Televisa y Azteca: irritación, impunidad, intolerancia

Otros textos sobre las televisoras y el IFE, en mi blog Sociedad y Poder

El viernes 13 del IFE

Televisoras, bravata contra el Estado

Berrinche de las televisoras

Zócalo, febrero de 2009

Que están encrespados, no cabe duda. Que son arrogantes, resulta evidente. Que la reciente acometida contra la autoridad electoral y los partidos les resultará fructífera, está por verse.

La manipulación que hicieron de los anuncios políticos señala un viraje en el comportamiento de Televisa y Televisión Azteca respecto de la competencia política y sus protagonistas en este país. Hasta ahora, las televisoras aparentaban respeto a la ley y a las instituciones políticas aunque, de diversas maneras, intentaran influir en la aplicación o incluso en la modificación de las normas jurídicas.

Con la llamada clase política, las televisoras tenían una actitud que oscilaba entre la complacencia y la connivencia. Azteca y Televisa, la primera de manera más burda pero ambas en permanente redención de sus intereses por encima del interés público, se servían, sirviéndola, de la política.

Esa relación comenzó a cambiar desde los primeros momentos del gobierno de Vicente Fox cuando, en ausencia de una política gubernamental para los medios, las televisoras encontraron la ocasión para que fuese en sus oficinas corporativas donde se establecieran las reglas que orientarían a la radiodifusión. El decreto presidencial del 10 de octubre de 2002 que abolió el 90% del tiempo estatal en televisión y más tarde la Ley Televisa, fueron expresión de ese afán de las corporaciones mediáticas para transitar de la simulación, al activismo respecto del orden jurídico. Las pautas que habían prevalecido para los medios nunca les gustaron porque garantizaban la administración estatal del espectro radioeléctrico y les imponían obligaciones como el tiempo fiscal.

Influencia e insolencia

Durante más de 4 décadas y media, desde que la Ley Federal de Radio y Televisión fue promulgada en enero de 1960, los propietarios de los consorcios mediáticos toleraron y capotearon esa normatividad. La indolencia del foxismo, junto con el creciente sobrecogimiento de la mayor parte de la clase política mexicana ante la influencia de los poderes comunicacionales, llevaron a los dueños y operadores de Televisa y Azteca a decidir que ya era momento de imponer sus propias reglas.

Pero se les pasó la mano. La insolencia con que presionaron a dirigentes y candidatos de los partidos políticos con el fin de que sus legisladores respaldaran sin chistar las reforma a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión meses antes de las elecciones presidenciales de 2006, tuvo efectos favorables de manera inmediata pero a la postre les resultó contraproducente. La mayoría resignada y acrítica que aprobó por unanimidad la Ley Televisa en la Cámara de Diputados en diciembre de 2005, se descompuso en las posiciones variadas e incluso de razonado rechazo que se manifestaron durante los primeros meses del siguiente año. Aunque por mayoría, esas reformas fueron aprobadas el 30 de marzo con la objeción de la tercera parte de los senadores.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia para revocar los privilegios más notorios que la Ley Televisa confería a los consorcios mediáticos –que pretendían utilizar a su antojo las concesiones de las que ya disfrutaban– y la existencia de un nuevo contexto político, en donde ya no requerían del respaldo inmediato de las televisoras, les permitieron a los partidos coincidir en una decisión arriesgada y no sin excesos. En septiembre de 2007 los senadores del PAN, el PRI y el PRD aprobaron una iniciativa de reformas constitucionales para abolir la contratación de propaganda política en la televisión y la radio. Había motivos de sobra para ello.

La posibilidad que durante varios años explotaron las empresas mediáticas para ofrecer tarifas discrecionales (había un máximo pero no existían mínimos para los precios que les cobraban a los partidos) implicaba, junto con otras prácticas, la principal fuente de inequidad en las campañas políticas. Los partidos amalgamaron esa decisión junto con otras bastante cuestionables (especialmente la defenestración de los consejeros electorales cuyo desempeño no les gustó a quienes perdieron la elección presidencial de 2006) y a pesar de la azorada protesta de las televisoras, que no concebían una conducta de la clase política capaz de afectar sus intereses, la reforma constitucional fue aprobada a fines de 2007.

