Populismo mediático /Berlusconi y el poder de la televisión

Zócalo, noviembre de 2009

Sin la televisión, posiblemente Silvio Berlusconi seguiría siendo un ignoto empresario de la construcción. Pero desde que se interesó en ese medio, primero como negocio y más tarde como plataforma política, mantuvo una carrera hasta ahora exitosa, plagada de cinismos y engaños a pesar de los cuales se ha mantenido en la cima del poder en Italia.

Berlusconi no se explica sin la televisión. Pero hay que tener precaución antes de asegurar que todo su éxito se lo debe al acaparamiento de recursos audiovisuales que ha logrado.

Primero, como empresario, Berlusconi controla desde 1984 la televisión privada en ese país. Diez años más tarde, como primer ministro, tuvo bajo su mando además a la televisión pública italiana. Así, el equilibrio o la diversidad que pudiera haber entre la televisión comercial y la gubernamental, quedó difuminado bajo ese control único.

Berlusconi es propietario del consorcio Fininvest, que a su vez tiene el control de más de la tercera parte del grupo Mediaset, que maneja tres cadenas privadas de televisión analógica y otras tres en plataforma digital. Fininvest, además, incluye al diario Il Giornale, influye con una significativa participación accionaria en el grupo Mondadori que edita revistas y libros, y a través de sociedades que se derivan de esos consorcios participa en la producción de películas y en televisoras de otros países europeos. Es propietario de dos bancos y del equipo de futbol Milán.

Exitoso en los negocios, altanero y exigente delante de los candidatos tradicionales, gracias a la televisión, Berlusconi pudo mostrarse a sí mismo como una opción renovadora en las elecciones de 1994. Fue prototipo y en buena medida pionero de la antipolítica contemporánea. En ese modelo se inspiraron personajes de intenso perfil mediático aunque también sean de escaso bagaje conceptual que se han apoyado en la televisión para destacar, con desiguales resultados, en muchos otros procesos electorales en todo el mundo: desde José María Aznar en España y George W. Bush en Estados Unidos, hasta Alberto Fujimori en Perú y, más recientemente, Sebastián Piñera en Chile. También hay ejemplos de ese corte entre políticos o considerados de izquierda.

El éxito o el fracaso de cada uno de esos personajes solamente podrían explicarse en el contexto de los países que han aspirado a gobernar. En la Italia de hace tres lustros, Berlusconi llegó al poder en medio de una drástica crisis de la política institucional. Los escándalos financieros que involucraron a los partidos tradicionales en esa nación y que desembocaron en la investigación de casos de corrupción política denominada “manos limpias”, dejaron en los italianos una sensación de hartazgo y disgusto con la política convencional. Ninguno de los partidos ya existentes supo convencer a los ciudadanos de que no todos los políticos son iguales.

La desafección respecto de la política, como se le ha denominado en Sudamérica a esa combinación de alejamiento, enfado y desesperanza, fue astutamente aprovechada por Berlusconi para alcanzar el control del gobierno italiano. La televisión le permitió propagar una imagen de mando firme que se sobreponía a las denuncias por tráfico de influencias y comportamientos autoritarios que se le hicieron desde entonces. Aquella gestión terminó al año siguiente cuando se quebró la coalición conservadora que lo apoyaba, pero Berlusconi había aprendido la fórmula para llegar al poder.

Telegenia desplaza a la ideología

El segundo triunfo electoral de Berlusconi, en mayo de 2001, estuvo precedido por una todavía más intensa presencia suya en la televisión de la que es propietario. Aunque estuvo apoyado por una alianza de grupos y partidos fundamentalmente orientados hacia la derecha, sus asesores le moldearon una imagen por encima de etiquetas ideológicas. La simpatía fincada en diálogos que le preparaban escritores de comedias, el semblante encendido por el maquillaje y sus desplantes toscos que eran festejados por risas y aplausos previamente grabados, establecieron un estilo que ya era conocido en países como Estados Unidos en donde la mercadotecnia política había echado raíces medio siglo atrás.

El investigador Waddick Doyle, que se ha especializado en el estudio de la política italiana en la Universidad Americana de París, escribió más tarde acerca de aquella campaña de Berlusconi: “Su victoria en las elecciones de 2001 representa no solo un giro fundamental en las fidelidades (del electorado) sino posiblemente la defunción de la clase política italiana tal como la hemos conocido, una clase fundada en el liderazgo intelectual de los partidos sustentados en valores ideológicos (cristianos, marxistas, fascistas y liberales) para ser sustituida por una nueva concepción de liderazgo sustentado en el carisma”.

No se trata de una personalidad intensa, que de suyo resulte atractiva frente a grandes multitudes como las que se entusiasmaban con Perón en Argentina, o Mussolini en Italia. El carisma de Berlusconi es telegénico. Su escenario es el estudio de televisión. Las masas populares a las que se dirige, las encuentra detrás de la pantalla. De acuerdo con Doyle, esos rasgos de Berlusconi “permiten reconsiderar algunas de las distinciones entre texto y contexto, ficción y noticias en la comunicación política. Ficción, particularmente la ficción serial, produce audiencias y esas audiencias pueden ser movilizadas políticamente. La seducción narrativa y la seducción política quedan claramente vinculadas por la construcción del carisma, por la capacidad para producir historias verosímiles y personajes fuertes. Así, las fronteras entre la ficción y la realidad se estrechan cuando consideramos que la política se vuelve, crecientemente, la representación de una ficción”.

Tamizada por la televisión, la impresión que los ciudadanos tienen de la realidad llega a depender intensamente de los argumentos e incluso de los lenguajes audiovisuales. Los medios de comunicación nunca se bastan a sí mismos para condicionar mecánicamente las opiniones políticas ni los comportamientos electorales de los ciudadanos. Pero mientras más homogénea sea la información que reciben, los televidentes tienen menos oportunidad de conocer la diversidad y los contrastes auténticos de la vida pública.

En las sociedades contemporáneas, el ejercicio de la democracia suele ser directamente proporcional a la pluralidad en los medios de comunicación. Cuando en un país predomina una sola versión de los asuntos públicos, los ciudadanos carecen de información suficiente para tomar decisiones  distinguiendo entre varias opciones. En cambio, el acceso a los medios de todas las opiniones o al menos de las más representativas de la diversidad política, permite un ejercicio enterado y, entonces, cabalmente democrático.

Escándalos de telenovela

En Italia, más del 60% de los ciudadanos depende exclusivamente de la televisión como fuente de información política. Los tres canales propiedad de Berlusconi concentran la mitad de la audiencia de la televisión. La otra mitad atiende a la Radiotelevisión Italiana, la entidad gubernamental que también tiene tres canales en televisión analógica y que obedecen de manera fundamental, aunque no exclusivamente, a los intereses del primer ministro.

