Cuando comunicar se vuelve un crimen

Suena muy drástico y parece difícil de creer, pero el gobierno del presidente Felipe Calderón ha resuelto, en algunos casos, criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión. Eso significa que hay mexicanos a quienes, por ejercer ese derecho, podrían meterlos a la cárcel.

Nos referimos a la suerte que están a punto de padecer ciudadanos como Rosa Cruz en Ocumicho, Michoacán y Héctor Camero en Monterrey, Nuevo León. Ambos, con trayectorias, experiencia y en contextos diferentes, forman parte de sendos proyectos de radiodifusión comunitaria que han sido perseguidos por el gobierno federal porque no tienen permiso para transmitir.

El primero de junio pasado Camero, que  es promotor de la radiodifusora comunitaria Tierra y Libertad, fue consignado por el Ministerio Público federal por delitos que tipifica la Ley General de Bienes Nacionales. Sigue en libertad gracias a un amparo judicial. Esa radiodifusora funcionaba desde hace siete años en la mencionada comunidad, de larga tradición en el movimiento por la democracia en las colonias populares. El 8 de junio de 2008, fue ocupada por 200 policías federales mientras varios niños de la radiodifusora transmitían un programa infantil.

Radio Tierra y Libertad solicitó desde 2002 su regularización como emisora permisionada, pero el gobierno federal no auspició el avance de esos trámites. En 2005 fueron legalizadas varias radios de esa índole en diversos sitios del país, mas esa decisión no alcanzó a beneficiar a la emisora regiomontana.

La gracia de la regularización dispuesta por el gobierno del presidente Fox tampoco llegó a Ocumicho, el poblado purépecha en donde funcionaba Radio Uekakua. Las transmisiones en esa lengua se habían convertido en punto de referencia para la comunidad, lo cual hacía patente el servicio social que ofrecía esa emisora.

También esa estación gestionaba su regularización legal desde 2002. Sin embargo el 29 de enero pasado un centenar de agentes de la AFI y otras corporaciones llegó a desmantelar la emisora porque operaba sin consentimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Un comunicado de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y otras agrupaciones que se distribuirá el día de hoy relata cómo fue esa operación contra la emisora: “Con uso desmedido de la fuerza procedieron al cierre en una comunidad de apenas 3 mil habitantes. Los elementos policíacos amedrentaron a los niños que se encontraban en ese momento en la estación, amenazaron a las mujeres con golpearlas, le taparon la boca a una menor y le lastimaron la mano, y una señora fue arrastrada violentamente de la radio”.

El testimonio de una de las muchachas amedrentadas en esa acción puede encontrarse en YouTube. La peor parte la llevó Rosa Cruz, que colaboraba en Radio Uekakua y a la cual los agentes que allanaron la modesta radiodifusora hicieron responsable de las transmisiones sin el permiso legal.

Convertida en culpable por esa decisión la señora Cruz, que apenas habla castellano, recibió hace 10 días una orden para comparecer en la oficina del Ministerio Público en Uruapan que la considera “indiciada” por explotar un bien que es propiedad de la nación. Ese delito, establecido en la Ley General de Bienes Nacionales (artículos 149 y 150) se castiga con prisión de 2 a 12 años y multa de hasta mil veces el salario mínimo.

Así es como Rosa Cruz, una indígena purépecha que colaboraba en la difusión de mensajes radiofónicos para su comunidad, lo mismo que el doctor Héctor Camero, dirigente de la Asociación Civil Tierra y Libertad de Monterrey, están en riesgo de ir a prisión. La causa de ese encarcelamiento sería la participación que han tenido en la radiodifusión comunitaria.

Esas emisoras operaban sin autorización legal. Pero nunca desconocieron tal irregularidad e, igual que otras en esas condiciones, quisieron normalizar su condición jurídica. En varias ocasiones, cuando querían sancionar a las radiodifusoras comunitarias las autoridades imponían medidas administrativas que llegaban a la incautación del equipo de transmisión.

Desde hace algunos meses, sin embargo, el gobierno federal endureció su actitud hacia las radios comunitarias y decidió acusarlas por transgresión a la mencionada Ley de Bienes Nacionales que implica penas corporales.

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuya dependencia presentó la denuncia que ha conducido a esas acciones legales, no parece tener disposición alguna para reconocer el derecho a la comunicación de indígenas como los de Ocumicho, o luchadores sociales como los de Tierra y Libertad.

La Procuraduría General de la República, por su parte, envió un centenar de agentes el 1 de febrero pasado a intervenir las instalaciones de la radio en Ocumicho, en donde encontraron –y maltrataron– a varias mujeres y algunos niños. Esa presteza, las autoridades federales no la han tenido para resolver el crimen de Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, de 22 y 24 años, las locutoras de la radiodifusora triqui “La voz que rompe el silencio” que fueron emboscadas y asesinadas el 7 de abril del año pasado en Santiago Juxtlahuaca, en Oaxaca.

¿Por qué el gobierno federal interrumpió el proceso de regularización legal de las radios comunitarias que había comenzado el sexenio anterior? ¿Por qué en vez de sanciones administrativas la Secretaría de Gobernación decidió perseguir a integrantes de esas radiodifusoras con acusaciones que de prosperar los llevarían al encarcelamiento? ¿Por qué se acosa con tanta saña a quienes, con las estaciones comunitarias, no hacen más que abrir espacios de expresión que, entre otras cosas, sirven como distensión a los conflictos sociales?

Esas preguntas quedan desplazadas por una más elemental, que formula una de las indígenas que con grandes sacrificios contribuyeron a instalar la radiodifusora en Ocumicho y que, después de ser maltratada por agentes federales y emplazada por el Ministerio Público, pregunta, simple y directamente en otro video: “¿Por qué el gobierno nos trata tan mal?”.

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Periodismo de investigación

Cuando la prensa no sólo transmite hechos sino además busca explicarlos, entonces se hace necesario el periodismo de investigación. Más aún: cuando los hechos que se pretende transmitir no pueden ser entendidos sólo a partir de un ángulo, sino en su dimensión más amplia, es cuando la investigación periodística resulta indispensable. Allí se encuentra la clave del periodismo moderno. Si bien el género esencial en cualquier diario es la nota informativa, las aristas complejas de una sociedad moderna sólo pueden ser retratadas, y entonces quizá explicadas, a partir del reportaje.

El periodismo de investigación ha venido a ser el recurso con que la prensa moderna, en todo el mundo, busca competir con los medios electrónicos pero además, ganarse la confianza de sus lectores. Hoy en día la gente se entera de los acontecimientos a través de la televisión, que muestra las imágenes climáticas de hechos que a menudo se olvidan o no son presentados en contexto. Luego, en la radio, se obtiene una explicación instantánea; tanto, que a menudo el comentario radiofónico no es mas que improvisación y superficialidad, aunque tenga el mérito de la apuesta temeraria a favor del compromiso con un punto de vista. En la prensa, se encuentra o debería hallarse la información con mayor detalle, el acopio de cifras y opiniones junto con su cotejo para aquilatarlas, el contraste entre el hecho crudo y su ubicación social e incluso histórica, la búsqueda en profundidad de los ángulos del acontecimiento.

El periodismo de investigación es búsqueda, mientras más esmerada mejor, aunque tiene como exigencia, limitación y restricción, el apremio dictatorial del tiempo y la pertinencia de una exposición sin recovecos, capaz de ser entendida por todos los lectores. Si la publicación de un buen reportaje se demora tanto que el tema del cual se ocupa deja de ser noticia, corre el peligro de transitar del periodismo, a la crónica de hechos sociales o a la historia reciente. Si hace tanta gala de afeites y guiños retóricos que la forma se sobrepone al contenido, entonces esa pieza deja de ser accesible y quizá, tenga valor literario pero no periodístico.

El periodismo de investigación busca darle al lector algo más que los otros medios y que las páginas ordinarias del diario. Esa oferta editorial es el valor agregado con el que todo buen periódico quiere competir dentro del mercado de los mensajes. En México, la competencia real entre las publicaciones periodísticas es tan reciente que entre otros rezagos ha padecido la falta –con poquísimas y a veces por desdicha efímeras excepciones– de un auténtico periodismo de investigación.

