Medios y poder político

canal40
Trabajadores y directivos de Canal 40 se opusieron al despojo que perpetró TV Azteca en 2003. El gobierno respaldó a Salinas Pliego.

Publicado en Zócalo en septiembre de 2015

La constatación de que había cambios drásticos en las relaciones entre los medios y el poder político se pudo ver en directo unas horas después de que comenzó la presidencia de Vicente Fox. La noche del 1 de diciembre de 2000 Joaquín López Dóriga conducía en El Canal de las Estrellas una mesa redonda sobre el nuevo gobierno cuando, de repente, entró al estudio el diputado priista Eduardo Andrade. “¡Los medios nos han cerrado las puertas!”, exclamó ese legislador mientras López Dóriga lo rechazaba porque no había sido invitado.

La frase del diputado Andrade era muy significativa, aunque de ese episodio se recuerda solamente que llegó excedido de copas al estudio de televisión. El PRI acababa de abandonar la presidencia y algunos de los suyos ya se quejaban de ser soslayados por los medios de comunicación. Era la misma inconformidad que durante décadas expresaron los partidos de oposición debido al monopolio mediático del PRI.

Zócalo apareció tres meses antes del cambio en el gobierno, justo a tiempo para reseñar las consecuencias mediáticas de la transición política. Las 187 ediciones publicadas hasta ahora son un registro inigualable de numerosas inercias, cambios destacados, conveniencias y alianzas entre medios y poder político en el transcurso de 15 años.

Nunca, en la historia mexicana, hemos tenido un periodo tan intenso cuan abundante en transformaciones en los medios de comunicación. La información y las opiniones que Zócalo ha difundido en estos tres lustros permiten verificar que hemos estado ante un proceso de ajustes profundos, aunque insuficientes o en algunos casos indeseables, en el trato entre medios y sociedad, y entre medios y poder político.

 

Guiños (fallidos) a la pluralidad

La nueva flexibilidad que disfrutaron los medios delante del poder político no comenzó con el gobierno de Fox. Desde los años 90 hubo mudanzas notables en la antigua subordinación (nunca del todo absoluta) respecto del gobierno. Pero durante el sexenio de Fox hubo un viraje de 180 grados. Después de haber servido al gobierno, las empresas de comunicación más importantes quisieron servirse de él.

A los medios llegó una nueva apertura política, no por decisión del gobierno sino como resultado del reconocimiento que los empresarios de la comunicación hicieron de las nuevas condiciones del país. La diversidad política y las opiniones críticas encontraron nuevos espacios porque son negocio. El periodista Carlos Loret de Mola, entrevistado en Zócalo 24, febrero de 2002, explicó así la actitud de esos empresarios: “Con la derrota de (Francisco) Labastida les entró pánico de lo que venía y eso, porque son empresarios y son inteligentes, les hace guiñarle el ojo a la pluralidad”.

Gracias a ello, entre otras innovaciones, en 2001 Carmen Aristegui y Javier Solórzano llegan a Televisa para hacer “Círculo Rojo” que se transmite durante 15 meses. El programa se debía a una alianza de Televisa con el Grupo Imagen, en donde trabajaban esos conductores. Y no fue en Televisa, sino en Imagen, en donde hubo incomodidades con los contenidos que difundían allí y por eso el programa dejó de transmitirse.

Al presidente Fox le molestaban los cuestionamientos que se le hacían en ese programa igual que en otros medios. Antes de cumplir un año en Los Pinos se encrespa y exclama: “No me van a tumbar con críticas”. El número 22 de Zócalo, en diciembre de 2001, proclama en portada: “Fox y la prensa, del idilio al divorcio”.

El desencuentro del presidente y los medios era inocultable. Muy pronto, abrumado por un escenario político que es incapaz para entender y mucho menos resolver, el presidente encuentra que condescender con las empresas mediáticas le permite conservar notoriedad aunque no tuviera reconocimientos en la prensa crítica. En diciembre de 2002 el dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, envía a un grupo de pistoleros para apropiarse de la antena del Canal 40, la televisora independiente con la que tenía un litigio financiero. Cuando, días después, varios reporteros le preguntaron qué haría ante ese latrocinio, el presidente de la República acuña la frase que lo describirían a él y su sexenio: “¿yo? ¿por qué?”.

