La construcción del suspenso

La angustia en torno a la suerte posiblemente trágica del pequeño Falcon Heene mantuvo en vilo el jueves pasado a los medios de comunicación en Estados Unidos –y, con ellos, en buena parte del mundo–. La sospecha de que el niño de 6 años estuviera volando a la deriva en un globo aerostático fabricado por su padre en un pueblo de Colorado, hizo temer que pudiera sufrir un accidente.

Compasión y solidaridad, pero sobre todo sensacionalismo y espectacularidad, concentraron la atención de televidentes e internautas y especialmente de las empresas mediáticas. Ahora, la cada vez más acreditada posibilidad de que todo haya sido un engaño prefabricado por el padre del niño, desata la ira de los medios pero podría suscitar, también, una reflexión aunque sea breve acerca de la ligereza con que se construyen los acontecimientos en la hiper conectada sociedad actual.

La alerta en torno a Falcon Heene, pero sobre todo la rápida reacción de medios y autoridades en Colorado, se convirtió en noticia global en unos cuantos minutos. La conferencia de prensa que ofrecía el presidente Barack Obama en Nueva Orleans, recordando el desastre ocasionado por el huracán Katrina, fue desplazada en los canales de noticias televisivas por las imágenes de la angustiada familia en Fort Collins, Colorado, y luego por las desesperantes escenas del globo de helio que comenzaba a caer mientras millones de televidentes suponían que allí iba el pequeño Falcon, quizá en sus últimos instantes de vida.

No pasó mucho tiempo para que se supiera que el niño estaba escondido en el ático de su casa, al parecer temeroso del regaño de su padre por haberse acercado al globo. De la sorpresa y el alivio, el comportamiento de muchos medios y de no pocos televidentes e internautas, transitó a la contrariedad e incluso al reproche. En pocos minutos, que parecieron eternos para quienes seguían a través de la televisión mundial las peripecias de helicópteros y avionetas rastreadoras, se había construido un intenso y exigente acontecimiento. La inermidad del niño de 6 años, cuya fotografía era mostrada en las pantallas junto a la aflicción de sus padres, era mayúscula cuando se le imaginaba en aquel globo con forma de platillo volador que surcaba los cielos de Colorado a más de 30 kilómetros por hora y a unos 3 mil metros de altitud.

La zozobra de la audiencia planetaria se puso en tensión cuando el globo llegó a tierra, sin rastros del niño. El suspenso, fabricado minuto tras minuto, parecía desembocar en tragedia. Pero el final feliz que significó esa tarde del jueves 15 de octubre la aparición del contrito Falcon Heene, se trocó en reproches y amargura. Los medios internacionales le habían dedicado dos largas horas a seguir a un globo con forma de platillo volador y que iba absolutamente vacío. Había sido, literalmente, una noticia hueca, insustancial, inflada. No fue más que una  aparatosa volada, como se les dice a las mentiras en el argot de la prensa mexicana.

Más tarde, las sospechas sobre la posibilidad de que el padre del niño falsamente aeronauta hubiera fraguado todo el episodio, terminaron de exacerbar el disgusto mediático. Aunque inicialmente se le presentó como un científico aficionado que se interesaba en estudiar asuntos climáticos, pronto se supo que Richard Heene tiene actitudes bastante extravagantes y una conocida proclividad por los reflectores mediáticos. El solo hecho de que el globo de propósitos presuntamente investigativos tuviera forma de platillo volador, tendría que haber desatado algunas sospechas. Pero además, los Heene eran conocidos porque participaron en un reality show de madres que intercambian familias durante un par de semanas.

Aquellas desconfianzas encontraron mayor asidero esa misma noche cuando, en una entrevista para el programa de Larry King en CNN, el pequeño Falcon explicó, mirando a su padre: “tú dijiste que hiciéramos esto por el show de televisión”.

El viernes, evidentemente agobiado, el niño de 6 años vomitó durante dos entrevistas en cadena nacional para la televisión estadounidense. Tanta y tan excesiva atención a ese asunto iba más allá de los parámetros profesionales o noticiosos de las corporaciones mediáticas. Pero el espectáculo televisivo seguía encontrando una viciosa fascinación en aquel frágil y azorado niño.

El affaire del niño del globo podemos leerlo como una metáfora, en varios sentidos, de la liviandad mediática de nuestros días. Después de dos horas de persecución en vivo y en directo, no quedaba más que un globo desinflado. Al lado de asuntos de relevancia y densidad indudablemente mayores, la agenda de los medios había estado dominada por un episodio literalmente volátil.

Pocos acontecimientos recientes subrayan, como ese, la en ocasiones insustancial globalización creada por la instantaneidad de las comunicaciones contemporáneas.

Ahora se dice que la policía está pensando fincarle cargos al padre del niño por engañar a las autoridades. Por lo pronto ya se venden camisetas y tazas que proclaman “Salven al niño del globo”.

Y en Internet, desde este fin de semana hay un juego que muestra al niño del globo colgado de un platillo volador y lidiando con gaviotas que lo atacan. El sitio, llamado Balloonboygame.com, tiene como subtítulo “¿cuándo dinero de los contribuyentes crees que puedes desperdiciar?”.

Hay quien considera que este asunto se parece a un capítulo de los Simpson. Pero no se trató de un travieso Bart sino, si se confirman las versiones más recientes, de un padre manipulador y sinvergüenza al estilo de Homero Simpson. Antes nos llamaban la atención las situaciones que oscilaban de la tragedia, a la comedia. Ahora estamos ante una realidad que imita a la caricatura.

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Guillotina contra las revistas

A menos que la Presidencia de la República haga un desmentido en las próximas horas, se puede considerar que estamos ante una intencionada y grave política de extinción del gobierno federal contra las revistas impresas. La revista etcétera, especializada en medios de comunicación, reveló que la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República ha suspendido toda contratación de publicidad en medios de esa índole.

