Contrarreforma en varias pistas

Zócalo, julio de 2009

Propositivos y participativos, o grises y adocenados, los diputados que conformarán la próxima legislatura no tardarán mucho tiempo en demostrar si están al servicio de la sociedad o de los grupos de interés corporativos. El de los medios de comunicación será uno de esos temas definitorios.

Después de unas elecciones acotadas por el desencanto y la desconfianza, los nuevos legisladores enfrentarán un escrutinio y una exigencia sociales que sus predecesores no experimentaron, al menos de manera tan enfática. Más allá de la concurrencia a las urnas y de la preferencia de los ciudadanos en torno a diversas opciones para votar, los comicios del 5 de julio habrán estado circunscritos por un clima de suspicacia al que no fueron ajenos el interés corporativo de los medios de comunicación más importantes pero, también, el reclamo de muchos votantes por una vida pública más abierta y sobre todo con decisiones legislativas menos arbitrarias.

El reproche social, que en otras latitudes ha sido calificado con elegancia y prudencia como desafección de los ciudadanos respecto de la política, se convirtió en el tema de discusión más importante antes de los comicios de julio. Por primera vez en la historia política mexicana el interés de ciudadanos y medios respecto de los comicios no se concentró en los candidatos y sus plataformas, ni en las expectativas en torno a la organización electoral, sino en la pobreza de las opciones partidarias y las iniciativas –contradictorias, pero con la frescura que tienen los temas emergentes– para anular el voto.

Las perspectivas de ese movimiento estarán limitadas por su ausencia de estructura orgánica y por el discurso antipolítico que desplegaron algunos de sus promotores. Pero seguramente alcanzará efectos en el interés que distintos sectores de ciudadanos mantengan sobre la actividad de la clase política, especialmente respecto de los diputados que hayan surgido de esa elección.

Después del 5 de julio

El interés ciudadano por las actividades públicas y especialmente por las tareas legislativas estará acotado por dos circunstancias que son, a su vez, paradójicas y contrapuestas. El discurso contra la política se diluirá en nuevas expresiones de irritación y desesperanza en muchos de quienes no se inquietarán por estos asuntos sino hasta las próximas elecciones federales, dentro de tres años. Pero en algunos sectores de la ciudadanía crítica que se ha desarrollado en los años y meses recientes, la antipolítica no tendrá más vía de distensión que una nueva atención, más enterada y quizá menos efímera, en los asuntos públicos.

De manera simultánea serán evidentes los móviles de quienes, desde los medios de comunicación más influyentes, alentaron el alegato de la antipolítica para llevarlo, en algunos casos, a las convocatorias por la anulación del sufragio. Muchos comunicadores, igual que numerosos ciudadanos, estuvieron convencidos de buena fe en esa opción electoral. Pero también parece evidente que la desacreditación de los partidos políticos les conviene a los consorcios mediáticos que no han ocultado la prisa que tienen para que el Congreso revierta las reformas en materia de propaganda política que fueron aprobadas hace dos años.

Los partidos se han ganado, día tras día, una rencilla tras otra, la mala fama que hoy tienen en la sociedad mexicana. De allí se deriva un contexto de exigencia que puede ser saludable para la democracia y, en todo caso, para la rendición de cuentas a la que están obligados gobernantes, legisladores y líderes políticos. La discusión que antecedió a las elecciones de julio podría desencadenar una nueva atención ciudadana a temas como la reforma jurídica para los medios, que solamente la indolencia de los legisladores y la capacidad de amago de los grupos de presión han mantenido estancada.

En esa situación los nuevos diputados, así como los senadores que llegan a la segunda mitad de su encomienda sexenal, tendrán que elegir entre apoyarse en la sociedad o en los grupos de interés corporativos. Aunque haya bastado para asignar las 500 curules y conformar los grupos parlamentarios, la votación del 5 de julio habrá tenido insuficiencias que solamente pueden remediarse con una intensa actividad política en y delante de la sociedad. Es difícil, aunque también posible, que los legisladores sean reacios a reconocer ese reclamo de los ciudadanos.

Amago y persuasión

La revisión de las reglas para la propaganda electoral será el primer tema de definición, y en un primer trecho el más importante, en la actitud del Congreso acerca de los medios y su legislación. Las corporaciones de televisión y radio, que dejaron de recibir varios miles de millones de pesos en cada temporada electoral con la suspensión en la compra de spots, insistirán en una rápida e inopinada derogación de tales reglas.

