Alianza de las televisoras, peligro para México

Publicado en Zócalo, mayo de 2011

Imagen tomada de http://www.blog.com.mx

Separadas, Televisa y Televisión Azteca han constituido poderes desafiantes e infractores delante de la sociedad. Juntas, pueden convertirse en un auténtico peligro para México.

El poder de los medios es tan importante que, en todo el mundo, se considera que quienes manejan empresas de comunicación tienen responsabilidades adicionales a las de cualquier negocio. Difundir mensajes de manera amplia y en una sociedad de masas no es asunto menor, pero en un contexto como el mexicano en donde carecemos de regulaciones eficaces para los monopolios y en donde los consorcios de comunicación han mantenido atemorizado al gobierno durante los 10 últimos años, no estamos acostumbrados a exigir responsabilidades específicas a los medios.

Por eso resulta especialmente delicada la alianza de Televisa y Televisión Azteca para manejar juntas la empresa Iusacell. Afectada por problemas financieros y sin capacidad para enfrentar a otras competidoras, la empresa propiedad del Grupo Salinas y de la cual Televisa anunció que compraría la mitad de las acciones ocupa menos del 5% del mercado de la telefonía celular.

Esa porción es demasiado pequeña para que se pueda considerar que, al menos a largo plazo, Televisa incursiona de manera agresiva en telefonía inalámbrica. Sin embargo la importancia del acuerdo con Televisión Azteca va más allá de ese sector.

Hasta ahora, por separado, las dos empresas de la televisión privada han tenido una competencia fundamentalmente simbólica, con una pactada tolerancia mutua. Pocas veces rompen lanzas, al menos de manera pública. Las discrepancias notorias entre Televisa y Azteca solían ser por la contratación de algún actor o conductor y la rivalidad entre ambas ha estado acotada por el reconocimiento de que, entre ambas, controlan la televisión nacional. Las repetidoras de Televisa y Azteca constituyen el 94% de las concesiones para televisión privada en todo el país. Las únicas cadenas nacionales de televisión en México son manejadas por esos consorcios.

Competencia simbólica

Televisa concentra aproximadamente el 68% de la audiencia de la televisión en todo el país. Azteca tiene el 28%. Televisa, en años recientes, ha reunido algo más del 70% de toda la inversión publicitaria en México. Azteca se ha quedado con el 28%, en números redondos.

En muchos países de Europa y América Latina, y desde luego en Estados Unidos o Canadá, esas cifras serían suficientes para que las autoridades regulatorias considerasen que hay un acaparamiento monopólico que resultaría preciso evitar. En México, el gobierno y específicamente las comisiones nacionales de Competencia y Telecomunicaciones han presenciado, pero además han alentado, la expansión de esos consorcios tanto en la televisión como en otros negocios.

Con tensiones esporádicas que han resuelto pragmáticamente, tanto   Televisa como Televisión Azteca han sido respetuosas de las cuotas de mercado que ocupa cada una de ellas. Esa tolerancia, resultado del reconocimiento mutuo como usufructuarios únicos de un mercado que mantienen subyugado a sus intereses, se ha traducido en una prácticamente nula competencia.

Desde hace casi dos décadas los contenidos de  Televisa y Televisión Azteca, salvo esporádicas y casi involuntarias excepciones, son de tan mala calidad unos como otros. La misma comicidad ramplona, las mismas estructuras dramáticas elementales y baladíes en las telenovelas, el mismo manejo mercantil que termina por apabullar los espectáculos deportivos, son comunes en la programación de ambas empresas.

Tanto en Azteca como en Televisa puede apreciarse una similar ausencia de respeto a los participantes en programas de concurso o en reality shows. Los canales de uno y otro consorcios comparten la resistencia a cumplir con el derecho de réplica de los ciudadanos afectados por sus contenidos y suelen tener una interlocución solamente cosmética con sus públicos.

