Defender la reforma para los medios

Publicado en Zócalo, noviembre de 2013

Intervención el 9 de octubre pasado en el seminario “Libertad de expresión disidencia y democracia” organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Estatua de Belisario Domínguez en el antiguo edificio del Senado
Estatua de Belisario Domínguez en el antiguo edificio del Senado


   “Medios para la libertad y la democracia”. El título de este panel sugiere una gran aspiración. Se trata de una esperanza tan noble que, de tan incumplida, puede ser mera invocación al voluntarismo ingenuo. Pretender que los medios de comunicación sean útiles para anhelos tan imperiosos como la libertad y la democracia pareciera indiscutible. Pero esa sola formulación no resuelve la permanente distancia entre unos y otras.
   Los medios de comunicación hacen falta para propagar los ideales de libertad y equidad. Pero además de instrumentos de difusión, son escenarios en donde se dirimen, en buena medida, las capacidades de una sociedad para ser democrática y libre. Una sociedad libre es una sociedad con medios abiertos. Un régimen democrático garantiza las libertades de todos, incluyendo la libertad de expresión de los medios y la libertad de los ciudadanos para elegir entre medios diversos.
   Pero ese título, “Medios para la libertad y la democracia”, encierra además una contradicción. Los medios de comunicación son indispensables para que tengamos una y otra. Y sin embargo los medios mismos son, con desdichada frecuencia, uno de los diques más estorbosos para el ejercicio de las libertades y la construcción de la democracia. Los medios dificultan, o de plano infringen, derechos sociales e individuales cuando confunden la información con la murmuración, cuando violentan la vida privada de las personas o cuando niegan el derecho de réplica, entre otras conductas frecuentes. Los medios atentan contra el derecho de sus audiencias a decidir entre opciones distintas cuando en ellos prevalecen contenidos de mala calidad o cuando hay demasiados medios en pocas manos. Los medios obstruyen el flujo de ideas que necesita toda democracia cuando pretenden propagar un pensamiento único o cuando las ideas son reemplazadas por simplezas, prejuicios o supercherías.

Cultura cívica es capacidad de convivencia
   El título que convoca a esta  sesión entraña una insoslayable dificultad. Los medios de comunicación hacen falta para la democracia, son el territorio indispensable para el ejercicio de la libertad de expresión. Pero esos medios de comunicación, los medios de masas, son por naturaleza antidemocráticos. Nos referimos a la radio, la prensa, desde luego a la televisión. Difícilmente hay instituciones más verticales, menos propicias a la participación, que los medios de esa índole.
   Unos cuantos difunden mensajes para muchos más: esa es la virtud, pero a la vez el sino, de los medios de comunicación. Su capacidad propagadora no está al servicio de todos sino de aquellos que los poseen, o que toman en ellos las decisiones fundamentales. El empresario habilitado como comunicador o, en su reemplazo el programador de la estación de radio, el redactor en jefe del noticiero de televisión, el director del periódico, y con ellos sus staffs por lo general reducidos e invariablemente disciplinados, deciden qué contenidos escucharemos, veremos o leeremos en tales medios. Allí no hay democracia. No la hay en la comunicación de masas. Cuando decimos que hay que democratizar a los medios expresamos un buen deseo que no tiene consecuencias prácticas o, en el peor de los casos, nos engañamos en esa propuesta retórica. La comunicación de masas jamás será democrática. Pero eso no significa que no pueda estar al servicio de la democracia. O, al menos, que no podamos empeñarnos para que llegue a estarlo.
   El poder de los medios se deriva de su gran capacidad para propagar mensajes. Gracias a ello se han convertido en los más importantes articuladores de las sociedades contemporáneas. La cohesión en las sociedades de nuestros días, gran parte de la información de la cual disponen y las construcciones ideológicas que las personas tienen acerca de sus propias sociedades, dependen en buena medida de los contenidos que les proporcionen los medios de comunicación.
   La cultura cívica de una sociedad radica en la capacidad de sus integrantes para respetarse unos a otros, para convivir creativamente y sin violencia, para tomar decisiones colectivas de manera fructífera y eficaz –es decir, la posibilidad de una sociedad para vivir en democracia—. Esa cultura cívica se puede aquilatar a partir de los medios de comunicación. Los medios no lo definen todo. Pero sin medios de esa índole, en la sociedad de masas de nuestros días, no se define nada.