No será tan fácil, porque para ello se requeriría de una nueva reforma constitucional ya que las pautas de la reforma de 2007, incluso con inusual detalle tratándose de ese ordenamiento, fueron establecidas en el artículo 41 de la Constitución.

Solamente con una amplia operación de amago y persuasión, las televisoras podrían alcanzar la mayoría necesaria para una reforma de esa índole. Ante esa dificultad que solo podría resolverse con el respaldo de los tres partidos de presencia nacional, desde hace varios meses tales corporaciones emprendieron tareas de cabildeo y propaganda para desvirtuar y en algunos casos anular las disposiciones constitucionales sobre medios y elecciones, particularmente la prohibición a la compra de propaganda política.

Las corporaciones mediáticas han buscado la revocación en los hechos de tales disposiciones, a través de sentencias judiciales de alcance tanto local como federal. Simultáneamente han promovido el quebrantamiento de la prohibición constitucional a veces de manera pública y, en otras, con culposa discreción.

1. Amparos judiciales. Desde 2008, con el pretexto de reivindicar la libertad de expresión que decían amenazada por la prohibición a la compra de spots en medios electrónicos, las empresas de radiodifusión promovieron, ante jueces de todo el país, amparos contra esa taxativa que establece el artículo 41 Constitucional.

Apoyadas por grupos empresariales como la Coparmex y por los escritores que también se dijeron defensores de la libertad de expresión (aunque más tarde algunos de ellos explicaron que no les interesaba tanto el tema de los medios sino la posibilidad de que los ciudadanos impugnaran la Constitución por vías judiciales) las televisoras presentaron docenas de solicitudes de amparo.

Tales solicitudes no habrían tenido efecto alguno de no ser por una inesperada decisión de la Suprema Corte de Justicia que, en septiembre de 2008, consideró que los juzgados ordinarios podrían recibir y resolver peticiones de amparo contra reformas constitucionales. De esa manera la Corte abrió un enorme flanco de debilidad jurídica de la que algunos ministros ya se han arrepentido.

El amparo que a comienzos de mayo de 2009 otorgó la jueza Florida López Hernández a la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos fue el primer eslabón de una cadena que las televisoras esperaban más nutrida. Alegando irregularidades nimias como la notificación de la hora en la cual los senadores votaron aquella reforma constitucional en septiembre de 2007, esa jueza de Cholula, en Puebla, confirió a la agrupación patronal de Morelos un extraño pero inservible privilegio. Durante el reciente proceso electoral, ese grupo empresarial era la única entidad de todo el país que estaba autorizada a comprar propaganda política en televisión o radio. Pero no lo podía hacer, al menos de manera legal, porque la Constitución y el Código Electoral prohíben vender espacios de esa índole.

2. Decisiones de las autoridades electorales. Más grave aún fue la resolución que, el 8 de mayo, asumió el Tribunal Federal Electoral para revocar la prohibición que el Consejo General del IFE le había impuesto al Partido Verde acerca de los spots en donde algunos de sus diputados, con el pretexto de informar acerca de su actividad legislativa, hacían propaganda electoral.

El IFE había considerado que esos anuncios del PVEM eran de proselitismo electoral. Sin embargo el Tribunal resolvió que se trataba, simplemente, de anuncios con los cuales los diputados del Verde cumplían con su deber de rendir cuentas ante los ciudadanos.

Al hacer suyos los argumentos de los diputados del PVEM, el Tribunal Federal Electoral abrió un boquete severo y quizá irreparable a la reforma electoral de 2007. A partir de esa resolución, cualquier partido podría hacer campaña al margen de las disposiciones electorales tan solo con disfrazarla de mensajes de sus legisladores.

Esa decisión se sumó a otras sentencias, también notoriamente generosas con el interés de las televisoras, que habían aprobado los magistrados electorales. Durante el tortuoso y judicialmente exuberante proceso electoral que tuvimos el primer semestre de 2009, abundaron las acusaciones contra el desempeño de Televisa y Televisión Azteca. En algunas ocasiones el TRIFE enmendó sentencias del Instituto Federal Electoral para disminuir y en algún caso para precisar multas a esas empresas. En otras ocasiones, el Tribunal intervino en esos temas debido a la lenidad de los consejeros del IFE respecto de las televisoras.