Durante largas y tortuosas décadas, gran parte de la prensa mexicana existió para un solo patrocinador y, de hecho, para un solo y omnímodo lector que era el poder político. Las cosas van cambiando, a veces más despacio de lo que se podría esperar y la prensa mexicana experimenta una transición bamboleante e incluso contradictoria, pero con cambios y avances reales. Entre los más importantes, está la presencia de publicaciones que pretenden  que el periodismo de investigación sea parte central de su propuesta editorial.

Un inventario completo sería tan engorroso como injusto. Pero es indiscutible que aún con todo el sensacionalismo vindicativo con que se ocupa de los asuntos públicos, la revista Proceso ha ofrecido algunos de los grandes aunque no abundantes momentos del periodismo de investigación en el México de los años recientes. Diarios de la ciudad de México como unomásuno, La Jornada y más recientemente Reforma, El Universal y Crónica, han ido por delante de los acontecimientos en diversas ocasiones, gracias a que han tenido reporteros que buscan y no sólo repiten, así como editores capaces de arriesgar publicando reportajes y no nadamás declaraciones. Tanto en el DF como en provincia, los esfuerzos de periodismo de investigación tropiezan con la indolencia de reporteros y editores y sobre todo, con la tacañería de empresarios periodísticos que no invierten en la búsqueda de noticias porque se conforman con llenar planas de material de relleno, que es más barato aunque a la postre, ahuyenta a los públicos. El periodismo de investigación es, indudablemente, más costoso. Pero nadie ha dicho que la preferencia de los lectores se gane con facilidad.

Cuando no se conforman con las afirmaciones oficiales, cuando van más allá de los boletines, cuando las entrevistas de banqueta son meras referencias circunstanciales, cuando hacen trabajo de hemeroteca y sobre todo cuando aportan materiales documentales que enriquecen, matizan e incluso desmienten la versión hasta entonces oficial de un acontecimiento, los periodistas que hacen investigación desarrollan una prensa útil y, entonces, trascendente. Todo eso está muy bien. Pero a menudo al periodismo de investigación se le confunde con el sensacionalismo que exprime los hechos llamativos para aturdir más que explicar a los lectores, lo mismo que con la publicación de  chismes y murmuraciones.

Ejerciendo una alevosa impunidad a menudo ese periodismo, con el pretexto de indagar, se entromete en las vidas privadas. Esa es una dificultad de la prensa en todo el mundo, pero nosotros tenemos la desventaja adicional de que, en México, tales rasgos no suelen ser entendidos como problemas que pueden tener solución, sino como defectos inevitables del periodismo. No pocas publicaciones, entre ellas algunas de las antes mencionadas, llegan a difundir como noticias simples especulaciones o, peor, han presentado como resultado del trabajo de investigación de sus reporteros meros rumores sin fuente acreditable.

Filtración no es investigación. El periodismo de búsqueda no es de versiones a trasmano sino el que presenta hechos verificables y con datos sólidos. Algo avanzamos ya con la existencia de grupos de periodistas, en distintos sitios del país, que practican un diarismo que, sin estridencias ni engreimientos, busca la miga de los hechos. Al periodismo de investigación, para crecer, le faltan más buenos periodistas, más editores rigurosos y antes que nada, lectores exigentes. Unos, producen a los otros. Eso esperamos.

(Este texto lo escribí en 1997 para una edición especial de Siglo 21 de Guadalajara y luego se publicó en Correo de Guanajuato. En algún momento estuvo en mi sitio web. Una amable colega cubana me preguntó por él y lo he encontrado ampliamente citado, pero sin mencionar la fuente,  en algún texto sobre el tema. Gracias a ello advertí que ya no estaba en línea. Por eso lo pongo aquí).

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Las últimas informaciones de Eliseo Barrón

Eliseo Barrón Hernández era un reportero de a pie. Lo suyo eran las notas breves, directas, información pura y dura. Tenía 11 años practicando el qué, quién, cuándo y dónde en las notas policiacas que escribía para la edición en Torreón, Coahuila, del diario Milenio. El cómo y el por qué por lo general se los dejaba a otros periodistas.

De prisa y precisa, la información acerca de crímenes, robos y accidentes no se presta mucho a la especulación. Sin embargo el auge del narcotráfico ha llevado las notas policiacas a la primera plana de los diarios. Quizá esa circunstancia hizo más complejo, y acaso arriesgado, el trabajo de Eliseo Barrón. El lunes por la noche varios hombres armados lo sacaron de su casa por la fuerza. Al día siguiente su cadáver apareció en un predio de Gómez Palacio, ciudad vecina de Torreón. Es evidente que lo torturaron.

Con Eliseo Barrón, son cinco los periodistas mexicanos asesinados en el transcurso de este año. Es posible que no todos hayan sido victimados como resultado de su trabajo informativo pero las parsimoniosas indagaciones judiciales no lo han esclarecido.

El Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, que mantiene un registro de agresiones a periodistas, indica que el 13 febrero Jean Paul Ibarra, fotógrafo de El Correo de Iguala, Guerrero, fue asesinado a tiros cuando viajaba en una motocicleta con otra periodista que resultó herida. Ibarra cubría asuntos policiacos.

El 23 de, febrero en Huayacocotla, Veracruz, Luis Daniel Méndez Hernández, reportero de la radiodifusora “La Poderosa”, murió tiroteado cuando salía de un salón de baile.

El 29 de febrero Juan Carlos Hernández Mundo, director del periódico El Quijote de Taxco, Guerrero, murió cuando le dispararon desde una camioneta.

El 3 de abril Carlos Ortega Samper, de El Tiempo de Durango, fue victimado cuando se resistió a ser secuestrado por cuatro individuos que lo querían sacar de su automóvil en el poblado de Santa María del Oro. Ortega había denunciado al alcalde y otras autoridades de ese municipio por amenazarlo después de que publicó denuncias por hechos de corrupción.

Ninguna de las averiguaciones por esos asesinatos ha sido resuelta. El Commitee to Protect Journalists con sede en Nueva York, indicaba el martes pasado que en el transcurso de 2009 ha registrado 11 casos confirmados de periodistas asesinados en todo el mundo debido a su trabajo como informadores y 12 casos por confirmar, entre ellos 2 mexicanos (Jean Paul Ibarra y Carlos Ortega). Con el nuevo crimen, esa cifra habrá aumentado a 3.

La información de cualquiera de esas muertes posiblemente habría sido cubierta de manera escueta por Eliseo Barrón. Uno de sus últimos reportes periodísticos, si no es que el último, fue acerca de un escolta del jefe de la policía municipal en Torreón a quien despidieron porque el domingo pasado, alcoholizado, se puso a tirar balazos. Días antes, escribió sobre el despido de 302 agentes policiacos presuntamente vinculados con la delincuencia organizada.

Quién sabe cuál de esas informaciones desató la violencia de sus asesinos. Eliseo Barrón era reportero de notas concisas, sin especulaciones ni florituras. Los títulos de algunas de las más recientes dan cuenta de sus temas cotidianos: “Engañan a vendedora con billete de $500 falso” (25 de abril); “Niña de Matamoros baleada en persecución murió hoy” (1 de mayo); “Con tres impactos de bala asesinan a soldado” (11 de mayo); “Policía asesino sigue prófugo de la justicia”(11 de mayo); “Madre del niño atropellado por chofer pide castigo para el agresor” (19 de mayo). Los que por lo general ocupaban a Barrón no eran asuntos tan estridentes como los  que protagonizan las grandes pandillas de narcotraficantes.

Más que las intimidaciones de capos criminales, lo que Eliseo Barrón había deplorado eran las limitaciones que los compromisos personales y comerciales imponen a la información periodística. El 8 de diciembre pasado apareció, firmada con su nombre, la siguiente opinión en un foro de discusión en línea sobre la censura en la prensa latinoamericana:

“La autocensura se inicia en los medios cuando el funcionario o la persona, son ‘amigos’ de los jefes y por ende no se puede emitir ninguna información en su contra.

“En México ya sea periódicos de circulación nacional o local, no se habla en contra de los alcaldes o gobernadores, debido a que se teme les quite la publicidad, de la cual ya la tienen cobrada por adelantado, o se tienen convenios.

