Censura

Publicado en emeequis, 20 de marzo de 2011

Mientras los jueces siguen enredándose con un amparo que nunca debió haber prosperado, las vicisitudes alrededor de la película Presunto Culpable confirman que cada vez hay más ciudadanos exigentes respecto de los medios de comunicación.

Víctima de un injusto encarcelamiento de varios años

La indignación que recorrió las redes sociales y se explayó en los medios convencionales cuando se supo que una juez de distrito había concedido la suspensión provisional en beneficio del testigo que incriminó falsamente al protagonista de la película –víctima de un injusto encarcelamiento de varios años– se debió la identificación de muchos ciudadanos con el tema de esa cinta pero, además, al rechazo a un ostensible acto de censura.

Algunos comentaristas sostienen que no hubo censura, sino negocio de los abogados que interpusieron el amparo o protección de los derechos de un ciudadano. El testigo ahora convertido en denunciante, desde luego tiene la prerrogativa de requerir el respaldo de la ley. Siempre será pertinente que los ciudadanos que se consideran afectados por una exposición indebida en los medios puedan reivindicar sus derechos –entre ellos el derecho a disponer acerca de la propagación de su imagen–.

Sin embargo, la decisión judicial que inicialmente concedió el amparo solicitado por el testigo tiene dos flancos débiles. Por una parte, la declaración de ese joven fue grabada durante audiencias judiciales que eran públicas. Las cámaras resultaron visibles para todos los presentes en tales comparecencias; nadie filmado de esa manera puede llamarse a engaño. La discusión podría ser, en todo caso, si las diligencias realizadas en un juzgado son públicas o no. Las autoridades que dieron acceso a las cámaras, en respuesta a la petición de los abogados que consideran que los juicios deben quedar registrados en video, reconocieron el carácter público de tales sesiones.

¿Puede un ciudadano inconformarse con la propagación de su imagen cuando ha sido registrada en un evento público? Si así fuera, los asistentes a una manifestación en la calle, a una conferencia en un auditorio o simplemente los transeúntes en la vía pública, podrían objetar la presentación de escenas que registran su presencia en tales sitios.

Los hechos que ocurren en sitios públicos, ¿no son publicables? Por supuesto que sí. Además, en una audiencia judicial hay un compromiso del testigo que comparece: de manera expresa, se hace responsable de lo que dice. Y una de las consecuencias de tal responsabilidad es la exposición pública de tales dichos.

Así que la reivindicación de la privacía no puede ser motivo para que se impida la difusión de imágenes registradas en sitios y/o en eventos públicos. La privacía, valga la perogrullada, se ejerce en recintos privados. Y un juzgado no lo es.

La otra fragilidad en la decisión de la juez se encuentra en el interés público que tienen las declaraciones del testigo. Presunto Culpable es una denuncia a las fallas del sistema judicial mexicano y la improvisación (o la adulteración incluso) de los testimonios, es una de las más escandalosas. Prescindir de esa declaración, o difuminar la imagen del testigo como sugirió posteriormente la juez, atenta contra el interés de la sociedad respecto de esa película. La juez Blanca Lobo debió haber considerado que el artículo 124 de la Ley Federal de Amparo establece que la suspensión no puede declararse cuando sea afectado el interés social.

La censura es, entendida de manera amplia, toda prohibición a la divulgación de una opinión o a un contenido de cualquier índole. En palabras del grupo Artículo 19, que combate la represión a los comunicadores, “la esencia de la censura es la supresión de la expresión”.

Por supuesto, en una sociedad civilizada la libertad de expresión no puede ser absoluta. Está mediada por normas contra la calumnia y el derecho a la privacía. Pero ninguno de tales derechos es vulnerado en la película.

La censura no solamente la ejercen el gobierno o el Estado al vetar la expresión de un mensaje. Cualquier poder, institucional o fáctico, cuando inhabilita la libertad de expresión, incurre en censura. Hoy, en México, una de las principales fuentes de censura se encuentra en los propietarios de diversos medios de comunicación.

La prohibición inicial contra Presunto Culpable fue determinada por un juez, que es una autoridad que forma  parte del Estado. Como quiera que se le vea, fue un acto de censura. Por eso resulta inadmisible.

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