En su comportamiento público en cambio, se pueden apreciar algunas diferencias entre Azteca y Televisa. Los directivos de la empresa de Ricardo Salinas Pliego no han vacilado para transgredir abiertamente la ley con tal de promover negocios e intereses suyos. Es imposible olvidar el asalto a las instalaciones transmisoras del Canal 40 que perpetraron golpeadores enviados por Televisión Azteca en diciembre de 2002. Más recientemente, ese consorcio se ha negado a cumplir  las indicaciones de la autoridad electoral para transmitir los anuncios de los partidos políticos durante las campañas políticas en varios sitios del país.

Excluir o perseguir

En contraste con ese talante bravucón y golpeador de Televisión Azteca, la empresa de Emilio Azcárraga Jean había tenido un comportamiento públicamente más discreto. Los intereses que promueve Televisa no son menos acaparadores ni menos abusivos, pero ese consorcio prefería el litigio tras bambalinas en vez de la gritería de callejón.

Para lograr que en 2002 el gobierno hiciera suyo un reglamento de la radio y la televisión diseñado en las oficinas de Televisa, los operadores de ese consorcio cortejaron la vanidad y los intereses el presidente Vicente Fox y su esposa. A fin de impulsar la reforma de ley tan ostensiblemente propicia a sus negocios que desde el periodismo crítico fue denominada como Ley Televisa, los directivos de esa empresa cortejaron las ambiciones de candidatos presidenciales y dirigentes de todos los partidos políticos nacionales.

La gestión en corto, la oferta antes que la amenaza, habían definido la actividad política de Televisa. Las diligencias de Televisión Azteca, en cambio, han sido más burdas y pendencieras. Las diferencias entre ambos estilos se parecen a las que hay en la presentación de noticias y en la utilización de la pantalla para influir a favor de los intereses de cada empresa. En Televisa, el noticiero más importante es conducido con relativa sobriedad por Joaquín López Dóriga que pocas veces se permite un exabrupto al aire (aunque la agenda de la empresa se manifiesta en las muchas cosas que se dejan de decir en ese espacio). En Televisión Azteca, la marca de la casa se expresa en los gritos que abundan en el noticiero nocturno del Canal 13.

Cuando ha querido amagar a un personaje político, Televisa ha optado por excluirlo de sus pantallas. La desaparición del rostro de Santiago Creel en una nota difundía en el noticiero matutino de ese consorcio, en julio de 2008, fue emblemática de las instrucciones de los directivos de Televisa para el manejo de la información acerca de aquellos a los que consideran adversarios políticos suyos.

Televisión Azteca, para golpear a los que ubica como sus enemigos, llega a infamarlos y perseguirlos. Al mismo senador Creel, que llegó a simpatizar con la reforma legal para promover alguna pluralidad en los medios después de haber tenido una actitud obsecuente con las televisoras cuando era Secretario de Gobernación, TV Azteca lo persiguió durante algún tiempo destinando reporteros y camarógrafos para acosarlo en cada sitio al que iba e incluso entremetiéndose en su vida privada.

Iniciales entendimientos

La displicencia del gobierno y la gran mayoría de los legisladores con esos comportamientos, ha sido una forma de complicidad. Las televisoras, sin embargo, no lo han visto así. Cuando alguien acumula crecientes porciones de influencia simplemente quiere seguir haciéndolo sin tolerar límite alguno. Por eso, cuando han considerado que el acaparamiento que ejercen en la televisión o algunos de sus negocios en otras áreas están en riesgo, Televisa y Azteca han aprovechado sus frecuencias para actuar, ostensiblemente, como un poder que se enfrenta a otros.

Así lo hicieron a fines de 2006, cuando la empresa Telemundo y el Grupo Saba le solicitaron al gobierno que pusiera en licitación una cadena de televisión nacional. Los noticieros de Televisa y Azteca difundieron insistentes notas en contra de la intermediación para la venta de medicamentos, que es uno de los negocios principales del Grupo Saba. De esa manera amedrentaron y alejaron a los empresarios que querían competir en el campo de la televisión.

También se puede recordar la alianza de Televisa y Azteca para oponerse a las reglas en materia de propaganda electoral. El 31 de enero de 2009 y los días siguientes ambas empresas transmitieron, en cadenas nacionales, mensajes que descalificaban e infringían las normas constitucionales para que los spots de los partidos se difundieran en tiempos del Estado en televisión.