“En lo que respecta a las notas policiacas, el 90 por ciento de ellas no se publican cuando el sospechoso es familiar, amigo o conocido de un funcionario municipal o estatal.

“Esa es una autocensura, que en la realidad tiene que ver con amistades entre los funcionarios y los directivos de los medios, aunque en ocasiones es por un asunto de carácter económico o publicitario”.

Esas, forman parte de las restricciones cotidianas que padecen reporteros como Eliseo Barrón Hernández. A un panorama profesional acotado por diversas formas de censura, se añade ahora el asesinato como instrumento de coacción a los periodistas.

Desde el martes es noticia que Eliseo Barrón Hernández murió torturado, después de que lo secuestraron delante de sus pequeñas hijas. Se sabe el qué y el dónde. Resulta imprescindible conocer además el cómo y el por qué.

Esta nota, ahora actualizada con ligeros cambios, apareció ayer jueves en la edición digital del periódico El País.

“Sammy”, ordinario abuso mediático

La pésima broma a un discapacitado mental ha puesto en evidencia el doble discurso de Televisa acerca de las personas con limitaciones. Esa empresa, que cada año se ufana de una vistosa aunque interesada filantropía cuando organiza el Teletón, ha vuelto rutina las mofas que algunos de sus cómicos y productores hacen del comediante Sammy Pérez.

El domingo 17 de mayo en el programa paradójicamente llamado “¡Hazme reír”, ese personaje conocido por sus limitaciones para expresarse fue víctima de una abusiva ocurrencia protagonizada por las conductoras Galilea Montijo y Roxanna Castellanos. A Pérez le dijeron que iba a ser contratado para una nueva serie pero que antes tenía que ensayar con ellas varias escenas atrevidas.

La información periodística reseñó así las escenas siguientes: “Montijo y Castellanos se cambiaron de ropa y se pusieron unos baby dolls. Luego, comenzaron a desvestirlo hasta dejarlo en calzoncillos y una toalla envuelta y le pidieron que les untara crema a ambas.

“En otra escena, un perico de peluche que hablaba comenzó a darle instrucciones a Sammy para que él, semidesnudo, bailara y se quitara la toalla.

“En ese momento entró un tercer actor haciéndose pasar por personal de seguridad y reprendió a Sammy, explicándole que estaba violando las normas de la empresa al estar en paños menores. Fue entonces cuando le dijeron que se trataba de una broma”.

Abusiva con cualquier persona, esa supuesta broma resultaba especialmente grosera con Sammy Pérez cuyas limitaciones lo han convertido en un personaje a la vez simpático y patético por la manera como es utilizado en varias series de Televisa. Durante el mismo programa, que está organizado como aparente concurso en donde un jurado premia la rutina más graciosa, se suscitó una breve discusión por el abuso cometido con Sammy.

Días después, varias organizaciones y personas interesadas en la defensa de derechos humanos protestaron ante ese atropello. “Se trata de un acto irrespetuoso, indigno y discriminatorio hacia una persona con discapacidad intelectual, ya que al utilizarlo para esta ‘broma’ se abusa de su condición y se viola el reconocimiento de sus derechos”, dijeron en un documento promovido por la columnista Katia d’ Artigues en el sitio web de El Universal.

En esa carta abierta se explica: “Hay que recordar que los conductores se rieron, e invitaron al público a reírse de la ingenuidad y candidez del protagonista, características asociadas a su discapacidad, sin tener en cuenta el impacto enorme que tiene la televisión en la cultura social de este país, y sin hacerse responsables de la imagen social que proyectan y reproducen de las personas con discapacidad”.

Los firmantes de ese documento dijeron que se había presentado una queja ante el  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Además, solicitaron a las conductoras del programa televisivo que le ofrecieran una disculpa pública a Sammy “por la utilización indigna, burlona y absolutamente falta de respeto que hicieron de su persona, y la hagan extensiva a todos los ciudadanos con discapacidad de nuestro país, que según cifras de la Organización Mundial de la Salud, son el 10 por ciento de la población total de México”.

Esa carta, publicada el 22 de mayo, está respaldada por una treintena de organizaciones de defensa de los discapacitados como Unidos Pro Down, Fundación Pasos, Comunidad Down, Todos por la Inclusión e Inclusión Interamericana. Además, a título personal, fue suscrita por 121 ciudadanos, entre ellos Elena Poniatowska, Teresa Vale, Carmen Verduzco, Patricia Vega, Rosario Robles, Sabina Berman, Isabelle Tardan, Sandra Lorenzano y Teresa Incháustegui.

En el mismo sitio de Internet se propaló una iniciativa para que las conductoras del programa pretendidamente cómico tomaran un curso sobre derechos humanos que les enseñe a identificar las conductas discriminatorias. Aunque parecía una propuesta más bien emblemática como tantas otras que aparecen en la Red, hubo una respuesta formal de   Ricardo Bucio Mújica Secretario Técnico Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que dirigió una carta a los productores del programa “Hazme reír y serás millonario”.

Ese funcionario señaló: “la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF),  apoyando la propuesta de la periodista Katia D’Artigues, invita al equipo de  producción, los actores y al jurado del programa a recibir un  curso de corta duración sobre el derecho a la no discriminación y el respeto a los derechos humanos, con la finalidad de ofrecer herramientas para que los contenidos de su programación promuevan el respeto a los derechos humanos y no caigan en estereotipos y prejuicios que  atenten contra la dignidad de las personas”.

A su vez, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) inició una queja “por presuntos actos discriminatorios” y felicitó a la Comisión de Derechos Humanos del DF por el exhorto que envió a los productores de la serie de televisión “para que se sensibilice en el trato que deben tener a las personas que forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad”.

Burdas e indignantes, las burlas a Sammy Pérez hace 8 días ocasionaron protestas pertinentes. Pero esas inconformidades no dejan de resultar algo tardías y, si se les mira en un contexto más amplio, también insuficientes.

Son reclamos tardíos porque desde hace varios años ese personaje es utilizado por Televisa para practicar una peregrina y vulgar comicidad. Las burlas a Sammy son frecuentes y siempre de mal gusto. En ocasiones los conductores de algunos programas lo insultan abiertamente y de manera intencional convocan al escarnio por parte de los televidentes inclusive en programas con público en el estudio. En otras, lo hacen interpretar rutinas o canciones haciéndole creer que le aplauden por sus méritos histriónicos o artísticos. Por otra parte, no es la primera vez que los programas de Televisa se aprovechan de la condición de Sammy para reírse de él con insinuaciones eróticas.

Esa burla de una persona con capacidades limitadas forma parte del humorismo ramplón que practica Televisa y que no pocos televidentes miran y aplauden, a veces porque no tienen otras opciones de entretenimiento pero también porque han sido habituados a tales simplezas. Vale decir, sin embargo, que Sammy Pérez y su familia están conformes, incluso contentos, con esa utilización que hace Televisa.

Cualquier abuso con personas que tienen dificultades físicas o mentales resulta cuestionable. Pero, más allá de esta situación, también podría considerarse que cualquier engaño que los medios de comunicación perpetren contra cualquier ciudadano debería merecer la más amplia condena. Desde hace años varios programas de Televisa, y especialmente en Televisión Azteca, embroman a personas con escenas falsas. El empleo de cámaras ocultas y de conductores disfrazados se ha convertido en recurso frecuente en busca de la hilaridad de los televidentes. Las comisiones y los defensores de los derechos humanos también podrían interesarse en abusos como esos. A la audiencia de Televisa, mientras tanto, este episodio podrá confirmarles la basura que transmite esa empresa.

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Televisión Azteca, ¿por sus pistolas?

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No hay motivos de sorpresa en el comportamiento sinvergüenza e ilegal de Televisión Azteca. La misma empresa que envió una partida de pistoleros para asaltar y ocupar la antena del Canal 40 y luego quiso sobornar a los trabajadores de aquella emisora, la misma que junto con Televisa organizó una campaña de intimidación contra los inversionistas que pretendían crear una nueva cadena de televisión comercial, la mismísima que escamoteó los mensajes de los partidos políticos para que no fueran enviados a la retransmisión de sus canales que hace la televisión satelital es precisamente la que ahora utiliza de manera ilegal sus frecuencias concesionadas para difundir, sin autorización, un nuevo servicio de programación codificada.

