Zócalo, enero de 2010
Algunos radiodifusores –los más poderosos– creen que la radio y la televisión son suyas. Suponen que pueden manejar a su antojo las frecuencias que les han sido concesionadas. Se encrespan cuando surgen nuevos actores en el dial y hacen todo lo posible por excluirlos. Consideran que los espacios que ocupan en el espectro radioeléctrico les han sido asignados a perpetuidad. De ese patrimonialismo electrónico se derivan las principales tensiones de los medios de comunicación con la sociedad y el Estado en nuestro país.
Los propietarios de Televisa y Televisión Azteca creen que son dueños no solamente de los inmuebles y la infraestructura técnica con la que producen y transmiten señales de televisión sino, además, de las frecuencias por las cuales difunden tales mensajes. Por eso hace cuatro años promovieron aquellas reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión cuyo principal rasgo era el propósito para emplear tales frecuencias ya no únicamente para transmitir señales de televisión sino, junto con ellas, otros servicios de telecomunicaciones.
Por ello, además, esas empresas promovieron el refrendo de sus concesiones de manera prácticamente automática. Aunque un decreto que expidió en 2004 el presidente Vicente Fox prorrogó las concesiones de televisión hasta 2021, dichos empresarios querían tener la certeza de que incluso después de esa fecha seguirían ocupando los espacios donde se difunden sus canales de televisión.
Aquellas pretensiones constituyeron el centro de la “Ley Televisa”. Ambas se derivaban de la convicción ideológica, convertida en bandera política, según la cual la televisión en este país es de ellos y no tiene por qué ser de nadie más. Esa creencia trocada en agresiva bandera de negocios los ha llevado a oponerse, incluso con una utilización facciosa de las frecuencias que tienen concesionadas, a otras empresas que han querido incursionar en la televisión mexicana. La acometida contra el Canal 40 –desplegada brutalmente por Televisión Azteca pero en la que también participó Televisa cuando boicoteó las transmisiones de futbol en aquel modesto cuan afanoso canal independiente–, la extorsión publicitaria a los empresarios que pretendían asociarse con Telemundo para competir por una nueva cadena de televisión, el acaparamiento de los sistemas de televisión de paga, han sido algunas de las expresiones de ese afán patrimonialista.
Retorcido predictamen
La “Ley Televisa” hizo evidente la necesidad de esos dos consorcios para modificar el régimen jurídico que durante décadas les había resultado tan propicio. La Ley Federal de Radio y Televisión, que este enero de 2010 cumple 50 años, permitió que los consorcios de esos medios obtuvieran y mantuvieran concesiones pero no es suficiente para que hoy en día hagan negocio con ellas aprovechando las nuevas opciones que ofrece la digitalización de las telecomunicaciones. Fracasada aquella tentativa gracias a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en junio de 2007, los radiodifusores más agresivos insisten en torcer la ley para consagrar su dominio patrimonial sobre el espectro radioeléctrico.
La iniciativa de reformas legales que en diciembre de 2009 promovieron senadores del PRI y el PRD, fue resultado de esa exigencia empresarial. Aliados en una causa extravagante si se toma en cuenta la trayectoria de algunos de ellos tales senadores, encabezados por el priista Manlio Fabio Beltrones y el perredista Carlos Sotelo, ofrecieron un paquete de reformas que parecía granjearse la simpatía tanto de los consorcios televisivos como de quienes han buscado construir opciones en el terreno de la radiodifusión no comercial.
El predictamen a media docena de iniciativas de ley que la Comisión de Radio y Televisión del Senado tenía el encargo de analizar, no fue resultado de un esfuerzo de negociación política ni de discusiones previas con todos los sectores que resultarían afectados con tales reformas. Los senadores de PRI y PRD, simplemente atendieron las indicaciones de los radiodifusores privados para que promovieran el refrendo de las concesiones sin necesidad de que las empresas que las han detentado tuvieran que someterse a un proceso de licitación, así como la adjudicación de frecuencias de radio en FM a quienes ya tengan espacios en AM.