Fox pareció tener una política de comunicación que rompería la discrecionalidad del pode presidencial cuando propició que Notimex fuera la agencia de noticias del Estado y no del gobierno. Más tarde, en una de sus decisiones más importantes, impulsó la legislación para el acceso a la información que fue aprobada en 2002. Pero mantuvo un ejercicio opaco y convenenciero en el gasto publicitario y auspició o toleró acciones de censura contra la prensa.

Por ejemplo en 2001, cuando Milenio investigaba una asignación de contratos de construcción que habrían beneficiado a un hijo de Marta Sahagún, en ese entonces responsable de Comunicación Social de la Presidencia, ella exigió y logró la destitución del director editorial de ese diario, Raymundo Riva Palacio. Más tarde, en julio de 2005, El Universal censuró un par de reportajes en “La Revista”, editada por ese diario, uno de los cuales documentaba la creación de un fideicomiso que beneficiaba a la familia Fox. Tal decisión ocasionó la renuncia a El Universal de Ignacio Rodríguez Reyna y de dos docenas de periodistas más.

Las relaciones de conveniencia política que entabló Marta Sahagún permitieron que algunos directivos de medios como Bernardo Gómez, presidente de Televisa, definieran decisiones del gobierno en asuntos como la legislación para la radiodifusión como recordaremos más adelante.

Calderón, con las televisoras

   El segundo presidente panista no modificó en absoluto ese beneplácito con las grandes empresas mediáticas. El gobierno de Fox, de acuerdo con el centro de investigación Fundar, gastó por lo menos 16 324 millones de pesos en publicidad. Durante el sexenio de Felipe Calderón esa erogación llegó a 27 200 millones de pesos.

En septiembre de 2008 los radiodifusores privados lograron que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes resolviera obsequiar frecuencias de FM a quienes ya tenían estaciones en AM. A Televisión Azteca en 2009 se le permitió utilizar a su antojo algunas de las frecuencias que tiene concesionadas para transmitir, sin autorización, el servicio codificado Hi-TV. A las empresas de telefonía celular, un servicio en el que ya se interesaban las televisoras, se les otorgaron inopinadas exenciones fiscales.

En el otoño de 2010 la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel, resolvió a favor de Televisa y Nextel la licitación de 30 MHz de espectro radioeléctrico en todo el país, para telefonía celular, por 180 millones de pesos. Esas frecuencias tenían un valor de mercado de más de 5068 millones de pesos que fue el precio que accedieron pagar, por una porción idéntica, las empresas Telcel y Telefónica.

De esa manera el gobierno de Calderón a través de Mony de Swaan, que presidía la Cofetel, le dio a Televisa el obsequio más costoso –4900 millones de pesos– que esa empresa haya recibido jamás. Televisa no utilizó esas frecuencias porque poco después rompió su acuerdo con Nextel para, en cambio, manejar la telefónica Iusacell junto con Televisión Azteca. Ni el gobierno federal ni la Comisión de Competencia, objetaron esa asociación.

El gobierno de Calderón consideraba que era necesario atemperar a las telefónicas de Carlos Slim. Pero en vez de promover una auténtica competencia, con tantas empresas como los usuarios quisieran respaldar, esa administración decidió impulsar a Televisa para que creciera en el campo de la telefonía celular.

En junio de 2010 Televisa y Televisión Azteca promovieron “Iniciativa México” que, con la apariencia de campaña filantrópica, intentó mostrar una imagen amable del país para contrastar con la violencia del crimen organizado y la impericia del gobierno. En marzo siguiente, ambas empresas establecieron un “Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia” que reivindicaba derechos de víctimas y audiencias pero no porque les hubiera asaltado una repentina vocación ética sino porque a la administración del presidente Calderón gobierno le interesaba atemperar la difusión de contenidos de esa índole.

En 2011 Televisa produjo la telenovela “El Equipo”, pagada por la Secretaría de Seguridad Pública y TV Azteca ““La Teniente”, apoyada en infraestructura de la Armada de México. En julio y septiembre de ese año la Cofetel acordó que las televisoras podrán aprovechar como quisieran los canales adicionales que resultan de la digitalización de las frecuencias de radiodifusión.

Y así como benefició a las grandes televisoras, el gobierno de Calderón fue severo con medios que no le eran afines. Cuando en febrero de 2011 Carmen Aristegui hizo alusión al presunto alcoholismo del presidente (dolencia que nunca fue comprobada) varios funcionarios públicos presionaron a la emisora MVS para que suspendiera el noticiero de esa periodista.