Ese manejo de recursos comunicacionales le ha permitido a Berlusconi paliar sucesivas cuan escandalosas tormentas políticas. Las más recientes han develado el tráfico de intereses, el abuso en el empleo personal de recursos públicos e incluso la altanería personal y la prepotencia sexista de ese personaje. En muchos otros países, cualquiera de esas denuncias habría bastado para que el presidente o el primer ministro dimitieran. En Italia, si bien debilitan la imagen de Berlusconi, siguen siendo incidentes de telenovela.

Burdo y zafio, lo mismo para referirse a su propia esposa que para comentar sus más recientes reuniones con mandatarios extranjeros como el presidente Barack Obama, Berlusconi se ufana de excesos políticos, retóricos, personales, privados incluso. Uno puede preguntarse cómo es que el país de Dante y Boccaccio, de Visconti y Passolini, de Moravia y Sciascia, se ha dejado convencer por un charlatán con televisión. Los propios italianos se enfrascan en masoquistas coloquios en busca del eslabón que extraviaron en su brillante proceso civilizatorio. La revista MicroMega, que dirige el filósofo Paolo Flores D’Arcais, dedica cada una de sus ediciones bimestrales a difundir autocríticos ensayos siempre filosos con Berlusconi pero, además, azorados con las definiciones que siguen imperando en la sociedad italiana.

Algunos de los autores que colaboran en publicaciones como esa, señalan que durante varios años los partidos derrotados por Berlusconi se han dedicado a quejarse de que, si les gana, es por el manejo que hace de la televisión. Y la influencia de ese medio es fundamental, pero no sería tan avasalladora si hubiera opciones políticas capaces de ofrecer un proyecto que interesara e involucrara a los italianos.

Berlusconi le debe su permanencia en el gobierno al uso y al abuso facciosos que hace de la legalidad, al manejo e incluso la corrupción de algunos jueces, al silencio a veces cómplice y en otras ocasiones impotente de la jerarquía de la iglesia católica, a los intereses de magnates y empresas que se han beneficiado de la adjudicación de contratos y licencias de toda índole, a la debilidad y la dispersión de los partidos políticos que no han llegado a ser una auténtica oposición y, desde luego, al monopolio televisivo.

A comienzos de 2009, Flores D’Arcais y el novelista Andrea Camilleri –autor de la espléndida saga policiaca que protagoniza el detective Salvo Montalbano­­­­­­— publicaron un llamamiento en donde deploraban que el núcleo más significativo de la oposición, el Partido Democrático que tiene sus orígenes en el legendario Partido Comunista Italiano y en el ala de izquierdas de la Democracia Cristiana, “parece preocupado sólo por ‘no demonizar a Berlusconi’, poder dialogar con él, intervenir en la elaboración de leyes ‘de consenso’ junto a Berlusconi. No es casualidad que se haya definido como una oposición discordantemente concorde”.

Todo ello sucede, según deploran ambos escritores, “mientras Berlusconi destroza la Constitución republicana nacida de la resistencia antifascista –una de las Constituciones democráticas más avanzadas del mundo–, destruye la autonomía judicial, refuerza su monopolio personal a la búlgara sobre la televisión (y se hace cada vez más fuerte en la prensa escrita), proyecta drásticas restricciones del derecho de huelga y otros derechos sindicales, fomenta la oleada de sentimientos racistas en el país y somete todas las leyes relacionadas con los derechos civiles a la voluntad oscurantista de la Iglesia de Ratzinger”.

Metáfora de los italianos

Esa constelación de circunstancias, que empeoró en la medida en que Berlusconi consolidaba sus redes de poder y connivencias, constituyen las condiciones objetivas que, como recordaban los recetarios marxistas, son el sustento material para los cambios sociales o la ausencia de ellos. Las condiciones subjetivas, soliviantadas también por la televisión, tienen raíces complejas entre las que se encuentra una posible proclividad autoritaria de los italianos que el escritor Michael Wolff describía así en un reciente reportaje: “Y allí está el asunto del carácter italiano. Los italianos persiguen, el lugar de resistirlos, sus propios estereotipos. Berlusconi es su metáfora. Si entiendes a Berlusconi, te entiendes a ti mismo. El empleado de un periódico de Berlusconi –un destino cuyas ironías parecen hechas para la gran comedia y la amargura– explica, ‘los italianos necesitan a alguien como él porque él es precisamente como ellos. Todo mundo tiene una amante. Todos hacen trampa con los impuestos. Todos hacen algo ilegal porque es imposible vivir legalmente. Además, nos encantan los autoritarios. Necesitamos un hombre fuerte. Si no Mussolini, bueno, entonces alguien como Mussolini”.

Se trata, como allí se indica, de estereotipos. Pero allí se encuentra el eje de las capacidades televisivas que con tan reconocibles resultados explotan Berlusconi y sus mercadólogos. La que difunden de ese personaje, es una imagen intencional pero además espontáneamente estereotipada. A Berlusconi no lo inventó una agencia publicitaria. Lo que hace la televisión es propagar, resaltando sus rasgos más burdos y de esa manera reforzando el estereotipo, el perfil ramplón y pendenciero que parece parte de una interminable serie de ficción en las pantallas de Italia.

El efecto Berlusconi no termina allí. Una vez que su presencia se afianzó en la sociedad italiana con el imprescindible concurso de la televisión, Berlusconi ha desarrollado una política que prescinde de las instituciones.

En el ejercicio del gobierno, cuentan más él y su omnipresencia televisiva que los poderes constitutivos del Estado. Umberto Eco lo advirtió con didáctica lucidez: “Ésta es la forma del régimen de populismo mediático que Berlusconi está instaurando, un régimen donde entre el jefe y el pueblo se establece una relación directa, a través de los medios de masas, con la consiguiente desautorización del Parlamento (donde el jefe no necesita ir a buscar un consenso porque lo tiene asegurado, por lo cual el Parlamento tiende a convertirse en el notario que registra los acuerdos tomados entre Berlusconi y el presentador del programa, Bruno Vespa)”. [Amigo personal de Berlusconi, Vespa es conductor del programa político más relevante en la Cadena Uno de la RAI].

El populismo mediático desecha los cauces institucionales para hacer de la televisión ágora y parlamento, vocero y caja de resonancia en la relación del gobernante con la sociedad. Trabado con la pantalla, el telespectador se conecta con la realidad política a través de los mensajes audiovisuales. Si la fuente de tales contenidos es una sola, o si su pluralidad resulta escasa, la información política que los ciudadanos reciban será elemental y unilateral.

La televisión suele formar ciudadanos de baja intensidad. Pero cuando se encuentra en pocas manos, o solamente en un par de ellas como sucede con varios canales italianos, la televisión en vez de ciudadanos tiende a propiciar súbditos. Que eso son, aunque se trate de una república parlamentaria, aquellos que se conforman con información de fuentes tan parciales como las que dominan en el escenario mediático berlusconiano.

Peña Nieto y el canal de las estrellas

¿Y en nuestro país? ¿Es posible un Berlusconi mexicano llegue al poder gracias a la televisión y en un entorno de contrariedad ciudadana e ineficacia de los partidos convencionales? Por lo pronto no parece haber condiciones como las de Italia: a pesar de tantas y tan evidentes ineficiencias, los partidos nacionales mantienen el consenso de los ciudadanos. La gente sigue votando por ellos. Las corporaciones mediáticas sí que están ávidas por hacer política, pero no al margen de los partidos actuales.

