Rabieta política de las televisoras

Publicado en Zócalo, octubre de 2o11

Al derogar el reglamento de radio y televisión del IFE, los magistrados que integran el Tribunal Federal Electoral volvieron a someterse a la influencia política y a las ofertas de lucimiento de las televisoras privadas. La sentencia del 14 de septiembre de 2011 en donde se revoca el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral tiene aspectos que permiten calificarla como ilegal. Además elude la necesidad de agilizar la propaganda electoral, motivo que llevó al IFE a crear el nuevo Reglamento.

Televisa y TV Azteca quieren controlar el proceso electoral

Esa decisión coloca en nuevos dilemas, como si le faltara trabajo, al Instituto Federal Electoral. A nueve meses de las elecciones presidenciales, la meticulosa tarea del IFE para reglamentar el acceso de los partidos a los medios electrónicos y prever posibles fallas es saboteada tanto por los concesionarios de frecuencias privadas como por el Tribunal Federal Electoral. Lo más ominoso es la docilidad de los siete magistrados del TRIFE para admitir sin chistar los argumentos de las televisoras, llegando incluso a formular una sentencia plagada de inexactitudes.

Mientras se mantenga la dependencia del Tribunal respecto de Televisa y TV Azteca –y lamentablemente no hay motivos para suponer que tal situación cambiará– podrá reconocerse que la fiscalización de las elecciones presidenciales del próximo año no está en buenas manos.

 

Nada que no puedan cumplir

El reglamento impugnado por la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) e invalidado por el TRIFE, había sido aprobado el 27 de junio por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Allí no hay una sola cláusula que atente contra los privilegios que las omisiones legales, tanto como las costumbres en el trato entre el Estado y los concesionarios, han mantenido en beneficio de las empresas privadas.

El Reglamento incorporaba dos importantes novedades en comparación con el ordenamiento anterior. Los plazos que las estaciones de radio y televisión tienen para transmitir los spots de campañas electorales disminuían de 5 días hábiles, a 2 y 3 días hábiles. Por otra parte, se reconocían las peculiaridades de las radiodifusoras comunitarias a las que se les daría un tratamiento especial.

Ninguna de esas modificaciones altera las facilidades que tienen los radiodifusores para lucrar con las frecuencias que el Estado les ha concesionado. Tampoco les impone obligaciones que no puedan cumplir.

Hasta ahora, el IFE disponía de 5 días hábiles para entregar a los concesionarios y permisionarios los anuncios de campaña. Varios partidos políticos se han quejado porque ese plazo es demasiado amplio y les impide responder con oportunidad a los spots de sus opositores.

Cuando los partidos compraban espacio en la radio y la televisión, podían acceder a pautas publicitarias y modificar sus spots tan solo con un día de antelación. Así ocurrió, en varias ocasiones, durante las campañas presidenciales de 2006. Los partidos pudieron discutir unos con otros –quizá no de la mejor manera posible–, contestar acusaciones, impugnar lo que decían sus rivales y ajustar sus lemas y spots a las circunstancias de la campaña misma.

Todavía en la campaña para las elecciones intermedias de 2009, hubo ocasiones en las que algunos partidos pudieron modificar sus spots con uno o dos días de anticipación al momento en que serían transmitidos. Las empresas de televisión y radio no chistaron, en absoluto.

Por otra parte, el IFE ha documentado la flexibilidad de las televisoras para transmitir anuncios comerciales que son contratados tan solo un día antes o incluso el mismo día. Cuando hay dinero de por medio, Televisa y TV Azteca son notablemente flexibles y no exigen mas que unas cuantas horas para poner un anuncio al aire. Cuando se trata de observar la normatividad electoral eluden las reglas e incluso presionan para que sean modificadas.

 

Las permisionadas aceptaron

El nuevo reglamento estableció 3 días hábiles para entregar los spots a cada estación de televisión y radio por vía satelital. Cuando el concesionario o permisionario prefiriese que la entrega se hiciera de manera física, en su domicilio, serían 2 días hábiles. Ese es el tiempo que podría correr entre la recepción del material y su transmisión.

No se trata de plazos difíciles de acatar. Los medios electrónicos se alimentan de acontecimientos que cambian constantemente. Muchos de sus programas son producidos horas o minutos antes de su transmisión y los noticieros, como todos sabemos, se difunden en vivo. En ninguno de esos casos las empresas de televisión y radio requieren de varios días para difundir un contenido.

La comercialización en tales emisoras también se organiza con escasa antelación. Incluso en las radiodifusoras más pequeñas, en algunos estados, el ingreso financiero más constante depende de anuncios o avisos locales que son contratados apenas horas antes de su transmisión.

