Al capricho del poder mediático

La Crónica, 12 de junio

Al destituir a Santiago Creel, el PAN y el presidente Calderón se sometieron a un capricho de Televisa. Ni las desmañadas aunque ampulosas explicaciones de Germán Martínez, ni la extendida murmuración mediática, permiten llegar a otra conclusión. La remoción del coordinador de los senadores de Acción Nacional se dio a conocer y fue resuelta de manera inusitadamente descomedida. La insistencia en que se busca dar “un nuevo impulso” a la reforma petrolera confirma la estrecha apreciación que Martínez y su jefe inmediato, el presidente Felipe Calderón, tienen del trabajo legislativo.

La reforma para desarrollar la industria petrolera se encuentra en marcha, aunque por derroteros inciertos. De ello no tienen la culpa los senadores panistas sino la hasta ahora eficaz tarea de entorpecimiento que han desplegado los opositores de esa reforma, especialmente en el ajetreado PRD pero también en convenenciero PRI. Aparentemente el líder nacional del PAN, y quizá también el Presidente de la República, están insatisfechos con el debate sobre la cuestión petrolera que organiza el Senado. Pero el aburrimiento de esas discusiones y especialmente la marginación que en ellas ha tenido la iniciativa presidencial no se ha debido a indolencia de los legisladores panistas sino a circunstancias que los trascienden. El propio Germán Martínez hizo una exaltada pero fútil defensa de la propuesta de reforma presentada por el presidente Calderón.

La organización de ese debate no fue, como algunos han querido creer, resultado de la ocupación de los recintos parlamentarios que mantuvieron durante dos semanas los senadores y diputados del PRD. El debate ya había sido previsto, y anunciado, horas antes de ese bloqueo al trabajo legislativo. Por lo demás, si la iniciativa del presidente Calderón ha dejado de ser referencia central en las discusiones sobre el petróleo no se debe a ineficiencia de los legisladores panistas sino a las dificultades que el gobierno y su partido han tenido para articular una negociación satisfactoria con otras fuerzas políticas.

Si hay reforma petrolera, tendrá que ocurrir merced a un proceso de acercamientos entre posiciones ahora encontradas. Por eso la sustitución del coordinador de los senadores panistas resulta aun más absurda. En varios temas y momentos, especialmente en los meses recientes, Santiago Creel ha demostrado aptitud para negociar –es decir, para hacer política–. Así lo han reconocido, además de correligionarios suyos, legisladores de otros partidos. Así lo confirmó el aplauso que recibió ayer cuando llegó a presidir la sesión de la Comisión Permanente.

De tal forma, si no es por la vía de la concertación y los compromisos como el gobierno y la dirección del PAN confían en lograr la reforma petrolera, y si carecen de las mayorías legislativas necesarias para que sus propuestas avancen sin negociación con otros partidos, entonces no cabe sino suponer que esperan hacerlo respaldados en el poder de los medios de comunicación. Se trata de una apuesta aventurada y en realidad más bien ingenua, porque figurarse que la presión mediática basta para forzar a los legisladores implica olvidar algunas de las lecciones recientes en la relación entre empresas comunicacionales y quehacer político. Cuando los partidos se allanaron a la égida de las televisoras y aprobaron la Ley Televisa, terminaron arrepintiéndose mientras presenciaban el revés que la Suprema Corte imponía a aquellas arbitrarias reformas. Y cuando esas mismas televisoras desplegaron una arrebatada campaña de amedrentamiento contra la reforma en materia de medios y elecciones, los partidos tuvieron motivos adicionales para apoyar dichas modificaciones constitucionales.

De entonces viene la malquerencia que las televisoras le tienen a Santiago Creel. A los dueños de Televisa y Azteca no les bastaron, malagradecidos e insaciables como son, las decisiones de Creel que los favorecieron cuando era Secretario de Gobernación. Al contrario, con ese resentimiento que algunos cultivan contra quienes les han sido más cercanos y deciden distanciarse –y como si considerasen que quien se alínea con ellos debe seguirlo haciendo siempre– las televisoras le tomaron al senador Creel un encono tan público como rústico.

Primero lo sacaron de sus pantallas. Pero aun vetado en la televisión abierta, Creel siguió haciendo política y manteniendo e incluso incrementando la notoriedad que ya tenía. Antes que él algunos otros personajes públicos habían superado la prueba del veto televisivo. Censurado por Azteca y Televisa Santiago Creel es, de acuerdo con varias encuestas, el panista que más adhesiones tendría como candidato presidencial dentro de 4 años. Se trata de ejercicios demasiado anticipados y que valen sobre todo por la nombradía actual que tienen algunos personajes públicos. Y Creel cuenta con ella. Más aun, por lo menos en el mediano plazo esa fama pública muy posiblemente habrá sido reforzada gracias a la represalia que le han impuesto sus dos presidentes –el de su partido Germán Martínez y el de la República, Felipe Calderón–.

La destitución ocurre días después de que las televisoras emprendieron una sucia campaña contra Creel cuando se supo, de manera oficial, que es padre de una niña que no estaba registrada como suya. Ese asunto fue magnificado en numerosos medios, no en atención a la presencia pública del senador sino como venganza por el activo desempeño que ha tenido en la legislación para los medios de comunicación.