Marco Levario, director de etcétera, apunta que los responsables de comunicación en varias dependencias federales así se lo confirmaron: “Los funcionarios nos pidieron omitir su nombre y nosotros creemos que su solicitud es justificada. Por eso nos hacemos responsables de esta información que es al mismo tiempo una denuncia. Desde la oficina de la Presidencia de la República no les expusieron razones o justificaciones, simplemente les ordenaron no contratar publicidad alguna en las revistas y continuar con la promoción de las tareas del gobierno en los medios electrónicos y, en menor medida, en los periódicos”.

Esa acusación fue apuntalada por Proceso, que en su edición de esta semana considera que hay un “Golpe de Calderón contra las revistas”.

La cancelación de la publicidad federal puede ser mortal para revistas que, a pesar de la calidad de sus contenidos, no tienen lectores ni publicidad comercial suficientes para sufragar sus gastos de edición. Hace un par de años, al comentar las disposiciones constitucionales que hubieran cancelado la propaganda a personajes públicos sufragada con recursos fiscales, hicimos un cálculo del peso que tiene la publicidad de origen estatal en algunas revistas relevantes. En esa estimación incluimos todas las inserciones publicitarias de origen estatal, que comprenden las que paga el gobierno federal pero también gobiernos de los estados y otros organismos.

En aquella evaluación, encontramos que en noviembre de 2007 el 80% de toda la publicidad que tenía la revista Proceso era de origen estatal. De allí surgía también el 94% de los anuncios insertados en el semanario emeequis, el 81% de la publicidad en la revista Nexos y el 69% de los anuncios en Letras Libres.

Aquella disposición constitucional no ha sido aplicada por falta de un reglamento que la haga vigente. Por otra parte, posiblemente los mencionados porcentajes han cambiado pero se puede asegurar que la propaganda estatal, fundamentalmente del gobierno federal, sigue constituyendo el principal respaldo financiero para la mayor parte de las revistas políticas y/o culturales más leídas en México.

No debiera ocurrir así. Lo deseable, sería que cada una de esas publicaciones tuviera lectores y respaldo publicitario de índole comercial suficientes para sufragar sus gastos. Pero a consecuencia de una larga historia de connivencias y simulaciones, durante más de medio siglo el Estado ha sido el patrocinador principal de publicaciones de toda índole en nuestro país.

Nadie o casi nadie se consternaría si varias docenas o centenares de pasquines que no tienen pero que tampoco buscan lectores y que solamente existen como instrumentos de chantaje y/o para facturar publicidad de carácter oficial, dejaran de circular debido a la extinción de su principal fuente de ingresos. Pero la cancelación de la publicidad federal afectaría también a revistas cuya contribución a la información y la reflexión las hace cumplir tareas de servicio y beneficio públicos.

La publicidad estatal tiene un flanco perverso y, otro, de índole virtuosa. Tanto el gobierno federal, como cada oficina de prensa en los gobiernos estatales, en algunos municipios poderosos, en el Congreso e incluso en universidades y organismos públicos, ha sido una herramienta para crear adhesiones o, en otros casos, promover represalias. Y por otro lado, sin esos recursos hay proyectos editoriales que no existirían y cuya pertinencia cultural, profesional, periodística y política es evidente.

En otros países, existen leyes o mecanismos de subsidio a la prensa que toman en cuenta el interés social de publicaciones cuyo arraigo local, o cuya calidad específica, las hacen merecedoras de financiamientos por parte del Estado. Por lo general esas asignaciones son resueltas por comités de ciudadanos, conformados de manera plural y con independencia del gobierno y son otorgadas por plazos específicos. Después, se espera que el periódico o la revista beneficiados con tales subsidios hayan consolidado su administración y no tengan que depender de recursos fiscales.

Un sistema así, permitiría emprender una transición para que la prensa de calidad (tanto las revistas hoy amenazadas por una abrupta cancelación publicitaria, como los periódicos que en cualquier momento pueden padecer la misma situación) pudiera regularizar sus fuentes de ingresos.

Si el gobierno federal quiere ahorrar recursos que ahora se dilapidan contratando publicidad en medios de comunicación, podría comenzar por cancelar los anuncios en televisión y radio que no constituyen servicio alguno a la sociedad y con los cuales se mantiene una ilegítima auto promoción de los funcionarios públicos.

De acuerdo con etcétera, las revistas ocupan únicamente el 2.4% del presupuesto para publicidad del gobierno federal que este año ha sido de 3 mil 704 millones de pesos. La mayor parte de esos casi 4 mil millones de pesos ha sido destinada a contratar espacios en televisión (especialmente en Televisa y TV Azteca) en donde el Estado ya dispone de tiempo suficiente para anunciarse.

Una ley de ayudas a la prensa y la suspensión de la propaganda oficial en medios electrónicos, serían medidas que atenderían a la austeridad financiera indispensable en estos tiempos. Así, además, se remediarían la discrecionalidad y el convenencierismo que suelen determinar la asignación de publicidad del gobierno a los medios de comunicación. Todo ello, sin amenazar a docenas de revistas indispensables para una ciudadanía democrática.

Publicado en eje central

Indolencia política, inercia mediática

¿Cuántas veces se ha dicho, deplorado y demostrado que las leyes para los medios de comunicación en México son atrasadas, obsoletas e injustas? ¿Cuántas quejas, consultas, iniciativas, acuerdos y discrepancias se habrán reiterado desde que hace más de tres décadas hubo quien, con realista cinismo, dijo que la legislación para los medios era tan compleja que los diputados no le hallaban la cuadratura al círculo? Da grima reiterar la necesidad de modernizar las reglas para la radiodifusión y ahora, puesto que sus soportes y contenidos están emparentados por la convergencia digital, para las telecomunicaciones. Pero pocos y temas son, a pesar de la indolencia de los legisladores de, para emplear su lenguaje, tan urgente resolución como el que plantean las obsoletas reglas que tenemos en ese campo.

