Ética, fama pública y vida privada. Notas en el debate sobre el noticiero de MVS Radio.

Este texto fue publicado el jueves 15 de diciembre en el blog Sociedad y Poder

    Este jueves, en un ejercicio poco frecuente en el periodismo mexicano, Carmen Aristegui abrió los micrófonos de su noticiero matutino a la discusión acerca de la entrevista que ofreció el día anterior con la ex esposa del doctor Sergio García Ramírez. Las declaraciones de la señora María Gómez Rivera no impidieron que, pocas horas después, ese destacado investigador universitario fuese designado consejero en el Instituto Federal Electoral.

Las que difundió el miércoles el noticiero de MVS Radio eran opiniones o informaciones sin más respaldo que los dichos de la señora Gómez Rivera. De inmediato, fueron cuestionadas por radioescuchas que colocaron mensajes en Twitter y Facebook para deplorar esa transgresión a la vida privada, así como para señalar la ausencia de investigación y contexto periodísticos en aquella conversación radiofónica. También, desde luego, menudearon las opiniones que respaldaron la transmisión de dicha información.

La periodista invitó al Ombudsman del noticiero de MVS, Gerardo Albarrán, a examinar ese episodio. Periodista también, con experiencia en el análisis de problemas de ética de la información, Albarrán dijo inicialmente que su papel no era formular un juicio y que estaba acompañándola “para que tú misma examines tu actuación”. Más tarde recalcó: “la ética no se impone… no creo que fuera ese propiamente  papel… junto con la audiencia tratar de llegar a una conclusión”.

Sin embargo la función del Defensor de la Audiencia en MVS, igual que en otros medios que tienen esa o figuras de mediación similares, va más allá de ofrecer elementos de juicio. El Ombudsman está comprometido a ofrecer un punto de vista en asuntos problemáticos como el que planteó la entrevista del miércoles por la mañana. Albarrán cumplió con esa tarea aunque con insuficiente énfasis.

Albarrán compartió las opiniones de quienes hemos considerado que el noticiero incumplió su Código de Ética al no requerir la opinión del involucrado, es decir, del doctor García Ramírez. La periodista explicó que lo buscaron la misma mañana del miércoles. El problema fue la premura con que se difundió la charla. El propio miércoles, antes de la entrevista, Aristegui relató que Gómez Rivera había solicitado entrar al aire pocos minutos antes (“cuando nos llamó esta mañana María Gómez Rivera, nos sorprendió…”). La propia Gómez Rivera indicó que había resuelto llamar “escuchando hoy en la mañana que Sergio es uno de los candidatos al IFE”.

En esas condiciones era imposible ubicar la conversación en un panorama adecuado, con información contextual que enriqueciera la apreciación de los radioescuchas. Así que un ángulo que no se abordó en la discusión sobre la entrevista del miércoles es si la información que daría Gómez Rivera ameritaba darle espacio con tanta prisa. La periodista considera que sí.

Las declaraciones de Gómez Rivera no se referían a un hecho reciente. Al contrario, ella misma explicó que la causa de sus quejas sobre su entonces esposo ocurrió hace más de dos décadas. La única causa que les podría haber conferido alguna actualidad era la inminente designación del Dr. García Ramírez como consejero del IFE. El propósito de Gómez Rivera era impedir ese nombramiento. Al abrirle los micrófonos cuando así lo solicitó, la periodista compartió las motivaciones de la señora Gómez Rivera. Es decir, queriéndolo o no, la conductora del noticiero matutino de MVS tomó posición al lado de una de las partes en litigio. O, en otros términos, auspició la publicación de un asunto que no formaba parte de la agenda pública y, al hacerlo, favoreció los intereses –sean cuales fueran– de la señora Gómez Rivera.

El Ombudsman del noticiero subrayó el incumplimiento de Aristegui al segmento del Código de Ética que obliga a informar cuando una de las partes en litigio no ha querido dar su punto de vista. El Código indica también: “El trabajo profesional deberá privilegiar la consulta de más de una fuente en cada caso”.

Pero el asunto más relevante ha sido si las declaraciones de la señora Gómez Rivera justifican la invasión a la vida privada (vida íntima, consideró Albarrán) del doctor García Ramírez y su familia. La periodista estima que sí. El propio Ombudsman, precisó su postura cuando señaló “yo encuentro pertinente el que se haya tocado este tema”.  Y explicó así esa conclusión: las quejas de la señora Gómez Rivera acerca del comportamiento que –según ella– habría tenido García Ramírez como esposo y padre de familia, “no afectan su capacidad para desempeñarse como funcionario público”. Es decir, esos señalamientos no tenían que haber sido difundidos puesto que no eran de interés público, de acuerdo con el examen de Albarrán.

Pero en cambio sí adquieren relevancia pública, porque podrían tener consecuencias en el ejercicio de cargos públicos, las informaciones que Gómez Rivera ofreció acerca de la salud mental de su ex esposo. Albarrán consideró pertinente “evaluar cómo su conducta personal o íntima puede afectar su función pública”.