Tales iniciativas, de las que se da cuenta con mayor detalle en esta misma edición de Zócalo, satisfacían dos de las inquietudes más compartidas por los empresarios de la radiodifusión. Debido a la ausencia de precisiones legales para los procesos de renovación, cada vez son más las frecuencias cuyos títulos de concesión han vencido. La Suprema Corte estableció con toda claridad que el refrendo de las concesiones tiene que ser resultado de una licitación en la que participen otros interesados en ocupar tales frecuencias. Y en contra de esa resolución, de manera mendaz porque dijeron que con ello satisfacían las disposiciones de la Corte, los senadores del PRI y el PRD que avalaron ese proyecto sugerían que el refrendo se realice únicamente con un procedimiento administrativo. Es decir, sin licitación.
Para paliar los desacuerdos que sabían iban a surgir ante esas propuestas, los senadores ofrecieron algunos cambios inicialmente convenientes para los medios públicos y comunitarios. Las ventajas de tales reformas no quedaron del todo claras porque los senadores priistas y perredistas modificaron varias veces el predictamen y no hicieron pública la versión final de esos ajustes. Sin embargo, las innovaciones que pudiera haber ofrecido ese documento no eran suficientes para compensar el retroceso jurídico y el despojo político que hubiera significado el refrendo sin licitación.
Los senadores del PRD y el PRI creyeron que dando indulgencias a discreción –un par de reformas sustanciales a favor de las empresas privadas, algunos cambios quizá propicios para los medios no comerciales– todos estarían contentos. De la misma manera que los consorcios televisivos mantienen una actitud patrimonial sobre las frecuencias como si fueran de ellos y no de la nación, los senadores priistas y perredistas quisieron dispensar favores a diestra y siniestra para congraciarse con unos y otros. Y quedaron mal con todos.
Consensos extraviados
Los sectores más fundamentalistas entre los empresarios de la radiodifusión reaccionaron con el abrupto desplegado del 7 de diciembre y que fue la comidilla incluso en medios cercanos al interés de los consorcios comunicacionales debido a su tono sobrecargado de intolerancia y macartismo. Pretender que los medios comunitarios son resultado de una conspiración del autócrata presidente Chávez de Venezuela es un abuso histórico, retórico y al sentido común. Tan solo en México las radios comunitarias existen desde 1965, recargar las tintas en la denuncia contra ellas desconocía el enorme esfuerzo que han realizado para regularizar su situación jurídica y convertirlas en el centro de una reforma que antes que nada beneficiaba a las empresas privadas fue un intento fallido para desviar la atención de quienes cuestionarían esas modificaciones legislativas.
La torpe operación política de quienes promovieron ese predictamen propició también el rechazo de organizaciones y ciudadanos que han pugnado por la pluralidad, la competencia y la calidad en los medios de comunicación. Del senador Manlio Fabio Beltrones, que después de promover de manera destacada la reforma constitucional que en 2007 suprimió el gasto de recursos públicos en la compra de propaganda electoral en radio y televisión se dejó doblegar por las corporaciones mediáticas, no resultó sorprendente la insistencia en temas como el refrendo sin licitación. En cambio, la postura del senador Carlos Sotelo fue contradictoria con posiciones que él mismo había compartido para promover una radiodifusión menos uniforme y sobre todo con los principios que su partido ha sostenido en estos temas. Cabe decir que no todos los senadores del PRD estuvieron de acuerdo con el predictamen que con tanto ahínco promovió Sotelo.
Desprovistos del respaldo que esperaban encontrar en agrupaciones como la representación en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información que nunca conocieron el predictamen y carentes además del respaldo que les había asegurado la CIRT, los senadores de PRI y PRD pospusieron la discusión de ese documento. Inicialmente, habían previsto aprobarlo el lunes 7 de diciembre en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado y al día siguiente votarlo favorablemente en el pleno de esa Cámara. No había motivos para tener tanta prisa.
El predictamen de esos senadores se añade a otras iniciativas de ley que, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, proponen reformas para la radio y la televisión. El propio senador Sotelo presentó el 8 de diciembre de 2009 una amplia iniciativa para crear una nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. Se trata de la propuesta de reforma integral que el senador Sotelo anunció exactamente un año antes, el 9 de diciembre de 2008 y que fue elaborada por un grupo de especialistas convocado por senadores del PAN y el PRD. En aquella ocasión Sotelo presentó ese documento como resultado de una decisión personal y sin la anuencia de los autores de la iniciativa ni del resto de los senadores que promovieron su redacción (de ese asunto nos ocupamos en Zócalo de enero de 2009).
