La libertad de expresión no debe quedar en manos de los jueces

Publicado en Zócalo, junio de 2015

Aristegui 2015 manta

La decisión de Carmen Aristegui y su equipo para dejar el litigio con MVS a cargo de instancias judiciales puede traerles ventajas a corto plazo. Sin embargo, para los periodistas y la sociedad la judicialización de las relaciones entre informadores y empresas podría significar una nueva época de discrecionalidad y arbitrariedades. El trato entre medios, periodistas y sociedad ya no estaría sujeto a los intereses coyunturales del poder político, como sucedió en México durante toda la segunda mitad del siglo XX. Ahora esas relaciones, y las garantías a la libertad de expresión, quedarían supeditadas al albedrío de los jueces.

A veces los jueces podrían expedir sentencias ajustadas al estado de ánimo de la sociedad activa, como ha sucedido con las resoluciones del juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, que le concedió a Carmen Aristegui el amparo contra la decisión de MVS para despedirla. Pero en otras ocasiones la discrecionalidad judicial podría significar decisiones menos populares, o más injustas.

Las sentencias judiciales no solamente aplican la ley. Para ello, la interpretan. Y el mundo de las interpretaciones por parte de los jueces puede ser tan variado que los litigios en los medios, sujetos a esa subjetividad, serían de solución siempre incierta. Por supuesto las leyes están para ser cumplidas y, cuando no, llega el momento para que actúen los jueces. Pero esa intervención tendría que ser excepcional y no de manera rutinaria.

 

Interés público y privado

El despido de Carmen Aristegui y sus colaboradores ha sido un hecho extraordinario y ha planteado desafíos inusitados, comenzando por la adhesión de amplios sectores de la sociedad que simpatizan con esa periodista. Pero al acudir al reclamo judicial sin tener un escenario adicional, por lo menos hasta ahora, Aristegui y los suyos han dejado pasar, y quizá han desperdiciado, un tiempo muy valioso.

Por otra parte el enfoque promovido por Aristegui y sus abogados, y en principio respaldado por el juez, ha sido novedoso y también implica contradicciones. En primer lugar está el hecho de que, en atención a las nuevas disposiciones en materia de amparo, el juez haya considerado que puede haber suspensión contra actos de un particular que ejerce funciones de derecho público. Por otra parte para el juez Silva, tanto el 13 de abril cuando le concedió a la periodista la suspensión provisional frente a las decisiones de MVS, como un mes después en la suspensión definitiva, las empresas de radio y televisión tienen derechos disminuidos porque ejercen una concesión de servicio público.

Según la tesis del juez, aunque MVS Noticias es una empresa regida por el derecho privado, el contrato que suscribió con Aristegui es un asunto de derecho administrativo que regula los bienes y servicios públicos. Esa singularidad, en opinión de Silva, se debe a que la empresa “está condicionada por el régimen de interés público a que está sujeta la concesión; por otro lado, la materia del contrato tiene relevancia social y pública que transciende el interés privado por tratarse de servicios de periodismo y difusión de información pública”.

Esa interpretación renueva la perspectiva que, históricamente, la justicia y el Estado han tenido acerca de las empresas de comunicación en México. Hasta ahora se ha considerado que tales empresas pueden contratar y despedir periodistas siempre y cuando cumplan con las leyes laborales. Muchas veces ni siquiera esas normas son respetadas y es costumbre que las empresas mediáticas ofrezcan y rescindan contratos cuando así les conviene.

Esa preeminencia del interés empresarial afecta a los periodistas y a veces incluso a los públicos. Los medios son servicio, pero también negocio cuando están en manos privadas. ¿Tienen los propietarios de los medios derecho a disponer del personal que diseña y difunde contenidos? Ese es el dilema que plantea el razonamiento del juez. En este caso, millares de radioescuchas aplaudirían una resolución que le restituyera a Carmen Aristegui su sitio frente a los micrófonos de MVS. Pero ¿en dónde quedarían los derechos de la empresa, inclusive el derecho a la libertad de expresión? Y por otra parte, ¿qué ocurriría en casos menos llamativos, o en los cuales la permanencia de un comunicador no fuera tan vehementemente defendida por la sociedad activa?

Imaginemos, por ejemplo, que Televisa decide rescindir el contrato de Joaquín López Dóriga. Ese periodista podría alegar que sus derechos profesionales y la libertad de expresión estarían siendo afectados. Con ese mismo argumento, legitimado por la tesis del juez Silva, Televisa no podría despedir a Laura Bozzo, la sensacionalista y chantajista conductora, a la que sin embargo no le faltan adherentes entre el público de El Canal de las Estrellas.

 

Empresas, contrapesos

Si el razonamiento del juez Silva fuese respaldado por las instancias del Poder Judicial a las que seguramente llegará ese caso, el éxito legal de Aristegui podría ser la derrota, o al menos una restricción grave, para los derechos de las audiencias y la libertad de expresión.