Tiene razón. Y eso es precisamente lo que no hizo el noticiero matutino de MVS. El tiempo que recibió la conversación con la señora Gómez Rivera estuvo fundamentalmente dedicado a reproches personales hacia su ex marido. Quizá no podía ser de otra manera porque se trataba de una entrevista abierta y la periodista permitió que la agenda de ese asunto la estableciera su interlocutora.

Pero de la salud del ex esposo, que en opinión del Ombudsman era el tema de veras relevante, se dijeron unas cuantas frases: durante una época tomaba medicamentos y tenía un talante autoritario.

¿Son esas circunstancias –en caso de ser ciertas– un impedimento para que el personaje cuya vida íntima fue expuesta de esa manera desempeñe con probidad y eficiencia cargos públicos de importancia? Allí es donde tendría que haber existido alguna indagación periodística.

De haber podido hacer su trabajo, la redacción del noticiero matutino de MVS podría haber documentado el paso de García Ramírez por numerosos cuan, hasta donde se sabe, exitosos cargos públicos y responsabilidades profesionales: Procurador General de la República, presidente del Tribunal Agrario, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual presidió durante un trienio, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, entre otros.

Indagar en esa trayectoria, en vez de comprometerse con una sola y anticipadamente parcial versión, hubiera implicado un trabajo periodístico serio. A veces las prisas no lo permiten. Pero las prisas nunca son buenas consejeras, incluso en el periodismo que es una actividad acicateada por la búsqueda de la primicia.

Pocos periodistas en México enfrentan los cuestionamientos a su trabajo profesional con la franqueza que lo ha hecho Carmen Aristegui. La misma existencia de un Código de Ética formó parte de las condiciones que llevaron a la creación de ese espacio radiofónico a comienzos de 2009. La presencia del Ombudsman se debe a los acuerdos entre la periodista y la emisora que permitieron su retorno a la radio en febrero pasado, después de la suspensión del programa durante un par de semanas. Por eso en el noticiero matutino de MVS existen circunstancias para un ejercicio de discusión sobre lo que allí se hace y dice. La propia Aristegui, este jueves por la mañana, consideró “somos también sujetos de escrutinio público, somos también sujeto de críticas”.

Enhorabuena que así ocurra. Las evaluaciones críticas existen, con o sin reconocimiento de los periodistas, pero el hecho de que se les de espacio en los medios no es frecuente.

Tampoco lo ha sido, pero llegó para quedarse, la discusión sobre los límites entre vida pública y privada. Los personajes públicos están especialmente expuestos a las miradas de la sociedad. Sus conductas personales nos interesan por las implicaciones que puedan tener en su desempeño público. Por eso es de interés público de qué manera viajan o en dónde cenan los funcionarios y sobre todo quién paga sus gastos. Y lo son las reuniones, aunque sean privadas, en donde toman decisiones acerca de asuntos públicos.

La vida familiar es motivo de interés para la sociedad cuando, como bien indicó el Ombudsman de MVS, afecta las tareas públicas. Aristegui y Albarrán estiman que las confidencias de la entrevistada del miércoles ameritaban su difusión pública. A otros, nos parece que no.

De esas declaraciones, los ciudadanos no obtuvimos ninguna información relevante para aquilatar el desempeño público del funcionario cuestionado de tal forma. Lo que allí se dijo era de tan escasa relevancia que, hasta donde he podido encontrar, ningún otro medio de comunicación se ocupó de esa conversación. Ya no estamos en épocas de censura gubernamental o corporativa capaz de extenderse a todos los medios, así que si el asunto no fue considerado por otros noticieros, ni por los diarios más serios, no fue por encubrir a nadie sino por motivos profesionales.

A quienes sí interesó la conversación del miércoles, fue a aquellos radioescuchas del noticiero matutino de MVS que suelen estar ávidos de constataciones acerca de las truculencias e inconsecuencias del poder político. Los golosos de chismes y escándalo, aplaudieron esas dosis de amarillismo. También, por otra parte, defendieron la difusión de esa entrevista los no pocos radioescuchas que encontraron en las quejas de la señora Gómez Rivera una causa justa con la que se han solidarizado de buena fe.

No sé si estamos ante el caso de una familia maltratada y ante una mujer víctima de inaceptables conductas violentas. No tenemos elementos para discernir si se trata de versiones fehacientes, o que atendieron a otras motivaciones. No lo sé yo, ni lo saben los radioescuchas del noticiero de MVS. Tampoco lo saben Carmen Aristegui ni los periodistas que trabajan con ella. Y no lo saben porque pusieron al aire la llamada telefónica sin tiempo para evaluar esas denuncias.

Habría quienes consideren que el interés público justificaba esa ligereza. A mí me parece que no. Creo que entre los elementos de juicio que es preciso considerar en estos casos se encuentra la fama pública de las personas y la posibilidad de perjudicar la reputación de un ciudadano con la difusión de una opinión parcial e interesada. A las audiencias también se les daña con informaciones incompletas.

El periodista no es solamente intermediario. Es un profesional que tiene la responsabilidad de evaluar la información que transmitirá y ponerla en contexto. En momentos de duda, habría que pensar más en el descrédito que se les puede infligir a las personas y un poco menos en las primicias, por llamativas que puedan ser.

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