Enrique Peña Nieto, como Berlusconi, no tendría presencia pública alguna de no ser por la televisión. Pero a diferencia del empresario italiano, el gobernador mexiquense es un político de carrera y por ello está imposibilitado para desplegar un discurso antipolítico.

Igual que Berlusconi, Peña Nieto es un hombre más de parlamentos preestablecidos en un guión que de improvisaciones que pudieran lesionar su imagen. Pero a diferencia del primer ministro, el político priista no es prototipo de ningún estereotipo social en México. La de Berlusconi es una personalidad de ruptura, de estridencia suficiente para discordar con la monotonía de la política tradicional. Peña Nieto tiene imagen de muchacho bien portado y su mayor audacia ha sido cortejar a la actriz que Televisa le puso a modo.

Para tener una imagen de mayor intensidad, los asesores de Peña Nieto tendrían que apostar por algunos usos del populismo mediático. Las primeras resistencias las encontraría en el ortodoxo PRI y, más tarde, en las encuestas que posiblemente registrarían opiniones adversas a un comportamiento políticamente desparpajado del gobernador.

Aún así, en el romo panorama político que padecemos, Peña Nieto y su cotidiana militancia en el canal de las estrellas van delante de otros personajes y perfiles. Estar en televisión no basta para convencer. Las capacidades de Peña Nieto, si las tiene, se apreciarán solamente en contraste con problemas específicos y sobre todo en el debate con otros aspirantes presidenciales.

Aunque con una carrera propia y con aliados políticos más allá de los medios, Peña Nieto es, en su imagen pública, hechura de la televisión. Él se debe a ese medio, que tantos y tan ostensibles favores le hace. En Italia, en cambio, la televisión se debe a Berlusconi.

En Italia, el primer ministro maneja a la televisión. En México, de ganar en 2012, la televisión aspiraría a manejar a Peña Nieto.

Referencias

- Andrea Camilleri y Paolo Flores D’Arcais, “Italia necesita una oposición a Berlusconi”. El País, Madrid, 15 de febrero de 2009.

- Waddick Doyle, Seducing the Republic: Berlusconi, narrative seduction, commercial television and political power. Ponencia presentada en la reunión anual de la International Communication Association. San Diego, California, mayo de 2003.

- Umberto Eco, “Sobre el régimen de populismo mediático”. El Mundo, Madrid, 22 de abril de 2005

- Michael Wolff, “All Broads Lead to Rome”, Vanity Fair, septiembre 2009.

Teletón, negocio de Televisa

Al menos de cinco maneras, Televisa hace negocio con el Teletón.

1. Evasión fiscal. Las aportaciones que entrega la gente que contribuye de manera individual con el Teletón, son deducibles de impuestos. Pero si usted o yo entregamos algunos pesos para esa causa, seguramente no nos expedirán un recibo fiscal. Las empresas que contribuyen con el Teletón posiblemente si requieren un comprobante que les permitirá deducir esa aportación de sus impuestos. Es decir, cada peso que un empresario entrega al Teletón es un peso que deja de recibir el Estado mexicano.

Habrá quienes consideren que ese dinero tiene mejor destino para una causa altruista que en manos de nuestros gobernantes. Pero las carencias fiscales que padece el país tendrían un paliativo nada desdeñable si los consorcios, que suelen deducir impuestos gracias a exenciones como las que les permite hacer el Teletón, pagaran sus impuestos cabalmente y sin subterfugios.

De la recaudación que cada año hace el Teletón, la mayor parte no proviene de empresas sino de pequeñas contribuciones realizadas por ciudadanos a título personal. Esas aportaciones manifiestan un generoso compromiso con causas sociales. Pero es altamente posible que Televisa las aproveche para eludir obligaciones fiscales. Se ha dicho que alrededor del 70% de las aportaciones salen del bolsillo de ciudadanos de a pie. Si consideramos que el año pasado el Teletón recaudó 443 millones de pesos, podemos estimar que los organizadores de esa campaña no expidieron recibos fiscales por aproximadamente 310 millones de pesos. Al invertir tal cantidad en centros de rehabilitación y otras obras sociales, Televisa pudo deducir de su contabilidad ese monto.

Los reiterados señalamientos de evasión fiscal que se le han formulado a Televisa acerca del Teletón, nunca han sido fehacientemente aclarados.

2. Venta de publicidad. Durante los dos días del Teletón, los canales de Televisa se encadenan para transmitir una programación especial. La expectación que desde meses antes se infunde en el público, la presencia de artistas y personajes que acuden a participar en ese evento, así como la imposibilidad de sintonizar otra programación en los canales de televisión abierta de ese consorcio, llevan a decenas de millones de telespectadores a presenciar al menos algunos segmentos del Teletón. En el transcurso de esas horas la publicidad que se difunde en dichos canales, de esa manera encadenados y promocionados, es más costosa que en épocas regulares. Televisa gana más en la venta de anuncios en esos días.

3. Perfil público. Todas las empresas que respaldan el Teletón, pero Televisa antes que ninguna otra, construyen una fama pública de nobleza, desprendimiento y compromiso al promover y organizar ese evento. Esos valores, Televisa no los pone en práctica cuando definen la programación que difunde en los canales que tiene concesionados. Pero se vale del Teletón para prestigiarse ante la sociedad.

4. Centralidad política. El Teletón le ofrece a Televisa una extraordinaria oportunidad para afianzar su papel como eje de una buena parte de la vida pública mexicana y para exigir la presencia y el acatamiento de otros actores políticos. Gobernadores, legisladores, funcionarios públicos y desde luego el presidente de la República, suelen acudir sin chistar (de hecho, la mayor parte de ellos van radiantes a recibir la bendición mediática) a ese evento de Televisa. Allí, el consorcio comunicacional ejerce vetos pero sobre todo publicita a sus favoritos. Los minutos que reciben en pantalla, son sintomáticos de la complacencia que suscitan en Televisa los personajes públicos con mayores ambiciones políticas.

5. Ideología conservadora. La atención a la salud y especialmente a los grupos más vulnerables tiene que ser responsabilidad del Estado. La sociedad no puede reemplazar a la acción estatal en el cumplimiento de esas tareas. El Teletón se contrapone con el desarrollo de políticas públicas en ese campo y, como hemos visto, priva al Estado de ingresos fiscales significativos.

La solidaridad y la caridad son actitudes siempre plausibles. Pero cuando sirven de coartada pública a un consorcio como Televisa,  tan comprobadamente equidistante de esas conductas, los fines aparentes del Teletón se pervierten y resultan sospechosos. Pocas empresas, como Televisa, se encuentran empeñadas actualmente en minar y desacreditar a la institucionalidad estatal. El Teletón es parte de ese eslabón ideológico, pero desde luego también con afanes políticos. En el Teletón, más que altruismo hay utilitarismo. Allí se comprueba de qué manera los caminos más aviesos están empedrados de buenas intenciones.