Ya casi nadie se acuerda de ella e incluso hay quienes creen que ya no existe, pero la Ley de Imprenta promulgada en 1917, de inspiración decimonónica y proclividad ultraconservadora, sigue normando, al menos formalmente, el desempeño de los medios impresos en este país. Quienes escriben en diarios y revistas suelen ignorar, u olvidar, que ese ordenamiento prescribe sanciones de cárcel para quienes incurran ataques a la moral, a la vida privada o a la paz pública. La Ley de Imprenta no se cumple pero allí está, vigente y amenazadora.

A estas alturas, no es menos obsoleta la legislación para los medios electrónicos. El próximo año la Ley Federal de Radio y Televisión cumplirá medio siglo. Es tan arcaica que no regula a la televisión por cable, o a la radio digital, simplemente porque esos desarrollos tecnológicos no existían cuando fue creada durante el gobierno de Adolfo López Mateos. En esas cinco décadas, las únicas reformas importantes que se le han incorporado fueron las que pudieron ser denominadas como “Ley Televisa” y que constituyeron un viraje respecto de la indolencia que las corporaciones mediáticas habían mantenido acerca del régimen legal para la radiodifusión.

Durante largo tiempo, los principales empresarios de la televisión y la radio rechazaron cualquier reforma a esa legislación porque consideraban que la discrecionalidad, y sobre todo el pasmo gubernamental hacia los medios electrónicos, era preferible a cualquier actualización del régimen jurídico. Pero al comenzar el nuevo siglo, los operadores de las televisoras resolvieron que las innovaciones tecnológicas les abrían posibilidades de negocio para las cuales requerían ajustes legales.

De allí se derivaron las coordenadas de la Ley Televisa, que pretendía facultar a las empresas televisoras para que dispusieran a su antojo de las frecuencias que tenían concesionadas para difundir señales de radiodifusión. El cabildeo que ejercieron sobre todos los partidos políticos condujo a la aprobación de aquellas reformas, la mayor parte de las cuales fueron desechadas en 2007 por la Suprema Corte de Justicia en una meticulosa y valiente intervención.

Desde entonces, la Ley de Radio y Televisión está trasquilada y no hay reglas para asuntos como el refrendo de concesiones o la licitación de nuevas frecuencias. La acción depuradora que emprendió la Corte, no fue complementada por reformas capaces de enmendar esos huecos legales y crear un orden jurídico actual y completo para la radiodifusión.

Las televisoras insistirán en promover una legislación benigna para sus negocios. Ahora no solamente seguirán procurando la aquiescencia de los partidos nacionales con intermitentes dosis de zanahoria y palo que van desde espacios en pantalla, hasta campañas de descrédito. Hoy en día tienen sus propios diputados, la mayor parte de los cuales forma filas en la bancada del Verde Ecologista aunque en otros partidos también hay legisladores que obedecen a los dictados de Televisa o TV Azteca.

Esos diputados (telebancada, les dicen) no se bastan por sí solos para impulsar reforma alguna. Nada de lo que hagan en el Congreso tendrá importancia si no es con el beneplácito del PRI. Tener la mayoría implica privilegios pero también responsabilidades. Reformar y actualizar leyes rancias y aviesas, tendría que ser del mayor interés para los priistas si quieren gobernar un país que en donde ya no encaja la comunicación autoritaria y que necesita contraste, diversidad y calidad en los medios. Pero no podemos dejar de recordar que fueron priistas quienes diseñaron y mantuvieron ese régimen legal y quienes hace cuatro décadas no quisieron cuadrar, volviéndola círculo vicioso, la legislación para los medios.               

Publicado en emeequis

Noticieros sin política

Publicado en Zócalo, septiembre 2009

La radio y la televisión hicieron una cobertura exigua de las campañas políticas durante la más reciente temporada electoral. Desplazadas por la discusión en torno a los spots que colmaban los tiempos estatales en los medios electrónicos, las noticias acerca de las actividades proselitistas de los partidos pasaron a segundo plano. Ese relegamiento no se debió necesariamente a la ausencia de interés periodístico de las informaciones que surgían de los actos de campaña sino, al menos en casos notorios, a una política informativa destinada a minimizar la cobertura de los eventos partidarios.

Algunos noticieros de la televisión nacional destinaron únicamente 3 o 4 minutos a esas informaciones en el transcurso de los dos meses de duración que tuvieron ahora las campañas electorales. Los noticieros que transmiten de lunes a viernes pudieron difundirse en 43 ocasiones durante el periodo de campañas, del 3 de mayo al 1 de julio. Algunos de ellos transmitieron, en promedio, menos de 5 segundos diarios de noticias electorales. En otros, particularmente en la radio, hubo más de 10 minutos diarios de noticias electorales.

Esas son algunas apreciaciones que se pueden hacer a partir del Monitoreo de noticieros que hizo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM por encargo del Instituto Federal Electoral. Los resultados del Monitoreo, publicados por el IFE en su sitio en Internet, muestran la cantidad de minutos y segundos que ocuparon las informaciones electorales de cada partido durante el mencionado lapso. Con esa información, calculamos el total de minutos de una veintena de noticieros de radio y una decena de noticieros de televisión originados en la ciudad de México.

Radio politizada

En la radio matutina todos los noticieros analizados, excepto tres, le dieron más tiempo a las campañas del PAN que a otros partidos. La diferencia más notoria estuvo en el noticiero que conduce Eduardo Ruiz Healy en Radio Fórmula, con casi 40% de su espacio para noticias de esa índole destinado al partido en el gobierno.

