Una iniciativa digna de toda sospecha

Publicado en Zócalo, diciembre de 2013

Radios comunitarias e indígenas, discriminadas en la iniciativa Carpinteyro. Ilustración tomada de elciudadano.cl
Radios comunitarias e indígenas, discriminadas en la iniciativa Carpinteyro. Ilustración tomada de elciudadano.cl

Si la reforma constitucional es respetada, pronto tendremos una legislación completa, moderna y sobre todo sustentada en el interés público, para las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Nótese el carácter condicional de la optimista afirmación anterior. Para que la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión cumpla con las expectativas que ha suscitado la reciente reforma constitucional hace falta que los diputados y senadores respeten las enmiendas a la carta magna que ellos mismos aprobaron apenas en la primavera pasada. Haría falta mucha incongruencia para que no lo hicieran así. Pero no han sido escasas las insistencias de los consorcios mediáticos y telefónicos para enmendar en la ley reglamentaria algunas de las reformas constitucionales que limitan sustancialmente la capacidad que han tenido para acaparar los mercados de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Sigue leyendo

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Discutir a los medios

Publicado en Eje Central

Los he encontrado varias veces en los días recientes. Suben al vagón del metro por parejas, aunque ayer me tocó ver a uno solo, y de inmediato se distinguen de los vendedores de chácharas y chucherías que abordan en cada estación. Repiten con voz recia una arenga acerca de los medios de comunicación: “instrumentos de dominación”, “cerco informativo”, “la tele de Azcárraga”, “contra publicidad”, “alarmismo de la prensa”, “manipulación”. Se trata de una proclama enfática y exigente, apocalíptica, de esas que ya casi no se escuchan acerca de los medios de comunicación porque muchos de quienes las pregonaban se han resignado o consideran que no hay que descalificarlos, o calificarlos, a todos por igual.

Carmen Aristegui y Miguel Ángel Granados Chapa estarán en el Encuentro. Foto tomada de http://www.univisionsandiego.com

El pretexto de esos muchachos es vender una pequeña revista llamada El Salto, que tiene por subtítulo “Despertando a México”. Van de un convoy a otro con la misma cantinela pero a diferencia del resto de los vendedores, que se atropellan diciendo unas cuantas frases y salen a toda prisa porque cada vagón es oportunidad de encontrar nuevos clientes, estos jóvenes se demoran varias estaciones porfiando en su largo discurso. Así, las frases calcadas de Chomsky y otros tremendistas pero insistentes críticos de los medios convencionales, que antes encontrábamos solamente en la prensa especializada, se repiten en el Metro.  Sigue leyendo

Todos somos Héctor Camero

Publicado en eje central

Hace casi 10 años, el doctor Héctor Camero cambió el bisturí por el micrófono. Esa decisión lo tiene a un paso de la cárcel, como resultado de la persecución que el gobierno federal ha decidido mantener contra la Radiodifusora Tierra y Libertad en Monterrey, Nuevo León.

Héctor Camero relata la historia de Radio Tierra y Libertad  Sigue leyendo

Cuando comunicar se vuelve un crimen

Suena muy drástico y parece difícil de creer, pero el gobierno del presidente Felipe Calderón ha resuelto, en algunos casos, criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión. Eso significa que hay mexicanos a quienes, por ejercer ese derecho, podrían meterlos a la cárcel.

Nos referimos a la suerte que están a punto de padecer ciudadanos como Rosa Cruz en Ocumicho, Michoacán y Héctor Camero en Monterrey, Nuevo León. Ambos, con trayectorias, experiencia y en contextos diferentes, forman parte de sendos proyectos de radiodifusión comunitaria que han sido perseguidos por el gobierno federal porque no tienen permiso para transmitir.

El primero de junio pasado Camero, que  es promotor de la radiodifusora comunitaria Tierra y Libertad, fue consignado por el Ministerio Público federal por delitos que tipifica la Ley General de Bienes Nacionales. Sigue en libertad gracias a un amparo judicial. Esa radiodifusora funcionaba desde hace siete años en la mencionada comunidad, de larga tradición en el movimiento por la democracia en las colonias populares. El 8 de junio de 2008, fue ocupada por 200 policías federales mientras varios niños de la radiodifusora transmitían un programa infantil.

