Texto publicado en Zócalo, mayo de 2010
Nada para nadie. Las mayorías legislativas apostaron al estancamiento con la cortada de profundizar una discusión que lleva décadas
en foros de la más variada índole, los partidos políticos convirtieron en forzado mutis el compromiso que habían sostenido de manera pública, el gobierno quiso envolver con prosopopeya demagógica la regresión dispuesta desde Los Pinos, los consorcios mediáticos atajaron un proceso deliberativo y jurídico que había concitado adhesiones en todos los grupos parlamentarios: el nuevo atasco en el camino hacia una ley de medios integral, diseñada a partir del interés de los ciudadanos y que no suele ser el de las corporaciones, aparentemente deja las cosas como estaban pocas semanas antes. Pero las apariencias, también en este caso, resultan engañosas.
Jueves 8 de abril: De manera simultánea, Javier Corral Jurado y Gustavo Madero presentan en las cámaras de Diputados y Senadores la iniciativa para crear una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales. Se trata del documento originado en discusiones que desde hace casi tres años mantenían legisladores del PAN y el PRD, asesorados por especialistas en esos temas. Alrededor de 200 legisladores respaldaron esa propuesta en la Cámara de Diputados: panistas y perredistas, pero también miembros del PRI y los diputados de Convergencia.
En el Senado, el hecho de ser presentada por el coordinador del grupo parlamentario del PAN ratificaba el compromiso de ese partido con la iniciativa que además estaba avalada por la mayoría de los senadores del PRD. Se trataba del esfuerzo más importante que se haya realizado –y vaya que han sido muchos– para reformar la legislación para los medios.
La oposición del PRI, que siguió empeñado en que las concesiones de radiodifusión sean refrendadas sin licitación, en contra del criterio que estableció la Suprema Corte de Justicia (como se dijo en Zócalo 122, en abril pasado) dificultaba la aprobación de la iniciativa integral, particularmente en la Cámara de Diputados. Pero en el Senado, en donde hacen mayoría los legisladores del PAN y el PRD, la votación parecía anticipadamente favorable.
Miércoles 14 de abril: El senador Carlos Sotelo García y el diputado Javier Corral Jurado, que habían anunciado un debate en las instalaciones del Senado, suspenden esa reunión y anuncian que trabajarán juntos por la iniciativa integral presentada seis días antes.
El senador Sotelo, representante del Partido de la Revolución Democrática y presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía impulsaba una propuesta distinta a la que, por economía de lenguaje pero no para señalar los sesgos que implicaba, se le denominó “reforma parcial”. Se trataba de la iniciativa presentada en diciembre de 2009 (y que también fue tema de nuestra nota en Zócalo de abril pasado). Esa iniciativa, impulsada fundamentalmente por el senador Sotelo y por el priista Manlio Fabio Beltrones, fue dictaminada favorablemente el jueves 8 de abril, cuando en el pleno del Senado estaba siendo presentada la propuesta de reforma integral.
El senador Sotelo mantuvo durante varios días la iniciativa parcial, aunque la mayor parte de sus correligionarios del PRD estaba con la propuesta integral. El viernes 9 de abril, durante una discusión con el diputado Corral en el programa radiofónico de Javier Solórzano en Radio 13, propuso un debate para la semana siguiente.
El debate Corral – Sotelo habría sido un espectáculo sustancioso para quienes disfrutan con la confrontación y el escándalo políticos. Pero difícilmente hubiera esclarecido ni modificado las posiciones de esos legisladores. En cambio quienes se oponen a la reforma legal para los medios se habrían beneficiado de esa confrontación.