Si la desfachatez de Televisión Azteca no sorprende en absoluto, tampoco resulta novedosa la complacencia del gobierno federal con los abusos de esa empresa. Ricardo Salinas Pliego le tiene tomada la medida al gobierno del presidente Felipe Calderón de la misma forma que manejaba, casi a su antojo, las decisiones comunicacionales de Vicente Fox. Pero no deja de ser muy grave, además de ciertamente patética, la indolencia de la actual administración para hacer que la ley se cumpla en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

Azteca, igual que otras televisoras, recibió una frecuencia adicional por cada una de las que ya tenía para, en el nuevo canal, difundir señales de televisión digital de alta definición. El 2 de julio de 2004 el presidente Fox les concedió a las televisoras esa nueva prerrogativa, con la que hipotecó el desarrollo de la televisión mexicana al modelo de televisión digital que existe en Estados Unidos y que solamente ofrece más calidad de imagen pero con las mismas opciones televisivas que ya existen. En el mundo hay otros modelos de televisión digital. En América Latina todos los países están eligiendo otras opciones, especialmente el modelo europeo que propicia la apertura de nuevos canales y no solamente más de la misma televisión.

Aquella decisión de Fox les permitió a las televisoras contar con más frecuencias pero únicamente para transmitir en formato digital la misma programación que difunden los canales de tipo analógico. Como la digitalización de las señales hace posible que además en cada canal se puedan conducir otros servicios de telecomunicaciones, aquel Acuerdo de Fox estableció que, previa autorización del gobierno federal, los concesionarios podrían difundir otros servicios. El apartado 2 del Acuerdo sobre televisión digital terrestre (TDT) publicado el 2 de julio de 2004 en el Diario Oficial indica con toda precisión:

“la solicitud para la prestación de servicios de telecomunicaciones que, en su caso, sea factible prestar por el concesionario o permisionario, a través de los canales asignados a la TDT, sin que de manera alguna implique la interrupción total o parcial de la TDT, estará sujeta y se resolverá conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y demás disposiciones legales y reglamentarias que sean aplicables. El Gobierno Federal podrá establecer una contraprestación económica y, en tal caso, el concesionario o permisionario estará obligado a cubrir la misma a favor del Gobierno Federal, en los términos de las disposiciones legales…”

A los dueños y operadores de las televisoras privadas esa restricción no les gustó porque ahora que con la digitalización de las telecomunicaciones es posible difundir servicios agregados a los de televisión o radio, han querido utilizar toda la capacidad de las frecuencias que tienen concesionadas para vender otros productos. Por eso a fines de 2005 promovieron las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión que, por sus implicaciones y autoría, fueron conocidas como “Ley Televisa”.

El aspecto más importante de la Ley Televisa era la cesión, a las televisoras privadas, de las frecuencias que hasta ahora han tenido concesionadas para que hicieran con ellas lo que mejor conviniera a sus intereses de negocios. El artículo 28 de aquellas reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión les permitía a los concesionarios utilizar las frecuencias para prestar “servicios de telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión” pero siempre y cuando lo solicitasen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esa dependencia podría determinar el pago de una cantidad de dinero por el servicio adicional.

Aquella disposición fue muy cuestionada porque les daba a las televisoras la posibilidad de aprovechar las frecuencias tan solo a partir de una autorización administrativa y sin que fuese obligatorio el pago por ese aprovechamiento suplementario. No en balde ese fue el artículo más debatido en la Ley Televisa. Cuando, en junio de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó buena parte de aquellas reformas, abrogó todo el artículo 28.

En el razonamiento de los ministros de la Corte prevaleció la convicción de que la explotación de las frecuencias concesionadas para usos distintos a la transmisión de televisión abierta debería ser motivo de licitación y del pago de derechos específicos. Y no se trata de montos pequeños. Las empresas de telefonía celular pagan decenas de millones de dólares por el derecho a utilizar pequeños segmentos del espectro radioeléctrico para transmitir las señales de ese servicio. Con las reformas que a la postre fueron abrogadas por la Corte las televisoras querían ahorrarse ese pago.

El Congreso ha dejado baldada la legislación de radiodifusión y telecomunicaciones porque después de las decisiones de la Corte, hace ya casi dos años, ni los senadores ni los diputados han querido ponerse de acuerdo para aprobar una nueva normatividad. Pero la ausencia de reglas precisas de ninguna manera disculpa el nuevo abuso de Televisión Azteca.

La empresa de Salinas Pliego ahora ofrece un servicio de televisión codificada que se transmite en un segmento de una de las frecuencias que tiene concesionadas. Para ver esos canales es preciso comprar un equipo sintonizador que se vende en las tiendas Elektra. Desde fines de enero pasado el investigador Gabriel Sosa Plata denunció esa ilegalidad de Televisión Azteca que promovía el nuevo servicio sin autorización de la Comisión Federal de Telecomunicaciones ni de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El lunes pasado ese mismo asunto fue difundido en la primera plana del diario Reforma.

A pesar de la negativa expresa de la Cofetel, a pesar de que el decreto de julio de 2002 requiere que haya autorización para cualquier uso adicional de las frecuencias concesionadas con motivo de la digitalización, a pesar incluso de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, Televisión Azteca anuncia y vende ese nuevo servicio. No por sus pistolas, sino por la negligencia y debilidad del gobierno federal.

La disputa por la televisión digital

Zócalo, abril de 2009

Más de lo mismo, o más opciones en el mismo espacio: esas son, esquemática pero claramente, las posibilidades que ofrece la televisión digital. En torno a ellas, en América Latina actualmente se libra una intensa y en ocasiones notoria batalla empresarial y gubernamental –a veces también social– para elegir entre cuatro estándares de televisión digital.

Aunque el gobierno mexicano resolvió hace 5 años, sin discusión ni anuncio previo alguno, que en nuestro país funcionará el modelo estadounidense, esa decisión no tendría que ser definitiva. Otros países latinoamericanos están adoptando modelos distintos, tomando en cuenta consideraciones sociales, culturales e incluso políticas. Alguno más, se había orientado por el esquema estadounidense y ha sabido rectificar.

¿Cuáles 4 modelos?

El formato digital permite comprimir las señales de televisión para que, en el mismo canal en donde actualmente cabe una frecuencia de televisión analógica, ahora haya espacio para varias señales y/o para señales de mayor calidad. Los modelos en disputa ofrecen distintas variantes de esas dos  posibilidades: más canales y/o mejor definición de imagen.

1. El modelo estadounidense, llamado HDTV –High Definition Television– por su orientación a la alta definición, ha sido impulsado por un consorcio que crearon en 1993 el gobierno de ese país y una docena de empresas dedicadas a la tecnología de las comunicaciones. El estándar HDTV comenzó a ser empleado comercialmente en 1998 en Estados Unidos con un sistema de asignación de frecuencias en donde, a las empresas e instituciones que ya disponen de canales analógicos, se les otorga una nueva frecuencia, ahora digital, por cada canal que tengan. De esa manera se asegura que ninguna televisora se quede fuera de la adopción de la Televisión Digital de Alta Definición. Pero, al mismo tiempo, se cancela la posibilidad de que entren nuevas opciones al campo televisivo.

Recientemente el Senado estadounidense prorrogó para junio de 2009 el momento en que desaparecerán las señales analógicas. Se había previsto que eso ocurriera en junio, pero aún quedan muchos hogares sin adquirir nuevos televisores o sin el convertidor que permitirá sintonizar señales digitales en aparatos analógicos.

2. El estándar europeo se denomina DVB-T, o Digital Video Broadcasting y es promovido por un consorcio que reúne a 280 empresas y organismos de la industria de las comunicaciones. La adopción de ese protocolo ha permitido que, por ejemplo, en Francia la televisión analógica transite a un esquema de 6 canales digitales multiplex, en cada uno de los cuales caben 6 señales. Es decir, la televisión digital abierta en Francia ofrece 36 canales.