Además los spots de campaña de los partidos políticos se transmiten en horarios fijos. Semanas o meses antes, las estaciones de televisión y radio saben en qué momento, cada hora entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche, insertarán los dos o tres minutos de propaganda electoral a la que están obligados en pago del tiempo estatal en los medios electrónicos.

La única variación sería que ahora, en vez de 5 días hábiles, tales empresas deberían demorar cuando mucho 2 o 3 días para incorporar esos anuncios dentro de sus barras publicitarias.

Esa operación es tan sencilla que las radiodifusoras con menos recursos, que son las de carácter comunitario, aceptaron los nuevos plazos. Lo mismo ocurrió con las radiodifusoras y televisoras no comerciales que son manejadas por universidades, municipios o gobiernos de los estados.

Del campo de los medios permisionados, que suelen padecer más carencias tecnológicas y financieras que la radiodifusión comercial, no hubo quejas sino compromiso con las nuevas disposiciones del IFE.

Todo lo contrario sucedió con muchas de las empresas concesionarias. Representadas por la CIRT, algunas de las radios y televisoras privadas más destacadas mostraron una actitud mezquina al rechazar las nuevas pautas para la transmisión de anuncios políticos.

 

Sí hubo consulta

   El otro cambio destacado que estableció el Reglamento del 27 de junio fue el reconocimiento de los rasgos que tienen las estaciones comunitarias. A tal efecto, se creó la figura de “permisionarios privados sin fines de lucro” para aquellos medios que no dependen de manera fundamental de recursos públicos ni de la venta de espacios comerciales. Para que una emisora fuese considerada en esa figura tendría que presentar sus estados financieros, entre otros documentos. Las pautas para la transmisión de anuncios electorales estarían ajustadas a las condiciones y horarios de tales emisoras.

Esas modificaciones fueron discutidas durante varios meses por el IFE con los representantes de las radiodifusoras comunitarias y sus asesores. Más tarde, cuando el borrador del Reglamento estuvo listo, el propio IFE lo envió para conocer su opinión a la CIRT, la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, así como a la delegación en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.

Durante todo el proceso de elaboración del Reglamento, los consejeros del IFE directamente involucrados en esa tarea estuvieron en contacto con tales grupos. Sin embargo la CIRT se quejó ante el Tribunal Electoral por no haber sido consultada. Y el TRIFE dio como válida esa inconformidad, incluso contradiciendo la información que incorporó en su sentencia del 14 de septiembre.

En esa resolución los magistrados del TRIFE admiten: “Entre el cuatro de abril y veinte de junio de dos mil once, se celebraron diversas reuniones de trabajo, en las cuales se recibieron opiniones y observaciones por parte de los Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral, partidos políticos y diversas personas morales con relación a la propuesta de reforma del aludido reglamento”.

Es decir, consultas con los empresarios y otros grupos de radiodifusores sí hubo. Pero no fueron suficientes para las exigencias de la CIRT ni para las apreciaciones de los magistrados.

Basta leer la sentencia del TRIFE para constatar que el IFE buscó la opinión de los concesionarios y permisionarios acerca del Reglamento. Allí se transcriben fragmentos de las cartas del IFE a la CIRT y de las respuestas de ese grupo empresarial. Sin embargo, como si no hubieran leído su propia sentencia, los magistrados se empeñaron en seguir a pie juntillas las exigencias de la CIRT y le reprochan al IFE que no haya realizado tales consultas.

La decisión del Tribunal es controvertible entre otros motivos porque asegura que el Instituto Federal Electoral está obligado a recabar el parecer de sectores como la CIRT cuando se ocupa de asuntos relacionados con la radio y la televisión. Esa interpretación atenta contra la autonomía constitucional del Instituto Federal Electoral. El IFE buscó la opinión de la CIRT aunque no estaba obligado a ello. E incluso recibió de esos empresarios observaciones que algunos de los consejeros electorales incorporaron a la versión final del Reglamento.

Los dirigentes de la CIRT estaban tan enterados del contenido del Reglamento que antes de su aprobación publicaron desplegados de prensa en los que se mostraban inconformes con ese proyecto.

No es ausencia de consulta lo que padecieron. Lo que les afectó fue la decisión del IFE para aprobar ese Reglamento a pesar de las objeciones de grupos como Televisa y Azteca.

 

Confrontar al IFE

El rechazo de los radiodifusores privados representados por la CIRT no se debe a dificultades técnicas. Se trata de una rabieta política en la que han comprometido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esos radiodifusores están empeñados en mantener una confrontación permanente con el IFE y con la legislación que el Instituto Electoral tiene la obligación de poner en práctica.