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Multa millonaria, televisión monótona

La multa por 47 millones de pesos que la Comisión Federal de Competencia le impuso a Televisa pesará poco en las ganancias de ese consorcio. Pero tiene una relevancia simbólica y política que contribuye a la diversidad y al contraste en el adocenado panorama de la televisión mexicana.

Apenas ayer, 1 de diciembre, se dio a conocer el expediente merced al cual la Cofeco resolvió esa multa, aunque la decisión fue tomada el 20 de noviembre. La parte demandante es Tele Cable Centro Occidente, una empresa de televisión de paga que da servicio en estados como Michoacán y Guanajuato, entre otros. Tele Cable había incluido en su programación los canales de televisión abierta de Televisa (que tienen como frecuencias matrices los canales 2, 4, 5 y 9). Sin embargo a comienzos de 2006 Televisa le anunció que dejaría de ofrecerle ese servicio, con lo cual perjudicó a dicha empresa y a sus suscriptores.

En aquella decisión, Televisa se comportó con la prepotencia y arbitrariedad que conocen muchos de sus clientes. A cambio de la autorización para que incluyan sus canales de televisión abierta, que son los de más audiencia, ese consorcio les exige a los proveedores de televisión por cable que compren, además, las señales de canales de menor relevancia. La venta en paquete es, por sí misma, una práctica contraria a la diversidad en el mercado televisivo.

Pero en esa ocasión, Televisa simplemente no quiso autorizarle a Tele Cable la renovación del contrato que tenían para la reproducción de sus señales porque tenía el propósito de promover el servicio de televisión satelital Sky entre los clientes de la empresa cablera. Entre febrero de 2006 y marzo de 2008, Tele Cable fue perdiendo suscriptores. Uno de los motivos era la cancelación de tal servicio por parte de quienes habían dejado de encontrar en el paquete de esa empresa las señales de Televisa, las cuales sí formaban parte de la programación de Sky. La Cofeco estima que tan solo en enero de 2006, Telecable perdió al 11.6% de sus clientes y en octubre de ese año un 5.8% adicional.

La negativa a ofrecer el servicio de señales de televisión para así favorecer a una empresa de su propiedad, constituyó una práctica monopólica que, a juicio de la Cofeco, amerita una multa por 47 millones 513 mil 600 pesos. Televisa impugnará esa sanción y el desenlace de ese litigio es difícil de prever. Por una parte, la Comisión de Competencia tiene argumentos sólidos para sostener que hubo una transgresión, que por lo demás no es infrecuente, a la diversificación en el mercado de la televisión. Pero, por otra, la legislación mexicana no impone a las empresas de televisión abierta la obligación para ofrecer sus señales a los operadores de televisión por cable.

En muchos países, las empresas de televisión de paga tienen el deber de incluir en sus paquetes de programación las señales de la TV abierta. Y las televisoras de señal abierta están obligadas, a su vez, a permitir la reproducción de sus señales. A esas prácticas, en la jerga de las telecomunicaciones se las denomina must carry y must offer. Por lo general, los precios por la conducción de señales de TV abierta son establecidos por las autoridades que regulan la radiodifusión y las telecomunicaciones.

En México, en cambio, las televisoras se han opuesto a que existan esas reglas porque quieren seguir acaparando el mercado audiovisual. La multa que acaba de imponer la Comisión Federal de Competencia es pertinente porque subraya la necesidad de que existan reglas para atajar a los monopolios en los medios, pero ocurre de manera tardía y, además, resulta contradictoria con otras definiciones recientes de ese organismo.

Hace algo más de 5 años, la empresa DirecTV que ofrecía televisión satelital en todo México tuvo que marcharse de nuestro país debido a que Televisa le impedía incluir sus canales de televisión abierta. Al no contar con esos contenidos, muchos suscriptores de DirecTV se hicieron clientes de Sky que sí les ofrecía todos los canales de televisión abierta y que forma parte del Grupo Televisa.

En los años recientes, la Comisión Federal de Competencia había tomado decisiones notoriamente favorables a Televisa, cuya expansión y fortalecimiento ese organismo ha considerado conveniente para que pueda enfrentarse a Telmex. A partir de ese discutible cuan socialmente costoso criterio, la Cofeco autorizó a Televisa a comprar un buen número de empresas de cable en todo el país, las cuales han comenzado a ofrecer servicios de telefonía. La Cofeco no ha sido equitativa en sus decisiones porque, mientras tanto, a Telmex le sigue impidiendo que proporcione servicios de televisión.

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La construcción del suspenso

La angustia en torno a la suerte posiblemente trágica del pequeño Falcon Heene mantuvo en vilo el jueves pasado a los medios de comunicación en Estados Unidos –y, con ellos, en buena parte del mundo–. La sospecha de que el niño de 6 años estuviera volando a la deriva en un globo aerostático fabricado por su padre en un pueblo de Colorado, hizo temer que pudiera sufrir un accidente.

Compasión y solidaridad, pero sobre todo sensacionalismo y espectacularidad, concentraron la atención de televidentes e internautas y especialmente de las empresas mediáticas. Ahora, la cada vez más acreditada posibilidad de que todo haya sido un engaño prefabricado por el padre del niño, desata la ira de los medios pero podría suscitar, también, una reflexión aunque sea breve acerca de la ligereza con que se construyen los acontecimientos en la hiper conectada sociedad actual.

La alerta en torno a Falcon Heene, pero sobre todo la rápida reacción de medios y autoridades en Colorado, se convirtió en noticia global en unos cuantos minutos. La conferencia de prensa que ofrecía el presidente Barack Obama en Nueva Orleans, recordando el desastre ocasionado por el huracán Katrina, fue desplazada en los canales de noticias televisivas por las imágenes de la angustiada familia en Fort Collins, Colorado, y luego por las desesperantes escenas del globo de helio que comenzaba a caer mientras millones de televidentes suponían que allí iba el pequeño Falcon, quizá en sus últimos instantes de vida.

No pasó mucho tiempo para que se supiera que el niño estaba escondido en el ático de su casa, al parecer temeroso del regaño de su padre por haberse acercado al globo. De la sorpresa y el alivio, el comportamiento de muchos medios y de no pocos televidentes e internautas, transitó a la contrariedad e incluso al reproche. En pocos minutos, que parecieron eternos para quienes seguían a través de la televisión mundial las peripecias de helicópteros y avionetas rastreadoras, se había construido un intenso y exigente acontecimiento. La inermidad del niño de 6 años, cuya fotografía era mostrada en las pantallas junto a la aflicción de sus padres, era mayúscula cuando se le imaginaba en aquel globo con forma de platillo volador que surcaba los cielos de Colorado a más de 30 kilómetros por hora y a unos 3 mil metros de altitud.