Democracia es construcción de contrapesos
   Para que una sociedad utilice a sus medios en vez de que los medios la utilicen a ella, es preciso que disponga de recursos para prevenir y acotar los excesos a los que puede conducir el poder enorme que llegan a tener los consorcios de comunicación. Uno de los rasgos, quizá el más importante, en la construcción de la democracia en los años recientes, ha sido la creación de contrapesos al poder que pueden alcanzar nuestras principales instituciones.
   Ante la concentración de poder unipersonal y con frecuencia autoritario de los gobiernos presidencialistas en muchos de nuestros países, el Congreso y el Poder Judicial, cuando se desempeñan con autonomía, constituyen equilibrios antaño impensables. Ante los abusos de las instituciones del Estado, creamos comisiones de derechos humanos. Frente a la opacidad distintiva del autoritarismo político, han surgido normas y organismos para la transparencia en el acceso a la información pública. Para propiciar la competencia económica, existen reglas que dificultan la concentración monopólica. La creación de contrapesos ante el poder político, judicial, policiaco, administrativo, económico, etcétera, define los afanes de diversidad y equidad de una sociedad abierta que, reconociendo su propia complejidad, la procura en todos los ámbitos de la vida pública.
   Esa creación de contrapesos no puede soslayar a los medios de comunicación. En el campo de los medios, las sociedades y sus instituciones propician equilibrios y norman a los medios con medidas de variado alcance. Marcos jurídicos, organismos reguladores, códigos éticos, instancias de mediación, observatorios de medios, recepción crítica, son algunos de los recursos que se ponen en práctica, en las más variadas latitudes, para enfrentar el poder de los medios de comunicación. Con fórmulas de esa índole, los ciudadanos se parapetan delante del poder mediático. Pero la única manera de atenuarlo radica en promover la diversidad de opciones en el campo de la comunicación de masas, particularmente en la radiodifusión.

Reforma para una nueva diversidad en medios
Los consorcios mediáticos han sido históricamente alérgicos a la diversidad. El negocio de las corporaciones, en la comunicación como en otros ámbitos, ha sido el acaparamiento de mercados junto con la producción y propagación masivas. Esas tendencias han comenzado a cambiar con los medios digitales. Los canales de radiodifusión, optimizados gracias a la digitalización, ofrecen nuevas y versátiles vías para la transmisión de contenidos. En Internet, la exuberancia de las redes digitales es territorio de una inédita diversidad comunicacional. Pero en las frecuencias de radio y televisión la revolución digital no es plataforma de multiplicidad cuando los canales siguen estando en las mismas manos.
   Llevar a esas frecuencias la variedad a la que han sido reacios los consorcios mediáticos resulta indispensable para que la radiodifusión deje de estar de espaldas al desarrollo de la sociedad. Más actores en dicho escenario, más fuentes de elaboración y transmisión de contenidos, constituye el eje de una verdadera política pública para diversificar la oferta mediática que recibe la sociedad. En ese camino hay dos posibilidades, que no son excluyentes. La primera de ellas es abrir las frecuencias a empresas y a grupos ciudadanos que hasta ahora no han tenido el privilegio que significa difundir contenidos por televisión y radio. La segunda, consiste en impulsar medios de comunicación de carácter público.
   La ruta para incorporar a los medios mexicanos la diversidad que hasta ahora les ha sido negada debido al acaparamiento por parte de unas cuantas corporaciones privadas, la negligencia del Estado y el desinterés de la sociedad en estos asuntos, comenzó a ser andada con la reforma constitucional promulgada el pasado martes 11 de junio. La creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con amplias atribuciones para entregar y revocar concesiones, eliminar obstáculos a la competencia e incluso disponer la desincorporación de activos de empresas monopólicas, ha constituido un paso histórico. La creación de concesiones para medios comunitarios e indígenas, el surgimiento de tres nuevas cadenas nacionales de televisión y el reconocimiento de derechos de las audiencias podrían ser medidas fundacionales de un nuevo sistema de radiodifusión en este país. La reforma constitucional, que tiene un espíritu tecnológicamente convergente, además incluye reglas similares para la competencia en telefonía, la creación de una red nacional de banda ancha a cargo del Estado y nuevos tribunales especializados en materia de telecomunicaciones, entre otros cambios.