Por eso los dirigentes del PAN y el PRD en el Senado actuaron para sustituir ese debate por un nuevo acuerdo. La mañana del 14 de abril, el senador Carlos Sotelo se comprometió a respaldar la propuesta de reforma integral. Esa decisión no debe haberle resultado sencilla. Sotelo tenía varios meses insistiendo en que era mejor una reforma acotada a varios temas, pero capaz de comprometer tanto a las empresas de radiodifusión comercial como a los medios públicos y comunitarios, a una reforma completa pero sin respaldos suficientes. La propuesta parcial, tal y como estaba, tenía el apoyo del PRI. Sin embargo implicaba el otorgamiento de refrendos por vía administrativa y sin licitación y no se ocupaba de temas importantes que sí formaban parte de la propuesta integral.
La suspensión del debate fue anunciada en medio de aplausos en uno de los salones del Senado. Los que habían acudido en busca de espectáculo, se retiraron decepcionados. Aquellos cuyo interés era la reforma para los medios, reconocieron la decisión de ambos partidos y especialmente la rectificación del senador Sotelo. Flanqueados por los líderes de sus partidos en el Senado, Corral y Sotelo daban un paso adelante en la construcción de acuerdos para que la reforma integral pudiera prosperar.
Lunes 19 de abril. La Cámara de la Industria de Radio y Televisión publica a plana entera, en varios diarios, su inconformidad con la reforma integral. Se dice excluida del debate sobre la legislación y considera que la iniciativa “hace inviable jurídica, económica y operativamente al sector de las telecomunicaciones y al de la radio y la televisión”.
Los empresarios agrupados en la CIRT no ofrecieron una sola evidencia que pudiera sustentar esas afirmaciones. No hubieran podido porque, lejos de entorpecerlo, el proyecto de ley auspicia el desarrollo de esa industria. Lo hace fomentando la competencia, el servicio a la sociedad, la transparencia y la calidad en los contenidos. Es decir, se trata de un modelo de medios orientado por parámetros distintos a los que han prevalecido en nuestro país.
No es ese, evidentemente, el esquema de industria que prefieren los actuales dueños de la radiodifusión. Lo que resultaría inviable con la nueva ley de medios serían el acaparamiento de frecuencias, el manejo del espectro radioeléctrico como propiedad privada, la monotonía y la ausencia de contraste en los medios de comunicación. De allí el enojo de los empresarios que dominan en la CIRT.
Esa organización no discutió la iniciativa a fondo. No dijo que a varios de sus integrantes les incomodaban sobremanera las reglas para determinar la dominancia en las telecomunicaciones y la radiodifusión y a partir de las cuales toda empresa clasificada de esa forma tendría que abrir espacio a nuevos grupos. Tampoco manifestó una sola palabra acerca de las normas que hubieran significado la creación de al menos un par de nuevas cadenas de televisión nacional.
Los desacuerdos manifestados por la CIRT con la iniciativa integral fueron meramente retóricos y sin fundamento, o distorsionaban las implicaciones de ese proyecto. “Pretende regular los contenidos en Internet”, decía el desplegado, aunque en la iniciativa no hay ni una coma que pueda interpretarse como alusiva a las libertades en la Red. “Sanciona la orientación informativa o línea editorial” de las radiodifusoras, cuestionaba el desplegado en alusión al artículo de la iniciativa que establece la cláusula de conciencia. Se trata de la posibilidad de que los periodistas de un medio electrónico se nieguen a difundir informaciones que transgredan el código de ética que esa empresa de comunicación haya establecido. Allí no hay injerencia alguna en la línea editorial de las radiodifusoras y televisoras, sino únicamente el derecho de sus periodistas a no participar en la elaboración o propagación de contenidos contradictorios con las normas que el mismo medio haya establecido.
Los empresarios de la radiodifusión también dijeron que con la iniciativa, se buscaba imponer “un modelo autoritario”. Pero se trataba de todo lo contrario. Entre los medios, el autoritarismo actual que ha implicado la concentración de muchas frecuencias en pocas manos comenzaría a desaparecer, aunque de manera quizá muy paulatina, con la adjudicación de nuevas concesiones y la limitación a la expansión monopólica de las empresas más influyentes. En la regulación para ese sector, habría un organismo que tendría todas las facultades de la actual Cofetel y otras más, con la diferencia de que habría sido designado al margen de conflictos de intereses y con integrantes de comprobada aptitud profesional –a diferencia de la mayor parte de la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones–.