La libertad de las empresas no es de por sí garantía para la libertad de expresión. Al contrario, con frecuencia una de las principales fuentes de censura en contra de los periodistas está en los intereses mercantiles y políticos de tales firmas. Pero en todo el mundo, y no debiéramos querer que México sea la excepción, una de las fuentes de equilibrio delante del poder político se encuentra en la capacidad de los medios para ser exigentes y críticos. Esa aptitud podría ser frenada si se acota la libertad de expresión de las empresas mediáticas.

No pensamos únicamente en empresas habitualmente atrabiliarias como Televisa y Televisión Azteca. Imaginemos los costos de restringir la libertad de expresión en empresas de toda índole, incluyendo los medios de radiodifusión pública, o periódicos como los que estén más cerca del corazón (o de las simpatías) de cada uno de nosotros.

Debido al régimen de concesión, la libertad de las empresas de radiodifusión se encuentra restringida. Escribe el juez Silva: “la libertad empresarial y la autonomía contractual dentro de una concesión de bienes y servicios cuya titularidad corresponde al Estado y que se encuentra regulada por el Derecho Administrativo, cede parte de sus alcances en función de los derechos fundamentales, en este caso, de los periodistas, la libertad de expresión y la información pública”.

La idea de que las libertades de los consorcios, que de manera natural asociamos con arrogancias y abusos, se traslade a algunos ciudadanos sin poder empresarial, tiene un cariz justiciero o al menos pedagógico. En un mundo y un país atravesados por tantas desigualdades, el papel cardinal de la justicia radica en atemperar disparidades. La obligación de administrar la libertad de expresión, en ese razonamiento se les asigna al Estado y las empresas:

“las empresas privadas no tienen una libertad absoluta e ilimitada para concentrar la línea editorial sobre sus colaboradores, sino que deben hacer efectivos de manera equilibrada el derecho a la libertad de expresión e independencia periodística con las libertades de la empresa, a fin de que sea posible el acceso efectivo a la información de interés social… es responsabilidad del concesionario y del Estado garantizar y establecer un equilibrio razonable que permita que la autonomía contractual y la libertad de expresión de la empresa concesionaria, coexista con la libertad de expresión de los periodistas contratados”.

 

Libertad reducida

¿Cómo lograr tal equilibrio? ¿Cómo hacer de él un recurso virtuoso y no una fuente de constantes confusiones y enfrentamientos? El juez Silva no descendió a cuestiones tan ordinarias, ni reparó en los conflictos que puede acarrear esa fórmula. Si las empresas son corresponsables de equilibrar libertad de expresión, independencia y sus propios intereses corporativos, entonces se les tendrían que reconocer atribuciones para decidir su línea editorial. Pero no pueden hacerlo si la línea editorial la administran de manera conjunta con sus colaboradores.

¿Cómo lograr tal ponderación? En la producción de noticias en los medios, resulta imperioso resolver de manera rápida y drástica los dilemas editoriales que se presentan a cada momento. Si quienes toman las decisiones no son los responsables designados por las empresas (directores, jefes de redacción, coordinadores de edición, etcétera) como ha sucedido siempre y si todas o algunas de tales resoluciones tienen que recabar el consenso de los periodistas, será muy probable que el noticiero no esté listo para comenzar a las seis de la mañana.

El desconocimiento del juez Silva acerca de las rutinas y la complejidad profesional en los medios se advierte, entre otros segmentos, cuando considera que el trabajo en la prensa escrita es distinto al de la radiodifusión. En los medios impresos, explica, “existe una relación de mayor simetría entre el editor y el periodista, por lo que en dichos espacios se ha considerado que existe una mayor libertad editorial puesto que los periodistas pueden acceder en circunstancias igualitarias a dichos medios, mudarse a otro, o bien crear el propio medio editorial”.

Cómo no. Que les pregunten a los reporteros de cualquier diario, especialmente en empresas grandes como El Universal y Reforma, si sus relaciones con los editores son de “simetría”. En esa explicación, la libertad en la prensa queda reducida a la posibilidad para cambiar de un medio a otro. La libertad implica valores y derechos más diversos, comenzando por la pluralidad y la veracidad. Pero la idea de que quienes hacen periodismo escrito pueden transitar cómodamente por los medios que más les convengan, ignora las circunstancias de la prensa mexicana y de buena parte del mundo.

 

Modelo autoritario

El juez Silva confunde al star system de los medios con la mayoría de los trabajadores de la información. Por eso encuentra que en los Lineamientos que MVS impuso a sus conductores hay “regresiones objetivas que inhiben la libertad periodística, consistentes en que: a) Ya no se prevé que los titulares de cada una de las emisiones serán responsables finales del contenido y dinámica de sus espacios; b) ya no prevé que los conductores desarrollarán su labor en un pleno ejercicio de la libertad de expresión”.

Por supuesto los Lineamientos que ese consorcio creó para justificar el despido de Aristegui limitaron el ejercicio de la libertad periodística en esa empresa al quebrantar rutinas de trabajo ya existían. Pero la centralidad de conductores de gran notoriedad que toman las decisiones editoriales no es el único modelo para hacer periodismo radiofónico.