Los entendimientos de Televisión Azteca y Televisa habían sido, hasta ahora, para oponerse a empresas o autoridades que consideraban desfavorables a sus negocios. La alianza en torno a Iusacell indica un cambio en ese comportamiento. Ahora, más allá de las diferencias de estilo que hayan tenido, hacen negocios juntas.

El acercamiento público que desembocó en el anuncio, conocido en la primera semana de abril, acerca del compromiso para que Salinas Pliego le venda a Azcárraga la mitad de las acciones de Iusacell, fue precedido de la coincidencia en el proyecto Iniciativa México. Dirigida por Televisa, esa operación publicitaria se mostró primero como promotora de acciones filantrópicas y más tarde, en marzo pasado, cobijó el “Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia”.

Al apadrinar ese documento (que además orquestaron y para el cual gestionaron forzadas adhesiones por parte de periódicos y radiodifusoras de todo el país) Azcárraga Jean y Salinas Pliego aparecieron juntos como promotores ¡de la ética! en los medios de comunicación. El despropósito que significaba esa artificiosa identificación con reglas de comportamiento profesional por parte de las empresas televisivas que perpetran tantas transgresiones a la deontología, la legalidad e incluso el buen gusto, fue insuficientemente cuestionado en los medios del país. Aquella alianza de las televisoras ocurrió de manera intencionalmente simultánea al enfrentamiento que ya habían detonado en contra del Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim.

Acuerdo en secreto

Salinas Pliego y Azcárraga Jean habían acordado la compraventa de una porción de Iusacell  desde diciembre de 2010. La fecha es importante porque en aquellos días apenas se cumplían dos meses desde que la propia Televisa rompió el acuerdo que tenía con Nextel, la telefónica junto con la cual obtuvo la porción de espectro radioeléctrico que fue motivo de la muy discutida Licitación 21.

Esas negociaciones de los propietarios de Televisa y Azteca infringieron normas y afectaron intereses de otras empresas tanto en México como en Estados Unidos. Televisa tendría que haber informado públicamente su intención para comprar parte de Iusacell, de acuerdo con las reglas que la Bolsa de Valores de Nueva York impone a las firmas cuyas acciones son manejadas en ese mercado.

La decisión para compartir la propiedad de Iusacell no fue notificada a fines de 2010, sino en abril pasado en medio del enfrentamiento que las televisoras mantenían con el Grupo Carso. La insistencia del empresario Carlos Slim para que el gobierno permita que Telmex difunda servicios de televisión a través de la línea telefónica y la alianza de la misma empresa para facturar suscripciones del sistema de televisión satelital Dish, desencadenó la furia de Televisión Azteca y Televisa. Los consorcios de Salinas Pliego y Azcárraga Jean ya tenían o habían buscado presencia en el campo de la telefonía en donde son dominantes las empresas de Slim, pero no toleran que alguien se meta en el terreno de la televisión que consideran solamente de ellos.

Enzarzado en un enfrentamiento público y ríspido, Azcárraga Jean accedió paga, por la mitad de Iusacell, 1600 millones de dólares. Se trata de una cantidad que diversos analistas consideraron muy elevada. Esa transacción sería un triunfo de Salinas Pliego. La campaña que ambas televisoras desataron contra Telmex y Telcel también indicaría que en las decisiones de Televisa se han impuesto intereses y estilos hasta ahora predominantes en Televisión Azteca.

A mediados de abril el gobierno, a través de la Comisión Federal de Competencia, impuso a Telcel una multa desmesuradamente alta, de aproximadamente mil millones de dólares, por los altos costos de interconexión que cobra a otras empresas de telefonía celular. La indagación acerca de esas tarifas había sido iniciada en noviembre de 2006. La Cofeco esperó casi cuatro años y medio para establecer esa multa, justo a tiempo para que sirva de respaldo a la campaña de las televisoras contra el Grupo Carso.

La defensa de Telcel ante esa multa demorará varios años en instancias administrativas y judiciales. Su efecto, por ahora, es fundamentalmente propagandístico. El gobierno deja claro que sus simpatías están con las televisoras.