Al destituir a Creel de la coordinación senatorial panista inmediatamente después de ese episodio, los dirigentes de su partido y el Presidente de la República se muestran, por decirlo de manera elegante, poco solidarios con ese correligionario suyo.

Pero como además la remoción sobreviene también después de la publicación de varias encuestas acerca de la popularidad de ese legislador no ha sido aventurado sostener que, entre otros motivos, sus malquerientes dentro de Acción Nacional quieren atajar la carrera política de Creel.

Quedan lastimados el propio Creel y las causas con las que se ha comprometido, entre otras la reforma del régimen legal de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Pero queda maltratada también la reforma petrolera porque si esperan que el respaldo de la televisión será suficiente para crear un contexto de exigencia social a favor de la apertura a la inversión y otros cambios en PEMEX, el gobierno y su partido están olvidando que más allá de presiones mediáticas y aun sociales, quienes van a decidir esas modificaciones son los senadores y los diputados.

Algunos de ellos están de tal manera embrollados construyendo sus propios compromisos que difícilmente compartirán, al menos de manera espontánea, los requerimientos del PAN y sus presidentes. El senador Manlio Fabio Beltrones presentó una iniciativa para dotar de espacios en Frecuencia Modulada a los radiodifusores que solamente tienen concesiones en Amplitud Modulada. Hay quienes consideran que esa es una pretensión justa porque, se dice, la AM ya no es negocio. Pero otorgar a un particular una concesión adicional simplemente porque la rentabilidad de la concesión que ya tiene no le resulta suficiente, equivale a suponer que el Estado debe resarcir con nuevos privilegios el déficit en los negocios de quienes ya cuentan con alguna licencia para usufructuar un bien nacional.

Si un particular que tiene una franquicia para operar una estación de gasolina exigiera que, solamente por ello, el Estado le asignase otra gasolinera, esa petición parecería excesiva. Pero en el caso de los radiodifusores, ha existido tan escasa apreciación crítica sobre la utilización de las frecuencias que prácticamente se ha vuelto lugar común considerar que, cómo no, los pobrecitos concesionarios de AM se merecen ahora una frecuencia en FM.

Todo ello debiera ser motivo de licitaciones, como sugiere la sentencia que la Suprema Corte dictó hace un año. Pero en vez de abrir concursos para adjudicar nuevas frecuencias (en los cuales el desempeño de quien ya tiene AM podría ser muy importante en la decisión para adjudicarle una FM) la iniciativa de Beltrones propone una asignación automática. Aunque sería necesaria la opinión de la Comisión Federal de Competencia, en esa propuesta no hay reglas para evitar que quienes ya se benefician de muchas concesiones disfruten de otras más. Al contrario, el criterio será darles muchas frecuencias a quienes ya poseen demasiadas.

Magnánima con quienes ya tienen mucho, la iniciativa de Beltrones es discriminatoria con quienes disponen de menos frecuencias o las usufructúan en condiciones más difíciles. En las plazas en donde no haya espacio para darles FM a todos los actuales concesionarios de AM, se dará preferencia a las estaciones comerciales por encima de las radiodifusoras no lucrativas.

La iniciativa Beltrones es de tan grotesca transparencia en esa exaltación de la radiodifusión privada que la incorpora a la Ley Federal de Radio y Televisión: “Dada su estricta dependencia de ingresos por publicidad, los concesionarios tendrán preferencia sobre los permisionarios”.

¡Qué confesión tan vulgar de la preeminencia de la radiodifusión lucrativa sobre la de carácter cultural, de servicio o comunitario! Ni siquiera la Ley Televisa era tan burda en la promoción que hacía del interés privado.

También se propone supeditar el interés público al de los radiodifusores en una adición al artículo 4 de la Ley de Radio y Televisión que compromete al Estado a planear el desarrollo de la radiodifusión “con la participación de concesionarios y permisionarios”. Desde luego cualquier decisión debe tomar en cuenta la opinión de todos los involucrados. Pero con esa adición habría quienes consideren que el Congreso y el Ejecutivo no pueden tomar medidas para la radiodifusión sin el consentimiento de quienes tienen estaciones de televisión o radio.

La desafortunada iniciativa de Beltrones y algunos otros senadores del PRI no parece constituir una medida aislada. Ayer mismo, el secretario de Gobernación anunció el refrendo de 131 concesiones de radiodifusión que no se habían renovado debido a la indefinición legal sobre el procedimiento para hacerlo. La inquietud de los beneficiarios de esas concesiones resulta entendible. Pero la justificación legal para otorgar tales refrendos es inadmisible. Hace un año la Corte estableció que todo refrendo debe realizarse mediante licitación. El mecanismo para ello sigue sin ser definido debido a la indolencia que en este asunto mantienen los legisladores que no han reformado la Ley de Radio y Televisión para atender a las indicaciones de la Corte.

Si realmente estuviera interesado en resolver ese y otros rezagos en los medios de comunicación, el senador Beltrones podría haber invertido más interés en las reformas para la radiodifusión y las telecomunicaciones. Pero solo busca congraciarse con algunos empresarios de la radio. Igual que el líder del PAN y el presidente Calderón, ahora encandilados con el embaucador resplandor del Canal de las Estrellas.

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