La Crónica, 11 de octubre 2007
Quién sabe si el presidente Calderón sabía, mientras hablaba ayer ante los radiodifusores, que su discurso no estaba siendo transmitido en directo por la mayoría de las estaciones de televisión y radio. Tan prestas como fueron hace exactamente un mes para encadenarse mientras protagonizaban ante los senadores el patético espectáculo que tantas recriminaciones les ha propiciado, ayer los dueños de las radios y televisoras privadas dispusieron que la comida anual de la Cámara Nacional que las reúne, y en la que es tradición la presencia del titular del Ejecutivo Federal, fuese difundida con hora y media de retraso.
Únicamente una de las frecuencias de Radio Fórmula y XEW y quizá alguna otra emisora transmitieron, en la ciudad de México, el discurso presidencial mientras ocurría. Muchas otras estaciones y un canal de cada una de las televisoras privadas lo hicieron de manera diferida. En ningún caso, hasta donde pudimos apreciar, esas estaciones advirtieron a sus audiencias que no se trataba de una transmisión en vivo.
Tan desusado tratamiento al discurso presidencial puede tener varias explicaciones. Quizá los radiodifusores decidieron no alterar la hora de la comida de la mayoría de los televidentes y radioescuchas y por eso dejaron el mensaje del presidente Felipe Calderón para después de los postres. Pero es inevitable suponer que tal decisión estuvo relacionada con las secuelas de la fallida campaña que esos empresarios levantaron contra las reformas constitucionales que los dejaron sin el gasto que hacían los partidos en la contratación de propaganda electoral.
Posiblemente los radiodifusores quisieron supervisar el discurso presidencial antes de transmitirlo. Quizá temían que el presidente de la República apoyara el proceso de reformas constitucionales que acaba de terminar con el voto favorable de 30 legislaturas estatales y que fue impulsado por los tres partidos más importantes del país. De haber sabido que sería tan complaciente con ellos, es altamente probable que lo hubieran difundido en directo y por muchas más frecuencias.
El mensaje del presidente Calderón era esperado porque su gobierno no ha manifestado con claridad una posición pública ante esa reforma, aunque es evidente que el voto del PAN tuvo que haber contado con su anuencia.
Hubiera sido una oportunidad relevante para que, más allá de expresar una definición acerca de las modificaciones constitucionales, el presidente alzara la mira y ofreciera algunas definiciones para las fases próximas en ese proceso legislativo que son las reformas al Código Electoral –en donde habrá un capítulo especial para normar las nuevas relaciones entre procesos políticos y medios de comunicación– y, después a la legislación para los medios y las telecomunicaciones.
El presidente, sin embargo, decidió desaprovechar esa ocasión. En vez de un discurso que le permitiera contribuir a esa discusión nacional –y con el que pudiera afianzar la vocación de liderazgo que dice tener pero con la que solamente cumple de manera retórica y a veces ni siquiera en ese plano– Calderón ofreció una alocución ritual, solícita casi, y muy parecida a las que dirigían sus antecesores en otras celebraciones de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.
Sin contexto crítico ni analítico, las exhortaciones que formuló a la responsabilidad y a un ejercicio comprometido de la libertad resultaron equívocas. Decir que es preciso ejercer la libertad de expresión con respeto a los demás sin recordar, aunque fuese de manera general, las reiteradas transgresiones a esa norma –por ejemplo, por parte de Televisión Azteca– hizo de tal señalamiento una formulación protocolaria.
Repetir que concesionarios y permisionarios de la radiodifusión se encargan de un servicio de interés público que influye en la cultura cívica sin advertir que la gran mayoría de los contenidos en la televisión no se hace cargo de esa función, fue como decir nada ante un auditorio colmado de empresarios que no han querido distinguirse por la autoevaluación y mucho menos por la autocrítica.
La transición de la radio analógica a la digital, que suscita inquietudes y confusión entre los radiodifusores que han sido causantes de que el gobierno no defina el estándar tecnológico que será utilizado en México para ese cambio, el presidente la abordó en busca del aplauso de los concesionarios pero sin ofrecer una solución. No es claro el alcance de la promesa presidencial cuando dijo que habrá mecanismos para que “todos los radiodifusores, desde la televisión hasta las más modestas estaciones de amplitud modulada” emprendan el tránsito tecnológico. Lo que México tiene que hacer es decidir cuál o cuáles de los formatos digitales que ahora existen será utilizado para sustituir a las bandas de AM y FM. Y si alguien requeriría de apoyo para renovar sus equipos a fin de sintonizarse con la nueva radio digital serían los radioescuchas, mucho más que los empresarios.