La zozobra de la audiencia planetaria se puso en tensión cuando el globo llegó a tierra, sin rastros del niño. El suspenso, fabricado minuto tras minuto, parecía desembocar en tragedia. Pero el final feliz que significó esa tarde del jueves 15 de octubre la aparición del contrito Falcon Heene, se trocó en reproches y amargura. Los medios internacionales le habían dedicado dos largas horas a seguir a un globo con forma de platillo volador y que iba absolutamente vacío. Había sido, literalmente, una noticia hueca, insustancial, inflada. No fue más que una  aparatosa volada, como se les dice a las mentiras en el argot de la prensa mexicana.

Más tarde, las sospechas sobre la posibilidad de que el padre del niño falsamente aeronauta hubiera fraguado todo el episodio, terminaron de exacerbar el disgusto mediático. Aunque inicialmente se le presentó como un científico aficionado que se interesaba en estudiar asuntos climáticos, pronto se supo que Richard Heene tiene actitudes bastante extravagantes y una conocida proclividad por los reflectores mediáticos. El solo hecho de que el globo de propósitos presuntamente investigativos tuviera forma de platillo volador, tendría que haber desatado algunas sospechas. Pero además, los Heene eran conocidos porque participaron en un reality show de madres que intercambian familias durante un par de semanas.

Aquellas desconfianzas encontraron mayor asidero esa misma noche cuando, en una entrevista para el programa de Larry King en CNN, el pequeño Falcon explicó, mirando a su padre: “tú dijiste que hiciéramos esto por el show de televisión”.

El viernes, evidentemente agobiado, el niño de 6 años vomitó durante dos entrevistas en cadena nacional para la televisión estadounidense. Tanta y tan excesiva atención a ese asunto iba más allá de los parámetros profesionales o noticiosos de las corporaciones mediáticas. Pero el espectáculo televisivo seguía encontrando una viciosa fascinación en aquel frágil y azorado niño.

El affaire del niño del globo podemos leerlo como una metáfora, en varios sentidos, de la liviandad mediática de nuestros días. Después de dos horas de persecución en vivo y en directo, no quedaba más que un globo desinflado. Al lado de asuntos de relevancia y densidad indudablemente mayores, la agenda de los medios había estado dominada por un episodio literalmente volátil.

Pocos acontecimientos recientes subrayan, como ese, la en ocasiones insustancial globalización creada por la instantaneidad de las comunicaciones contemporáneas.

Ahora se dice que la policía está pensando fincarle cargos al padre del niño por engañar a las autoridades. Por lo pronto ya se venden camisetas y tazas que proclaman “Salven al niño del globo”.

Y en Internet, desde este fin de semana hay un juego que muestra al niño del globo colgado de un platillo volador y lidiando con gaviotas que lo atacan. El sitio, llamado Balloonboygame.com, tiene como subtítulo “¿cuándo dinero de los contribuyentes crees que puedes desperdiciar?”.

Hay quien considera que este asunto se parece a un capítulo de los Simpson. Pero no se trató de un travieso Bart sino, si se confirman las versiones más recientes, de un padre manipulador y sinvergüenza al estilo de Homero Simpson. Antes nos llamaban la atención las situaciones que oscilaban de la tragedia, a la comedia. Ahora estamos ante una realidad que imita a la caricatura.

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Guillotina contra las revistas

A menos que la Presidencia de la República haga un desmentido en las próximas horas, se puede considerar que estamos ante una intencionada y grave política de extinción del gobierno federal contra las revistas impresas. La revista etcétera, especializada en medios de comunicación, reveló que la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República ha suspendido toda contratación de publicidad en medios de esa índole.

Marco Levario, director de etcétera, apunta que los responsables de comunicación en varias dependencias federales así se lo confirmaron: “Los funcionarios nos pidieron omitir su nombre y nosotros creemos que su solicitud es justificada. Por eso nos hacemos responsables de esta información que es al mismo tiempo una denuncia. Desde la oficina de la Presidencia de la República no les expusieron razones o justificaciones, simplemente les ordenaron no contratar publicidad alguna en las revistas y continuar con la promoción de las tareas del gobierno en los medios electrónicos y, en menor medida, en los periódicos”.

Esa acusación fue apuntalada por Proceso, que en su edición de esta semana considera que hay un “Golpe de Calderón contra las revistas”.

La cancelación de la publicidad federal puede ser mortal para revistas que, a pesar de la calidad de sus contenidos, no tienen lectores ni publicidad comercial suficientes para sufragar sus gastos de edición. Hace un par de años, al comentar las disposiciones constitucionales que hubieran cancelado la propaganda a personajes públicos sufragada con recursos fiscales, hicimos un cálculo del peso que tiene la publicidad de origen estatal en algunas revistas relevantes. En esa estimación incluimos todas las inserciones publicitarias de origen estatal, que comprenden las que paga el gobierno federal pero también gobiernos de los estados y otros organismos.

En aquella evaluación, encontramos que en noviembre de 2007 el 80% de toda la publicidad que tenía la revista Proceso era de origen estatal. De allí surgía también el 94% de los anuncios insertados en el semanario emeequis, el 81% de la publicidad en la revista Nexos y el 69% de los anuncios en Letras Libres.

Aquella disposición constitucional no ha sido aplicada por falta de un reglamento que la haga vigente. Por otra parte, posiblemente los mencionados porcentajes han cambiado pero se puede asegurar que la propaganda estatal, fundamentalmente del gobierno federal, sigue constituyendo el principal respaldo financiero para la mayor parte de las revistas políticas y/o culturales más leídas en México.

No debiera ocurrir así. Lo deseable, sería que cada una de esas publicaciones tuviera lectores y respaldo publicitario de índole comercial suficientes para sufragar sus gastos. Pero a consecuencia de una larga historia de connivencias y simulaciones, durante más de medio siglo el Estado ha sido el patrocinador principal de publicaciones de toda índole en nuestro país.

Nadie o casi nadie se consternaría si varias docenas o centenares de pasquines que no tienen pero que tampoco buscan lectores y que solamente existen como instrumentos de chantaje y/o para facturar publicidad de carácter oficial, dejaran de circular debido a la extinción de su principal fuente de ingresos. Pero la cancelación de la publicidad federal afectaría también a revistas cuya contribución a la información y la reflexión las hace cumplir tareas de servicio y beneficio públicos.

La publicidad estatal tiene un flanco perverso y, otro, de índole virtuosa. Tanto el gobierno federal, como cada oficina de prensa en los gobiernos estatales, en algunos municipios poderosos, en el Congreso e incluso en universidades y organismos públicos, ha sido una herramienta para crear adhesiones o, en otros casos, promover represalias. Y por otro lado, sin esos recursos hay proyectos editoriales que no existirían y cuya pertinencia cultural, profesional, periodística y política es evidente.

En otros países, existen leyes o mecanismos de subsidio a la prensa que toman en cuenta el interés social de publicaciones cuyo arraigo local, o cuya calidad específica, las hacen merecedoras de financiamientos por parte del Estado. Por lo general esas asignaciones son resueltas por comités de ciudadanos, conformados de manera plural y con independencia del gobierno y son otorgadas por plazos específicos. Después, se espera que el periódico o la revista beneficiados con tales subsidios hayan consolidado su administración y no tengan que depender de recursos fiscales.