Radio Tierra y Libertad solicitó desde 2002 su regularización como emisora permisionada, pero el gobierno federal no auspició el avance de esos trámites. En 2005 fueron legalizadas varias radios de esa índole en diversos sitios del país, mas esa decisión no alcanzó a beneficiar a la emisora regiomontana.

La gracia de la regularización dispuesta por el gobierno del presidente Fox tampoco llegó a Ocumicho, el poblado purépecha en donde funcionaba Radio Uekakua. Las transmisiones en esa lengua se habían convertido en punto de referencia para la comunidad, lo cual hacía patente el servicio social que ofrecía esa emisora.

También esa estación gestionaba su regularización legal desde 2002. Sin embargo el 29 de enero pasado un centenar de agentes de la AFI y otras corporaciones llegó a desmantelar la emisora porque operaba sin consentimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Un comunicado de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y otras agrupaciones que se distribuirá el día de hoy relata cómo fue esa operación contra la emisora: “Con uso desmedido de la fuerza procedieron al cierre en una comunidad de apenas 3 mil habitantes. Los elementos policíacos amedrentaron a los niños que se encontraban en ese momento en la estación, amenazaron a las mujeres con golpearlas, le taparon la boca a una menor y le lastimaron la mano, y una señora fue arrastrada violentamente de la radio”.

El testimonio de una de las muchachas amedrentadas en esa acción puede encontrarse en YouTube. La peor parte la llevó Rosa Cruz, que colaboraba en Radio Uekakua y a la cual los agentes que allanaron la modesta radiodifusora hicieron responsable de las transmisiones sin el permiso legal.

Convertida en culpable por esa decisión la señora Cruz, que apenas habla castellano, recibió hace 10 días una orden para comparecer en la oficina del Ministerio Público en Uruapan que la considera “indiciada” por explotar un bien que es propiedad de la nación. Ese delito, establecido en la Ley General de Bienes Nacionales (artículos 149 y 150) se castiga con prisión de 2 a 12 años y multa de hasta mil veces el salario mínimo.

Así es como Rosa Cruz, una indígena purépecha que colaboraba en la difusión de mensajes radiofónicos para su comunidad, lo mismo que el doctor Héctor Camero, dirigente de la Asociación Civil Tierra y Libertad de Monterrey, están en riesgo de ir a prisión. La causa de ese encarcelamiento sería la participación que han tenido en la radiodifusión comunitaria.

Esas emisoras operaban sin autorización legal. Pero nunca desconocieron tal irregularidad e, igual que otras en esas condiciones, quisieron normalizar su condición jurídica. En varias ocasiones, cuando querían sancionar a las radiodifusoras comunitarias las autoridades imponían medidas administrativas que llegaban a la incautación del equipo de transmisión.

Desde hace algunos meses, sin embargo, el gobierno federal endureció su actitud hacia las radios comunitarias y decidió acusarlas por transgresión a la mencionada Ley de Bienes Nacionales que implica penas corporales.

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuya dependencia presentó la denuncia que ha conducido a esas acciones legales, no parece tener disposición alguna para reconocer el derecho a la comunicación de indígenas como los de Ocumicho, o luchadores sociales como los de Tierra y Libertad.

La Procuraduría General de la República, por su parte, envió un centenar de agentes el 1 de febrero pasado a intervenir las instalaciones de la radio en Ocumicho, en donde encontraron –y maltrataron– a varias mujeres y algunos niños. Esa presteza, las autoridades federales no la han tenido para resolver el crimen de Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, de 22 y 24 años, las locutoras de la radiodifusora triqui “La voz que rompe el silencio” que fueron emboscadas y asesinadas el 7 de abril del año pasado en Santiago Juxtlahuaca, en Oaxaca.

¿Por qué el gobierno federal interrumpió el proceso de regularización legal de las radios comunitarias que había comenzado el sexenio anterior? ¿Por qué en vez de sanciones administrativas la Secretaría de Gobernación decidió perseguir a integrantes de esas radiodifusoras con acusaciones que de prosperar los llevarían al encarcelamiento? ¿Por qué se acosa con tanta saña a quienes, con las estaciones comunitarias, no hacen más que abrir espacios de expresión que, entre otras cosas, sirven como distensión a los conflictos sociales?