Con esas modificaciones a la Constitución, pronto traducidas en abundantes ajustes al Código Electoral, las televisoras y las cadenas de radio más importantes perdían un negocio cercano a 2 mil millones de pesos, que es el monto que los partidos gastaron (siempre con dinero fiscal) en la contratación de espacios en televisión y radio durante las campañas de 2006. Pero además del quebranto financiero, los dueños y operadores de los consorcios mediáticos entendieron que el poder del Estado no siempre se les subordinaba con la benevolencia de antaño. Es la guerra, se dijeron. Y han actuado en consecuencia con ese reconocimiento.

Millones de spots

La reforma de 2007 no les gustó a las televisoras. Sobre ella y las reglas para ponerla en práctica han difundido verdades a medias y sobre todo numerosas mentiras. Han dicho que gracias a esa reforma los partidos se apoderan del tiempo oficial en los medios pero esos espacios, comprimidos durante el gobierno de Fox, siempre han sido para el Estado. Sostienen que los mensajes políticos ahuyentan a las audiencias (como si a televidentes y radioescuchas les encantaran los anuncios comerciales) y que les resta espacio para la publicidad pagada (cuando se trata de segmentos que de cualquier manera tenían obligación de abrir para otros mensajes oficiales).

Como los lectores de Zócalo saben, la reforma constitucional adjudicó al Instituto Federal Electoral la responsabilidad de administrar 48 minutos diarios de mensajes políticos durante la temporada electoral. Ese lapso, en 2009 comenzó el 31 de enero y se extenderá hasta el 4 de julio, víspera de las elecciones que renovarán la Cámara de Diputados –y que coincidirán con numerosos comicios estatales y municipales–.

Durante esos 48 minutos diarios en cada televisora y radiodifusora se deben difundir mensajes de 20 y 30 segundos de todos los partidos, así como de la autoridad electoral. Varios de los concesionarios de la radio y la televisión privada han ofrecido cuentas exorbitantes a partir de esos espacios. Numerosos locutores y comentaristas han deplorado que, a causa de las nuevas reglas electorales, los radioescuchas y televidentes mexicanos tendrán que soportar decenas de millones de spots entre febrero y junio de 2009.

Cualquier ciudadano desprevenido, seguramente se atemorizará y luego se indignará con cifras de ese tamaño. Pero se trata de estimaciones sobre el conjunto del universo que integran todas las estaciones de radio y televisión en el país.

En México tenemos 1488 estaciones de radio (854 en AM y 634 en FM) y 733 canales de televisión. En cada una de esas frecuencias, suponiendo que transmiten durante todo el día, los 48 minutos diarios que establece la legislación electoral significan el 3.3% del tiempo total de transmisión.

Si un ciudadano estuviera escuchando radio o mirando televisión todo el día, día y noche, tendría que zamparse el 3.3% de ese tiempo con anuncios de los partidos y el IFE. Durante el horario en el que se transmiten esos mensajes, que va de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, los 48 minutos equivalen al 4.4% de esas 18 horas de transmisión.

Por supuesto, multiplicado por los cinco meses de duración de las campañas, la cantidad de spots que pueden difundirse en la temporada electoral parece muy elevada. En los 155 días que transcurren entre el 31 de enero y el 4 de julio, los 48 minutos diarios ascienden a 7440 minutos, o 124 horas en cada emisora. Son muchas horas, sí. Pero como hemos señalado constituyen el 4% del tiempo de transmisión efectiva en los horarios durante los cuales se difunden tales mensajes.

Esas 124 horas se vuelven decenas de miles cuando se les aprecia de acuerdo con todas las estaciones que difunden el país. En las 1488 radiodifusoras, ascienden a casi 185 mil horas de transmisión. En los 733 canales de televisión, alcanzan casi 91 mil horas. Si ese tiempo fuese utilizado para spots de medio minuto cada uno, permitiría transmitir 22.2 millones de mensajes en radio y 10.9 millones en televisión.

Sólo 43% para los partidos

Para aquilatar esas cifras vale la pena tomar en cuenta dos circunstancias. La primera de ellas es la distribución del tiempo electoral que establece la nueva legislación. Los partidos políticos no utilizarán todos los 48 minutos diarios. De hecho, recibirán menos del 43% de ese tiempo en el transcurso de toda la temporada electoral.

