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Publicado en Nexos, enero de 2011

Hay dos escenarios para el futuro de las telecomunicaciones en México. Uno de ellos estaría definido por la competencia, la diversidad y la calidad. El otro, por la concentración, la escasez de opciones, los precios altos y el mal servicio. El presidente Felipe Calderón dice que apuesta por la primera opción. Sin embargo las decisiones que ha tomado en materia de telecomunicaciones propician el segundo escenario.

El negocio de las telecomunicaciones requiere inversiones cuantiosas pero suele tener tasas de ganancia muy altas. La telefonía celular, la radiodifusión apoyada en tecnologías digitales y desde luego Internet, constituyen servicios de consumo intenso por cada vez más personas en todo el mundo. En México, los usuarios de Internet han aumentado de 8% en 2001 a más del 30% a fines de 2010. Ha sido un incremento notable, pero limitado entre otras causas porque casi la mitad de los usuarios accede a la Red fuera de sus hogares. En 2008 el 13.5% de los hogares mexicanos tenía Internet. En Argentina, ese mismo año, el 30% de los hogares disponía de ese servicio, mientras que en Brasil y Chile ese acceso era del 24%.

La convergencia tecnológica puede ser entendida como la amalgama de las comunicaciones a distancia con los recursos digitales. Pero también suele significar fusión de empresas, consolidación de capitales e incluso acaparamiento de cada vez más recursos comunicacionales en pocas manos.  En todo el mundo, las corporaciones de las telecomunicaciones suelen insistir en expandirse y hacer negocios sin regulación alguna. Las responsabilidades reguladoras del Estado operan, entonces, para promover que haya más y mejores opciones ante los usuarios de estos servicios.

En México, tanto la televisión como la telefonía han estado supeditadas a operadores cuyo carácter dominante no ha sido acotado por el Estado. Televisa y Telmex acaparan la mayor parte de consumidores en cada uno de esos campos. La historia de la televisión y la telefonía en las últimas décadas es la historia de la hegemonía de esos consorcios.

Recientemente, el presidente Calderón decidió limitar la expansión de Telmex. El camino más razonable hubiera sido promover la llegada de nuevas empresas para compartir el mercado de la telefonía, tanto alámbrica como celular. En vez de ello, resolvió fortalecer a Televisa para que incursionara en áreas hasta entonces dominadas por las empresas de Carlos Slim. A Televisa  le interesa ofrecer paquetes de servicios que incluyan televisión, telefonía e Internet. Pero además, ese consorcio quiere difundir por todos los medios posibles los contenidos que ya produce para televisión.

En el transcurso de 2010, el gobierno ha favorecido el crecimiento de los negocios de Televisa con al menos media docena de medidas muy relevantes.

1) Desde 2008, Televisa ha podido adquirir buena parte de las empresas locales de televisión por cable en todo el país sin que ese acaparamiento de un mercado en el que ya tenía presencia relevante, sea cuestionado por las autoridades en materia de competencia económica.

2) En junio Televisa, asociada con Telefónica, recibió la concesión para utilizar 20 mil kilómetros de fibra óptica en el cableado que la Comisión Federal de Electricidad tiene en toda la República. Por esa adjudicación Televisa y socios ofrecieron pagar 884 millones de pesos, una cantidad que no resarce en lo más mínimo la inversión estatal para desarrollar dicha infraestructura terrestre, de índole digital, equiparable a la de Telmex.

3) En septiembre, el gobierno anticipó el plazo para que todas las señales de televisión en el país sean digitales. Habrá dos o tres canales más por cada uno de los que existen ahora. Sin embargo esos nuevos espacios de televisión podrían ser fundamentalmente para Televisa. El decreto presidencial que adelanta para fines de 2015 el apagón analógico no incluye previsiones para que los nuevos canales, que podrán difundirse en la frecuencia hasta ahora ocupada por una sola señal de televisión, puedan ser manejados por operadores distintos a los concesionarios de las actuales frecuencias.

4) Asociada con Nextel, Televisa obtuvo en octubre la concesión para utilizar un segmento de 30 Megahertz de espectro radioeléctrico que le permitirá vender servicios de telefonía celular. Por esa concesión pagarán 180 millones de pesos de enganche en tanto que, por un segmento de la misma extensión, las empresas Telefónica y Telcel accedieron a pagar 5068 millones de pesos. Televisa y socio pagan 28 veces menos.

5) Con o sin cambio digital, el país podría tener nuevas opciones capaces de competir con Televisa y TV Azteca si se pusieran a licitación las frecuencias necesarias para integrar varias cadenas nacionales. Al negarse a abrir tales concursos, para los cuales hay frecuencias disponibles, el gobierno complace la exigencia de Televisa para que no surjan nuevos operadores de televisión.

6) Esa exigencia ha implicado, también, que el gobierno se niegue a modificar el título de concesión que la impide a Telmex ofrecer televisión junto con los servicios de telefonía e Internet. Las autoridades regulatorias han dicho que antes de recibir esa autorización, Telmex tiene que facilitar la interconexión con otras compañías telefónicas. En la práctica, la prohibición para que ese consorcio difunda televisión restringida favorece el acaparamiento que ejerce Televisa.

La decisión para afianzar a Televisa no es económica, sino política. El Estado ha perdido miles de millones de pesos entregándole recursos comunicacionales a precios de ganga. Con tal de construir un competidor a las empresas de Slim, el gobierno mexicano ha reforzado a Televisa. Como apuesta política, es riesgosa ya que nada le garantiza al presidente Calderón que a cambio de esa desmesurada condescendencia Televisa vaya a favorecer al partido en el gobierno en las elecciones de 2012. Al contrario.

Las motivaciones políticas del presidente Calderón endurecen el escenario de tarifas altas, servicios malos y expansión irregular de las telecomunicaciones en México. Las concesiones a Televisa no establecen condiciones en materia de precios ni para la calidad de esos servicios. Todo queda al garete de un mercado con reguladores hostiles al interés de los consumidores pero, eso sí, obsequiosos ante uno de los operadores dominantes.

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