La otra promesa de Calderón se refirió a las concesiones vencidas o que están por vencerse. Es natural que entre los radiodifusores cuyos títulos de concesión han caducado o están por llegar a su término exista “incertidumbre y zozobra” como dijo el presidente. Pero incurrió en una eventual contradicción, que puede tener consecuencias graves, cuando consideró: “Nuestro deber como gobierno de la República es conciliar los legítimos intereses de todos los que participan en la industria con las disposiciones contenidas en las leyes sobre la materia y las resoluciones judiciales en la misma”.
Actualmente, de 1488 concesiones y permisos que existen para radio en Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada en todo el país, hay aproximadamente 54 que vencieron el año pasado y otras 69 que habrán vencido en 2007. Antes el gobierno federal renovaba sin chistar esos títulos de concesión. Con la Ley Televisa, los radiodifusores pretendieron que las concesiones fueran por 20 años y que su refrendo fuese automático. Sin embargo la decisión de la Suprema Corte de Justicia que modificó esa reforma legal y que indica que las renovaciones deben estar sujetas a licitación dejó en la penumbra legal a las concesiones que no fueron refrendadas por el gobierno anterior ni por la actual administración.
Asegurar que conciliará el interés de los radiodifusores colocados en ese trance y las decisiones judiciales fue un exceso del presidente Calderón porque las reglas a las que habrán de sujetarse las renovaciones de los títulos de concesión no las define él sino el Poder Legislativo. Así que no sólo eludió respaldar las reformas constitucionales recientes sino, además, presentó una postura que podría ser contraria a la de la Suprema Corte y se inmiscuyó en el proceso legislativo que se encuentra en curso para renovar las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones.
Repitió, eso sí, que las pautas de su gobierno en ese terreno están definidas por tres “C”: cobertura, convergencia y competencia. Pero quizá ese encomiable propósito carece de otro atributo que tiene la misma inicial: congruencia. No la hay cuando, hace unos días, su secretario de Comunicaciones anunció que el año próximo no habrá nuevas concesiones de televisión. ¿Cómo, entonces, aumentará la cobertura y, sobre todo, cómo habrá competencia en ese medio de comunicación si el gobierno desalienta la posibilidad de que haya nuevas frecuencias?
Con razón al término de la emisión diferida, más de 90 minutos después del momento en que Calderón había dicho esas palabras aunque a radioescuchas y televidentes se les hizo creer que se trataba de un evento en tiempo real, el conductor de la transmisión en radio, Iñaki Manero, de Grupo ACIR, pudo concluir que había sido “un discurso conciliador, un discurso amigable”.
No tenía por qué ser agresivo. Pero el presidente pudo haber pensado no solamente en el reconocimiento de la audiencia que tenía delante suyo sino en los intereses de la sociedad radioescucha y televidente.
Intentando, en cambio, congraciarse con los radiodifusores, Calderón dijo que su gobierno ha cerrado “más de una docena de estaciones de radio y televisión que operaban en forma ilegal” y que hará lo mismo con varias docenas más. Enhorabuena si se trata de emisoras que han querido hacer negocio a costa de una frecuencia que no les había sido adjudicada. Pero en años anteriores las acciones del gobierno contra estaciones sin licencia intentaron afectar a pequeñas radiodifusores comunitarias que no habían tramitado su permiso debido a las enormes complicaciones administrativas que encontraban para ello. Una docena de estas radios comunitarias, no obstante, obtuvo permisos legales durante el gobierno anterior.
El presidente Calderón afirmó, antes de recibir una emocionada ovación: “no hemos permitido, ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos, nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país”.
Tiene toda la razón. Sin embargo no quedó claro si se refería a las radiodifusoras que el año pasado fueron ocupadas en Oaxaca o al violento asalto que hace menos de 5 años, en diciembre de 2002, ordenó el empresario Ricardo Salinas Pliego contra las instalaciones de transmisión del Canal 40.
Si el presidente Calderón toma en serio sus propias palabras, su gobierno tendría que revisar el litigio, aun no concluido, entre Televisión Azteca y el concesionario legítimo del Canal 40.
Todavía está por verse si, en sus relaciones con los consorcios de televisión y radio, el gobierno promoverá el cumplimiento y la actualización de la ley o se conformará con un poder y una presencia política diferidos.
mediocracia 