 

Omnipresente violencia

   Las magnitudes que alcanzó la delincuencia organizada llevaron al presidente Calderón a descartar cualquier cambio en la relación con los medios con tal de no incomodarlos para que siguieran modulando, y eventualmente disimulando, las noticias relacionadas con la violencia que resultaban incómodas para el gobierno. Por eso aquí no se reprodujo del todo la experiencia de Colombia que la profesora Ana María Miralles describió en Zócalo 90, agosto 2007:

“En el gobierno del presidente Álvaro Uribe, la comunicación ha llegado a sustituir a la política. La construcción de legitimidad política, por medio de una estrategia comunicativa envolvente, en medio del conflicto armado y las necesidades de seguridad de la población civil, han permitido que, mediante un régimen de propaganda, ocurra la destrucción simbólica del enemigo y la personalización del poder democráticamente elegido”.

En México los medios no reemplazaron a la política porque además de mantener un trato de conveniencia mutua con el gobierno han tenido que tomar en cuenta el contexto crítico que les imponen los sectores más exigentes de la sociedad. La violencia ha sido inocultable y, como no ha sido erradicada de las calles, las noticias acerca de ella no han desaparecido de los medios. Eso sí, las empresas mediáticas más influyentes emplearon su capacidad para administrar las informaciones acerca de la violencia como elemento de presión delante del gobierno.

 

Peña Nieto, costosas fidelidades

Los dos sexenios bajo gobiernos del PAN profundizaron el respaldo estatal a las televisoras, mantuvieron la dependencia de muchos otros medios al financiamiento estatal, coexistieron con el ensanchamiento de una apertura que ya ocurría desde años atrás y promovieron acciones de censura selectivas –y no por eso menos graves–. Esas circunstancias definieron, para el nuevo gobierno, un contexto que no tuvieron los anteriores presidentes priistas.

La sociedad que tenemos ya en la segunda década del siglo 21 es menos resignada y, en ocasiones, menos complaciente con los medios de comunicación. El principal motivo de ese cambio es el surgimiento de nuevas opciones mediáticas, especialmente en el campo de la televisión. Aunque la apertura de más canales de televisión abierta fue diferida una y otra vez (y ocurrirá, tímidamente, hasta 2016) la televisión de paga, que ahora llega a un poco más de la mitad de los hogares mexicanos, propicia el declive en la influencia y la omnipresencia de Televisa y Azteca.

Ningún presidente ha llegado al gobierno con tantas imputaciones de dependencia respecto de la mediocracia sucedió con Enrique Peña Nieto. Sin embargo Peña no es hechura de la televisión. Como gobernador mexiquense fue espléndido cliente de Televisa pero no socio y mucho menos polichinela de esa empresa. Más tarde se mantuvo en buenos términos con ella aunque las fidelidades políticas de Televisa, en estos tiempos de diversidad política, no favorecen a un solo partido.

Para gobernar y no ser simple operador al garete de poderes fácticos, Peña Nieto se distanció de influyentes cacicazgos como el que predominaba en el sindicato de maestros y, por otra parte, no se opuso a las restricciones que le impone a Televisa la nueva legislación para las telecomunicaciones. Peña admitió en 2013 la propuesta de los partidos de oposición para dar autonomía constitucional al organismo regulador de las telecomunicaciones. Ninguno de sus antecesores había aceptado un cambio de esas dimensiones, que privó al poder presidencial de la atribución para asignar y, eventualmente, revocar las concesiones de radio y televisión.

El ahora presidente, una semana después de haber sido electo, prometió que habría “una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de publicidad entre los gobiernos y los medios de comunicación”. Eso anunció el PRI el 11 de julio de 2012 pero el gobierno de Peña sigue utilizando la publicidad oficial como instrumento para beneficiar o sancionar a los medios. En 2013 el gasto publicitario federal fue de 7361 millones de pesos (más del doble de lo que gastó en su primer año el gobierno de Fox) otra vez según datos de Fundar.

 

Reforma legal, una larga marcha

Viejísima exigencia, la actualización de la Ley de Radio y Televisión de 1960 fue subrayada por grupos sociales y académicos cuando, en marzo de 2001, el gobierno de Fox abrió una “Mesa de diálogo”. Esos trabajos se estrellaron el 10 de octubre de 2002 con la decisión del presidente para modificar el porcentaje del tiempo que la televisión y la radio destinan al Estado y con la expedición de un nuevo reglamento de la ley de radiodifusión que, línea por línea, era favorable a las televisoras.

