Entre la crítica y la calumnia

Zócalo, noviembre de 2008

Es imposible evaluar en blanco, o en negro, a la reforma constitucional en materia electoral que fue aprobada en noviembre del año pasado. Con aquella reforma, los partidos políticos emprendieron una injusta revancha en contra de las autoridades que condujeron el proceso electoral de 2006. Al remover, inmediata o escalonadamente, a los consejeros del IFE, los legisladores quebrantaron la autonomía de la institución federal encargada de organizar nuestros procesos electorales. Otras disposiciones, como la designación de un contralor supeditado al Congreso, contribuyen a debilitar la independencia del IFE. A esa decisión en el plano federal, se han sumado los congresos que en varios estados llevan las represalias contra los organismos electorales a situaciones de intervencionismo en su desempeño cotidiano, como la que fue aprobada recientemente en el Estado de México y que propició la renuncia del presidente del Instituto Electoral de esa entidad.

La reforma constitucional de 2007 significó, al mismo tiempo, el reconocimiento de la desmedida dependencia que el sistema político mexicano y sus procesos electorales han tenido respecto de los consorcios mediáticos. La prohibición a la compra de propaganda electoral y la asignación a los partidos de porciones importantes del tiempo del que ya disponía el Estado en las estaciones de radio y televisión, tienen su origen en la extendida preocupación suscitada por el peso de las empresas comunicacionales, que han dejado de ser intermediarias para erigirse en protagonistas en el escenario político, con intereses que reivindican por encima del interés público.

Denigración, riesgo de discrecionalidad

En la reforma constitucional hay, de esa manera, aristas perversas y otras plausibles. Y en medio de esas dos opciones, supeditada todavía a la interpretación que decidan asignarle los consejeros del IFE, se encuentra la disposición que les permitirá sancionar los mensajes políticos que consideren denigratorios o calumniosos. Nos referimos al mandato con el que comienza el Apartado C de la Base III del nuevo artículo 41 de la Constitución:

En la propaganda política o electoral que difundan [,] los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.

El artículo 233 del Cofipe reproduce esa disposición y le confiere al Instituto Federal Electoral la facultad de suspender de inmediato la transmisión, en radio y televisión, de mensajes que considere contrarios a esa norma [1].

La legislación electoral ya contemplaba restricciones a los mensajes de los partidos políticos y sus candidatos. El Código anterior prohibía cualquier expresión que implicase “diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones políticas o a otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en la propaganda política que se utilice durante las mismas” [2]. Lo que no existía era el señalamiento de facultades específicas para que la autoridad electoral dispusiera la suspensión de los mensajes en donde se incurriera en expresiones de esa índole.

La preocupación por el discurso político negativo se incrementó durante las campañas presidenciales de 2006. Como todos recordamos, en los mensajes de aquella campaña menudearon la animosidad y las descalificaciones. En esa proliferación de los discursos negativos se refleja el deterioro de la cultura política y la frecuente ausencia del debate de ideas en prácticamente todos los asuntos públicos mexicanos.

No hay que olvidar, desde luego, que la sustitución de las propuestas por los adjetivos y las afrentas forma parte de la confrontación política en todo el mundo. En nuestro caso no deja de llamar la atención que esos partidos, que en su propaganda electoral desdeñan las propuestas programáticas, privilegian los improperios y aturden con desacreditaciones mutuas a los ciudadanos, son los mismos partidos que promueven en el Congreso la prohibición a la denigración y las calumnias.

Si estuviéramos ante una expresión de autocrítica franca, habría que aplaudir la ratificación del rechazo a la propaganda negativa que hicieron los partidos nacionales en la reforma constitucional de 2007. Pero mucho nos tememos que en vez de reconocer y remediar el empobrecimiento que padecen el debate y la cultura política, los partidos, con esa reforma al Apartado C del 41 Constitucional, simplemente le endosaron a la autoridad electoral la tarea de regular la expresión habitualmente más conocida del discurso político que es la propaganda electoral. Se trata de una responsabilidad que esos partidos políticos no han sido y no parece que quieran ser capaces de cumplir por sí mismos.