En la Gran Bretaña hay también 6 multi canales, pero en cada uno de ellos caben entre 3 y 5 señales de televisión, de acuerdo con la definición de la imagen que tengan. Uno de esos 6 multicanales fue adjudicado a la corporación de la radiodifusión pública, la BBC, que tenía dos canales analógicos; otros dos multi canales fueron distribuidos entre el tercero, el cuarto y el quinto canales nacionales. Los otros tres canales múltiples serían subastados, para permitir el acceso a la transmisión televisiva de nuevas empresas y grupos productores.

La Unión Europea resolvió emprender en 2012 el “apagón digital”, es decir, el momento en el cual todas las señales de televisión deberán ser de esa índole y no analógicas. Algunos países comenzaron a declarar la plena digitalización televisiva algunos años antes.

3. El sistema japonés le permite al radiodifusor elegir las modalidades de televisión que quiere difundir: más canales digitales en un solo canal múltiple, o menos canales pero de alta definición. Ese estándar, denominado ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting) fue creado a iniciativa del consorcio de la televisión japonesa, NHK, y funciona desde 2003 en multi canales que se dividen, cada uno, en 13 segmentos –de allí su versatilidad–.

4. El protocolo chino, llamado DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast) fue creado en 2006 en las Universidades de Jiaotong en Shanghai y Tsinghua en Pekín. Su principal rasgo es la posibilidad de transmitir imágenes de alta definición a dispositivos de televisión móviles.

En 2008, 81 países habían elegido alguno de los cuatro sistemas. 6 de ellos, México entre ellos, se habían comprometido con el protocolo estadounidense. 2 más, por el de origen japonés. Uno (China misma) por el que promueve el gobierno de Pekín. Y 72 por el sistema europeo, entre ellos Alemania, Arabia Saudita, Australia, Hungría, India, Kenia, Malasia, Polonia, Reino Unido, Rusia, Suecia, Turquía y Uruguay.

Los defensores del estándar estadounidense sostienen que a los telespectadores les beneficia fundamentalmente la imagen de mayor calidad y realce. El europeo, favorece las ventajas de la diversidad y la pluralidad de opciones televisivas. Los protocolos japonés y chino, con diferentes características, apuestan a la movilidad para que los usuarios miren televisión donde quiera que se encuentren, especialmente en teléfonos habilitados para esa función.

México, mimetizado con EU

La importancia del estándar digital se advierte con claridad si tomamos en cuenta la gran cantidad de latinoamericanos que no tienen más opciones que la señal abierta para ver televisión. Se calcula que, en América Latina, la televisión de paga –es decir, la que llega por cable o satélite o cualquier otro sistema de difusión codificada– tiene una penetración del 33%. Eso implica que casi 7 de cada 10 hogares latinoamericanos dependen de la señal abierta para ver televisión.

México fue el primer país en decidir su modelo de TV digital. El  2 de julio de 2004, con tanta discreción que el asunto pasó inadvertido para muchos analistas e interesados en los medios, el entonces presidente Vicente Fox  expidió un Acuerdo a favor de ese estándar y acordó entregar una frecuencia para televisión digital por cada una de las que ya tuviera, con televisión analógica, cada empresa o institución dedicadas a ese medio. Tales canales serán usufructuados, con dichos fines, hasta el último día de 2021.

No hubo discusión ni participación social, ni presencia del Congreso, que antecedieran a esa disposición presidencial. Las dos cadenas nacionales de televisión, Televisa y Televisión Azteca, que concentran 94% de las concesiones para televisión comercial, fueron beneficiadas con otra frecuencia por cada una de las que ya tenían. Esa digitalización televisiva no significa más opciones, sino únicamente imagen de alta definición.

Rectificación argentina

En Argentina, en 1997, el gobierno de Carlos Menem estableció la Comisión de Estudio de Sistemas de Televisión Digital que luego se convertiría en Comité Consultivo para ese tema. Un año más tarde, Menem adoptó el sistema estadounidense. Las vicisitudes económicas demoraron el desarrollo de ese estándar y mientras tanto, otros países de la región asumían determinaciones distintas.

El cuestionamiento al estándar estadounidense se convirtió en una de las muchas diferencias políticas en Argentina. En mayo de 2000, ya bajo la presidencia de Fernando de la Rúa, el secretario de Comunicaciones dijo que aquella decisión fue tomada “sobre fundamentos incorrectos, con pruebas inexistentes, sin ningún tipo de coordinación con Brasil y basándose en consideraciones falsas sobre la norma europea DVB”. En abril de 2006 el gobierno de Néstor Kirchner designó una  nueva Comisión de Estudio de los Sistemas de Televisión Digital Terrestre. Un año después la nueva presidenta, Cristina Fernández, anunció que estaba considerando la posibilidad de homologar la televisión digital con el sistema adoptado en Brasil, que para entonces se había inclinado por el protocolo japonés.

Brasil, estándar japonés

En Brasil, en efecto, en 2006 el gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva acordó desarrollar el sistema japonés de televisión digital. Esa decisión estuvo precedida por una intensa presión de las principales empresas televisoras, especialmente TV Globo. En 2003 el gobierno había creado el Sistema Brasileiro de Televisión Digital, con la participación de 1500 investigadores de 73 universidades públicas y privadas y con la tarea de desarrollar un estándar propio. Entre otras cosas, se buscaba amalgamar la expansión de la televisión digital con la propagación de Internet en todo el territorio brasileño.

Sin embargo, esos afanes de originalidad e irradiación tecnológicas fueron desplazados por el interés de las televisoras que impulsaron el modelo ISDB, con el propósito de controlar la transmisión de señales televisivas a los teléfonos móviles.

Chile y Perú, pendientes

En Chile, al finalizar octubre de 2008, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet envió al Parlamento un proyecto de televisión digital que establecía un periodo de ocho años para la transición desde el modelo analógico y reservaría el 40% del espectro radioeléctrico destinado a televisión para canales culturales, regionales y locales.

La decisión sobre  cuál de los estándares en juego tendría la televisión digital chilena seguía pendiente en marzo de 2009. Los operadores de la televisión pública preferían un estándar que reforzara la diversidad cultural en ese medio. Los dueños de la televisión privada cabildeaban a favor de normas técnicas que ofrecieran imagen de mayor calidad.

En Perú, en febrero de 2007 nació la Comisión Multisectorial encargada de recomendarle al gobierno cuál estándar deberá adoptar. En ese grupo de trabajo participaban representantes de varios ministerios del gobierno y de organizaciones profesionales. En marzo de 2009 Perú seguía sin tomar una decisión aunque no eran secretas, ni discretas, las presiones de los gobiernos de Japón y Brasil por el estándar ISDB-T.

Intenso examen colombiano

La experiencia de Colombia ha sido paradigmática por la extensa discusión que ha precedido a la elección del modelo digital. La Comisión Nacional de Televisión, integrada por representantes del gobierno y organismos profesionales, creó a fines de 2006 un consejo asesor para hacer una propuesta que permitiera a la población de ese país “no sólo contar con servicios de mejor calidad y alta definición, sino además con servicios interactivos que permitan potenciar la educación, la transmisión de información y el entretenimiento, para generar el escenario propicio para que Colombia reduzca su brecha digital y sea testigo de la sociedad de la información”.

La Comisión realizó una docena de Foros de Televisión Digital Terrestre, con asistencia de más de 4 mil personas, en Cali, Medellín, Manizales, Bucaramanga, Barranquilla, Villavicencio, Valledupar, Pasto, Ibagué y Arauca. “Estudiantes, profesores, productores y realizadores, publicistas, periodistas, amas de casa y operadores del servicio de televisión, entre muchos más, participaron en cada uno de los foros”, dice la propia CNTV que ofrece amplia documentación sobre ese proceso en su sitio www.cntv.org.co El 28 de agosto de 2008 la Comisión anunció que Colombia tendría el sistema europeo.