Fracasado el diálogo con el gobierno y los empresarios de la radiodifusión, los grupos sociales más preocupados por esos temas propusieron una nueva ley de radiodifusión en diciembre de 2002. Se trataba de un proyecto que sería perfeccionado durante los siguientes diez años. Cada vez que los impulsores de esa reforma promovían una nueva versión, era rechazada por los empresarios de los medios electrónicos.

En 2005 y 2006 con la Ley Televisa los dueños de las televisoras pasaron, de rechazar la reforma legal, a diseñar una ley que les conviniera. Eso eran las reformas a las leyes de telecomunicaciones y radiodifusión para explotar, sin necesidad de anuencia estatal, las funciones adicionales que permite desarrollar la digitalización en el uso de las frecuencias. La Ley Televisa fue alentada por Fox así como por PAN y PRI y, en sus inicios, por el PRD.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia para invalidar en junio de 2007 los principales cambios de esa reforma mostró la eficacia del recurso de inconstitucionalidad que promovieron 47 senadores, de varios partidos. También quedó de manifiesto que, al menos en situaciones límite como la que planteaba el activismo legislativo de las televisoras, el equilibrio de poderes podría funcionar: una institución del Estado, la Corte, corrigió excesos de otra, el Congreso. Fue una decisión claramente enderezada contra Televisa.

El envión político que significó esa resolución de la Corte fue aprovechado por los partidos, en el otoño de 2007, para reformar la Constitución y prohibir la contratación de propaganda electoral en radio y televisión a pesar del rechazo airado de las televisoras. Las nuevas reglas, que dan a los partidos tiempo estatal en radio y televisión, inicialmente fueron desatendidas por las televisoras privadas que incluso promovieron recursos judiciales, a la postre fallidos, para no dejar de recibir las ganancias que tenían durante las campañas electorales. En cada elección federal, la incomodidad de esos medios con esa legislación se ha traducido en amagos contra la autoridad electoral, en ocasiones con la complacencia del Tribunal Federal Electoral.

Hacia un contexto diferente

La reforma de 2007 parecía abrir un nuevo espacio para cambiar, además, la legislación destinada a la radiodifusión. El Senado creó un “Grupo Plural” con ese encargo. Sin embargo las propuestas de reforma, entre las que destacó la que presentó en noviembre de 2007 la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, no prosperaron. El ánimo reformador de los legisladores es muy veleidoso cuando se trata de tocar intereses mediáticos.

La abolición de los apartados legales creados por la Ley Televisa había dejado a la ley de Radio y Televisión sin normas para otorgar y refrendar concesiones. En 2008 y 2009 senadores del PRI y el PRD presentaron iniciativas para enderezar esa situación, pero no convencieron a las televisoras ni a los grupos que promovían una reforma integral. En abril de 2010 la AMEDI, con respaldo de senadores y diputados del PAN y el PRD, presentó una iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales que inicialmente había sido aceptada por el gobierno federal. El presidente Calderón se desentendió de ese compromiso y la iniciativa se quedó en las comisiones del Congreso.

La reforma legal para los medios ya era, sin embargo, parte de la agenda pública. En mayo de 2012 la visita del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana, desembocó en la protesta de los estudiantes que entonces crearon el movimiento #YoSoy132. La demanda de esos jóvenes para reformar los medios de comunicación llegó a las calles en vistosas manifestaciones. Tal exigencia influyó para que, medio año después, el de los medios fuera uno de los temas centrales del Pacto por México que impulsaron el nuevo gobierno y los tres partidos nacionales.

La reforma constitucional de 2013 y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del año siguiente modificaron sustancialmente las reglas para los medios. Sin soslayar sus insuficiencias, se puede reconocer que ese marco legal ha creado un nuevo contexto para el trato entre empresas de comunicación, poder político y sociedad.

 

Nuevos rasgos y actores

La relación entre medios y poder político se redefine, en el transcurso de estos tres lustros, en siete docena de aspectos que en este apretado recuento solamente mencionamos con brevedad.

  1. Diversificación. La descentralización del poder político dio mayores márgenes de maniobra a las corporaciones mediáticas. Ya no tienen como interlocutor únicamente al gobierno federal. Ahora tratan, y pactan, además con gobiernos estatales a cargo de varios partidos.

Esa relación se desarrolla fundamentalmente a partir de la venta de publicidad. El empleo de recursos públicos para granjearse a la prensa, que fue distintivo de los presidentes priistas, ahora lo utilizan gobiernos locales lo mismo que el federal y beneficia fundamentalmente a las televisoras.