Ahora, el Instituto Federal Electoral tiene que establecer los parámetros con los cuales entenderá y aplicará esa obligación para regular la propaganda política. Cuando la Constitución indica que a los partidos (y sus candidatos, y las coaliciones, añade el Cofipe) les está prohibido denigrar a las instituciones o hacerlo entre ellos mismos, abre la puerta para que la autoridad electoral decida cuándo se incurre en esa conducta. Denigrar es “deslustrar, ofender la opinión o fama de alguien”. La definición del Diccionario acota, pero no resuelve la discrecionalidad que puede existir para considerar cuándo hay o no denigración. El origen etimológico, que remite al latín denigrare –ennegrecer o poner en negro–, como analogía de la expresión de juicios negativos acerca de alguien, tampoco ayuda demasiado.

El discurso del odio

El quehacer político es construcción de acuerdos, particularmente en sociedades plurales como las que se expresan hoy en día. Pero también es litigio, diferendo, confrontación. La política deseable es aquella que se sostiene en la manifestación de razones, la comparación de programas, la articulación de pactos y el convencimiento de los ciudadanos a partir de hechos, ideas y propuestas. Pero la política realmente existente, a la que no debemos allanarnos pero que resulta inevitable reconocer como tal, abunda en pragmatismo, apuesta al conflicto y no busca persuadir con argumentos sino seducir –o aturdir– con aspavientos a los ciudadanos.

La legislación electoral tiene que prever los comportamientos perversos y no solamente los rasgos virtuosos del quehacer político. Por eso es importante que existan disposiciones capaces de atajar la difusión de calumnias y de toda índole de mentiras en cualquier circunstancia y, desde luego, también cuando se hacen bajo el amparo de las campañas políticas.

En la discusión internacional acerca de estos asuntos se ha reconocido: “Ningún tema es más problemático para quienes están relacionados con la libertad de los medios que el ‘discurso de odio’ –hate speech–. El término es utilizado habitualmente para referirse a la defensa de lo nacional, racial, religioso u otros asuntos matizados por el aborrecimiento. El tema, en esencia, es qué tanto resulta apropiado o aceptable limitar el derecho a la libertad de expresión, cuando los puntos de vista que han sido manifestados apoyan la limitación o la conculcación de los derechos de otros” [3]. El discurso del odio ha sido expresamente prohibido en países que han transitado por experiencias socialmente traumáticas debido a genocidios como los que perpetraron los nazis en Alemania o Francia en los años cuarenta o, hacia fines del siglo XX, los fundamentalistas étnicos en los Balcanes y, en otro caso, entre las etnias de Ruanda[4]. En situaciones como esas, el discurso expresamente promotor del odio y el extermino ha sido vetado y en ocasiones castigado.

Otra es la situación de las elecciones democráticas, o que se pretende que así sean. La democracia electoral se consolida en las urnas pero, antes, se practica y apuntala en las campañas. El proselitismo de los partidos requiere de la más amplia libertad para que manifiesten posiciones y diferendos de la manera más abierta posible. Es conveniente que partidos y candidatos actúen con la mayor responsabilidad para que sus campañas orienten, en vez de confundir y desalentar a los ciudadanos. Pero como la sociedad y el sistema político no pueden confiar en la benevolencia de ningún actor de la vida pública, la auto regulación nunca basta para que partidos o candidatos alternen con suficiente comedimiento.

La tensión entre libertad de expresión y necesidad de regulación está presente en todas las campañas. “Una elección –indica la Red de Conocimiento Electoral ACE– es precisamente el momento en el que debería expresarse una amplia variedad de puntos de vista. Limitar la expresión de algunos de esos puntos de vista limita potencialmente no solo derechos de libre expresión, sino también derechos de participación democrática. Por otra parte, la atmósfera altamente cargada de una campaña electoral puede ser precisamente el momento cuando es probable que las declaraciones exaltadas tengan el efecto de incitar a la gente a la violencia –infringiendo, en consecuencia, los derechos democráticos y de libre expresión de los demás– [5] ” .