Negligencia en designación de comisionados
   Esos son algunos rasgos de la reforma constitucional que diseñaron, conjuntamente, el gobierno de federal y los tres partidos políticos nacionales. Lamentablemente esos partidos, y especialmente sus legisladores en el Senado de la República, no invirtieron el mismo interés para lograr que los comisionados que ahora encabezan al Instituto Federal de Telecomunicaciones cumplieran los requisitos que establece la Constitución.
   Aunque el recientemente reformado Artículo 28 de la Constitución indica que los comisionados deben tener “conocimientos técnicos necesarios” y contar con una trayectoria de varios años en los asuntos que van a regular, cuatro de ellos no han tenido experiencia específica en asuntos de telecomunicaciones o radiodifusión. Aunque la Constitución en ese mismo artículo indica que los comisionados no pueden haber ocupado en los tres años recientes ningún empleo o cargo en las empresas que van a regular, uno de ellos fue director de una empresa ligada a Telmex hace menos de tres años y otra, apenas el año pasado trabajó para Iusacell.
   El descuido y la irresponsabilidad del comité de selección, integrado por tres organismos cuyos presidentes se suponía autónomos, permitieron que esas personas formaran parte de las listas de aspirantes entregadas al presidente de la República. La anuencia del Ejecutivo Federal para proponer como integrantes del IFETEL a individuos políticamente convenientes aunque no cumplieran los requisitos constitucionales condujo a su selección. Igualmente lamentable fue el comportamiento del Senado de la República. 
   Los senadores, de todos los partidos, decidieron considerar que el papel de esta Cámara en el proceso de selección debía limitarse a verificar que se hubiera cumplido el procedimiento dispuesto por la Constitución.  Soslayando la responsabilidad que tenían en ese proceso, los senadores dijeron en su sesión del 10 de septiembre pasado que no les correspondía revisar la idoneidad de los candidatos. Esa postura significó una lamentable abdicación de las obligaciones que la Constitución le confiere al Senado de la República. Solamente un legislador, el senador Alejandro Encinas, subió a la tribuna para recordar las trayectorias impugnables de algunos de los aspirantes al IFETEL.
   Es muy lamentable que el Senado, por los motivos que fuesen, haya dejado de examinar los expedientes de aquellos a los que erigiría como comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El error está consumado y, aunque contrahecho por esas inadecuadas designaciones, el IFETEL ya existe y debe resolver las muchas y nada sencillas tareas que le asigna la Constitución.

Señalar yerros, para que no se repitan
   Resulta pertinente no soslayar esos errores y distorsiones en el proceso de selección para que tanto el Senado como la Cámara de Diputados, ahora sí, cumplan con la obligación que tienen para diseñar una ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión congruente con la reforma constitucional que aprobaron hace menos de medio año. Y será indispensable estar atentos a cada paso y cada decisión del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, especialmente para advertir si la inexperiencia y los compromisos de algunos de sus comisionados implican ineficacia o, peor aún, parcialidad o favoritismos en sus decisiones.  
   Uno de los ejes de la reforma constitucional es la creación de un sistema nacional de medios públicos. La reforma constitucional prescribe la creación de un organismo público, autónomo respecto del gobierno, encargado de difundir radiodifusión no comercial de carácter nacional. De inicio, ese organismo dispondrá de 16 estaciones de televisión en otras tantas ciudades para la creación de una cadena pública.
   La televisión y posiblemente la radio que difunda en todo el país ese organismo autónomo y público deben tener la independencia, los recursos y la calidad necesarios para ser contrapesos eficaces a corporaciones como Televisa y Televisión Azteca que, por ese y otros motivos, se oponen militantemente a la reforma constitucional y pugnan por desfigurarla.
   El presidente del nuevo organismo para la radiodifusión pública debe ser designado por el Senado, igual que los miembros de su consejo consultivo. También está pendiente la designación del consejo consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
   Señores senadores, señoras senadoras: ustedes ya cometieron un error, que me temo será muy costoso, en la designación inopinada de los comisionados del IFETEL. Señoras y señores senadores: no somos pocos los ciudadanos que les demandamos que, en este asunto, no se vuelvan a equivocar.
   ¿Por qué presento este reclamo a los senadores, en este recinto y a riesgo de parecer descortés con mis anfitriones? En primer lugar porque me he querido tomar en serio el título de esta reunión: “Libertad de expresión disidencia y democracia”. En segundo lugar porque estoy delante de la estatua de don Belisario Domínguez y sería absolutamente incongruente si no dijera aquí lo que digo en otros foros acerca de esa decisión del  Senado. Y en tercer término porque reconozco el enorme mérito que ha tenido la reforma constitucional –resultado de un esfuerzo de convergencia pluripartidista— y me parece que debemos cuidarla y vigilar los siguientes pasos para ponerla en practica. Esa aspiración, me parece, no es voluntarismo ingenuo.

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