Durante las precampañas, que van del 31 de enero al 11 de marzo, los partidos reciben únicamente 18 de los 48 minutos diarios en cada estación de radio o televisión. Los 30 minutos restantes deben ser utilizados por el IFE y otros organismos electorales, como el Tribunal de esa materia, con mensajes para promover la participación ciudadana y la organización de las elecciones.

Luego, entre el 12 de marzo y el 2 de mayo, se abre un incómodo limbo político durante el cual los partidos designan a sus candidatos pero aún no comienzan formalmente las campañas. Durante esos 52 días todo el tiempo de mensajes electorales –los 48 minutos– solamente puede ser utilizado por el IFE.

Las campañas se desarrollan del 3 de mayo al 1 de julio. Durante esos 60 días, los partidos reciben 41 de los 48 minutos diarios en cada estación. Los 7 restantes serán para mensajes del IFE.

Finalmente, antes de las elecciones del 5 de julio hay un periodo de tres días durante el cual está prohibido el proselitismo de los partidos. El IFE vuelve a disponer de todos los 48 minutos durante ese lapso.

Esas reglas implican que, entre el periodo de precampañas (durante el cual, en 40 días, disfrutan de 720 minutos para propaganda en cada estación) y la fase de campañas (60 días, con 41 minutos cada día, que equivalen a 2460 minutos) los partidos recibirán un total de 3180 minutos, que significan exactamente 53 horas de spots en cada frecuencia. Como hemos apuntado, cada estación está obligada a transmitir mensajes electorales y políticos durante 124 horas, a 48 minutos diarios, entre el 31 de enero y el 4 de julio. Todo ello implica que a los partidos les corresponde el 42.74% del tiempo total administrado por el IFE.

El 30% de esas 53 horas se distribuye entre los partidos de manera igualitaria y el 70% restante según el porcentaje de votos que haya obtenido en la elección para diputados más reciente, en este caso la de 2006.

A la autoridad electoral le corresponde definir los contenidos del 57.25% del tiempo total –es decir, de los 48 minutos diarios considerados durante los 155 días del periodo previo a los comicios–. Ese 57.25% asciende a 4260 minutos, o 71 horas, en cada estación de radio o televisión.

Spots encadenados

El otro factor que es pertinente considerar para justipreciar el tiempo que reciben los partidos es la concentración que impera en la televisión y la radio mexicanas. Aún descontando el tiempo que le corresponde al IFE, las 53 horas que los partidos tendrán en cada frecuencia pueden seguir pareciendo excesivas sobre todo si se les multiplica por las estaciones de radio y televisión. Se trata de 78864 horas de propaganda en radio y 38849 en televisión. Pero no son horas o minutos de difusión autónoma, estación por estación, sino, en la mayoría de los casos, de spots que son transmitidos de manera simultánea en grandes cadenas de televisión y radio.

Una de las redes de radio más grandes del país es, por ejemplo, la Cadena Uno de Radio Fórmula. En esa cadena concurren hasta 76 estaciones de toda la República. Algunas de ellas no se encadenan a todas las transmisiones nacionales de esa emisora pero la mayoría sí. Cuando las estaciones ancla de Radio Fórmula Uno difunden un spot en sus frecuencias de la ciudad de México (970 en AM y 103.3 en FM) ese mensaje puede llegar a otras 74 estaciones, de tal manera que los 48 minutos diarios en cada una de esas emisoras llegan a significar casi 61 horas de difusión cotidiana. En total, las estaciones que se enlazan en la Cadena Uno de Radio Fórmula difundirán casi 1 millón 131 mil spots de medio minuto durante los 155 días de la temporada electoral. Parece demasiado, pero se trata de los mensajes repetidos 75 veces desde una sola señal central.

La concentración de frecuencias es mayor en la televisión. El Canal 2 de Televisa encabeza una cadena nacional de 128 frecuencias. Así que los 48 minutos diarios de contenido electoral que ese canal debe transmitir equivalen a más de 102 horas diarias si se le multiplica por ese número de frecuencias. Al cabo de los 155 días previos a la elección federal, el llamado canal de las estrellas habrá difundido 15872 horas si se toma en cuenta a sus repetidoras. En esas abundantes horas cabría más un millón 900 mil spots de medio minuto cada uno. Pero el Canal 2, o cualquiera de esas repetidoras, habrán difundido únicamente 124 horas de mensajes del IFE y los partidos durante toda la temporada electoral.