Esas preguntas quedan desplazadas por una más elemental, que formula una de las indígenas que con grandes sacrificios contribuyeron a instalar la radiodifusora en Ocumicho y que, después de ser maltratada por agentes federales y emplazada por el Ministerio Público, pregunta, simple y directamente en otro video: “¿Por qué el gobierno nos trata tan mal?”.

Publicado en eje central

Discúlpese, subprocurador

La Crónica, 15 de mayo

Desinformado, ignorante y grosero, el subprocurador Juan de Dios Castro Lozano se comportó con alarmante patanería el día que recibió a los representantes de una docena de organismos internacionales que vinieron a México para indagar atentados recientes contra periodistas y la libertad de expresión.

Era el 21 de abril pasado. Ese día se cumplían dos semanas del asesinato de las jóvenes locutoras, indígenas triquis ambas, de la radiodifusora comunitaria “La voz que rompe el silencio” en San Juan Copala, en Oaxaca. Era natural que ese episodio, hasta el día de hoy impune, dominara el interés de los delegados de organismos como el International Press Institute, Reporteros sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa,

También era explicable que, en vista de que las asesinadas formaban parte de una radiodifusora indígena, una de las voces más atendibles en esa reunión fuera la de Aleida Calleja, la inteligente vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y protagonista central del reciente empeño de esas emisoras para obtener su regularización en México.

Los delegados de la misión internacional que visitaba nuestro país durante la tercera semana de abril se habían entrevistado con periodistas y funcionarios de diversas instituciones. En ese recorrido era de especial importancia su encuentro con la autoridad del gobierno mexicano expresamente responsable de los temas que les interesan. Castro Lozano es subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad en la Procuraduría General de la República. Era posible suponer que pocos, como él, estarían minuciosamente enterados de episodios de persecución a comunicadores como el que desembocó en el asesinato de las locutoras indígenas Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores.

Pero no. En aquella reunión el subprocurador Juan de Dios Castro manifestó una inquietante intolerancia, además de una patética ignorancia sobre asuntos en los que tendría obligación de estar bien informado.

Ante la insistencia de la representante de las radios comunitarias para subrayar que el asesinato de las locutoras triquis era una agresión contra periodistas, Castro se empeñó en regatearles esa condición. No eran mas que amas de casa, subrayó. ¿O qué, acaso tenían contrato como periodistas? Con paciencia franciscana, Calleja le explicó que en México para ser periodista no hace falta tener credencial, o una relación contractual formalizada de esa manera.

Esas aclaraciones tendrían que haber sido innecesarias porque entre los derechos humanos, de cuya reivindicación en la PGR es responsable el licenciado Castro, están los derechos de los periodistas. Ahora sabemos que para el subprocurador esa calidad profesional únicamente se alcanza cuando hay un contrato de por medio. Pero no es así como funcionan los medios de comunicación en México en donde, incluso cuando hay grandes sindicatos como en la radiodifusión, es infrecuente la existencia de contratos entre los periodistas y las empresas que difunden su trabajo.

El subprocurador cuestionó entonces la irregularidad de “La voz que rompe el silencio”, que no ha obtenido permiso legal para transmitir. Pero no era esa falta administrativa, sino el asesinato de dos locutoras lo que buscaba indagar la delegación de organismos entre los cuales también había representantes de las organizaciones Artículo 19, la Fundación para la Libertad de Prensa y la Federación Internacional de Periodistas. Sería terrible que, para Castro Lozano, el hecho de que la Secretaría de Comunicaciones no haya expedido el permiso de esa estación justificase el crimen contra las dos comunicadoras.

Pillado en falta una y otra vez, Castro Lozano dijo entonces que esos asesinatos ocurrieron en un estado en donde el gobernador forma filas en un partido que apoya a las radios comunitarias. El subprocurador suponía que el crimen por cuyas indagaciones le iban a solicitar explicaciones se había cometido en Guerrero, y no en Oaxaca.