Como todos recordamos, en septiembre de 2007 los grupos de radiodifusión más notorios hicieron un berrinche público cuando el Senado aprobó la reforma constitucional que pone los tiempos del Estado al servicio de la propaganda electoral. La prohibición a la contratación de espacios en televisión y radio fue un quebranto importante en las finanzas de empresas como Televisa y Azteca, Radio Fórmula y Radio Centro, entre otras. Pero por encima de ese perjuicio financiero, los operadores de los grupos mediáticos se encresparon ante el desafío político que encontraron en la reforma promovida por los tres partidos políticos más importantes.

Aquella reforma electoral, incorporada primero a la Constitución y más tarde a la Ley en dicha materia, les quitó márgenes de maniobra política a los concesionarios y puso en evidencia su vulnerabilidad delante de los partidos y el Poder Legislativo. Ese es, para ellos, un agravio que no perdonan. Desde entonces han hecho todo lo posible para incumplir y revertir esas reglas electorales.

Allí radica la causa del enfado de los radiodifusores con el Reglamento del IFE. Aunque cumplir los nuevos plazos de entrega de los spots no les representa mayor dificultad, porque se trata de términos que aceptan todos los días con sus clientes comerciales, los grupos de radiodifusión encontraron en este episodio una ocasión adicional para tener un nuevo pulso con el IFE.

Se trata de un arrebato de motivaciones ideológicas. Los radiodifusores más beligerantes se consideran dueños de las frecuencias que el Estado les ha concesionado. No admiten regulaciones que alteren la rutina de discrecionalidad y anchura que les ha permitido hacer negocios financieros y políticos con las frecuencias que manejan. No toleran que nadie –ni siquiera la autoridad electoral que organiza las elecciones que son eje de nuestra democracia– les imponga fechas ni cánones que sobresalten esa benévola rutina.

 

No son todos

   Los concesionarios resguardados en la CIRT están de tal manera convencidos de que la televisión y la radio son propiedad suya que se consideran representantes de todos los concesionarios. Y no es así.

El 6 de julio de 2011 la CIRT presentó en el Tribunal Electoral los recursos de apelación contra el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral. Al día siguiente, en un desplegado aparecido en varios diarios, la CIRT anunció que habían sido entregadas impugnaciones de “1,000 estaciones de AM, FM y TV”.

En posteriores comunicados y en declaraciones de sus directivos, la CIRT se ufanó de haber presentado un millar de impugnaciones. Esa versión fue repetida por los voceros que las televisoras suelen tener en varias columnas financieras y políticas.

Sin embargo los concesionarios se inconformaron con el reglamento fueron únicamente 263. Algunos de ellos, incluso, fueron rechazados por el TRIFE debido a que sus concesiones habían caducado.

Esa es la cantidad de recursos de apelación inventariados por el TRIFE en la sentencia del 14 de septiembre.

Entre los quejosos se encuentran estaciones de los grupos Televimex (subsidiaria de Televisa para operar sus concesiones en el DF), Televisión Azteca, Imagen, Multimedios, Radio Fórmula, Fomento de Radio (Radio Mil) y Radio Centro (a través de varias denominaciones). También hubo impugnaciones del PRI y el PVEM, cuya adhesión a las causas de tales empresas no es nueva.

Algunas de esas firmas, especialmente las que son titulares de concesiones de televisión, representan a más de una radiodifusora y televisora. Pero 263 son pocas en comparación con el millar de impugnaciones que la CIRT se ufanó de haber presentado.

Son más pocas, todavía, en comparación con las 2 mil 808 estaciones de radio y televisión que hay en todo el país, de acuerdo con la información de la COFETEL fechada el 30 de junio.

Incluyendo algunas adjudicaciones de frecuencias recientes, debido a la regularización de varias concesiones y permisos y al otorgamiento de frecuencias en FM para empresas que tenían estaciones en AM, existen 1900 estaciones de radio (368 permisionadas y 1532 concesionadas), así como 908 televisoras (300 permisionadas y 608 concesionadas).

Las impugnaciones promovidas por la CIRT involucraron únicamente a 263 concesionarios. No se trata de todas y posiblemente ni siquiera de la mayoría de las estaciones de radio y televisión que hay en el país.

También en eso se equivocaron los siete magistrados del TRIFE. Creyeron que al resolver favorablemente la queja de esa Cámara empresarial estaban congraciándose con la mayor parte de los operadores de televisión y radio en el país. Quizá por eso aprobaron un dictamen tan descuidado. Quedaron bien con una porción de los concesionarios: los más agresivos, intolerantes y fundamentalistas; los que creen que las frecuencias son suyas y no de la nación, los que están dispuestos a descarrilar las elecciones con tal de reafirmar su influencia política. A esos empresarios respaldan los magistrados del Tribunal Electoral. En esas manos está la calificación de las elecciones de 2012.

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