Aciaga concentración

Publicado en Media Telecom, marzo de 2011

Los mexicanos nos hemos acostumbrado tanto a la concentración de la televisión que nos cuesta

Imagen tomada de http://shiandalus.blogspot.com

trabajo entender las consecuencias nocivas que ha tenido en nuestra vida pública. Hay que tomar distancia, al menos geográfica, para entender el inusitado acaparamiento de muchos medios en pocas manos que define a la televisión de nuestro país.

En Argentina, Brasil, Chile o Venezuela, cinco empresas o instituciones ocupan frecuencias nacionales en la televisión abierta de cada uno de esos países. En Estados Unidos, los televidentes de casi cualquier localidad pueden elegir entre ABC, CBS, NBC, Fox y la cadena pública PBS. En España, los televidentes tienen a su disposición los canales de la corporación pública RTVE, así como los que son manejados por Antena 3, Mediaset y La Sexta, además de otros de menor alcance.

En México hay de dos: Televisa y Televisión Azteca. Esas empresas suman dos canales nacionales pero además el 62% de todas las frecuencias de televisión abierta en México.

La asignación de los canales espejo, para que quienes ya tienen una frecuencia de carácter analógico difundan el mismo contenido de manera digital mientras el país transita hacia el completo cambio de sistema de transmisión, ha beneficiado casi exclusivamente a las empresas privadas. Aunque en México las autoridades han autorizado 117 canales espejo, solamente 26 de ellos son manejados por empresas o instituciones distintas de Televisa y Azteca.

Descontando los canales espejo, la cadena nacional del Canal 2 de Televisa transmite a través de 128 frecuencias. La del Canal 13 de TV Azteca, ocupa 89 frecuencias. El Canal 11, en cambio, difunde solamente por 26 frecuencias en el país –y eso, después de que el año pasado el gobierno duplicó los canales que repiten la señal de la emisora del Instituto Politécnico Nacional–.

La televisión universitaria prácticamente no existe. Solamente 5 universidades tienen frecuencias: se trata de las universidades públicas de Nuevo León y Sonora cuyas televisoras han funcionado de manera irregular, el canal de una universidad privada en Durango, el de TV UNAM que todavía no transmite en señal abierta y el canal de televisión de la Universidad de Guadalajara recientemente inaugurado.

El acaparamiento de frecuencias por parte de dos consorcios, la indecisión primero y el temor después del gobierno federal para propiciar otras opciones y el insuficiente interés de instituciones estatales y culturales, ha dejado el campo de la televisión en manos de Televisa y Azteca.

La concentración de frecuencias en beneficio de ese par de empresas es inusitada en el panorama latinoamericano. Con excepción de Cuba, no hay otro país en esta región con tanto poder televisivo en tan pocas empresas. En una indagación que hicimos hace pocos años, encontramos que en México padecemos un índice de concentración televisiva de 4866 puntos, que duplica la que hay en otros países de la región.

A partir de información sobre la cantidad de emisoras de cada una de las principales cadenas, así como de índices de audiencia en 2007, llegamos a los datos que aparecen en el cuadro adjunto. El índice de concentración fue establecido de acuerdo con el método Herfindal–Hirschman, que suele utilizarse para determinar la concentración ecónomica en distintos mercados [1].

Concentración de frecuencias y audiencias

en la televisión de cinco países latinoamericanos (2007)

País Concentración de

audiencias

Concentración de frecuencias
Argentina 2918 n.d.
Brasil 3788 2211
Chile 2212 2978
México 5862 4866
Venezuela 3568 /3945 (*) 2653 /5350 (*)
Elaboración propia. En el caso de Venezuela, las cifras muestran concentración de audiencias y frecuencias antes y después de que, en mayo de 2007, el gobierno incrementara los canales bajo su control al apropiarse de las estaciones que manejaba el consorcio privado RCTV.