El municipio en donde se encuentra San Juan Copala es Putla de Guerrero. Ese nombre llevó a la confusión de Juan de Dios Castro. Es entendible, pero aun así resulta inadmisible, que hubiera recibido a la delegación que lo visitaba sin documentarse acerca de los asuntos que iban a plantearle. Todavía más preocupante es el hecho de que, siendo responsable del área del gobierno mexicano destinada a indagar agresiones contra periodistas –la Fiscalía Especial de la PGR para esos asuntos depende del subprocurador Castro Lozano– ese funcionario ignorase en qué estado ocurrió el asesinato de las locutoras indígenas.

Encrespado el encuentro debido a los reiterados yerros del subprocurador, sus visitantes querían distender la conversación. Calleja le insistió en la pertinencia de las preocupaciones que le habían ido a manifestar y subrayó: “no veo, licenciado Castro, por qué nos trata como si fuéramos enemigos del Estado”.

En vez de aprovechar esa oportunidad para enderezar la reunión, el subprocurador la utilizó para ahondar sus diferencias con los delegados internacionales que habían acudido a su oficina y especialmente con la vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias:

-“¡Usted sí. Usted es enemiga del Estado por las afirmaciones que hace!”, le recriminó Juan de Dios Castro a Aleida Calleja.

No obstante la estupefacción de sus interlocutores y la incomodidad evidente entre los visitantes internacionales, Castro no quiso entender las dimensiones del despropósito en el que había incurrido. Más tarde, para que no quedase duda –y de acuerdo con la crónica del reportero Álvaro Delgado publicada en Proceso del 4 de mayo– le hizo al representante del organismo internacional Capítulo 19, Darío Ramírez, el siguiente comentario acerca de Calleja; “Porque es mujer le tengo consideración y, además, está hablando con el subprocurador”.

Así que por dictamen del subprocurador de la PGR, la destacada ciudadana Aleida Calleja es enemiga del Estado mexicano.

Difícilmente el licenciado Castro Lozano habría podido enderezar esa descalificación de manera tan desafortunada e injusta.

La trayectoria de Aleida Calleja es pública y no hace falta que se le reivindique recordando episodios como el meritorio esfuerzo que encabezó hace un tres años para obtener la legalización de una docena de radiodifusoras comunitarias. Basta decir que, lejos de la paranoia o la perplejidad del subprocurador, las de esa acreditada luchadora social han sido convicciones plenamente identificadas con la reivindicación de las instituciones públicas y del Estado en nuestro país.

Fue precisamente la confianza en la capacidad del Estado y de las leyes, con todo y sus imperfecciones, lo que llevó a varias radios comunitarias a buscar su regularización jurídica hace algunos años. Ha sido esa certidumbre la que ha orientado el denuedo de Calleja y de muchos de sus compañeros que hoy pugnan por la existencia de una legislación que, entre sus reconocimientos a la diversidad deseable en la radiodifusión, ofrezca garantías a medios de comunicación de naturaleza comunitaria.

Así que lejos de estar enemistada con el Estado, Aleida Calleja es de las ciudadanas gracias a quienes todavía hay esperanzas para que el Estado en México represente de manera cabal a la sociedad.

Por eso las acusaciones que le endosó el subprocurador Juan de Dios Castro resultan especialmente inaceptables. Por eso las organizaciones internacionales cuyos representantes fueron agredidos, junto con Calleja, por ese funcionario, le han dirigido al presidente Felipe Calderón una carta razonadamente indignada en donde exigen una explicación y una disculpa pública del gobierno federal.

“Los miembros de la Misión Internacional –dice esa misiva– desean externar su preocupación ante la acusación realizada por el Subprocurador a una de las delegadas, así como la falta de profesionalismo que denotan los comentarios del titular de la Subprocuraduría, pues sus afirmaciones en torno al caso de las periodistas asesinadas fueron de mucha imprecisión, así como la falta de disposición percibida en la investigación y protección a periodistas. Lo sucedido nos parece grave cuando la acusación fue hecha por un funcionario de alto nivel y es el encargado de los derechos humanos y atención a víctimas del delito”.