En muchos otros casos, el conductor es parte de un equipo de trabajo y las decisiones editoriales no las toma él (o ella) sino otro periodista. De hecho, la concentración de atribuciones en un periodista estrella constituye un esquema de trabajo que inhibe la participación de otros informadores, reduce las posibilidades de confrontar diversos puntos de vista en las redacciones y resulta más autoritario. En todo el mundo los conductores de noticieros son personajes notorios e influyentes. Pero en pocos sitios están a cargo de las decisiones editoriales.

En el esquema del juez, las libertades que se les limitan a las empresas son ejercidas, total o parcialmente, por otros actores. Pero no es a toda la sociedad, ni a cualquier ciudadano, a quienes se transfieren las libertades así recortadas a los consorcios. Una de las claves del razonamiento del juez se encuentra en la demanda que presentaron Carmen Aristegui y sus abogados, en donde establecen la concepción del traslado de atribuciones. En la sentencia del Tribunal Colegiado que el 22 de abril revocó el amparo provisional que había otorgado Silva, se transcribe este fragmento de la demanda de Aristegui en donde explica el contrato que suscribió con MVS:

“la libertad de la que goza la concesionaria en forma directa reconocida en la condición vigésimo segunda relativa a que: ‘[…] (sic) EL CONCESIONARIO gozará de absoluta libertad para programar el canal concesionado’, me fue directamente transmitida”.

Esa idea de que al contratarla le transfirieron parte de las libertades de la empresa para decidir sobre los contenidos de la emisora, durante las horas de transmisión del noticiero, es por lo menos singular. Allí se encuentra uno de los ejes del diferendo.

 

¿Libertad transferida?

Cuando una empresa o institución contratan a un profesional no le trasladan la libertad de hacer su trabajo sino simplemente le asignan una función, que él tendrá la libertad de desempeñar bien o mal. En los medios de comunicación, además, para cumplir con su trabajo un profesional requiere de libertad, entre otras condiciones. El multicitado juez Silva, en su sentencia del 13 de mayo, consideró que: “La libertad de expresión de una periodista no estaría garantizada en forma adecuada si la empresa concesionaria tuviera plena libertad o la posibilidad contractual para terminar anticipadamente el contrato en forma unilateral sin una justificación objetiva, proporcional y razonable”.

Por eso, buena parte de la argumentación del Juez radica en el incumplimiento de las reglas que el contrato entre Aristegui y MVS establecía para la eventualidad de una rescisión. En la sentencia de un mes antes, inclusive, el juez se hace eco de las versiones que adjudican la decisión de la empresa a presiones del gobierno:

“no se expresaron consideraciones sustantivas, objetivas y razonables, de modo, tiempo y lugar para dar por terminado el contrato, sino que únicamente se enuncian las causas de terminación en forma genérica cuya falta de transparencia genera duda en la sociedad de si existió un desvío de poder; es decir, generan incertidumbre respecto la verdadera motivación del aviso de terminación reclamado”.

No es frecuente, pero tampoco pertinente, que en las sentencias judiciales haya especulaciones. A muchos ciudadanos nos parece que el despido de Aristegui y su equipo fue inducido desde el gobierno federal, o al menos fue resuelto a partir del interés de la empresa para congraciarse con Los Pinos. Esa es una opinión que forma parte del debate publico. Pero los jueces no deberían tomarse la licencia de hacer de la vox populi un argumento en sus consideraciones.

 

Al final del contrato

En su sentencia del 13 de mayo, el juez Silva restituyó a Carmen Aristegui la remuneración mensual que recibía en MVS pero no las comisiones por venta de publicidad. Aún estaba pendiente la sentencia final en esa instancia, después de los esfuerzos de conciliación que se realizaron por indicaciones del propio juez. Desde entonces, Silva abrió la puerta para la rescisión definitiva del contrato al determinar:

“resulta una obviedad que en ningún caso debe entenderse que los periodistas tengan derecho a perpetuar sus servicios dentro de la empresa concesionaria. La empresa concesionaria ha tenido derecho a dejar de renovar sus contratos de prestación de servicios con los periodistas en el momento que estimen adecuado a sus intereses empresariales, una vez que ha expirado el plazo estipulado en el contrato respectivo”.

Así que, aún cuando hubiera una decisión judicial para reinstalarla, Aristegui permanecería en MVS hasta el término de su contrato a menos que a la empresa le interesara otra solución –y no han existido indicios de tal posibilidad–.

El despido de Aristegui y su equipo fue un abuso de la empresa. La solución judicial, tal y como ha sido planteada por los demandantes y el juez, podría tener consecuencias también perjudiciales. Es preciso que la sociedad y el Estado propicien diversidad de voces y opciones en los medios, pero no a costa de la libertad de las empresas de comunicación. Esa libertad debe estar acotada por normas para el ejercicio de la libertad de expresión y por otras obligaciones, pero resulta discutible que además a tales empresas se les escatime la libertad para decidir los contenidos que difunden.

A la diversidad en la comunicación se le promueve con los medios públicos y de carácter social, con reglas para que haya producción independiente, con la promoción de más medios privados. Dejar la libertad de expresión en manos de los jueces puede ser un error histórico, por mucho que hoy parezca atractivo el desempeño de un campeón de la justicia que doblega a la soberbia empresa que despidió a la periodista más popular del país.

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