Esas y otras preocupaciones fueron aclaradas en distintos medios, pero la CIRT no quería explicaciones sino amagar al gobierno y a los partidos. Lo consiguió, varios días más tarde. Aunque esos empresarios han sido escuchados docenas de veces por parte de los legisladores y además no les faltan tribunas, a la postre la necesidad de seguirlos consultando fue el argumento del PAN para inmovilizar el proceso legislativo que seguía la mencionada iniciativa.
La CIRT también difundió spots en los que reclamaba al PAN y al PRD por impulsar una reforma legislativa sin consultar a los radiodifusores. Esos anuncios fueron difundidos en todo al país, incluso en los estados en donde hay campañas electorales. El PRD presentó una queja ante las autoridades del Instituto Federal Electoral por la intromisión en las campañas que pudieron haber significado tales anuncios.
Martes 20 de abril. Docenas de periodistas, cineastas, actores, académicos y dirigentes sociales respaldan la exhortación de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información para que el Congreso apruebe, “sin dilaciones”, la reforma integral. En opinión de la AMEDI la nueva ley debería incluir un organismo regulador plenamente autónomo. Además de esa observación, secunda la iniciativa que entre otras cosas protege derechos de los usuarios de telecomunicaciones, propicia la diversidad y la calidad en los contenidos de la radiodifusión, fortalece el equilibrio entre intereses comerciales y sociales e impulsa la convergencia tecnológica y la competitividad.
Simpatizantes de la iniciativa integral desarrollan campañas para enviar mensajes a cada senador y diputado. En Twitter y Facebook hay una intensa propagación de las adhesiones a esa propuesta.
Viernes 23 de abril. Una reunión convocada en el Senado para precisar enmiendas a la iniciativa integral, es desairada por casi todos los convocados. Deberían haber acudido los coordinadores en esa Cámara del PAN y el PRD, los senadores más involucrados en el dictamen de ese documento y el secretario de Comunicaciones y Transportes, entre otros.
Los legisladores de Acción Nacional habían propuesto la participación del titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, para garantizar el compromiso del gobierno federal con esa propuesta. Semanas antes, entre febrero y marzo, la iniciativa fue revisada minuciosamente por funcionarios de Comunicaciones y Transportes. Como resultado de ese escrutinio la propuesta tuvo modificaciones, sobre todo en aspectos técnicos relacionados con la regulación de las telecomunicaciones. El gobierno federal estuvo al tanto de esos cambios y se corresponsabilizó de ellos. Gracias a ese proceso, que a decir de quienes participaron en él fue sumamente tortuoso, Acción Nacional aseguró la adhesión de sus diputados y senadores a la iniciativa de reforma integral.
A pesar de que varios de sus colaboradores más cercanos y él mismo habían participado en las deliberaciones para revisar y aprobar la iniciativa, dos semanas después de que fue presentada en ambas cámaras el secretario de Comunicaciones y Transportes seguía haciéndole observaciones. En esos días, Molinar Horcasitas se convirtió en uno de los obstáculos más importantes para que el proyecto fuera dictaminado de manera favorable. Así que su inasistencia a la reunión en el Senado no causó extrañeza pero sí fue significativa del viraje que el gobierno federal emprendía en este asunto.
Lunes 26 de abril. Erigido en vocero de los legisladores el dirigente nacional del PAN, César Nava, asegura en conferencia de prensa que la ley de medios no será aprobada, al menos en este periodo de sesiones, porque hace falta escuchar los argumentos de la CIRT. De esa manera, mimetizado con las posiciones de los radiodifusores a los que días o semanas antes quería regular, el presidente nacional panista anticipó el carpetazo a la reforma.