Dislate o desliz, la actitud de Juan de Dios Castro Lozano llama la atención, además, a la luz de su trayectoria política. No es un improvisado. Ha sido diputado federal en cuatro ocasiones, fue senador entre 1994 y 2000, en el sexenio anterior fue presidente de la Cámara de Diputados y Consejero Jurídico de la Presidencia de la República. Aunque fuese en honor a esa trayectoria, pero sobre todo porque su conducta le está ocasionando al gobierno del que forma parte más problemas de los que resuelve, el subprocurador Juan de Dios Castro Lozano debería disculparse. O renunciar.

Los medios ante el conflicto en Oaxaxa

Oaxaca, el conflicto sigue vivo
Continúa la resistencia de los rebeldes

Noé Torres Briseño, Univision Online

23 de Febrero de 2007 

CIUDAD DE MÉXICO – A tres meses de que supuestamente culminara uno de los más graves conflictos sociales del país, Oaxaca aún no resuelve sus problemas y tanto rebeldes como autoridades locales y federales siguen enfrentados en una lucha que generó pérdidas económicas por más de $370 millones y dejó 15 muertos.

Ulises, el villano favorito

Días después del repliegue de los simpatizantes de la APPO del centro histórico de Oaxaca, en noviembre pasado, sondeos de opinión dejaron ver que entre los distintos actores implicados en el conflicto, los oaxaqueños percibían una mayor responsabilidad de que no se encontrara una solución, en la figura del gobernador local Ulises Ruiz.

Con buen trecho de distancia, los oaxaqueños también atribuían la nula solución al conflicto a las malas actuaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO, la organización rebelde que protagonizó el levantamiento en la entidad) y del ex presidente mexicano Vicente Fox.

“Enorme discriminación”

Pero para Jesús López Rodríguez, vocero de la APPO, los resultados emitidos por las casas encuestadoras no tienen validez alguna, en tanto son un mero reflejo “de la enorme discriminación a los movimientos sociales de México” por parte de quienes habitan en las esferas del poder.

En entrevista con Univision Online explicó que como parte de una estrategia de desprestigio, líderes políticos y empresariales han realizado una serie de recomendaciones al gobierno de Ulises Ruiz para destruir su movimiento revolucionario.

Entre ellas, aseguró, “aconsejaron a las autoridades del estado derribar a las principales cabezas de la APPO” con la intención de apagar todo el movimiento, además dijo que exhortaron a Ulises Ruiz a emprender una campaña de imagen pública para erigirse como una víctima de la violencia provenida de los rebeldes.

Apoyo incondicional

Desde el principio del movimiento, manifestó el portavoz de la APPO, hemos sido víctimas de una campaña mediática nacional que intenta denigrarnos y hacernos ver como unos rufianes, pero no es así, tanto que durante todo este tiempo hemos recibido el apoyo incondicional de distintos sectores de la población.

“Esto lo evidenciamos en la pasada ‘megamarcha’ del 3 de febrero en el centro histórico de Oaxaca”, donde de acuerdo con reporteros de los diferentes medios de comunicación que estuvieron presentes, los rebeldes convocaron a unos 20 mil simpatizantes.

La apreciación de la gente

No obstante, el doctor Raúl Trejo Delarbre, uno de los especialistas en medios de comunicación más reconocidos de México, proporcionó una serie de afirmaciones contrarias a las aseveraciones hechas por Jesús López Rodríguez, miembro de la APPO.

Explicó que las encuestas sobre Oaxaca, al igual que el resto de los sondeos que se hacen en el país, ofrecen datos fidedignos y debemos tomarlos en cuenta como lo que son, “apreciaciones de lo que opina un segmento de la sociedad en un momento específico”.

No hay certeza de que estén amañados por sus realizadores, ni mucho menos son oráculos, ni instrumentos para predecir el futuro, si se realizan con rigor metodológico son una suerte de fotografía que retrata lo que percibe la población en un momento y lugar específicos.

PFP, Gobernación y la APPO

En ese sentido, los mencionados sondeos revelaron que entre las diversas instituciones y personas que se vieron implicadas en el conflicto, los que generaron una mayor aprobación por la manera como se condujeron fueron la Policia Federal Preventiva y los empresarios de Oaxaca, cuya economía disminuyó en un 90 por ciento.