Los ciudadanos afectados por la propagación de falsedades acerca de su vida pública o privada, tienen derecho a que sean esclarecidas y, en ocasiones, a una reparación por el daño que esos infundios les puedan haber ocasionado. El problema se encuentra cuando las afirmaciones que algunos consideran calumniosas, otros estiman que son simplemente apreciaciones críticas.

Distinguir información y opinión

Para resolver ese entrampamiento es útil distinguir entre la información y la opinión que se proporciona a los ciudadanos durante las campañas electorales. Se informa, cuando se ofrecen o mencionan datos o hechos que son presentados como auténticos, independientemente de que se ofrezcan evidencias de ellos. Se opina, cuando se manifiestan juicios de valor, es decir, puntos de vista a partir de parámetros que resultan de la perspectiva ideológica, política, ética, etcétera, de cada quien. La información está determinada por hechos que son, o se presume que son, objetivos. La opinión, es por definición subjetiva.

Los contendientes en toda campaña política apuestan a mostrar información, modulada por un enfoque opinativo específico, con la que pretenden convencer a los electores. Los ciudadanos, en una democracia, pueden o deberían poder seleccionar entre las opciones políticas que les presentan hechos objetivos acerca de los cuales proponen interpretaciones, es decir, deducciones o conjeturas de carácter subjetivo.

Por pobre y escasa que sea la deliberación de ideas en la propaganda que difunden los partidos, en los mensajes de toda campaña electoral hay hechos y juicios. Los primeros tendrían que ser incontestablemente ciertos y cuando no lo sean e impliquen mentiras acerca de individuos o instituciones, podría haber lugar a la intervención de la autoridad, en nuestro caso el Instituto Federal Electoral. Los juicios –es decir, la opinión o el parecer de las personas, en este caso de candidatos y dirigentes políticos– tendrían que ser respetados por la ley.

Allí es donde podrían establecerse los límites para la denigración que la reforma constitucional obliga a evitar o, en su caso, a sancionar. En rigor toda opinión crítica, e incluso cualquier punto de vista aunque sea el más generoso o bienintencionado, podría tener connotaciones denigratorias. Todo depende del contexto, o de la colección de valores, con los cuales se le justiprecie. Si de una persona se dice que es magnánima, hermosa o valiente, por lo general se considerará que se le está encomiando porque esos atributos tienen significados habitualmente positivos. Pero en un entorno cultural en donde la magnanimidad, la hermosura o la valentía estén mal vistas, tales apreciaciones podrían llegar a ser denigratorias. Habitualmente el término precioso se asigna a algo de gran valor y que suscita estimación. En México recientemente la picaresca política, favorecida por maledicencia telefónica de algunos tristes personajes, ha conducido a que ese término sea utilizado para subrayar el desprestigio de un cuestionado gobernador.

Esos ejemplos son muy obvios, pero cuando nos encontramos ante el discurso político habitual los linderos entre denigración y descripción suelen ser peliagudamente resbaladizos, porque están matizados por las valoraciones subjetivas de cada quien. Si un candidato dice que su rival es un ladrón y que robó una cantidad específica de dinero, está obligado a sustentar esa acusación con pruebas porque se trata de una afirmación categórica. Pero si dice que se trata de una mala persona, que es inepto políticamente y que su programa de gobierno llevará al país al despeñadero, está expresando juicios de valor que desde luego serán discutibles pero que debería tener derecho a formular. Si el aspirante a gobernar un estado se ufana de contar con un grado académico pero resulta que su título es falso, sus oponentes tendrán motivos objetivos para decirle mentiroso, tramposo y defraudador. Por supuesto hay casos en donde la diferencia entre información y opinión, o entre acusación fundada y descalificación gratuita, resulta menos clara. Pero parámetros como estos pueden contribuir a que la autoridad electoral cuente con elementos de juicio capaces de acotar su propia subjetividad.