Los noticieros más priistas, si se les evalúa por el espacio a cada partido, fueron los de Pedro Ferriz de Con en el Grupo Imagen (33.6%) y Óscar Mario Beteta en Radio Fórmula (22.4%). Pulso de Radio Educación, que conduce Hilda Saray, destinó el 22.4% a notas sobre el PRD.

De todos los programas considerados en esta evaluación Antena Radio, que conduce Mario Campos en el IMER, fue el que más tiempo destinó a la cobertura de campañas con un total de 584 minutos. Allí, la asignación de tiempos a los partidos fue notoriamente equilibrada.

El más favorable al Partido Verde fue el noticiero de Carmen Aristegui en MVS Radio, en donde ese partido ocupó 118 de los 361 minutos dedicados a campañas políticas, el 32.7% de dicho espacio.

En los noticieros de media tarde, Fórmula de la Tarde conducido por Ciro Gómez Leyva dedicó 40.7% de esos espacios al PAN, en tanto que Joaquín López Dóriga, también en Radio Fórmula, destinó 33.7% al mismo partido.

En noticieros seleccionados y que se difunden a partir de las 6 de la tarde, las preferencias fueron más variadas. José Cárdenas Informa, en Radio Fórmula, le dio el 42.5% de su espacio a las noticias del PAN y solo 13% al PRD. La tercera emisión de Hoy por Hoy en W Radio, con Salvador Camarena, asignó al PRD casi el 39% de tales informaciones.

Todos estos datos, que hemos organizado en los cuadros adjuntos, han sido tomados y/o calculados a partir de la información del IFE. Colocada en línea desde mediados de julio, esa información no había sido desmentida por ninguna empresa de comunicación varias semanas después.

Televisión ausente

De los noticieros de televisión que elegimos para este cotejo, el más interesado en las campañas fue Primero Noticias, que conduce Carlos Loret de Mola por las mañanas en el canal 2 de Televisa. Ese programa les dio a las informaciones electorales 102 minutos; de ellos, algo menos del 31% fue para el PAN y una cantidad casi idéntica para el PRI. El noticiero matutino de Canal Once le dio más espacio al PAN (26.9%) que al PRI (22.6%).

Por las tardes, la televisión ignoró las campañas. Info7, de Televisión Azteca, se interesó en las notas sobre ese tema únicamente durante 3 minutos. El Noticiero con Lolita Ayala, en canal 2, destinó 4 minutos a ese asunto durante los dos meses de campañas. Dos de esos minutos fueron para el PRI, pero tratándose de universos tan limitados los porcentajes pueden ser escasamente significativos.

Por las noches, los noticieros de televisión ofrecieron algún contraste. Casi el 30% de las informaciones en el espacio de Joaquín López Dóriga en el canal 2 fueron para el PRD y el 23% para el PRI. Menos del 21% del espacio de esa índole en el noticiero emblemático de Televisa reseñó la información de las campañas panistas.

En cambio las notas en Hechos, que conduce Javier Alatorre en canal 13, fueron en un 27% para el PAN y solamente en 16.8% para el PRI. Las Noticias con Adela, de Adela Micha en el canal 9 de Televisa, destinó al PRD el 39.9% de sus espacios de campañas, al PAN 38.4% y al PRI únicamente 14.1%.

La Corte condena a la Ley de Imprenta

Publicado en Zócalo del mes de agosto

La Suprema Corte de Justicia, a través de su Primera Sala, ha considerado que la Ley de Imprenta es confusa, vaga, ambigua e inaplicable y puede conducir a la criminalización de personas inocentes. Eso dijeron los ministros que conforman dicha Sala en la resolución a un juicio de amparo presentado por el editor de un periódico en Guanajuato que había sido condenado por infracciones a la Ley de Imprenta de esa entidad.

La decisión de la Corte se refiere al contenido de la Ley de Imprenta de Guanajuato. Pero como los primeros artículos de ese ordenamiento son idénticos a la Ley federal –salvo en un par de ajustes relacionados con su carácter estatal– se puede estimar que la severa reconvención que hacen los ministros es aplicable a la Ley de Imprenta que los mexicanos tenemos desde 1917.

La Ley analizada en el amparo en revisión 2004/2008, resuelto el 17 de junio pasado, concluye que sus artículos esenciales no permiten a los jueces “hacer el tipo de análisis global de los hechos exigible en estos casos”. Tampoco hacen posible “la necesaria distinción entre enjuiciamiento de hechos y enjuiciamiento de opiniones”. Esa legislación puede conducir a sancionar penalmente “a personas que no tenían intención de ofender, y por invasiones meramente eventuales, no actuales, del derecho a la intimidad y al derecho al honor”.

En la ponencia presentada por el ministro José Ramón Cosío y que los cinco integrantes de esa Sala aprobaron por unanimidad, se subraya que otro de los defectos de dicha legislación para los delitos de imprenta es la falta de criterios que establezcan distintos rangos de responsabilidad entre los profesionales que intervienen en la confección y publicación de una noticia: “la Ley permite criminalizar tanto a las personas que se expresan como al resto de intervinientes en la cadena de difusión de noticias y opiniones y se erige en una candidata idónea para generar autocensura y todo tipo de restricciones directas e indirectas a la libertad de expresión”.

Piedra angular

Todo eso dice la Corte acerca de la Ley de Guanajuato que como hemos indicado es, en los artículos que llamaron la atención de los ministros, copia textual de la Ley de Imprenta promulgada una semanas después de la Constitución de 1917.

El razonamiento que conduce a esas severas apreciaciones acerca de la legislación que aún tenemos para la prensa, se sustenta en una concepción moderna sobre el desempeño necesario  e los medios de comunicación. Tales medios, “juegan un papel esencial para el despliegue de la función colectiva de la libertad de expresión. La libertad de prensa es una piedra angular en el despliegue de la vertiente social o colectiva de las libertades de expresión e información. Los medios de comunicación social se cuentan entre los forjadores básicos de la opinión pública en las democracias actuales y es indispensable tengan aseguradas las condiciones para albergar las más diversas informaciones y opiniones”.