Le siguen los medios de comunicación, el entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal y los congresistas del país. En contraste quienes se pensaba actuaron de manera menos correcta son los dirigentes de la APPO, así como el PRI y el PRD (las principales fuerzas políticas en el estado).

Una cobertura equilibrada

Tomando en cuenta esos resultados, el doctor Trejo Delarbre reconoció el trabajo periodístico de los medios nacionales e internacionales durante los meses que lleva el movimiento político social.

“Aparentemente fue equilibrado, considerando que dejaron escuchar las distintas voces tanto de los hombres del poder político y los empresarios, así como de la población oaxaqueña y los dirigentes y bases de la APPO“, explicó.

Sin embargo, dijo, al final las comparecencias de los rebeldes en los medios fueron más bien desafortunadas, conformadas por declaraciones fundamentalistas y soberbias que declinaron en cierto rechazo de la población en el país.

Tranquilidad y sosiego

Reconoció además la prontitud con la que el movimiento dejó de ser noticia en los medios de comunicación, dando paso a emisiones publicitarias de las riquezas turísticas de la región, el motor de la economía local, que en los pasados meses regristró pérdidas por unos 60 millones de dólares.

“Las oficinas de los diarios operan bajo las premisas de la espectacularidad y lo novedoso, la revuelta social de Oaxaca se fue desgastando conforme pasaron los días, lo cual derivó en hartazgo por parte de los medios y de las audiencias que produjo la búsqueda de nuevos temas de noticia”, indicó.

A medida que los miembros del movimiento desocuparon el Centro Histórico de la capital de Oaxaca, reapareció entre la gente una sensación de tranquilidad entre las audiencias que, aunado a la decreciente cobertura de los medios de comunicación, resultó en un sentimiento de que todo volvía a la normalidad.

Excesos policiacos

No obstante, Jesús González, ex miembro del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los organismos que han seguido el problema social desde sus inicios, criticó el reconocimiento popular respecto a la labor de la Policía Federal Preventiva en Oaxaca.

“Ciertamente hay una percepción de que la PFP cumplió con su deber al haber ingresado a la entidad para contener el movimiento, sin embargo diferentes organizaciones de derechos humanos denunciaron las distintas violaciones a las garantías individuales de muchos de los detenidos”, indicó.

“Documentaron los excesos de la fuerza pública, la desaparición de decenas de personas, la existencia de grupos parapoliciacos que operaron bajo el auspicio del gobierno local, entre otras muchas irregularidades”, explicó el ahora defensor de derechos humanos independiente.

Socialmente, argumentó, el apoyo de la gente a la PFP se debió más a la necesidad de paz y estabilidad en la región que a una presunta desaprobación a las causas de la APPO.

La salida de Ruiz

Finalmente, los sondeos dejan ver que el movimiento culminaría definitivamente hasta que Ulises Ruiz abandone el poder político de Oaxaca.

Ante la hipotética situación de que hubiera una consulta pública para someter a consideración popular la permanencia de Ulises Ruiz en el gobierno, los estudios revelan que la mayoría de la población se inclinaría porque no terminará su mandato, mientras que sólo unos cuantos oaxaqueños lo refrendarían en el gobierno del estado”.

Pero para Jesús González, estudioso del problema oaxaqueño, la salida de Ruiz sería el detonante para logar reformar estructures de fondo, más no el objetivo final del movimiento, pues el problema no comenzó con su llegada al gobierno, sino fue su mandato el que agudizó las tensiones en la entidad.

“Su relevo en el poder, propiciaría un ambiente de entendimiento entre las diferentes partes y favorecería transformaciones políticas y sociales, que derivarían en el mejoramiento al acceso a la salud, la educación y la disminución de la pobreza.”

Nueves meses de caos

En mayo de 2006, unos 70 mil profesores agrupados en la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación comenzaron una serie de bloqueos y marchas en demanda de un aumento salarial para su gremio, pero fueron desalojados violentamente por la policía local presuntamente instigada por el gobernador Ulises Ruiz.

Al movimiento social se unieron otras agrupaciones opositoras al gobernador degenerando en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que exigía la caída de Ruiz. Los rebeldes tomaron el centro histórico y las instalaciones de la universidad pública de la ciudad. El asunto llegó hasta el Congreso mexicano y el gobierno federal.