Difamar no siempre es calumniar

Distinguir entre hechos y opiniones implica, también, hacerlo entre difamación y calumnia. La primera, existe cuando alguien desacredita a otra persona (o a una institución u organización). Difamar significa afectar la fama pública de alguien, o de algunos. La calumnia en cambio, existe cuando se hace una acusación falsa o se le atribuyen a alguien hechos o acciones que no son ciertos. La diferencia entre ambas puede ser pequeña pero resulta importante.

Sin duda, el debate político debería ser claro, cortés, respetuoso, civilizado en fin. Solo una sociedad educada en la vulgaridad y en donde la involución en los términos de la discusión pública no suscite inquietudes, puede aplaudir a los partidos y candidatos que sistemáticamente prefieren la desacreditación de sus contrarios antes que la discusión razonable de lo que hacen y dicen. Solamente los candidatos y partidos que no tienen propuestas capaces de interesar a los ciudadanos, preferirán denostar a sus rivales para restarles adhesiones en lugar de persuadir a favor suyo.

Como no siempre el debate político se ciñe a esas normas de cortesía y comedimiento que son deseables, resulta pertinente reconocer que la descalificación forma parte del quehacer político. La difamación, entendida como el señalamiento de atributos, yerros u omisiones con el cual se busca afectar la imagen pública de alguien, podría ser admitida salvo cuando implique acusaciones específicas y falsas, que caigan en el terreno de la calumnia. La calumnia, a su vez, tiene que ser sancionada, aclarada y, en su caso, castigada y reparada de la manera más rápida y eficaz posible.

Regalo envenenado

La atribución que los partidos políticos, a través de sus legisladores, le confirieron al Instituto Federal Electoral en la fracción 2 del Artículo 233 del Cofipe [6] es un regalo envenenado. Gracias a esas facultades y a solicitud del partido que se estime agraviado, la autoridad electoral puede ordenar “la suspensión inmediata” de los mensajes en radio o televisión que considere denigren a instituciones o partidos o que calumnien a personas. También puede disponer el retiro de cualquier otra propaganda.

Tales atribuciones pueden hacer de los consejeros del IFE –y junto con ellos de los magistrados del Tribunal Federal Electoral que en última instancia sancionarían sus decisiones–, ya no solamente los organizadores y garantes confiables que han sido de los procesos electorales sino ahora, además, los interventores forzosos de la discusión política mexicana. Consejeros y magistrados, se encuentran ante la posibilidad de definir a la denigración de la manera más acotada posible, para que esa conducta solamente exista en casos de falsedad evidente y flagrante. O pueden eludir esas precisiones para resolver a discreción, en cada caso y de acuerdo con las circunstancias de cada ocasión, cuándo considerarán, y cuándo no, que hay denigración.

De acuerdo como tomen esa decisión, elegirán una conducción reglamentada y clara del proceso electoral, incluyendo la atención a las quejas de los partidos que se consideren denigrados durante las campañas. O, en la otra posibilidad, los consejeros y magistrados cederán a la tentación de convertirse en comisarios de la democracia mexicana.

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[1] Artículo 233. Inciso 2: “En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas. El Consejo General del Instituto está facultado para ordenar, una vez satisfechos los procedimientos establecidos en este Código, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda”. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, enero de 2008.

[2] Artículo 38, 1, p) del anterior Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

[3] ACE Encyclopaedia, “Policies on Hate Speech and Defamation”, en:

http://aceproject.org/

[4] Sobre la propagación del discurso de odio en Ruanda y la persecución a quienes lo propalaron, puede verse nuestro artículo “Retrato de un genocida” en Nexos número 358, octubre de 2007.

[6] El Título Cuarto del Cofipe, a partir del artículo 367, establece el procedimiento para que el IFE conozca y resuelva acerca de las quejas por denigración o calumnia.

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