Sin criterios claros ni firmes, en la actitud de esas autoridades electorales –tanto el IFE como el TRIFE– predominó a veces el pasmo y en otras ocasiones la complacencia con el interés de Televisa y Azteca. Algunas versiones sugieren que el gobierno federal participó del cabildeo ante el TRIFE para propiciar sentencias como la que absolvió al Partido Verde por hacer propaganda electoral disfrazada de información legislativa. De ser así, se confirmaría la sumisión que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha decidido mantener respecto de las televisoras privadas. Esa subordinación forma parte del contexto en el cual los nuevos diputados deberán cumplir, o no, la responsabilidad que tienen con la reforma legal para los medios de comunicación.

3. Transgresiones públicas a la legislación electoral. El sábado 23 de mayo la narración del partido de futbol entre los Pumas de la UNAM y el Puebla en el canal 2 de Televisa, fue interrumpida por una inesperada entrevista con Demetrio Sodi, candidato del PAN a delegado en Miguel Hidalgo.

Mientras el juego transcurría, durante alrededor de dos minutos un recuadro en la parte inferior de la pantalla mostraba a ese candidato hablando de sus de sus promesas en caso de ser electo.

Sodi aseguró que no había sido un espacio pagado sino resultado de la buena relación que tiene con sus amigos de Televisa. Sin embargo antes dijo que la entrevista no estaba pactada y luego se confirmó que sí. En caso de que haya pagado por esa aparición, tanto el candidato como la televisora habrían infringido la prohibición a la venta de espacios para propaganda.

Y si fue un obsequio, se habría tratado de una donación también ilegal que habría rebasado, con mucho, los límites que tuvieron para sus gastos de campaña los candidatos a delegados en la ciudad de México.

La comparecencia de Sodi durante el futbol resultó escandalosa porque no había justificación alguna ella. Pero la incorporación de imágenes y alocuciones de personajes políticos que pagan por tales espacios o los reciben de las televisoras contrayendo evidentes compromisos, se ha vuelto subterfugio frecuente contra la ley electoral.

Televisa y Azteca, con casi cotidiana asiduidad, presentan en sus noticieros a personajes de anchas ambiciones políticas como Marcelo Ebrard y Enrique Peña Nieto en eventos que distan de ser relevantes. En ocasiones esos segmentos aparecen dentro de los cortes comerciales, sin disimulo a su carácter de notas que han sido pagadas por el gobierno de la ciudad de México o por el gobierno del Estado de México.

Tales anuncios violan la disposición constitucional (artículo 134) que prohíbe la contratación de espacios para la “promoción personalizada” de los gobernantes.

Televisión Azteca, además,  durante la temporada electoral promovió una campaña a favor de un “México Verde”. La televisora decía estar inquieta por la basura que hay en las calles –aunque, de ser así, su preocupación profiláctica podría haber comenzado con la programación que se difunde en sus canales–. Coincidentemente con esa campaña se desarrollaba la del Partido Verde Ecologista… cuya lista plurinominal en la cuarta circunscripción fue encabezada por la hija de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca.

4. Infracciones legales a trasmano. Desde que fueron promulgadas la reforma constitucional de noviembre de 2007 y las reformas de enero de 2008 al Código Federal Electoral, la compra y la venta de espacios para propaganda política en la radio y la televisión no solamente están expresa y claramente prohibidos. Además, las sanciones a quienes infrinjan esas disposiciones pueden llegar a la cancelación del registro al partido o candidato que compren espacios para propaganda electoral o la suspensión de la concesión a las empresas de radiodifusión que aceptaran tales ventas.

A pesar de esos riesgos, durante las campañas de 2009 algunos partidos y candidatos pagaron para obtener espacios en medios de comunicación, particularmente en algunas entidades del país. Nadie se anima a reconocerlo de manera pública, porque se trata de delitos electorales que implican sanción para ambas partes. Pero en privado, distintos candidatos a diputaciones federales o a presidencias municipales, o algunos operadores políticos de varios partidos, admiten que han tenido que pagar a cambio de ser entrevistados en algunas estaciones de radio y posiblemente también de televisión.

Los partidos y candidatos que compraron espacios de esa índole, cedieron al chantaje de algunos radiodifusores que solamente de esa manera accedían a mencionar sus campañas. Así, se convirtieron en cómplices de la contrarreforma que, en la práctica, han emprendido algunos radiodifusores para esquivar las disposiciones legales en materia de propaganda política.

Es poco lo que se puede esperar, en el terreno de la reforma legal para los medios, de aquellos diputados que con tal de ganar la elección se dejaron extorsionar por algunos empresarios de la radiodifusión y pagaron con tal de ser mencionados o entrevistados. Esos comportamientos forman parte del difícil contexto en el que se desempeñará la LXI Legislatura.

One thought on “Contrarreforma en varias pistas

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