Fue así que el entonces presidente Vicente Fox ordenó la entrada de la Policía Federal Preventiva provocando una violenta crisis que dejó más de 15 muertos y 140 detenidos, entre ellos los principales dirigentes del movimiento.

Radio digital terrestre. Carta abierta al Presidente Electo de México

México, D.F., a 20 de septiembre de 2006

 

 

LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA

PRESIDENTE ELECTO DE MÉXICO

 

ARQ. PEDRO CERISOLA Y WEBER

SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

 

P R E S E N T E

 

Ante la posibilidad  de que antes de que concluya esta administración o en los primeros 100 días del próximo gobierno se tome una determinación sobre el estándar digital de radio terrestre que se desarrollará en México, las instituciones y personas abajo firmantes les expresamos las siguientes consideraciones:

 

1. El proceso de convergencia digital está lejos de ser una simple transición tecnológica. Tiene implicaciones de interés público como promoción de la competencia en el sector, ampliación de servicios de información y comunicación a nivel comunitario, optimización en el uso del espectro radioeléctrico, acceso a nuevos servicios de telecomunicaciones, promoción de contenidos locales y de la diversidad cultural. También es una ventana de oportunidad para los planes de desarrollo de cualquier Estado por el acceso más amplio a servicios e información relacionada con la salud, el desarrollo humano sustentable, la justicia, entre otros.

 

2. Por el impacto económico, social y político que tendrá en nuestro país la elección del estándar digital para la radio terrestre, es indispensable que la sociedad cuente con la información que sobre el tema han analizado las autoridades. Hasta ahora no existe información pública sobre las recomendaciones que el Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión, creado mediante acuerdo del gobierno de Ernesto Zedillo, en julio de 1999, ha hecho en esta materia, ni sobre las pruebas que supuestamente ha llevado a cabo de los diferentes sistemas digitales que actualmente se encuentran disponibles en el mundo.

 

3. Es imprescindible que la sociedad no sólo sea informada, sino también participe en la discusión y en la toma de decisiones en un tema fundamental en materia de medios, comunicación y democracia. El Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión, entre cuyas atribuciones se encuentra la recomendación del estándar digital para la radio terrestre, sólo está integrado por seis personas: tres que representan a la SCT y tres que representan a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). No existe hasta ahora la representación ni participación en la toma de decisiones de los medios de servicio público ni de las radios comunitarias. Tampoco participan otros actores que mucho enriquecerían los diagnósticos y la toma de decisiones como la academia, las asociaciones de ingenieros y técnicos en radiodifusión o las empresas fabricantes de receptores y equipos. Es de suma relevancia que en la determinación de las políticas públicas en radiodifusión y telecomunicaciones, el gobierno sea incluyente y cuente con una visión amplia e integradora de las necesidades y expectativas de todos los actores, tanto públicos como privados.

 

4. No debe soslayarse que en los países en los cuales ya se ha iniciado este proceso tecnológico, la participación plural de sectores representativos en decisiones de esta naturaleza ha sido tomada con toda la seriedad y formalidad necesarias. En México es necesario ir por ese camino. Esto permitiría a las autoridades transitar de manera transparente y con criterios democráticos en la enorme responsabilidad que tienen frente a la sociedad.

 

Agradecemos de antemano su atención a la presente y nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

 

A T E N T A M E N T E

 

Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) en México

Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC)

Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI)

Fundación Manuel Buendía

Revista Mexicana de Comunicación

Revista Zócalo

 

Alma Rosa Alva de la Selva, Aleida Calleja, Vicente Castellanos Cerda, Javier Corral Jurado, Javier Esteinou Madrid, Fátima Fernández Christlieb, Daniel Iván García Manríquez, Felipe León López, Patricia Maldonado Reynoso, Jorge Meléndez, Carlos Padilla Ríos, Omar Raúl Martínez, Claudia Segura Medina, Beatriz Solís Leree, Gabriel Sosa Plata, Raúl Trejo Delarbre, Aimée Vega Montiel.

 

Contacto: Representación AMARC México. Tel: 572 49 61

Correo electrónico: aleidda@prodigy.net.mx

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c.c.p. ARQ. HÉCTOR OSUNA JAIME, Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL)