. Los precios fueron convertidos a pesos mexicanos a los tipos de cambio del 18 de marzo. –
mediocracia 
Vaya cosa! El servicio proporcionado por el mexicano mas rico del mundo es el peor del mismo, ademas de ser un sector exclusivo (pues la verdad es que nadie que no pertenezca a estos familias puede acceder a una concesión de la banda ancha o de el espectro de transmisión ya sea de radio y menos de televisión y que ademas es propiedad de la Nación o sea de nosotros, otra falacia) de no mas de 10 familias o grupos, la indolencia mostrada por la población para exigir mejores servicios, contrasta con natural incompetencia del sector publico y la voracidad de estos inversionistas protegidos por años de legislaciones que solo benefician a estos y el interés de millones de otras personas siempre sera el ultimo argumento, como usted menciona ¨todo es y ha sido fundamentalmente retórica y demagogia¨.