En esa resolución, los ministros no toman en cuenta la frecuente indisposición de los medios de comunicación para cumplir con tan significativas responsabilidades sociales. La preocupación central del documento es cómo garantizar la libertad de prensa frente a los reclamos que podían vulnerarla argumentando que lesiona la vida privada de algunos ciudadanos. Importante por el tema del cual se ocupa, la sentencia tiene sesgos discutibles debido a la contradicción permanente entre el derecho de la sociedad a enterarse de asuntos que le pueden resultar de interés y el derecho de los individuos a que su privacía sea respetada.

El 23 de diciembre de 2004 el periódico La Antorcha que circula en Acámbaro, Guanajuato, publicó declaraciones del ex chofer del presidente municipal de esa localidad. El chofer, Rafael García, había sido acusado de robar gasolina por 30 mil pesos. En respuesta a esas imputaciones, le dijo a un reportero de ese periódico que cuando trabajaba para el ayuntamiento lo obligaban a hacer encargos para la familia del presidente municipal. A una pregunta del periódico acerca de los encargos de ese funcionario que se había rehusado a cumplir, respondió: “Bueno, un día estando en el hotel en la ciudad de México, se tendió desnudo en la cama y me pidió que le sobara la espalda. Ahí sí le dije ‘oiga, no’ ”.

La publicación de esa entrevista llevó al entonces presidente municipal de Acámbaro a presentar una denuncia penal contra el director de La Antorcha, Jesús Orozco Herrera, porque consideró que le causaba deshonra, descrédito y perjuicio. En enero de 2007 un juez en esa población le impuso al periodista una pena de tres años y un mes de prisión que podría conmutarse por trabajo comunitario.

Orozco Herrera presentó una apelación que un año más tarde, a comienzos de 2008, le resultó desfavorable. Entonces solicitó un amparo que inicialmente le fue negado y que ante una segunda apelación fue recibido por la Suprema Corte en noviembre de 2008.

Privacidad y publicidad

En la sentencia que comentamos, la Corte observa que hay temas que, si bien se refieren a la vida privada, resultan de interés público: “no es cierto que por el solo hecho de referirse a asuntos sexuales de la vida de las personas, ciertos hechos o afirmaciones caigan dentro de un ámbito inquebrantable e intocable de privacidad, de manera que cualquier conducta que pueda ser vista como una mínima afectación a ellos, deba ser por esa razón duramente sancionada, hasta por medios penales, con independencia de cualquier otra consideración”.

Después de una interesante disquisición sobre el valor que tiene la libertad de expresión, la sentencia de la Corte recuerda que los funcionarios que ocupan cargos públicos se han expuesto voluntariamente al escrutinio y la crítica de la sociedad. Respaldada por organismos como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, la cual es citada en dicho documento, esa postura ha sido sostenida en México por el Tribunal Federal Electoral.

La índole de sus actividades coloca a los funcionarios públicos bajo la mirada exigente de los ciudadanos. El dilema es si todas las actividades privadas de un funcionario público han de estar sujetas a la inspección de la sociedad o, planteado de otra manera, hasta dónde queda protegida la privacía de quienes ocupan un alto cargo público.

La Primera Sala de la Corte subraya, al respecto: “las personas que desempeñan o han desempeñado responsabilidades públicas… así como los candidatos a desempeñarlas, tienen un derecho a la intimidad y al honor con menos resistencia normativa general que el que asiste a los ciudadanos ordinarios frente a la actuación de los medios de comunicación de masas en ejercicio de los derechos a expresarse e informar”.

Esa menor resistencia, será siempre motivo de consideraciones subjetivas. En su sentencia, la Corte sostiene que el Tribunal Colegiado que le negó el amparo al periodista Orozco Herrera debía haber tomado en cuenta la exposición peculiar que el presidente municipal, por el hecho de ejercer ese cargo, tiene a la crítica pública. También, indica, se debía haber considerado que posiblemente la entrevista publicada en La Antorcha “constituyera, precisamente, el ejercicio por parte del chofer del derecho a replicar a las manifestaciones y acusaciones previas del citado Presidente”.

Pero ¿qué ocurre si esas afirmaciones del chofer fueron calumniosas y, puesto que eran una respuesta a las imputaciones de robo, buscaron afectar la fama pública del presidente municipal? ¿De qué manera beneficia a la sociedad conocer las afirmaciones sobre la supuesta escena que habrían protagonizado en un hotel el mencionado funcionario y el chofer?

La Primera Sala resolvió amparar al periodista Jesús Orozco Herrera y desechar la sentencia que lo condenaba. Pero en el sin duda meritorio interés para reivindicar la libertad de imprenta, la Corte dejó sin resolver de qué manera se puede garantizar el derecho al honor y a la privacía que, como ciudadanos que no dejan de ser, tienen los funcionarios públicos.

“Demasiado abierta”

Más allá del desenlace judicial del caso que hemos reseñado, la sentencia de la Corte alcanza indudable relevancia por las posiciones que establece acerca de la Ley de Imprenta. En el primer artículo de esa ley, se dice allí, hay una “patente falta de claridad” pero además se refiere a los “ ‘ataques a la vida privada’ cuando lo que describe en realidad son conductas atentatorias del derecho al honor”.

Ese artículo, considera que infringe la vida privada “Toda manifestación o expresión maliciosa… que expuesta o circulando en público… exponga a una persona al odio, desprecio o ridículo, o pueda causarle demérito o en su reputación o en sus intereses”. Con esos términos, la Ley de Imprenta “criminaliza incluso casos en los que la afectación a la buena reputación es puramente eventual”, considera la Corte. Además, cuando establece que se trata de daños que las personas pueden sufrir “en sus intereses”, dicha Ley “deja el tipo penal totalmente abierto”. Se trata de una legislación “vaga, ambigua, demasiado amplia y abierta”.

