La lid por los medios públicos

Participación en un encuentro por videoconferencia organizado por la ATEI para discutir la situación de los medios públicos en varios países de Iberoamérica. Julio de 2005.

En México tenemos medios de comunicación de propiedad estatal pero es difícil asegurar que se trata, en rigor, de medios auténticamente públicos.

En el campo de la radiodifusión el Instituto Mexicano de la Radio, IMER, cuenta con siete estaciones en la ciudad de México y diez en otras tantas ciudades en el país [ii]. Sin embargo el gobierno carece de una política definida para ellas.

Un decreto expedido en los primeros meses del gobierno del presidente Vicente Fox establecía que esas radiodifusoras, que durante largo tiempo estuvieron controladas por la secretaría de Gobernación –el ministerio del Interior mexicano– deberían ser administradas por la Secretaría de Educación Pública. Ese cambio nunca se puso en práctica de tal manera que, además de encontrarse en un limbo administrativo, las estaciones del IMER están al margen de cualquier política de comunicación por parte del gobierno federal.

La indolencia respecto de esas emisoras puede explicarse con una breve anécdota. Al comienzo de su gobierno el presidente Vicente Fox comenzó a transmitir un programa de radio semanal que era producido por técnicos del Instituto Mexicano de la Radio. Cuando uno de los locutores le comentó que la serie era realizada con recursos de esa institución el presidente preguntó: “¿IMER? ¿Y qué es el IMER?”. Dicho desconocimiento se ha mantenido porque esas radiodifusoras han padecido políticas erráticas y fuertes deficiencias financieras.

El gobierno federal también sostiene a Radio Educación y hay universidades públicas, como la UNAM y la de Guadalajara, que tienen sus propias radiodifusoras. La mayoría de los 32 gobiernos de los estados en México cuenta con alguna expresión propia en las ondas hertzianas.

El gobierno mexicano, por otra parte, cuenta desde 1968 con la Agencia Notimex cuyo desarrollo ha estado repleto de vicisitudes y que en varias ocasiones ha estado a punto de desaparecer. Fundamentalmente financiada con recursos públicos, esa Agencia ha propuesto la modificación de su régimen de propiedad para funcionar como empresa del Estado –incluyendo al Congreso– y no solamente como un recurso informativo del gobierno federal.

En 1993 la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari vendió las dos cadenas de televisión nacional con las que, desde dos décadas antes, contaba el gobierno federal. Aquella decisión, motivada según se dijo por consideraciones de rentabilidad financiera, dejó al Estado mexicano sin presencia significativa en la televisión. El gobierno ha mantenido la propiedad del Canal 11, de carácter cultural, creado en 1958 y que tiene algunas repetidoras. En 1992, además, surgió el Canal 22 también con programación cultural y dependiente del área educativa de la administración pública.

A fines de los años setenta del siglo ya transcurrido surgieron sistemas de televisión regionales financiados por gobiernos locales en varios estados del país. Una reciente investigación de Patricia Ortega Ramírez –que es la estudiosa más relevante de la televisión pública mexicana– encontró que hay 22 televisoras en otras tantas entidades. Todas ellas difunden desde las capitales de cada estado [iii] y algunas tienen repetidoras que les permiten alcanzar otras ciudades y regiones como el Sistema Hidalguense de Radio y Televisión que cuenta con siete estaciones además de la matriz, o el Sistema Oaxaqueño que dispone de 36 repetidoras.

Aunque cuentan con una esforzada e incluso noble trayectoria, los medios de gobierno en México no significan una competencia apreciable delante de los monopolios comunicacionales de carácter privado –especialmente en el terreno de la televisión–. Algunas de sus dificultades son:

–Erráticas o inexistentes políticas por parte de los gobiernos federal y estatales. Los gobernantes en cuyas manos se encuentran estos medios por lo general no saben qué hacer con ellos. En México, además, no existe un sistema nacional de medios públicos.

–Escaso y a veces incierto financiamiento. Además de constantes restricciones en los presupuestos estatales, la mayoría de estos medios padece una disposición legal que prohíbe la venta de espacios comerciales durante sus transmisiones.

–Inexistencia de una legislación adecuada. La Ley Federal de Radio y Televisión apenas se ocupa de ellos. Los intentos para actualizarla añadiéndole, entre otras reformas, un capítulo destinado a los medios de Estado, han sido constantemente obstaculizados por las más poderosas empresas de radiodifusión privada.

Hablamos de medios de Estado porque, a nuestro juicio, los medios auténticamente públicos tendrían que cumplir por lo menos con tres características: 1) autonomía funcional respecto de los gobiernos en turno; 2) financiamiento total o parcialmente cubierto con recursos fiscales y 3) formas o espacios de consulta y/o retroalimentación con la sociedad. En México no tenemos medios de comunicación auténticamente públicos. Los de gobierno, subsisten sin recibir el impulso que les permitiera ser auténticas opciones delante de la hegemonía de los medios orientados por el interés privado.


[ii] Las estaciones de la ciudad de México son: XEB La B Grande de México; XEMP Radio 710; XEDTL Canela 660; XEQK La Radio de los Ciudadanos; XHIMR Horizonte 108 FM; XHOF Reactor 105.7 y XHIMER Opus 94.5. Las estaciones en los estados están ubicadas en: Salina Cruz, Oaxaca; Ciudad Acuña, Coahuila; Comitán, Cacahoatán y Chiapa de Corzo en Chiapas; Mérida, Yucatán; Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Cananea, Sonora.

[iii] Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

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