La multiplicidad de interlocutores ha tenido consecuencias políticas variadas. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno del DF, en los primeros años del nuevo siglo, las televisoras lo trataron con deferencia. Luego todos los medios participaron de la polarización con motivo del intento de desafuero en 2005. Posteriormente, cuando fue candidato con altas posibilidades de ganar la presidencia, le dieron a ese personaje más cobertura que a sus competidores.

  1. Escándalos. Al exhibir abusos de personajes políticos, los medios han propiciado una pertinente sanción social contra quienes son mostrados en actos de corrupción. Pero también han sido vehículos de intereses políticos no siempre explícitos.

Ver al presidente PVEM aceptando dinero, al titular de Finanzas del DF apostando en Las Vegas como un marajá, o a René Bejarano recibiendo dólares con todo y ligas del empresario Carlos Ahumada, nos acercó al inframundo de la corrupción política. Sin embargo la capacidad pedagógica de tales videos fue limitada, su efecto de consumió en el escándalo coyuntural y la influencia política de los medios se fortaleció. Cuando se difunden escenas o audios de esa índole casi nadie repara en que se trata de grabaciones ilegales y cuya transmisión también es ilegal.

  1. Denuncia. Los medios se han abierto a la denuncia de hechos y abusos muy diversos pero con perspectivas parciales. Cuando la televisión nacional difundió el linchamiento de dos policías en Tláhuac en noviembre 2004 asistimos, como escribiría Jenaro Villamil, a “la transmisión en vivo y en directo, en cadena nacional, de un reality show de la barbarie, de un circo de sangre y odio en el sur de la ciudad de México” (Zócalo 58, diciembre 2004). La golpiza que propinaron comuneros de San Salvador Atenco a un policía en mayo de 2006 también fue televisada en directo y suscitó indignación nacional. Sin embargo no se dio la misma difusión a los abusos que cometieron policías contra los campesinos de esa población en el Estado de México.
  2. Subordinación. Los políticos profesionales cortejan a los medios y de esa manera se supeditan a ellos porque creen que mientras más se les vea y escuche, más adhesiones recibirán. Todavía consideran, como escribió Jenaro Villamil parodiando a Carlos Hank, que “un político sin rating es un pobre político” (Zócalo No. 18, agosto 2001). Esa pleitesía es parte de una vieja cultura política que mantiene al sistema mediático tradicional en el centro del escenario público. El auge de las redes sociodigitales comienza a desgastar esa hegemonía de los medios convencionales.
  3. Medios públicos. El Estado ha creado nuevos medios como el Canal del Congreso que comenzó a transmitir con regularidad en 2000 y el Canal Judicial (2006). Se trata de medios de instituciones estatales, pero no necesariamente públicos.

La existencia de medios con autonomía editorial y de gestión, fue propiciada por la legislación de 2013 y 2014 aunque con reglas tortuosas que se enfrentan, además, al desinterés de trabajadores y operadores de los medios oficiales para acceder a esas nuevas condiciones. El nuevo Sistema de Medios Públicos del Estado sigue sin tener vitalidad ni visibilidad.

  1. Medios sociales. Las radios comunitarias ganaron su reconocimiento legal durante el gobierno de Fox y más tarde formalizaron ese derecho en la legislación reciente. Si bien les impone limitaciones, la posibilidad de tener concesiones formales podría estimular el surgimiento de nuevas opciones de esa índole. Seguimos sin tener en México un movimiento de radiodifusión comunitaria como los que hay en otros países de América Latina.
  2. Violencia. Las agresiones a periodistas crecieron conforme se extendía la influencia del crimen organizado. En ocasiones, además, tales agresiones han sido perpetradas por autoridades locales. La ineficacia del Estado para salvaguardar la integridad y los derechos de todos los informadores ha llegado a ser el rezago más importante en la relación entre el poder político y la prensa.

Registro crítico de la comunicación política, Zócalo ha documentado y analizado estos quince años de continuidades y transformaciones. Es un privilegio contribuir al esfuerzo que encabeza Carlos Padilla Ríos.

 

P.S. Este fue mi penúltimo texto para Zócalo. Al mes siguiente de que apareció, la revista asumió una actitud excesivamente parcial en el proceso de elección dentro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. En sus cuentas en redes sociodigitales y por indicaciones de su director Zócalo, a pesar de la seriedad que había tenido, mantuvo una campaña de calumnias contra la planilla que a la postre ganó la elección en la AMEDI. Esa inopinada y lamentable conducta me llevó a presentar mi renuncia a la revista.

 

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