Eso sucedió al medio día. Sin embargo por la tarde, e incluso ya muy avanzada la noche, los senadores y diputados del PAN y el PRD más comprometidos con la reforma seguían reuniéndose para encontrar acuerdos. Barajaron varias posibilidades. Se propusieron retirar de la iniciativa integral los capítulos que más molestia causaban en los radiodifusores y en los consorcios de telecomunicaciones, especialmente relativos a criterios de dominancia. Buscaron una fórmula distinta para la renovación de concesiones. Días antes, en ese tema, varios de esos legisladores habían propuesto un artículo transitorio para que, a pesar de la opinión de la Corte, todas las concesiones ya vencidas pudieran ser renovadas de manera administrativa y sin licitación.
Los legisladores también contemplaron la posibilidad de hacer a un lado la iniciativa integral para, en vez de ella, enmendar y mejorar la iniciativa parcial. Los borradores de distintos artículos circulaban del recinto senatorial a las oficinas del gobierno y hacían escala en San Lázaro. Hora tras hora, se sucedían propuestas de enmienda en un ejercicio a la postre inútil. Junto con ellas, había una discusión cada vez más tirante entre los legisladores.
El frente panista estaba quebrándose, o ya no era tal. La mayoría de los senadores que días antes respaldaban la reforma, ahora invocaban dificultades políticas, técnicas, de cualquier índole, para postergar una decisión. Días antes, en respuesta a las exigencias de la CIRT el coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, dijo que esos empresarios serían recibidos el miércoles 28 de abril… dos días previos a la finalización del periodo de sesiones del Congreso. Si no se trataba de una cita protocolaria, era claro que el senador Madero ya había borrado de su agenda la aprobación de la ley de medios. Hubiera sido más emblemático que anunciara esa cita para el 28 de diciembre. La reunión con los empresarios de cualquier manera no se realizó, al menos públicamente. La CIRT no quería derecho de audiencia sino derecho de veto. Y lo encontró en la complaciente aceptación del gobierno federal y los dirigentes del PAN.
En el mismo Acción Nacional otros legisladores, muy pocos, insistieron perseverantemente en lograr alguna reforma significativa. El senador Ricardo García Cervantes y el diputado Javier Corral se enfrentaron, así, a sus compañeros de partido. Pero se habían quedado solos.
El martes 27, al comenzar la tarde, los senadores Gustavo Madero y Santiago Creel les anunciaron formalmente a los senadores perredistas Carlos Navarrete y Carlos Sotelo que su partido no estaba en disposición de aprobar reforma alguna para los medios y las telecomunicaciones: “ni reforma integral, ni reforma parcial”. Nada de nada.
* * *
De este episodio, queda la existencia de una propuesta avanzada, ambiciosa e íntegra, para renovar la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Cualquier intento de reforma en ese campo tendrá que tomar como referencia a esa iniciativa, o consumar su aprobación.
También permanecerán las lúcidas adhesiones que recibió tal iniciativa, especialmente entre cineastas, artistas, investigadores y en ámbitos casi insospechados de la sociedad y la vida política, así como el decoro de los legisladores comprometidos con esa reforma.
La incapacidad de los empresarios para argumentar su defensa de privilegios es otro elemento distintivo.
La proclividad timorata del gobierno del presidente Felipe Calderón así como del Partido Acción Nacional, es parte de las lecciones que deja este esfuerzo.
Junto con ellas, los ciudadanos y grupos que pugnan por la reforma de los medios tendrán que reflexionar acerca de las vías pertinentes para insistir en sus propuestas. De poco sirve empeñarse en la elaboración de proyectos legales cuando hay tan insuficiente gana de los legisladores para cumplir con sus tareas. De nada sirve hacer compromisos con partidos dispuestos a virar, o a caer de hinojos, en cuando les chasquean los dedos desde las oficinas corporativas de Televisa o Telmex.
mediocracia 