El dictamen de la Corte evalúa con la misma dureza otros artículos de la Ley de Imprenta y concluye  con las preocupaciones, señaladas al comienzo de esta nota, sobre los riesgos que implica para la libertad de expresión.

Se trata, insistimos, de observaciones que la Corte hace a la Ley de Imprenta de Guanajuato. Pero como en tales artículos esa ley estatal es calca de la Ley de Imprenta de carácter federal, los señalamientos del máximo tribunal mexicano son un llamado de atención, severo y urgente, que va más allá de la legislación en Guanajuato.

Aunque los ministros no lo dicen, los destinatarios de tal señalamiento tendrían que ser los legisladores locales y federales. La Ley de Imprenta y los ordenamientos estatales que replican sus contenidos deberían ser derogados. La libertad de expresión en la prensa y otros medios requiere de disposiciones claras, actuales y que no establezcan sanciones penales sino administrativas para los delitos de información. Los derechos de los ciudadanos tendrían que ser equilibrados con el derecho de la sociedad a conocer plenamente los asuntos de interés público. La Corte ya condenó a la Ley de Imprenta. Ahora falta que se entere el Poder Legislativo.

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Dos décadas de “El fin justifica a los medios”

Mañana martes por la noche, cuando difundan su emisión de aniversario, los productores del programa “El fin justifica a los medios” tendrán que reconocer que, más allá del lugar común, el argentino Alfredo Le Pera no tenía razón cuando escribió que veinte años no es nada. Claro que son muchos años, sobre todo cuando transcurren de manera creativa pero sin descuidar la continuidad de una labor que para alcanzar sentido ha de mantenerse día tras día, en este caso semana tras semana. 20 años en cualquier actividad profesional son más que considerables. Pero en un medio de comunicación, que exige renovación frecuente para no estancarse, son el indicio de un trabajo sostenido, meritorio y útil.

Tales son los años que, en su emisión de este martes 8 de septiembre, cumple el programa que fundó y dirige desde entonces Graciela Ramírez Romero. Durante dos décadas, “El fin justica a los medios” ha sido un espacio abierto a la reflexión, a la innovación y desde luego a la crítica acerca de los medios de comunicación en este país. Esa labor le ha permitido no solamente ser el programa de ese corte con mayor antigüedad en los medios electrónicos mexicanos sino, además, el más prestigiado y escuchado.

Cierta dosis de audacia y confianza, junto con un interés por el análisis de los medios que ya había manifestado en otras tareas profesionales y políticas, llevaron hace 20 años a Graciela Ramírez a promover con entusiasmo un programa especializado en medios de comunicación. Estábamos en el primer año del gobierno de Carlos Salinas y las políticas mediáticas del Estado mexicano ya comenzaban a ser contradictorias aunque novedosas.

El desarrollo de la sociedad mexicana y la crispación de la clase política que habían conducido a entrampamientos como la elección presidencial de 1988, conducían al gobierno a reconocer la necesidad de admitir e incluso propiciar condiciones para la apertura de los medios de comunicación. El diario del gobierno, El Nacional, experimentaba una renovación inesperada (que duraría unos cuantos años) y en algunos aspectos se desempeñaba más bien como diario del Estado. El gobierno carecía de una política para los medios electrónicos a su cargo, pero en términos generales dejaba hacer a sus directores y productores. Había episodios de censura, tanto en medios estatales como en espacios de carácter comercial, pero también se abrían paso expresiones críticas muy variadas. El gobierno del presidente Salinas terminaría por deshacerse de la mayor parte de las televisoras a su cargo (en 1993 culminó el proceso de venta de Imevisión, que se convertiría en Televisión Azteca) pero conservó las radiodifusoras.

Radio Educación había sido un espacio incómodo pero interesante para los operadores a cargo de los medios en el gobierno federal. Las simpatías políticas de quienes hacían los noticieros y comentarios sobre asuntos de actualidad en esa emisora, estuvieron cargadas a favor de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, a pesar de la disciplina priista que procuraba imponer el entonces director de la emisora, Héctor Murillo. Por eso el nuevo director de Radio Educación, Alejandro Montaño, designado a comienzos del sexenio salinista, tendría que hacer radio pero también política tanto dentro como fuera de la emisora.

En ese contexto, la iniciativa de Graciela Ramírez para crear un nuevo programa, destinado exclusivamente al examen de los medios, era una prueba para la pluralidad de esa radiodifusora pero también para la capacidad analítica que supieran inyectarle sus productores. Desde el principio, se apoyaron en el trabajo y las opiniones de los profesores e investigadores que, desde las universidades, se ocupan de los medios como tema de estudio y que de esa manera han tenido en el programa una respetable tribuna. Productores y radiodifusores, editores y especialistas en asuntos tecnológicos y desde luego periodistas preocupados por los problemas de ese oficio han sido, también, concurrentes habituales a ese espacio que se transmite por martes de 9.30 a 10.30 de la noche.

Cuando “El fin justifica a los medios” comenzó a transmitirse, el dueño de la televisión privada en México se consideraba soldado del PRI, los diarios se nutrían del papel subsidiado por la empresa estatal PIPSA y en la radio apenas despuntaban expresiones aisladas de diversidad política. En esos años la información digital era casi inexistente, los teléfonos celulares eran pesados y voluminosos, Internet no había nacido. Pero ya desde entonces era claro el peso político que adquirían los medios de comunicación, la opacidad y la casi total ausencia de diversidad definía a las televisoras y radiodifusoras mexicanas, Televisa acaparaba audiencias con una programación ramplona.