Las comparaciones, dicen, son odiosas. Pero nos permiten aquilatar la distorsión del mercado televisivo –y con ello, vastas consecuencias culturales y políticas– que experimenta nuestro país. El desentendimiento histórico del Estado mexicano respecto de la televisión es bien conocido, igual que el destino truncado que tuvo la empresa gubernamental que manejó varios canales de televisión hasta que fue subastada en 1993, en el gobierno del presidente Carlos Salinas. Desde aquel tiempo, en México se confundió a la televisión pública con la de carácter gubernamental, como si la única manera de hacer televisión pública fuera a partir de los intereses inmediatos de los funcionarios en turno.

El resultado, ha sido la conocida influencia que han detentado primero Televisa y más tarde además Televisión Azteca. Ninguna evaluación seria del desempeño de esas corporaciones puede considerar que el duopolio de la televisión haya sido favorable para México. Incluso, cuando algunos dirigentes políticos han estimado que recibirían el respaldo de las televisoras, han constatado que Televisa y Televisión Azteca tienen clientes más que aliados políticos.

Por eso fue muy importante la decisión que tomaron los tres partidos políticos de alcance nacional para, en el otoño de 2007, declarar ilegal la contratación de propaganda política en televisión y radio. Los consorcios de la comunicación se habían convertido en elementos de control sobre el quehacer político, al determinar horarios de transmisión y descuentos en la venta de espacios para propaganda a los partidos e incluso a grupos privados que intentaban influir en las decisiones electorales de los ciudadanos. Además, en vista de la concentración de frecuencias que operan, esas empresas se beneficiaban de la mayor parte del gasto electoral.

En las campañas presidenciales de 2006, los partidos políticos gastaron 1394 millones de pesos en la compra de espacios en televisión y 590 millones de pesos en espacios en la radio. De esos 1984 millones de pesos, los partidos compraron 770 millones en spots en los canales de Televisa y 358 millones de pesos en los canales de TV Azteca. En otras palabras, ambas televisoras concentraron más de 1128 millones de pesos que constituyeron el 81% del gasto en televisión y el 57% de todo el gasto en medios electrónicos [2].

Las disposiciones constitucionales que declararon ilegal la contratación de propaganda en televisión y radio –a cambio de lo cual los partidos recibieron acceso a los espacios que tiene el Estado en los medios electrónicos– fueron impugnadas legalmente por las televisoras y, de manera concurrente, por 15 escritores y periodistas que las consideraron lesivas a la libertad de expresión. Esa reforma no limita la libre expresión sino exclusivamente la posibilidad de que los partidos, o los particulares, compren anuncios políticos en tales medios. La decisión de la Suprema Corte de Justicia que el lunes 28 de marzo resolvió no admitir la petición de amparo de esos ciudadanos, despeja uno de los riesgos que corría el proceso electoral de 2012 en caso de que tales normas hubieran sido modificadas.

La influencia de las televisoras de todos modos se mantiene. El ascendiente que han cultivado en varias generaciones de mexicanos y que se propaga todos los días, en directo y en cadena nacional, llega a tener expresiones sorprendentes. Hace pocos días uno de los funcionarios federales de mayor relevancia consideró que las telenovelas pueden ser un “instrumento poderoso” contra el rezago educativo. Si eso lo hubiera dicho un productor de Televisa, tal declaración habría suscitado reconvenciones y bromas. Pero ese reconocimiento lo hizo el secretario de Educación Pública.


[1] Los datos completos de esa investigación aparecen en Trejo Delarbre, Raúl, “Sistemas de medios en América: Déficit de pluralidad”, en Bernardo Díaz Nosty y José Fernández Beaumont, eds., Comunicación, convergencia e integración en América Latina. Fundación AMELA y Editorial Pre-Textos, Valencia, España, diciembre de 2010, pp. 103 – 138.

[2] Trejo Delarbre, Raúl, Simpatía por el rating. La política deslumbrada por los medios. Cal y arena, México, 2010, pp. 245 y ss.

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