TV nacional: más horas en 2006

¿Muchos o pocos? No hay datos exactos para comparar la cantidad de spots que se difundirá en 2009 en tiempos propiedad del Estado con los mensajes que, hasta las elecciones anteriores, se transmitían porque los partidos pagaban por ellos. Pero a partir del monitoreo de promocionales que el IFE realizó en las elecciones federales pasadas se pueden establecer algunas analogías.

Entre el 19 de enero y el 28 de junio de 2006, que era el plazo autorizado para la propaganda electoral, el IFE contabilizó los anuncios de campaña transmitidos en radiodifusoras y televisoras de 20 ciudades del país. Se trató de un ejercicio de verificación que más tarde le permitiría a la autoridad electoral auditar los informes de gastos que le presentaron los partidos e incluso imponer multas cuando no le informaron de la compra de spots que ese monitoreo tenía registrados.

En el seguimiento que hizo de 154 canales de televisión (entre ellos 31 canales de TV por cable) el IFE encontró que se transmitieron 1765 horas de spots televisivos. La autoridad electoral no presentó agregada esta información pero la hemos calculado a partir de diversos documentos de los monitoreos del propio IFE.

Como las televisoras estudiadas en el monitoreo fueron 154, esas 1765 horas equivalen a casi 11 horas y media de spots, en cada frecuencia, durante toda la temporada electoral de 2006. Comparadas con las 53 horas que ahora tendrán los partidos en cada canal de televisión, el incremento es de casi cinco veces.

Pero entre esas televisoras había canales locales, temáticos y de programación nacional y generalista. Por eso es interesante el tiempo que, de todos los spots motivo del monitoreo, se difundió en la televisión de alcance nacional. En las 5 cadenas nacionales (las que encabezan los canales 2, 5, 7, 9 y 13 de la ciudad de México) durante 2006 se transmitieron 303.7 horas de spots y programas políticos pagados (aquí se incluye el programa diario que tenía Andrés Manuel López Obrador y que, con casi 30 minutos diarios, ocupó el 27% de ese tiempo de propaganda política).

Cada una de esas cadenas de televisión transmitió, en promedio, 60 horas con 44 minutos de propaganda política durante la temporada electoral de 2006.

Esas más de 60 horas superan a las 53 que, descontando el tiempo dedicado al IFE y otros organismos electorales, tendrán en 2009 los partidos en cada frecuencia de televisión y radio.

En suma, aunque cuando se incluye a las televisoras locales y temáticas el tiempo para spots en 2006 es mucho menor al que habrá en 2009, esa relación se modifica si nos fijamos solamente en las cadenas nacionales.

La televisión nacional destinó en 2006 más espacio a los spots pagados por los partidos que el que dedicará en 2009 a los spots que se difundan en tiempos oficiales: más de 60 horas en un caso, 53 en el otro.

La diferencia, aparte de las implicaciones financieras, es que en 2006 esa propaganda se distribuyó a lo largo de cinco meses medio de campañas y en 2009 se concentra primero en 40 días de precampañas y luego, con más intensidad, en 60 días de campañas.

Para identificar la propaganda que se transmitió en radio, el monitoreo del IFE siguió el desempeño de 217 estaciones, también en 20 ciudades de la República. En total fueron contabilizadas 3155 horas de spots, que equivalen a 14 horas con 33 minutos en cada emisora. El monitoreo no distingue entre radiodifusoras de alcance nacional y local.

Las 53 horas que tendrán los partidos en cada estación de radio en 2009, son casi 4 veces más que las 14 horas y media que contrataron tres años antes.

Algo de fantasía

El problema para el IFE, además de capotear sus tensiones internas y administrar los abundantes tiempos que les corresponden este año a los partidos, es qué hacer con las 71 horas en cada estación de televisión y radio en todo el país que le son asignadas por la legislación electoral.

El Código de esa materia indica que una vez garantizado el tiempo para los partidos, el espacio restante y hasta llegar a los 48 minutos diarios “quedará a disposición del Instituto para sus fines propios o los de otras autoridades electorales” (artículo 57 – 5 del Cofipe). Ese tiempo no se puede traspasar ni emplear para otros propósitos. Mucho menos puede ser comercializado, según indica expresamente ese mismo artículo.

