Canal 22. Opinión, testimonio, sugerencia

Lamento mucho la reacción del director del Canal 22, el muy estimado Ernesto Velázquez, que ha resuelto despedir al Defensor de Audiencias de esa televisora pública. El Maestro Gabriel Sosa Plata, de manera responsable, dio a conocer hace algunos días las dificultades administrativas que impedían el pleno ejercicio de sus funciones. El congelamiento de contrataciones dispuesto por la Secretaría de Hacienda no tenía por qué haber entorpecido el desempeño del Defensor de Audiencias.
Sosa Plata explicó esas dificultades de la única manera posible en vista de la responsabilidad pública, y en beneficio de las audiencias, que le confirió el Canal 22: de forma abierta, ofreciendo las razones que le dieron a conocer y las suyas propias. Esas explicaciones suscitaron opiniones a su favor y de rechazo a las objeciones burocráticas de la Secretaría de Hacienda. La Dirección del Canal 22, en vez de encontrar en esas expresiones un respaldo al compromiso de esa emisora con sus audiencias, reaccionó en contra de Sosa Plata.
El Canal 22 es pionero en el reconocimiento del derecho de sus televidentes a contar con un defensor. Ahora, sin embargo, esa Defensoría no existe gracias a la buena voluntad de ningún directivo sino a la obligación legal que tienen todas las estaciones de televisión y radio para poner al servicio de sus audiencias una figura de esa índole.
El Comunicado del Canal 22 indica que esa emisora “acatando   las   disposiciones   legales   vigentes,   pudo   haber   designado directamente al Defensor del Televidente, pero quiso realizar un proceso que permitiera  tener la sugerencia de un grupo colegiado para ello”. Eso no es verdad. El Canal tiene una normatividad interna que obliga a que la designación del Defensor la haga una Comisión externa. Esa Comisión no hace sugerencias, sino la designación misma.
La Comisión Honoraria que designó al Mtro. Sosa Plata estuvo integrada por cinco personas: el Lic. Luis Cacho Pérez, Director General Jurídico de la Secretaría de Cultura; la Mtra. Adriana Solórzano Fuentes, Presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias; el productor y conductor José Antonio Fernández; la srita. Soledad Ordóñez Ramírez, televidente del Canal y yo mismo. El viernes 5 de agosto sesionamos en las instalaciones de esa emisora para resolver a partir de una terna propuesta por el Director del Canal 22.
Cuando se nos invitó a desempeñar esa tarea nunca se nos dijo que la designación que haríamos estaba supeditada a ningún beneplácito administrativo. Incluso días después el director del Canal formalizó el nombramiento, según ha informado Sosa Plata.
Para designar al Defensor, Canal 22 integró una Comisión. Para destituirlo no hace lo mismo, en contravención a su Código de Ética. Por otra parte, al informar de la reciente decisión el Canal 22 dice que la designación del Defensor la hizo “en cumplimiento con lo que establece el Título Décimo Tercero, del Capítulo IV, Sección III de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”. Ese apartado no existe en la Ley. La defensoría de audiencias se encuentra establecida en la Sección III del Capítulo IV del Título Décimo Primero. Se trata de un error quizá menor, pero que manifiesta el descuido y la inadecuada asesoría con los que se ha resuelto la remoción de Sosa Plata.
Más allá de formalismos, la decisión del Canal 22 es muy preocupante porque se debe a una reacción autoritaria. El Director del Canal responde de manera equivocada a lo que considera, según el comunicado, “un  clima contrario y de confrontación con la emisora”. Sosa Plata no creó tal confrontación. Su reclamo fue a una imprevisión administrativa. El Canal 22 debió haber reservado recursos para la Defensoría de Audiencias que se encuentra establecida en sus lineamientos internos pero que además, como se señaló antes, desde hace dos años debe tener por obligación legal. El problema central en este diferendo es el incumplimiento del Canal 22 a una responsabilidad ética con sus públicos, que ahora además se encuentra señalada en la Constitución y en la ley reglamentaria.
El Defensor de Audiencias no tiene por qué contemporizar con insuficiencias administrativas. Su tarea no es ser obsequioso con la emisora a cuyas audiencias representa. Al ejercer la interlocución que está obligado a entablar entre el medio de comunicación y la sociedad, en ocasiones puede ocasionar incomodidad en instancias administrativas porque los señalamientos de errores o carencias no resultan cómodos. Sosa Plata, al dar a conocer los motivos que le impedían ejercer su nombramiento (más aún, al señalar que le habían pedido que no hiciera señalamientos públicos si no le pagaban por ello) actuó de acuerdo con esos principios.
Los derechos de las audiencias son reivindicables en todos los medios. Pero en los medios de carácter público son una obligación de la que no puede eximir ningún rezago administrativo y ninguna circunstancia interna. El Canal 22, al hacer y difundir una televisión de calidad, ha ofrecido amplias muestras de su compromiso con sus audiencias. Su actual director, en su labor profesional y en sus definiciones públicas, ha ofrecido testimonios muy constatables de su compromiso con los medios de comunicación de carácter público. Ojalá que la remoción de Gabriel Sosa Plata sea motivo de una pronta reconsideración y todo este episodio quede simplemente como una más de las experiencias que les permiten a nuestros medios públicos mejorar su funcionamiento y su identificación con las audiencias.

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