Un sistema así, permitiría emprender una transición para que la prensa de calidad (tanto las revistas hoy amenazadas por una abrupta cancelación publicitaria, como los periódicos que en cualquier momento pueden padecer la misma situación) pudiera regularizar sus fuentes de ingresos.

Si el gobierno federal quiere ahorrar recursos que ahora se dilapidan contratando publicidad en medios de comunicación, podría comenzar por cancelar los anuncios en televisión y radio que no constituyen servicio alguno a la sociedad y con los cuales se mantiene una ilegítima auto promoción de los funcionarios públicos.

De acuerdo con etcétera, las revistas ocupan únicamente el 2.4% del presupuesto para publicidad del gobierno federal que este año ha sido de 3 mil 704 millones de pesos. La mayor parte de esos casi 4 mil millones de pesos ha sido destinada a contratar espacios en televisión (especialmente en Televisa y TV Azteca) en donde el Estado ya dispone de tiempo suficiente para anunciarse.

Una ley de ayudas a la prensa y la suspensión de la propaganda oficial en medios electrónicos, serían medidas que atenderían a la austeridad financiera indispensable en estos tiempos. Así, además, se remediarían la discrecionalidad y el convenencierismo que suelen determinar la asignación de publicidad del gobierno a los medios de comunicación. Todo ello, sin amenazar a docenas de revistas indispensables para una ciudadanía democrática.

Publicado en eje central

Indolencia política, inercia mediática

¿Cuántas veces se ha dicho, deplorado y demostrado que las leyes para los medios de comunicación en México son atrasadas, obsoletas e injustas? ¿Cuántas quejas, consultas, iniciativas, acuerdos y discrepancias se habrán reiterado desde que hace más de tres décadas hubo quien, con realista cinismo, dijo que la legislación para los medios era tan compleja que los diputados no le hallaban la cuadratura al círculo? Da grima reiterar la necesidad de modernizar las reglas para la radiodifusión y ahora, puesto que sus soportes y contenidos están emparentados por la convergencia digital, para las telecomunicaciones. Pero pocos y temas son, a pesar de la indolencia de los legisladores de, para emplear su lenguaje, tan urgente resolución como el que plantean las obsoletas reglas que tenemos en ese campo.

Ya casi nadie se acuerda de ella e incluso hay quienes creen que ya no existe, pero la Ley de Imprenta promulgada en 1917, de inspiración decimonónica y proclividad ultraconservadora, sigue normando, al menos formalmente, el desempeño de los medios impresos en este país. Quienes escriben en diarios y revistas suelen ignorar, u olvidar, que ese ordenamiento prescribe sanciones de cárcel para quienes incurran ataques a la moral, a la vida privada o a la paz pública. La Ley de Imprenta no se cumple pero allí está, vigente y amenazadora.

A estas alturas, no es menos obsoleta la legislación para los medios electrónicos. El próximo año la Ley Federal de Radio y Televisión cumplirá medio siglo. Es tan arcaica que no regula a la televisión por cable, o a la radio digital, simplemente porque esos desarrollos tecnológicos no existían cuando fue creada durante el gobierno de Adolfo López Mateos. En esas cinco décadas, las únicas reformas importantes que se le han incorporado fueron las que pudieron ser denominadas como “Ley Televisa” y que constituyeron un viraje respecto de la indolencia que las corporaciones mediáticas habían mantenido acerca del régimen legal para la radiodifusión.

Durante largo tiempo, los principales empresarios de la televisión y la radio rechazaron cualquier reforma a esa legislación porque consideraban que la discrecionalidad, y sobre todo el pasmo gubernamental hacia los medios electrónicos, era preferible a cualquier actualización del régimen jurídico. Pero al comenzar el nuevo siglo, los operadores de las televisoras resolvieron que las innovaciones tecnológicas les abrían posibilidades de negocio para las cuales requerían ajustes legales.

De allí se derivaron las coordenadas de la Ley Televisa, que pretendía facultar a las empresas televisoras para que dispusieran a su antojo de las frecuencias que tenían concesionadas para difundir señales de radiodifusión. El cabildeo que ejercieron sobre todos los partidos políticos condujo a la aprobación de aquellas reformas, la mayor parte de las cuales fueron desechadas en 2007 por la Suprema Corte de Justicia en una meticulosa y valiente intervención.

Desde entonces, la Ley de Radio y Televisión está trasquilada y no hay reglas para asuntos como el refrendo de concesiones o la licitación de nuevas frecuencias. La acción depuradora que emprendió la Corte, no fue complementada por reformas capaces de enmendar esos huecos legales y crear un orden jurídico actual y completo para la radiodifusión.

Las televisoras insistirán en promover una legislación benigna para sus negocios. Ahora no solamente seguirán procurando la aquiescencia de los partidos nacionales con intermitentes dosis de zanahoria y palo que van desde espacios en pantalla, hasta campañas de descrédito. Hoy en día tienen sus propios diputados, la mayor parte de los cuales forma filas en la bancada del Verde Ecologista aunque en otros partidos también hay legisladores que obedecen a los dictados de Televisa o TV Azteca.

Esos diputados (telebancada, les dicen) no se bastan por sí solos para impulsar reforma alguna. Nada de lo que hagan en el Congreso tendrá importancia si no es con el beneplácito del PRI. Tener la mayoría implica privilegios pero también responsabilidades. Reformar y actualizar leyes rancias y aviesas, tendría que ser del mayor interés para los priistas si quieren gobernar un país que en donde ya no encaja la comunicación autoritaria y que necesita contraste, diversidad y calidad en los medios. Pero no podemos dejar de recordar que fueron priistas quienes diseñaron y mantuvieron ese régimen legal y quienes hace cuatro décadas no quisieron cuadrar, volviéndola círculo vicioso, la legislación para los medios.               

Publicado en emeequis

Noticieros sin política

Publicado en Zócalo, septiembre 2009

La radio y la televisión hicieron una cobertura exigua de las campañas políticas durante la más reciente temporada electoral. Desplazadas por la discusión en torno a los spots que colmaban los tiempos estatales en los medios electrónicos, las noticias acerca de las actividades proselitistas de los partidos pasaron a segundo plano. Ese relegamiento no se debió necesariamente a la ausencia de interés periodístico de las informaciones que surgían de los actos de campaña sino, al menos en casos notorios, a una política informativa destinada a minimizar la cobertura de los eventos partidarios.

Algunos noticieros de la televisión nacional destinaron únicamente 3 o 4 minutos a esas informaciones en el transcurso de los dos meses de duración que tuvieron ahora las campañas electorales. Los noticieros que transmiten de lunes a viernes pudieron difundirse en 43 ocasiones durante el periodo de campañas, del 3 de mayo al 1 de julio. Algunos de ellos transmitieron, en promedio, menos de 5 segundos diarios de noticias electorales. En otros, particularmente en la radio, hubo más de 10 minutos diarios de noticias electorales.

Esas son algunas apreciaciones que se pueden hacer a partir del Monitoreo de noticieros que hizo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM por encargo del Instituto Federal Electoral. Los resultados del Monitoreo, publicados por el IFE en su sitio en Internet, muestran la cantidad de minutos y segundos que ocuparon las informaciones electorales de cada partido durante el mencionado lapso. Con esa información, calculamos el total de minutos de una veintena de noticieros de radio y una decena de noticieros de televisión originados en la ciudad de México.

Radio politizada

En la radio matutina todos los noticieros analizados, excepto tres, le dieron más tiempo a las campañas del PAN que a otros partidos. La diferencia más notoria estuvo en el noticiero que conduce Eduardo Ruiz Healy en Radio Fórmula, con casi 40% de su espacio para noticias de esa índole destinado al partido en el gobierno.

Los noticieros más priistas, si se les evalúa por el espacio a cada partido, fueron los de Pedro Ferriz de Con en el Grupo Imagen (33.6%) y Óscar Mario Beteta en Radio Fórmula (22.4%). Pulso de Radio Educación, que conduce Hilda Saray, destinó el 22.4% a notas sobre el PRD.

De todos los programas considerados en esta evaluación Antena Radio, que conduce Mario Campos en el IMER, fue el que más tiempo destinó a la cobertura de campañas con un total de 584 minutos. Allí, la asignación de tiempos a los partidos fue notoriamente equilibrada.

El más favorable al Partido Verde fue el noticiero de Carmen Aristegui en MVS Radio, en donde ese partido ocupó 118 de los 361 minutos dedicados a campañas políticas, el 32.7% de dicho espacio.

En los noticieros de media tarde, Fórmula de la Tarde conducido por Ciro Gómez Leyva dedicó 40.7% de esos espacios al PAN, en tanto que Joaquín López Dóriga, también en Radio Fórmula, destinó 33.7% al mismo partido.

En noticieros seleccionados y que se difunden a partir de las 6 de la tarde, las preferencias fueron más variadas. José Cárdenas Informa, en Radio Fórmula, le dio el 42.5% de su espacio a las noticias del PAN y solo 13% al PRD. La tercera emisión de Hoy por Hoy en W Radio, con Salvador Camarena, asignó al PRD casi el 39% de tales informaciones.

Todos estos datos, que hemos organizado en los cuadros adjuntos, han sido tomados y/o calculados a partir de la información del IFE. Colocada en línea desde mediados de julio, esa información no había sido desmentida por ninguna empresa de comunicación varias semanas después.

Televisión ausente

De los noticieros de televisión que elegimos para este cotejo, el más interesado en las campañas fue Primero Noticias, que conduce Carlos Loret de Mola por las mañanas en el canal 2 de Televisa. Ese programa les dio a las informaciones electorales 102 minutos; de ellos, algo menos del 31% fue para el PAN y una cantidad casi idéntica para el PRI. El noticiero matutino de Canal Once le dio más espacio al PAN (26.9%) que al PRI (22.6%).

Por las tardes, la televisión ignoró las campañas. Info7, de Televisión Azteca, se interesó en las notas sobre ese tema únicamente durante 3 minutos. El Noticiero con Lolita Ayala, en canal 2, destinó 4 minutos a ese asunto durante los dos meses de campañas. Dos de esos minutos fueron para el PRI, pero tratándose de universos tan limitados los porcentajes pueden ser escasamente significativos.

Por las noches, los noticieros de televisión ofrecieron algún contraste. Casi el 30% de las informaciones en el espacio de Joaquín López Dóriga en el canal 2 fueron para el PRD y el 23% para el PRI. Menos del 21% del espacio de esa índole en el noticiero emblemático de Televisa reseñó la información de las campañas panistas.

En cambio las notas en Hechos, que conduce Javier Alatorre en canal 13, fueron en un 27% para el PAN y solamente en 16.8% para el PRI. Las Noticias con Adela, de Adela Micha en el canal 9 de Televisa, destinó al PRD el 39.9% de sus espacios de campañas, al PAN 38.4% y al PRI únicamente 14.1%.

La Corte condena a la Ley de Imprenta

Publicado en Zócalo del mes de agosto

La Suprema Corte de Justicia, a través de su Primera Sala, ha considerado que la Ley de Imprenta es confusa, vaga, ambigua e inaplicable y puede conducir a la criminalización de personas inocentes. Eso dijeron los ministros que conforman dicha Sala en la resolución a un juicio de amparo presentado por el editor de un periódico en Guanajuato que había sido condenado por infracciones a la Ley de Imprenta de esa entidad.

La decisión de la Corte se refiere al contenido de la Ley de Imprenta de Guanajuato. Pero como los primeros artículos de ese ordenamiento son idénticos a la Ley federal –salvo en un par de ajustes relacionados con su carácter estatal– se puede estimar que la severa reconvención que hacen los ministros es aplicable a la Ley de Imprenta que los mexicanos tenemos desde 1917.

La Ley analizada en el amparo en revisión 2004/2008, resuelto el 17 de junio pasado, concluye que sus artículos esenciales no permiten a los jueces “hacer el tipo de análisis global de los hechos exigible en estos casos”. Tampoco hacen posible “la necesaria distinción entre enjuiciamiento de hechos y enjuiciamiento de opiniones”. Esa legislación puede conducir a sancionar penalmente “a personas que no tenían intención de ofender, y por invasiones meramente eventuales, no actuales, del derecho a la intimidad y al derecho al honor”.

En la ponencia presentada por el ministro José Ramón Cosío y que los cinco integrantes de esa Sala aprobaron por unanimidad, se subraya que otro de los defectos de dicha legislación para los delitos de imprenta es la falta de criterios que establezcan distintos rangos de responsabilidad entre los profesionales que intervienen en la confección y publicación de una noticia: “la Ley permite criminalizar tanto a las personas que se expresan como al resto de intervinientes en la cadena de difusión de noticias y opiniones y se erige en una candidata idónea para generar autocensura y todo tipo de restricciones directas e indirectas a la libertad de expresión”.

Piedra angular

Todo eso dice la Corte acerca de la Ley de Guanajuato que como hemos indicado es, en los artículos que llamaron la atención de los ministros, copia textual de la Ley de Imprenta promulgada una semanas después de la Constitución de 1917.

El razonamiento que conduce a esas severas apreciaciones acerca de la legislación que aún tenemos para la prensa, se sustenta en una concepción moderna sobre el desempeño necesario  e los medios de comunicación. Tales medios, “juegan un papel esencial para el despliegue de la función colectiva de la libertad de expresión. La libertad de prensa es una piedra angular en el despliegue de la vertiente social o colectiva de las libertades de expresión e información. Los medios de comunicación social se cuentan entre los forjadores básicos de la opinión pública en las democracias actuales y es indispensable tengan aseguradas las condiciones para albergar las más diversas informaciones y opiniones”.

En esa resolución, los ministros no toman en cuenta la frecuente indisposición de los medios de comunicación para cumplir con tan significativas responsabilidades sociales. La preocupación central del documento es cómo garantizar la libertad de prensa frente a los reclamos que podían vulnerarla argumentando que lesiona la vida privada de algunos ciudadanos. Importante por el tema del cual se ocupa, la sentencia tiene sesgos discutibles debido a la contradicción permanente entre el derecho de la sociedad a enterarse de asuntos que le pueden resultar de interés y el derecho de los individuos a que su privacía sea respetada.

El 23 de diciembre de 2004 el periódico La Antorcha que circula en Acámbaro, Guanajuato, publicó declaraciones del ex chofer del presidente municipal de esa localidad. El chofer, Rafael García, había sido acusado de robar gasolina por 30 mil pesos. En respuesta a esas imputaciones, le dijo a un reportero de ese periódico que cuando trabajaba para el ayuntamiento lo obligaban a hacer encargos para la familia del presidente municipal. A una pregunta del periódico acerca de los encargos de ese funcionario que se había rehusado a cumplir, respondió: “Bueno, un día estando en el hotel en la ciudad de México, se tendió desnudo en la cama y me pidió que le sobara la espalda. Ahí sí le dije ‘oiga, no’ ”.

La publicación de esa entrevista llevó al entonces presidente municipal de Acámbaro a presentar una denuncia penal contra el director de La Antorcha, Jesús Orozco Herrera, porque consideró que le causaba deshonra, descrédito y perjuicio. En enero de 2007 un juez en esa población le impuso al periodista una pena de tres años y un mes de prisión que podría conmutarse por trabajo comunitario.

Orozco Herrera presentó una apelación que un año más tarde, a comienzos de 2008, le resultó desfavorable. Entonces solicitó un amparo que inicialmente le fue negado y que ante una segunda apelación fue recibido por la Suprema Corte en noviembre de 2008.

Privacidad y publicidad

En la sentencia que comentamos, la Corte observa que hay temas que, si bien se refieren a la vida privada, resultan de interés público: “no es cierto que por el solo hecho de referirse a asuntos sexuales de la vida de las personas, ciertos hechos o afirmaciones caigan dentro de un ámbito inquebrantable e intocable de privacidad, de manera que cualquier conducta que pueda ser vista como una mínima afectación a ellos, deba ser por esa razón duramente sancionada, hasta por medios penales, con independencia de cualquier otra consideración”.

Después de una interesante disquisición sobre el valor que tiene la libertad de expresión, la sentencia de la Corte recuerda que los funcionarios que ocupan cargos públicos se han expuesto voluntariamente al escrutinio y la crítica de la sociedad. Respaldada por organismos como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, la cual es citada en dicho documento, esa postura ha sido sostenida en México por el Tribunal Federal Electoral.

La índole de sus actividades coloca a los funcionarios públicos bajo la mirada exigente de los ciudadanos. El dilema es si todas las actividades privadas de un funcionario público han de estar sujetas a la inspección de la sociedad o, planteado de otra manera, hasta dónde queda protegida la privacía de quienes ocupan un alto cargo público.

La Primera Sala de la Corte subraya, al respecto: “las personas que desempeñan o han desempeñado responsabilidades públicas… así como los candidatos a desempeñarlas, tienen un derecho a la intimidad y al honor con menos resistencia normativa general que el que asiste a los ciudadanos ordinarios frente a la actuación de los medios de comunicación de masas en ejercicio de los derechos a expresarse e informar”.

Esa menor resistencia, será siempre motivo de consideraciones subjetivas. En su sentencia, la Corte sostiene que el Tribunal Colegiado que le negó el amparo al periodista Orozco Herrera debía haber tomado en cuenta la exposición peculiar que el presidente municipal, por el hecho de ejercer ese cargo, tiene a la crítica pública. También, indica, se debía haber considerado que posiblemente la entrevista publicada en La Antorcha “constituyera, precisamente, el ejercicio por parte del chofer del derecho a replicar a las manifestaciones y acusaciones previas del citado Presidente”.

Pero ¿qué ocurre si esas afirmaciones del chofer fueron calumniosas y, puesto que eran una respuesta a las imputaciones de robo, buscaron afectar la fama pública del presidente municipal? ¿De qué manera beneficia a la sociedad conocer las afirmaciones sobre la supuesta escena que habrían protagonizado en un hotel el mencionado funcionario y el chofer?

La Primera Sala resolvió amparar al periodista Jesús Orozco Herrera y desechar la sentencia que lo condenaba. Pero en el sin duda meritorio interés para reivindicar la libertad de imprenta, la Corte dejó sin resolver de qué manera se puede garantizar el derecho al honor y a la privacía que, como ciudadanos que no dejan de ser, tienen los funcionarios públicos.

“Demasiado abierta”

Más allá del desenlace judicial del caso que hemos reseñado, la sentencia de la Corte alcanza indudable relevancia por las posiciones que establece acerca de la Ley de Imprenta. En el primer artículo de esa ley, se dice allí, hay una “patente falta de claridad” pero además se refiere a los “ ‘ataques a la vida privada’ cuando lo que describe en realidad son conductas atentatorias del derecho al honor”.

Ese artículo, considera que infringe la vida privada “Toda manifestación o expresión maliciosa… que expuesta o circulando en público… exponga a una persona al odio, desprecio o ridículo, o pueda causarle demérito o en su reputación o en sus intereses”. Con esos términos, la Ley de Imprenta “criminaliza incluso casos en los que la afectación a la buena reputación es puramente eventual”, considera la Corte. Además, cuando establece que se trata de daños que las personas pueden sufrir “en sus intereses”, dicha Ley “deja el tipo penal totalmente abierto”. Se trata de una legislación “vaga, ambigua, demasiado amplia y abierta”.

El dictamen de la Corte evalúa con la misma dureza otros artículos de la Ley de Imprenta y concluye  con las preocupaciones, señaladas al comienzo de esta nota, sobre los riesgos que implica para la libertad de expresión.

Se trata, insistimos, de observaciones que la Corte hace a la Ley de Imprenta de Guanajuato. Pero como en tales artículos esa ley estatal es calca de la Ley de Imprenta de carácter federal, los señalamientos del máximo tribunal mexicano son un llamado de atención, severo y urgente, que va más allá de la legislación en Guanajuato.

Aunque los ministros no lo dicen, los destinatarios de tal señalamiento tendrían que ser los legisladores locales y federales. La Ley de Imprenta y los ordenamientos estatales que replican sus contenidos deberían ser derogados. La libertad de expresión en la prensa y otros medios requiere de disposiciones claras, actuales y que no establezcan sanciones penales sino administrativas para los delitos de información. Los derechos de los ciudadanos tendrían que ser equilibrados con el derecho de la sociedad a conocer plenamente los asuntos de interés público. La Corte ya condenó a la Ley de Imprenta. Ahora falta que se entere el Poder Legislativo.

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