Uruguay, también DVB

En Uruguay, la Comisión Nacional de Televisión Digital Terrestre Abierta , integrada  por empresarios, gobernantes y representantes de la sociedad, dedicó gran parte de 2007 a estudiar diversas opciones. En agosto de ese año, el presidente Tabaré Vázquez suscribió el decreto en donde se establece que la televisión digital en Uruguay se ajustará al estándar europeo, que “ofrece la posibilidad de una mayor diversidad de contenidos y señales y más competencia en el sector, así como oportunidades de desarrollo de nuevos servicios y emprendimientos tecnológicos asociados, entre ellos la interactividad de los ciudadanos con los nuevos medios de comunicación”. Esa decisión de los uruguayos causó un notorio disgusto en el gobierno de Brasil.

En 1998, los gobiernos del Mercosur se habían comprometido a establecer conjuntamente el estándar de televisión digital. Argentina rompió de inmediato ese acuerdo. La decisión de Brasil en 2006 hizo evidente que no habría una política conjunta en ese terreno. El interés del gobierno brasileño para que otros países de la región se sumen al estándar japonés tiene motivos financieros, pero también políticos y culturales. La venta de televisores y decodificadores, así como la retransmisión de programas televisivos, está directamente relacionada con el protocolo de televisión digital disponible en cada nación.

Venezuela, cerca de Pekín

Venezuela, mientras tanto,  parecía orientarse al sistema chino. Entre Caracas y Pekín se ha desarrollado una creciente relación tecnológica y de negocios que incluyó, en enero de 2009, la entrega a Venezuela de la administración del satélite denominado “Simón Bolívar” que, entre otras funciones, tendría la transmisión de señales de televisión. Algunos países en la órbita de influencia venezolana, como Nicaragua y eventualmente Cuba, podrían sumarse al desairado modelo chino de televisión digital.

Diversidad cancelada

La disputa central es entre los modelos estadounidense y europeo que expresan dos concepciones de televisión: una, que privilegia la definición de la imagen pero con los mismos y ya conocidos contenidos; otra, que favorece la diversidad de canales y opciones. Por otra parte, las presiones del gobierno brasileño para propalar el sistema japonés forman parte de una también constante búsqueda de hegemonía política y mercantil en Sudamérica.

La alta definición no resuelve las carencias de la televisión latinoamericana. Pero el estándar HDTV resultará especialmente oneroso porque implica menos opciones de televisión y, de esa manera, el mantenimiento de los esquemas de propiedad de canales que en casi toda América Latina se encuentran concentrados en pocas manos. La precipitación para allanarse al modelo estadounidense, como sucedió inicialmente en Argentina y sigue ocurriendo en México, está cancelando posibilidades para que la digitalización sea origen de una nueva diversidad en la televisión.

Este artículo sintetiza parte de un ensayo más amplio sobre las perspectivas de la televisión digital latinoamericana entregado para un número de la revista Popular Communication coordinado por la Dra. Rosalía Winocur.

Medios ante la influenza / Blog de la AMEDI

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, ha abierto un blog para discutir, intercambiar experiencias y expresar inquietudes y hallazgos acerca del desempeño de los medios de comunicación ante la epidemia de influenza. Se encuentra en este domicilio:
http://mediosantelainfluenza.wordpress.com/
Se puede participar de dos maneras. La primera, es colocando comentarios a las entradas que ya existen y las que iremos agregando. La otra, consiste en enviar un texto al correo blogamedi@gmail.com para que lo insertemos como nueva entrada en el blog.
Ojalá nos ayuden a dar a conocer la existencia de este espacio reenviando este mensaje a sus contactos de correo electrónico.

Televisa y Azteca: irritación, impunidad, intolerancia

Otros textos sobre las televisoras y el IFE, en mi blog Sociedad y Poder

El viernes 13 del IFE

Televisoras, bravata contra el Estado

Berrinche de las televisoras

Zócalo, febrero de 2009

Que están encrespados, no cabe duda. Que son arrogantes, resulta evidente. Que la reciente acometida contra la autoridad electoral y los partidos les resultará fructífera, está por verse.

La manipulación que hicieron de los anuncios políticos señala un viraje en el comportamiento de Televisa y Televisión Azteca respecto de la competencia política y sus protagonistas en este país. Hasta ahora, las televisoras aparentaban respeto a la ley y a las instituciones políticas aunque, de diversas maneras, intentaran influir en la aplicación o incluso en la modificación de las normas jurídicas.

Con la llamada clase política, las televisoras tenían una actitud que oscilaba entre la complacencia y la connivencia. Azteca y Televisa, la primera de manera más burda pero ambas en permanente redención de sus intereses por encima del interés público, se servían, sirviéndola, de la política.

Esa relación comenzó a cambiar desde los primeros momentos del gobierno de Vicente Fox cuando, en ausencia de una política gubernamental para los medios, las televisoras encontraron la ocasión para que fuese en sus oficinas corporativas donde se establecieran las reglas que orientarían a la radiodifusión. El decreto presidencial del 10 de octubre de 2002 que abolió el 90% del tiempo estatal en televisión y más tarde la Ley Televisa, fueron expresión de ese afán de las corporaciones mediáticas para transitar de la simulación, al activismo respecto del orden jurídico. Las pautas que habían prevalecido para los medios nunca les gustaron porque garantizaban la administración estatal del espectro radioeléctrico y les imponían obligaciones como el tiempo fiscal.

Influencia e insolencia

Durante más de 4 décadas y media, desde que la Ley Federal de Radio y Televisión fue promulgada en enero de 1960, los propietarios de los consorcios mediáticos toleraron y capotearon esa normatividad. La indolencia del foxismo, junto con el creciente sobrecogimiento de la mayor parte de la clase política mexicana ante la influencia de los poderes comunicacionales, llevaron a los dueños y operadores de Televisa y Azteca a decidir que ya era momento de imponer sus propias reglas.

Pero se les pasó la mano. La insolencia con que presionaron a dirigentes y candidatos de los partidos políticos con el fin de que sus legisladores respaldaran sin chistar las reforma a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión meses antes de las elecciones presidenciales de 2006, tuvo efectos favorables de manera inmediata pero a la postre les resultó contraproducente. La mayoría resignada y acrítica que aprobó por unanimidad la Ley Televisa en la Cámara de Diputados en diciembre de 2005, se descompuso en las posiciones variadas e incluso de razonado rechazo que se manifestaron durante los primeros meses del siguiente año. Aunque por mayoría, esas reformas fueron aprobadas el 30 de marzo con la objeción de la tercera parte de los senadores.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia para revocar los privilegios más notorios que la Ley Televisa confería a los consorcios mediáticos –que pretendían utilizar a su antojo las concesiones de las que ya disfrutaban– y la existencia de un nuevo contexto político, en donde ya no requerían del respaldo inmediato de las televisoras, les permitieron a los partidos coincidir en una decisión arriesgada y no sin excesos. En septiembre de 2007 los senadores del PAN, el PRI y el PRD aprobaron una iniciativa de reformas constitucionales para abolir la contratación de propaganda política en la televisión y la radio. Había motivos de sobra para ello.

La posibilidad que durante varios años explotaron las empresas mediáticas para ofrecer tarifas discrecionales (había un máximo pero no existían mínimos para los precios que les cobraban a los partidos) implicaba, junto con otras prácticas, la principal fuente de inequidad en las campañas políticas. Los partidos amalgamaron esa decisión junto con otras bastante cuestionables (especialmente la defenestración de los consejeros electorales cuyo desempeño no les gustó a quienes perdieron la elección presidencial de 2006) y a pesar de la azorada protesta de las televisoras, que no concebían una conducta de la clase política capaz de afectar sus intereses, la reforma constitucional fue aprobada a fines de 2007.

Con esas modificaciones a la Constitución, pronto traducidas en abundantes ajustes al Código Electoral, las televisoras y las cadenas de radio más importantes perdían un negocio cercano a 2 mil millones de pesos, que es el monto que los partidos gastaron (siempre con dinero fiscal) en la contratación de espacios en televisión y radio durante las campañas de 2006. Pero además del quebranto financiero, los dueños y operadores de los consorcios mediáticos entendieron que el poder del Estado no siempre se les subordinaba con la benevolencia de antaño. Es la guerra, se dijeron. Y han actuado en consecuencia con ese reconocimiento.