“El fin justifica a los medios” en realidad ha sostenido lo contrario de la actitud pragmática que su nombre sugiere. Ninguna coartada utilitaria acredita el desempeño unilateral que suelen tener muchos medios de comunicación, sobre todo cuando privilegian el negocio sobre el servicio. Esa ha sido una de las inquietudes del programa, en donde también tienen voz los radioescuchas.

Actualmente, además de transmitirse en Radio Educación (1060 khz en AM) “El fin justifica a los medios” es difundido por Radio XEBCS en Baja California Sur, Radio Torreón en la Comarca Lagunera en Coahuila, Radio Querétaro, UFM Alterna 6.1 de la Universidad Autónoma de Morelos, Radio Altiplano en Tlaxcala y Radio Universidad de Yucatán. Esa señal es propagada por el Canal 2 de Edusat y también se le puede escuchar por Internet (www.radioeducacion.edu.mx.

En estos 20 años, a Graciela Ramírez la han apoyado diversos conductores, asistentes y comentaristas. El programa ha sido, además, una pequeña escuela radiofónica para numerosos estudiantes que han realizado allí su servicio social. Hoy en día la conducción  del “El fin justifica a los medios” está a cargo de Cinthia Lazcano y José Ángel Domínguez, la información del segmento de noticias dentro del programa la prepara Ángeles Medina, en la asistencia de producción se encuentra Karen López y en la musicalización, Vicente Morales. Los comentaristas regulares que actualmente ocupan segmentos en el programa son Aleida Calleja, promotora de las radios comunitarias; Carmen Gómez Mont, especialista en usos sociales de las nuevas tecnologías; Fernando Mejía Barquera, prestigiado estudioso de la radiodifusión mexicana y columnista en Milenio y Jenaro Villamil, enterado periodista de la revista Proceso.

Bien aprovechados como le ha sucedido a ese programa, 20 años son abundante motivo de satisfacción pero seguramente resultan insuficientes. “El fin justifica a los medios” entra a su tercera década en un panorama global de cambios mediáticos que apenas comienzan a experimentarse en México.

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Manufacturas mediáticas

La historia de Wallace Souza ha dado la vuelta al mundo. En todos los idiomas y latitudes se han esparcido asombros y, luego, se han construido puntuales moralejas sobre los riesgos de la avidez mediática, los frágiles linderos entre la realdad y sus reconstrucciones y las distorsiones a las que llevan al periodismo el afán por ganar notoriedad.

Wallace Souza es uno de los conductores de televisión más populares en la región amazónica de Brasil. Durante dos décadas, dirigió y presentó el programa “Canal Livre TV”, de marcado sensacionalismo y especializado en nota roja. Además de las descripciones escandalosas y las escenas sangrientas que solía presentar, el programa obtuvo notoriedad porque sus reporteros llegaban antes que nadie a las escenas de los crímenes que difundirían con tanta profusión.

El periodismo que realizaba, puede ejemplificarse en esta narración de uno de los reporteros de “Canal Livre TV” cuando va caminando a través de la selva para llegar hasta un cadáver carbonizado: “Huele como a barbacoa. Es un hombre. Tiene el olor de la carne quemada. La impresión es que fue en las primeras horas… fue una ejecución”.

La fama que alcanzó, llevó a Souza a incursionar en política. En 1998 fue electo diputado local y ha sido reelecto en varias ocasiones. Actualmente es miembro del Partido Progresista y en las elecciones más recientes fue el diputado que recibió más votos en el estado de Amazonas.

Ahora, sin embargo, Souza está en problemas porque ha sido acusado de ordenar varios asesinatos para luego tener la exclusiva periodística acerca de ellos.

De ser ciertas esas imputaciones, Souza habría encarnado los más drásticos estereotipos que acusan a la televisión de inventar la realidad. El rating de “Canal Livre TV” habría sido obtenido a fuerza de suscitar y no solamente registrar los acontecimientos. Los homicidios que sus reporteros acudían a cubrir con tanta presteza, habrían sido perpetrados por sicarios a sueldo de Souza. El mérito periodístico habría sido desplazado, entonces, por una diabólica mentalidad criminal ávida de éxito mediático.

Antes de sobresalir en televisión, Wallace Souza fue policía. Ahora él y varios de sus colaboradores están acusados de fabricar crímenes para luego difundirlos. Además se le ha vinculado con actividades de narcotráfico. Su hijo de 26 años está preso, acusado de homicidio y tráfico de drogas.

En todo el mundo han proliferado comentarios, ora sorprendidos, a veces moralistas, las más de las ocasiones a medio camino entre la prédica y el estupor, a propósito de los crímenes de los que se acusa a Wallace Souza. Uno de los más inteligentes ha sido el artículo de Mario Vargas Llosa, ayer domingo en el diario madrileño El País. Después de jugar con la posibilidad de que los crímenes que habría cometido no fueran únicamente culpa de Wallace Souza sino del sistema mediático del que ha sido estrella, beneficiario y ahora víctima, el novelista peruano comenta:

“Si Wallace Souza cometió esos crímenes sólo para convertirlos en imágenes, es evidente que, para él y para sus espectadores –aunque éstos fueran menos conscientes de ello que él– la realidad real era menos importante, meramente subsidiaria o pretexto, de la realidad reflejada por las cámaras, las que, con su perfecta adecuación a los gustos del público, la recomponía, purgaba y recreaba de tal modo que fuera algo que la realidad real lo es sólo muy de cuando en cuando: excitante, terrible, divertida”.

Pero no solamente los presuntos crímenes ordenados por Wallace Souza y su posterior presentación televisiva han sido engranajes de ese juego permanente entre la “realidad real” y que resulta de las fabricaciones mediáticas. También las acusaciones contra ese conductor televisivo y legislador brasileño han desatado un intenso cuan lucrativo circo mediático.