Pero 71 horas en cada frecuencia durante la temporada electoral y en ocasiones (entre precampañas y campañas y en los días previos a los comicios) la gestión de los contenidos íntegros que deben ocupar los 48 minutos diarios en cada emisora, son demasiados espacios. El IFE se ha visto obligado a repetir, cada hora, varias veces cada hora, los mismos mensajes de promoción del voto que todos hemos conocido durante las semanas recientes.

El IFE podría no utilizar todo ese tiempo, dejando que los radioescuchas y televidentes descansaran de la propaganda electoral en algunas temporadas y horarios. Pero después de la beligerante agresividad de las televisoras, el desaprovechamiento de ese tiempo sería considerado como nueva muestra de debilidad de la autoridad electoral.

Una opción que tendría el IFE sería emplear algunos de esos segmentos, sobre todo en el mes y medio que hay entre precampañas y campañas, para difundir contenidos relacionados con la promoción y quizá el fortalecimiento de la cultura cívica. ¿Cómo resultarían algunos spots que explicaran sintéticamente las limitaciones para el desarrollo de la democracia que implican la concentración de muchos medios en pocas manos y la permanencia de una legislación atrasada? ¿Cómo serían vistos y escuchados breves pero claros mensajes acerca de experiencias de recepción crítica –observatorios ciudadanos, evaluación de contenidos, parámetros éticos– en diversos países? ¿Qué efecto suscitarían cápsulas bien producidas, con datos duros y opiniones categóricas acerca del comportamiento de los medios que acaparan los recursos comunicacionales en México?

IFE acorralado

Claro que estamos fantaseando, porque la displicencia para cumplir con la ley y la complacencia con las televisoras que han tenido varios de los consejeros del IFE no sólo permite reconocer lagunas enormes en la aplicación de la ley, como el viernes 13 de febrero cuando 6 de los 9 consejeros hicieron inaceptables maromas retóricas para negarse a imponer a las televisoras la sanción económica que habían buscado al distorsionar durante varios días la transmisión de los mensajes de los partidos y el propio IFE.

Las cortinillas que anunciaban interrupciones de la programación predisponiendo a los televidentes, el encadenamiento de varios spots durante 3 y en algunos casos hasta 6 minutos, la interrupción de partidos de futbol y el bloqueo en la señal que Azteca enviaba al satélite de Sky para que los mensajes políticos no fueran recibidos por los suscriptores de ese servicio, fueron expresiones de provocación política que las televisoras lanzaron al Estado mexicano en los primeros días de las precampañas, a partir del 31 de enero.

A diferencia del talante taimado y marrullero que mantuvieron durante décadas, a la sombra de un Estado en el que no creían pero cuya cúpula política que los cobijó convenencieramente, y en contraste con el afán para cambiar las leyes amagando y presionando pero preocupados por el marco jurídico nacional, ahora los consorcios mediáticos optaron por el enfrentamiento. En esa escaramuza contra los partidos, dejaron en medio al Instituto Federal Electoral.

Para sonrojo y aprensión de quienes entienden las dimensiones de tal desafío, los responsables del Estado se escabulleron para no incomodar a los consorcios mediáticos. Solamente en algunos partidos (PRD, Socialdemócrata) y en algunos segmentos de la sociedad enterada, surgieron voces de reclamo ante el comportamiento de las televisoras y en respaldo a los tres consejeros –entre ellos el presidente del IFE– que ese viernes 13 apoyaron las sanciones a Televisa y Azteca.

Las televisoras se buscaron un nuevo encausamiento cuando, los días 7 y 8 de febrero, de plano suspendieron la transmisión de spots políticos durante algunas horas, en abierta infracción a la legislación electoral. El desempeño que tuvieran al multar esa nueva falta no disiparía el comportamiento de los consejeros que acataron las instrucciones del gobierno federal y, presumiblemente, del PAN y el PRI para exonerar a las televisoras por las infracciones iniciales.

El desafío de las televisoras, que de beneficiarias de la institucionalidad ahora se han comportado como antagonistas de las instituciones, será del tamaño del sobresalto que puedan suscitar en la llamada clase política. A los políticos que desde los partidos y el gobierno han contemporizado con esos nuevos excesos de Televisa y Azteca se les olvida que los televidentes que presencian abusos y manipulaciones son, antes que nada, ciudadanos. Y votan, o dejan de hacerlo.