Millones de spots

La reforma de 2007 no les gustó a las televisoras. Sobre ella y las reglas para ponerla en práctica han difundido verdades a medias y sobre todo numerosas mentiras. Han dicho que gracias a esa reforma los partidos se apoderan del tiempo oficial en los medios pero esos espacios, comprimidos durante el gobierno de Fox, siempre han sido para el Estado. Sostienen que los mensajes políticos ahuyentan a las audiencias (como si a televidentes y radioescuchas les encantaran los anuncios comerciales) y que les resta espacio para la publicidad pagada (cuando se trata de segmentos que de cualquier manera tenían obligación de abrir para otros mensajes oficiales).

Como los lectores de Zócalo saben, la reforma constitucional adjudicó al Instituto Federal Electoral la responsabilidad de administrar 48 minutos diarios de mensajes políticos durante la temporada electoral. Ese lapso, en 2009 comenzó el 31 de enero y se extenderá hasta el 4 de julio, víspera de las elecciones que renovarán la Cámara de Diputados –y que coincidirán con numerosos comicios estatales y municipales–.

Durante esos 48 minutos diarios en cada televisora y radiodifusora se deben difundir mensajes de 20 y 30 segundos de todos los partidos, así como de la autoridad electoral. Varios de los concesionarios de la radio y la televisión privada han ofrecido cuentas exorbitantes a partir de esos espacios. Numerosos locutores y comentaristas han deplorado que, a causa de las nuevas reglas electorales, los radioescuchas y televidentes mexicanos tendrán que soportar decenas de millones de spots entre febrero y junio de 2009.

Cualquier ciudadano desprevenido, seguramente se atemorizará y luego se indignará con cifras de ese tamaño. Pero se trata de estimaciones sobre el conjunto del universo que integran todas las estaciones de radio y televisión en el país.

En México tenemos 1488 estaciones de radio (854 en AM y 634 en FM) y 733 canales de televisión. En cada una de esas frecuencias, suponiendo que transmiten durante todo el día, los 48 minutos diarios que establece la legislación electoral significan el 3.3% del tiempo total de transmisión.

Si un ciudadano estuviera escuchando radio o mirando televisión todo el día, día y noche, tendría que zamparse el 3.3% de ese tiempo con anuncios de los partidos y el IFE. Durante el horario en el que se transmiten esos mensajes, que va de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, los 48 minutos equivalen al 4.4% de esas 18 horas de transmisión.

Por supuesto, multiplicado por los cinco meses de duración de las campañas, la cantidad de spots que pueden difundirse en la temporada electoral parece muy elevada. En los 155 días que transcurren entre el 31 de enero y el 4 de julio, los 48 minutos diarios ascienden a 7440 minutos, o 124 horas en cada emisora. Son muchas horas, sí. Pero como hemos señalado constituyen el 4% del tiempo de transmisión efectiva en los horarios durante los cuales se difunden tales mensajes.

Esas 124 horas se vuelven decenas de miles cuando se les aprecia de acuerdo con todas las estaciones que difunden el país. En las 1488 radiodifusoras, ascienden a casi 185 mil horas de transmisión. En los 733 canales de televisión, alcanzan casi 91 mil horas. Si ese tiempo fuese utilizado para spots de medio minuto cada uno, permitiría transmitir 22.2 millones de mensajes en radio y 10.9 millones en televisión.

Sólo 43% para los partidos

Para aquilatar esas cifras vale la pena tomar en cuenta dos circunstancias. La primera de ellas es la distribución del tiempo electoral que establece la nueva legislación. Los partidos políticos no utilizarán todos los 48 minutos diarios. De hecho, recibirán menos del 43% de ese tiempo en el transcurso de toda la temporada electoral.

Durante las precampañas, que van del 31 de enero al 11 de marzo, los partidos reciben únicamente 18 de los 48 minutos diarios en cada estación de radio o televisión. Los 30 minutos restantes deben ser utilizados por el IFE y otros organismos electorales, como el Tribunal de esa materia, con mensajes para promover la participación ciudadana y la organización de las elecciones.

Luego, entre el 12 de marzo y el 2 de mayo, se abre un incómodo limbo político durante el cual los partidos designan a sus candidatos pero aún no comienzan formalmente las campañas. Durante esos 52 días todo el tiempo de mensajes electorales –los 48 minutos– solamente puede ser utilizado por el IFE.

Las campañas se desarrollan del 3 de mayo al 1 de julio. Durante esos 60 días, los partidos reciben 41 de los 48 minutos diarios en cada estación. Los 7 restantes serán para mensajes del IFE.

Finalmente, antes de las elecciones del 5 de julio hay un periodo de tres días durante el cual está prohibido el proselitismo de los partidos. El IFE vuelve a disponer de todos los 48 minutos durante ese lapso.

Esas reglas implican que, entre el periodo de precampañas (durante el cual, en 40 días, disfrutan de 720 minutos para propaganda en cada estación) y la fase de campañas (60 días, con 41 minutos cada día, que equivalen a 2460 minutos) los partidos recibirán un total de 3180 minutos, que significan exactamente 53 horas de spots en cada frecuencia. Como hemos apuntado, cada estación está obligada a transmitir mensajes electorales y políticos durante 124 horas, a 48 minutos diarios, entre el 31 de enero y el 4 de julio. Todo ello implica que a los partidos les corresponde el 42.74% del tiempo total administrado por el IFE.

El 30% de esas 53 horas se distribuye entre los partidos de manera igualitaria y el 70% restante según el porcentaje de votos que haya obtenido en la elección para diputados más reciente, en este caso la de 2006.

A la autoridad electoral le corresponde definir los contenidos del 57.25% del tiempo total –es decir, de los 48 minutos diarios considerados durante los 155 días del periodo previo a los comicios–. Ese 57.25% asciende a 4260 minutos, o 71 horas, en cada estación de radio o televisión.

Spots encadenados

El otro factor que es pertinente considerar para justipreciar el tiempo que reciben los partidos es la concentración que impera en la televisión y la radio mexicanas. Aún descontando el tiempo que le corresponde al IFE, las 53 horas que los partidos tendrán en cada frecuencia pueden seguir pareciendo excesivas sobre todo si se les multiplica por las estaciones de radio y televisión. Se trata de 78864 horas de propaganda en radio y 38849 en televisión. Pero no son horas o minutos de difusión autónoma, estación por estación, sino, en la mayoría de los casos, de spots que son transmitidos de manera simultánea en grandes cadenas de televisión y radio.

Una de las redes de radio más grandes del país es, por ejemplo, la Cadena Uno de Radio Fórmula. En esa cadena concurren hasta 76 estaciones de toda la República. Algunas de ellas no se encadenan a todas las transmisiones nacionales de esa emisora pero la mayoría sí. Cuando las estaciones ancla de Radio Fórmula Uno difunden un spot en sus frecuencias de la ciudad de México (970 en AM y 103.3 en FM) ese mensaje puede llegar a otras 74 estaciones, de tal manera que los 48 minutos diarios en cada una de esas emisoras llegan a significar casi 61 horas de difusión cotidiana. En total, las estaciones que se enlazan en la Cadena Uno de Radio Fórmula difundirán casi 1 millón 131 mil spots de medio minuto durante los 155 días de la temporada electoral. Parece demasiado, pero se trata de los mensajes repetidos 75 veces desde una sola señal central.

La concentración de frecuencias es mayor en la televisión. El Canal 2 de Televisa encabeza una cadena nacional de 128 frecuencias. Así que los 48 minutos diarios de contenido electoral que ese canal debe transmitir equivalen a más de 102 horas diarias si se le multiplica por ese número de frecuencias. Al cabo de los 155 días previos a la elección federal, el llamado canal de las estrellas habrá difundido 15872 horas si se toma en cuenta a sus repetidoras. En esas abundantes horas cabría más un millón 900 mil spots de medio minuto cada uno. Pero el Canal 2, o cualquiera de esas repetidoras, habrán difundido únicamente 124 horas de mensajes del IFE y los partidos durante toda la temporada electoral.

TV nacional: más horas en 2006

¿Muchos o pocos? No hay datos exactos para comparar la cantidad de spots que se difundirá en 2009 en tiempos propiedad del Estado con los mensajes que, hasta las elecciones anteriores, se transmitían porque los partidos pagaban por ellos. Pero a partir del monitoreo de promocionales que el IFE realizó en las elecciones federales pasadas se pueden establecer algunas analogías.