Para indagar las imputaciones criminales contra Souza, la Asamblea Legislativa del Amazonas encargó una indagación a varios de sus integrantes. Los resultados de esa pesquisa se conocerán en los próximos días. Por lo pronto la semana pasada, entrevistado en Manaos, Souza negó esas acusaciones. No es sorprendente que lo hiciera. Pero al parecer no es el único en defender su inocencia. El diputado estatal Libertan Moreno, relator del proceso que se sigue contra Souza por atentar contra el decoro parlamentario, declaró el viernes pasado que los elementos presentados por la defensa contradicen las acusaciones iniciales a tal grado que, a varias de ellas, las “derrumban completamente”.

La inocencia del diputado y periodista Souza no ha sido demostrada. Pero su culpabilidad tampoco. Sin embargo el tribunal mediático, que en este caso ha sido global y sumario, no solamente ya lo condenó sino que extrajo ingeniosas moralejas a partir de los crímenes –siempre en busca del idolatrado rating– que posiblemente Wallace Souza cometió, pero posiblemente no.

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Narcomensajes

Publicado en Nexos,  julio de 2009

También el Caramuela llevaba tapabocas. Capturado a fines de abril Gregorio Sauceda Gamboa, jefe en Matamoros del Cártel del Golfo, fue traído a la ciudad de México para cumplir con el ritual mediático que se despliega cada vez que se anuncia un golpe policiaco. Flanqueado por varios soldados, el Caramuela enfilaba su mirada dura hacia los fotógrafos que capturaban la escena. Aunque él lo tenía enrollado en el cuello, tanto sus guardianes como el narcotraficante portaban cubrebocas, igual que millones de mexicanos en esos días.

La epidemia que agobió al país no impidió la exhibición de ese nuevo logro en el combate al narcotráfico. Sin duda era una aprehensión relevante. Pero además las autoridades querían ufanarse de ese encarcelamiento porque la legitimación televisiva se ha convertido en una de sus prioridades.

La costumbre de exhibir como piezas de caza a los delincuentes capturados se ha convertido en parte de la cultura social y mediática sin que nadie le encuentre reparos. Desde que, en los años 60, el mítico y pedestre semanario Alarma introducía a sus fotógrafos a los separos judiciales para registrar la catadura de los criminales más atroces, se generalizó la costumbre de acompañar los éxitos policiacos con una dramatizada dosis de registros mediáticos.

El afán para cortejar a los medios con revelaciones y filtraciones, siempre en busca de espacios destacados, ha llevado a las autoridades policiacas a deformar sus propias acciones como en diciembre de 2005, cuando armaron un montaje para que las televisoras transmitieran en directo la pretendida aprehensión de una pandilla de secuestradores… que habían sido detenidos varias horas antes (en esa ocasión fue capturada la francesa Florence Cassez, cómplice de aquella banda).

A los jefes del narcotráfico también les ha seducido la exposición en los medios. A veces para amagar a las pandillas rivales y también para inyectar más temor en una sociedad abrumada de hechos delincuenciales, algunos capos buscan resonancia mediática para sus crímenes.

Los recados que dejan junto a sus víctimas tienen como destinatarios a otros delincuentes, o a las autoridades, pero también a televidentes y lectores de diarios. La policía les da publicidad cuando preserva los escenarios criminales y propicia que fotógrafos y camarógrafos retraten cabezas cercenadas y otras expresiones de la brutal acción de esas pandillas.

La política de comunicación de los narcos los ha llevado a colocar mantas en vías públicas para amenazar a Ejército y mandos policiacos. En todo el país, medios electrónicos e impresos reproducen con docilidad esos mensajes. Editores y jefes de redacción suelen argumentar que, aunque despreciables y desagradables, las mantas de los narcotraficantes y las fotografías de sus crímenes son noticia. Sin duda allí hay noticia, pero los medios de comunicación nunca son intermediarios asépticos y acríticos de los contenidos que reproducen.

Al colocarlas en primeras planas o al destacarlas en los noticieros, los medios que actúan de esa manera se convierten en voceros de los delincuentes. A veces lo hacen por miedo. En Tamaulipas y Sinaloa, varias redacciones han sido atacadas como represalia por la publicación o la omisión de noticias alusivas a los narcos. El asesinato y la desaparición de varios periodistas han tenido la misma causa.

El temor de los editores y reporteros que no quieren ser instrumento pero tampoco víctimas de los delincuentes, en algunos casos los ha llevado a abstenerse de publicar cualquier información relacionada con el narcotráfico. No siempre pueden cumplir ese propósito. En otras ocasiones, sobre todo en diarios y televisoras de la ciudad de México el afán de espectacularidad, cobijado en la coartada de que se trata de hechos que son noticia, conduce a la difusión de imágenes de extrema violencia.

Tales escenas se han vuelto tan frecuentes que no pocos lectores y televidentes han perdido capacidad de asombro e indignación ante ellas.  Por otra parte en ocasiones los reporteros, al mimetizarse con la picaresca del submundo del narcotráfico o al contribuir ellos mismos a vulgarizarla, trivializan los hechos criminales. Cuando la prensa propagó complacientemente el seudónimo de “El pozolero” –el individuo que según se dijo se dedicaba a desintegrar con sosa cáustica los cadáveres de víctimas del cártel de Tijuana– creó una nueva leyenda delincuencial en lugar de contribuir a la condena social de esos crímenes.

Para informar sin ser rehenes del morbo ni de los cárteles, los medios podrían establecer algunas normas de conducta editorial: negarse a publicar imágenes escabrosas y a reproducir textualmente mensajes de los delincuentes, destinar a páginas interiores o a segmentos no relevantes las noticias de esa índole, rechazar los rumores, evitar hacer panegírico de los delincuentes. Esas medidas tendrían eficacia solamente si todos los medios se adhirieran a ellas y las cumplieran. Lamentablemente los periódicos y las televisoras, tan quisquillosos como son cuando se les proponen parámetros éticos, siguen rehusándose a un compromiso así.