Una iniciativa más, presentada el 3 de diciembre por el priista Andrés Massieu Fernández en la Cámara de Diputados propone considerar criminales, con penas de cárcel, a quienes instalen radiodifusoras sin permiso o concesión y además también a quienes colaboren, se anuncien o vendan equipos de transmisión a tales radiodifusoras. La propuesta es tan desmedida que mereció inmediatas condenas de la AMARC mexicana así como de diversos organismos que promueven la comunicación comunitaria en América Latina. Pocas iniciativas traslucen de manera tan nítida el afán patrimonialista de los radiodifusores privados más intolerantes como ese documento del diputado Massieu Fernández, ex director de la CIRT. Esos empresarios están de tal manera convencidos de que el espectro radioeléctrico les pertenece que, incluso, exigen que el Estado meta a la cárcel a quienes lo utilizan sin concesión o permiso.
Viraje en Cofetel
El patrimonialismo de los empresarios mediáticos más intemperantes parece haber obtenido una desmedida gratificación por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que, de acuerdo con versiones periodísticas, autorizó el sistema HiTV de Televisión Azteca. A comienzos de 2008, esa televisora comenzó a transmitir señales de televisión, comprimidas digitalmente, en algunos de los canales que el gobierno federal le adjudicó 4 años antes para emprender la transición de la televisión analógica a la de índole digital. Esos canales difunden programación distinta a la que contienen las frecuencias abiertas de TV Azteca y para ser sintonizados se requiere un decodificador que se vende en los almacenes Elektra, propiedad del consorcio del que forma parte la propia Televisión Azteca.
En mayo de 2008 la Comisión Federal de Telecomunicaciones consideró que esa utilización de frecuencias asignadas para servir como “espejos” de los canales que transmiten de manera analógica, es ilegal. El Decreto presidencial que otorgó esas frecuencias adicionales establece que únicamente pueden ser empleadas para replicar en formato digital la programación que ya se difunde en el viejo sistema tecnológico. Ante la persistencia de Azteca para transmitir canales adicionales y seguir vendiendo el decodificador, la Cofetel inició un procedimiento para imponerle sanciones. En Zócalo de junio de 2009 nos referimos a ese litigio.
En diciembre sin embargo varias notas en la prensa indicaron que la Comisión Federal de Telecomunicaciones rectificó aquella decisión. De acuerdo con esas versiones, la mayoría de los comisionados no solamente habrían considerado que el uso adicional que Azteca le ha dado a los canales espejo es legal sino, además, felicitaron a esa empresa por aprovechar de tal forma las posibilidades de la televisión digital.
Difundida a partir del 15 de diciembre, varios días después esa información no había sido confirmada por la Cofetel. La única versión que se conocía era la que surgió de notas propaladas por Televisión Azteca, que de esa manera fungió como vocero del organismo regulador sin que en la Comisión hubiera interés para ofrecer una información completa y autorizada.
Facultar a TV Azteca para que utilice a su arbitrio frecuencias concesionadas para difundir televisión abierta equivale a consagrar, ahora merced a una decisión administrativa, el corazón de la Ley Televisa.
Aquellas reformas legales tenían el propósito esencial de permitir a los concesionarios la utilización de las frecuencias para, de manera anexa a las señales de televisión, difundir otros servicios de telecomunicaciones sin pagar por ello al Estado. La Suprema Corte expresó un claro desacuerdo con esa utilización adicional sin aval previo de la autoridad en materia de telecomunicaciones y por eso anuló el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Ahora, en una decisión no sólo controvertida sino además dividida, la Cofetel estaría consintiendo el empleo discrecional, de acuerdo con el interés del concesionario, de una frecuencia asignada para otros propósitos. Los canales del servicio HiTV no son televisión abierta pues requieren de un decodificador específico para ser sintonizados. Al ocupar de esa manera varias frecuencias, Televisión Azteca hace con ellas un negocio adicional, más allá de lo que pueda decirse de la pésima calidad de los canales que transmite tanto de manera abierta como codificada.
El beneplácito de la Cofetel a esa utilización de frecuencias concesionada premia un comportamiento ilegal, además de claramente patrimonialista, de Televisión Azteca. De consagrarse ese precedente, la autoridad no podría tener reparos para que Televisa hiciera lo mismo con los canales espejo que tiene concesionados. Dos años y medio después de la invalidación de la Ley Televisa, el patrimonialismo electrónico tiene inaceptables respaldos legislativos y gubernamentales.
mediocracia 