Entre el 19 de enero y el 28 de junio de 2006, que era el plazo autorizado para la propaganda electoral, el IFE contabilizó los anuncios de campaña transmitidos en radiodifusoras y televisoras de 20 ciudades del país. Se trató de un ejercicio de verificación que más tarde le permitiría a la autoridad electoral auditar los informes de gastos que le presentaron los partidos e incluso imponer multas cuando no le informaron de la compra de spots que ese monitoreo tenía registrados.

En el seguimiento que hizo de 154 canales de televisión (entre ellos 31 canales de TV por cable) el IFE encontró que se transmitieron 1765 horas de spots televisivos. La autoridad electoral no presentó agregada esta información pero la hemos calculado a partir de diversos documentos de los monitoreos del propio IFE.

Como las televisoras estudiadas en el monitoreo fueron 154, esas 1765 horas equivalen a casi 11 horas y media de spots, en cada frecuencia, durante toda la temporada electoral de 2006. Comparadas con las 53 horas que ahora tendrán los partidos en cada canal de televisión, el incremento es de casi cinco veces.

Pero entre esas televisoras había canales locales, temáticos y de programación nacional y generalista. Por eso es interesante el tiempo que, de todos los spots motivo del monitoreo, se difundió en la televisión de alcance nacional. En las 5 cadenas nacionales (las que encabezan los canales 2, 5, 7, 9 y 13 de la ciudad de México) durante 2006 se transmitieron 303.7 horas de spots y programas políticos pagados (aquí se incluye el programa diario que tenía Andrés Manuel López Obrador y que, con casi 30 minutos diarios, ocupó el 27% de ese tiempo de propaganda política).

Cada una de esas cadenas de televisión transmitió, en promedio, 60 horas con 44 minutos de propaganda política durante la temporada electoral de 2006.

Esas más de 60 horas superan a las 53 que, descontando el tiempo dedicado al IFE y otros organismos electorales, tendrán en 2009 los partidos en cada frecuencia de televisión y radio.

En suma, aunque cuando se incluye a las televisoras locales y temáticas el tiempo para spots en 2006 es mucho menor al que habrá en 2009, esa relación se modifica si nos fijamos solamente en las cadenas nacionales.

La televisión nacional destinó en 2006 más espacio a los spots pagados por los partidos que el que dedicará en 2009 a los spots que se difundan en tiempos oficiales: más de 60 horas en un caso, 53 en el otro.

La diferencia, aparte de las implicaciones financieras, es que en 2006 esa propaganda se distribuyó a lo largo de cinco meses medio de campañas y en 2009 se concentra primero en 40 días de precampañas y luego, con más intensidad, en 60 días de campañas.

Para identificar la propaganda que se transmitió en radio, el monitoreo del IFE siguió el desempeño de 217 estaciones, también en 20 ciudades de la República. En total fueron contabilizadas 3155 horas de spots, que equivalen a 14 horas con 33 minutos en cada emisora. El monitoreo no distingue entre radiodifusoras de alcance nacional y local.

Las 53 horas que tendrán los partidos en cada estación de radio en 2009, son casi 4 veces más que las 14 horas y media que contrataron tres años antes.

Algo de fantasía

El problema para el IFE, además de capotear sus tensiones internas y administrar los abundantes tiempos que les corresponden este año a los partidos, es qué hacer con las 71 horas en cada estación de televisión y radio en todo el país que le son asignadas por la legislación electoral.

El Código de esa materia indica que una vez garantizado el tiempo para los partidos, el espacio restante y hasta llegar a los 48 minutos diarios “quedará a disposición del Instituto para sus fines propios o los de otras autoridades electorales” (artículo 57 – 5 del Cofipe). Ese tiempo no se puede traspasar ni emplear para otros propósitos. Mucho menos puede ser comercializado, según indica expresamente ese mismo artículo.

Pero 71 horas en cada frecuencia durante la temporada electoral y en ocasiones (entre precampañas y campañas y en los días previos a los comicios) la gestión de los contenidos íntegros que deben ocupar los 48 minutos diarios en cada emisora, son demasiados espacios. El IFE se ha visto obligado a repetir, cada hora, varias veces cada hora, los mismos mensajes de promoción del voto que todos hemos conocido durante las semanas recientes.

El IFE podría no utilizar todo ese tiempo, dejando que los radioescuchas y televidentes descansaran de la propaganda electoral en algunas temporadas y horarios. Pero después de la beligerante agresividad de las televisoras, el desaprovechamiento de ese tiempo sería considerado como nueva muestra de debilidad de la autoridad electoral.

Una opción que tendría el IFE sería emplear algunos de esos segmentos, sobre todo en el mes y medio que hay entre precampañas y campañas, para difundir contenidos relacionados con la promoción y quizá el fortalecimiento de la cultura cívica. ¿Cómo resultarían algunos spots que explicaran sintéticamente las limitaciones para el desarrollo de la democracia que implican la concentración de muchos medios en pocas manos y la permanencia de una legislación atrasada? ¿Cómo serían vistos y escuchados breves pero claros mensajes acerca de experiencias de recepción crítica –observatorios ciudadanos, evaluación de contenidos, parámetros éticos– en diversos países? ¿Qué efecto suscitarían cápsulas bien producidas, con datos duros y opiniones categóricas acerca del comportamiento de los medios que acaparan los recursos comunicacionales en México?

IFE acorralado

Claro que estamos fantaseando, porque la displicencia para cumplir con la ley y la complacencia con las televisoras que han tenido varios de los consejeros del IFE no sólo permite reconocer lagunas enormes en la aplicación de la ley, como el viernes 13 de febrero cuando 6 de los 9 consejeros hicieron inaceptables maromas retóricas para negarse a imponer a las televisoras la sanción económica que habían buscado al distorsionar durante varios días la transmisión de los mensajes de los partidos y el propio IFE.

Las cortinillas que anunciaban interrupciones de la programación predisponiendo a los televidentes, el encadenamiento de varios spots durante 3 y en algunos casos hasta 6 minutos, la interrupción de partidos de futbol y el bloqueo en la señal que Azteca enviaba al satélite de Sky para que los mensajes políticos no fueran recibidos por los suscriptores de ese servicio, fueron expresiones de provocación política que las televisoras lanzaron al Estado mexicano en los primeros días de las precampañas, a partir del 31 de enero.

A diferencia del talante taimado y marrullero que mantuvieron durante décadas, a la sombra de un Estado en el que no creían pero cuya cúpula política que los cobijó convenencieramente, y en contraste con el afán para cambiar las leyes amagando y presionando pero preocupados por el marco jurídico nacional, ahora los consorcios mediáticos optaron por el enfrentamiento. En esa escaramuza contra los partidos, dejaron en medio al Instituto Federal Electoral.

Para sonrojo y aprensión de quienes entienden las dimensiones de tal desafío, los responsables del Estado se escabulleron para no incomodar a los consorcios mediáticos. Solamente en algunos partidos (PRD, Socialdemócrata) y en algunos segmentos de la sociedad enterada, surgieron voces de reclamo ante el comportamiento de las televisoras y en respaldo a los tres consejeros –entre ellos el presidente del IFE– que ese viernes 13 apoyaron las sanciones a Televisa y Azteca.

Las televisoras se buscaron un nuevo encausamiento cuando, los días 7 y 8 de febrero, de plano suspendieron la transmisión de spots políticos durante algunas horas, en abierta infracción a la legislación electoral. El desempeño que tuvieran al multar esa nueva falta no disiparía el comportamiento de los consejeros que acataron las instrucciones del gobierno federal y, presumiblemente, del PAN y el PRI para exonerar a las televisoras por las infracciones iniciales.

El desafío de las televisoras, que de beneficiarias de la institucionalidad ahora se han comportado como antagonistas de las instituciones, será del tamaño del sobresalto que puedan suscitar en la llamada clase política. A los políticos que desde los partidos y el gobierno han contemporizado con esos nuevos excesos de Televisa y Azteca se les olvida que los televidentes que presencian abusos y manipulaciones son, antes que nada, ciudadanos. Y votan, o dejan de hacerlo.