Observadores rigurosamente vigilados

Publicado en Eje Central

Promovido con modos autoritarios y suscrito de manera resignada o culposa por muchos de quienes lo avalaron, el “Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia” se fractura antes de cumplir dos meses. De la misma manera que diseñaron y promovieron ese documento en sus oficinas corporativas, los directivos de Televisa ahora crearon un “Observatorio de medios” y designaron al consejo que supuestamente habrá de regirlo sin consultar con los medios de comunicación que firmaron tal Acuerdo.

La deliberación no es un asunto que les resulte familiar a los directivos de Televisa. La consulta con otros antes de tomar decisiones que los involucran a todos, mucho menos. Así que cuando se les ocurrió establecer un mecanismo para tratar de conferirle alguna credibilidad al alicaído Acuerdo que varias televisoras han sido las primeras en transgredir, lo mejor que pudieron hacer fue acudir a varios de los comentaristas cercanos a la propia Televisa, o a Televisión Azteca, para que respalden el nuevo Observatorio.

El 5 de mayo Televisa anunció el surgimiento del “Observatorio”, aunque sin precisar tareas, metodologías, plazos ni espacios para difundir su desempeño. Solamente dijeron que ese nuevo instrumento o mecanismo de análisis será coordinado por el maestro José Carreño Carlón. Además, el boletín de “Iniciativa México” sobre ese asunto indicó que el Observatorio estaría integrado por Héctor Aguilar Camín, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Saúl López Noriega y Federico Reyes Heroles como si esos cuatro ciudadanos fueran a estar a las órdenes de Carreño para grabar videos, codificar contenidos, tasar segmentos de noticias, tabular tendencias en la información y vaciar en hojas de Excel los resultados de tales mediciones. Más adelante se informa que una empresa “especialista en seguimiento de medios”, aunque no se dice cuál (ni qué ha entenderse por seguimiento) “monitoreará de manera exhaustiva los contenidos de los diversos medios que se han integrado al Acuerdo y realizará reportes periódicos” que serán evaluados por las mencionadas personas.

El prestigio profesional de José Carreño Carlón, que a su experiencia en la práctica de la comunicación política añade un ya largo lapso examinándola desde la perspectiva académica, tendría que ser suficiente para tomar con seriedad al nuevo Observatorio, aunque sea promovido por empresas tan habitualmente ariscas a ser observadas como son Televisa y TV Azteca. A la mirada analítica de ese profesor en la Universidad Iberoamericana se aúna la pericia de Regina Santiago Núñez, que en algunas notas periodísticas es mencionada como parte de dicho proyecto y que ha sido integrante muy destacada del Observatorio Ciudadano de Medios patrocinado por esa institución académica.

El perfil de Carreño es garantía de que los datos que recibirá serán analizados con seriedad. Sin embargo, a juzgar por la precaria información que hemos citado, él no tendrá a su cargo la observación de la cobertura de asuntos delincuenciales en los medios que han suscrito el Acuerdo sino el examen de los informes que entregue una empresa privada.

Si se ha de cumplir con la enorme tarea que anuncian los dueños del Acuerdo, estaríamos ante el escrutinio de medios más ambicioso e importante en la historia de México. No podemos considerar de otra manera el propósito para “monitorear” de manera exhaustiva los contenidos no de cuatro o cinco, sino de los diversos medios que se han integrado al Acuerdo como anuncian las televisoras. Quizá conducidos por el entusiasmo, o desconociendo la complejidad que implica un auténtico monitoreo de medios, los promotores de esa indagación han sugerido que serán revisados todos los contenidos de cada televisora y estación de radio, o de cada diario o revista involucrados en el Acuerdo. Y se les ha olvidado, al parecer, que el Acuerdo, según se dijo en marzo pasado, fue suscrito por 715 medios de comunicación de todo el país. A menos que se trate de una magna y generosísima acción para dar chamba como analistas a varios millares de egresados de las escuelas universitarias de comunicación, todo parece indicar que las expectativas de sus propios promotores en las capacidades de ese Observatorio han sido sobredimensionadas.

Por lo pronto, ese proyecto para dar seguimiento a la cobertura de los medios encontró desavenencias entre al menos algunas de las empresas de comunicación que suscribieron el Acuerdo de manera tan inopinada. El lunes pasado, en su columna de indiscreciones y mensajes políticos sin firma, El Universal descalifica la creación, “sin consulta ni consenso alguno”, del nuevo Observatorio.

Al cuestionar al Observatorio de esa manera, los directivos de dicho diario sugieren que el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia sí fue motivo de consultas y consenso pero eso no es cierto. Una de las debilidades del Acuerdo es su carácter cupular. Las normas que establece para el manejo de informaciones relacionadas con la delincuencia no fueron evaluadas en las redacciones, de tal suerte que los periodistas no se han familiarizado con ellas ni tienen motivos suficientes para compartirlas. El otro flanco cuestionable es que, según señalamos cuando surgió, el Acuerdo fue creado como instrumento de autopromoción de las televisoras, precisamente cuando arreciaba su diferendo con el Grupo Carso, y no como resultado de un auténtico intento para que la cobertura de temas criminales no refuerce los intereses o la imagen de los grupos delincuenciales.

El reclamo de El Universal es comprensible pero no tiene razón. El documento, tenía prevista “la creación de un órgano ciudadano de observación que lleve a cabo reportes periódicos sobre el apego de los medios a los criterios editoriales plasmados en el Acuerdo”. Esa casa editorial cuestiona al Observatorio porque considera que “se autoasignó la tarea de emitir ‘recomendaciones’ a los medios firmantes, lo que violenta no sólo el citado acuerdo, sino cualquier definición elemental de ética periodística”. Pero esa no fue decisión del por lo demás incierto Observatorio, sino del Acuerdo mismo que El Universal publicó a dos planas en sus páginas 12 y 13 el jueves 24 de marzo pasado. La ética, por cierto, no se demerita por el hecho de que haya quienes recomienden cómo manejar la información; la ética jamás debiera ser cobertura para la impunidad ni la irresponsabilidad.

Si las televisoras que son las dueñas del Acuerdo se observaran a sí mismas, sería interesante aunque se tratase de un ejercicio que despertaría inmediatas suspicacias. Es altamente posible que, de la misma manera que el Acuerdo mismo (que ha sido cotidianamente transgredido por sus promotores que no se resignan a tener un comportamiento responsable en detrimento del sensacionalismo al que son tan afectos) el Observatorio no pase de ser un proyecto malogrado. Pero si ofrece resultados, resultará significativo apreciar con qué criterios e instrumentos las televisoras consideran que pueden analizar sus propios contenidos. Ese Observatorio tendrá muchos observadores.

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