Los medios ante el narcoterrorismo

La Crónica, 29 de mayo

Cada vez que colocan un mensaje junto al cadáver de uno de sus ejecutados, o cuando hacen advertencias en anuncios en las calles (como las mantas que colocaron el fin de semana pasado en varios puentes de Ciudad Juárez), e incluso cada vez que suben a Internet un video con alguno de sus crímenes, las bandas de delincuentes quieren exhibirse.

Con esos desplantes, los criminales tratan de intimidar a sus adversarios y buscan reafirmarse a sí mismos dentro de sus peregrinos códigos de comportamiento. Pero sobre todo intentan generar un clima de aprensión en la sociedad. Quieren crear miedo. Y en esa tarea a veces encuentran la desprevenida colaboración de los medios de comunicación.

Cuando un delincuente publicita sus fechorías, aparte de las retorcidas motivaciones siquiátricas que pueda tener busca un efecto social. Y eso es lo que procuran las pandillas delincuenciales cuando alardean de sus crímenes. Los medios de comunicación difunden esas fechorías porque son noticia. En muchas ocasiones la publicación de asesinatos, secuestros y venganzas de las bandas delincuenciales le permite a la sociedad conocer las dimensiones crecientes del crimen organizado y aquilatar su gravedad. Pero la difusión reiterada y atropellada de esos hechos, especialmente cuando se publican imágenes atroces de tales crímenes, puede crear un efecto de aturdimiento.

Mostrados sin jerarquización ni contexto, tales hechos e imágenes llegan ya no a exhibir sino a trivializar esos acontecimientos criminales. Y una cosa es que los atentados del crimen organizado sean desdichadamente cotidianos y otra, que perdamos nuestra capacidad de asombro ante ellos.

En otros casos la presentación sin explicaciones ni marco crítico de dichos sucesos contribuye a propagar un clima de desazón en donde los ciudadanos, hartos de tales asuntos, pueden preferir la indulgencia de los criminales antes que la acción del poder público para enfrentarlos.

Esos efectos paradójicos e indeseables que alcanza la exposición de hechos criminales están despertando una preocupación legítima tanto en algunos medios como en el gobierno mexicanos. El combate al narcotráfico tiene aristas variadas y posiblemente una de las más importantes sea la exposición pública de los actos criminales.

El 12 de mayo pasado el presidente Felipe Calderón se inconformó porque los medios de comunicación, al divulgar sin mayor tamiz las acciones de los criminales, les ayudan a desplegar el terror. La reacción inopinada de varios medios y comentaristas que confundieron esa exhortación con una acusación llana (“¡a mí nadie me dice qué escribir señor presidente!” reclamaron coléricos algunos precipitados columnistas) llevó a Calderón a precisar una semana más tarde: la delincuencia organizada quiere aterrorizar a la sociedad y es pertinente que los medios lo tomen en cuenta “para no consecuentar dicha estrategia”.

Sería inaceptable que, para quitarle foro a los delincuentes, hubiera alguna forma de censura en los medios de comunicación. El presidente Calderón no ha sugerido eso. Pero también resultaría irresponsable que, solamente para reivindicar su derecho a la libertad de expresión, los medios y sus operadores no se plantearan el problema que significa estar en riesgo de hacerles el juego a las pandillas criminales.

Ese dilema ha motivado algunas discusiones y comentarios. El periodista Ricardo Alemán, en su columna de El Universal, mencionó la posibilidad de que haya un pacto de los medios mexicanos para definir criterios que sirvan en el manejo de las informaciones relativas al narcotráfico.

En Colombia hace 9 años, bajo el principio “preferimos perder una noticia antes que una vida”, los directivos de tres docenas de medios de comunicación establecieron un puntual “Acuerdo por la discreción” para elevar la calidad y propiciar la responsabilidad en la cobertura periodística de hechos violentos. Desde luego la situación mexicana no es idéntica a la de aquel apreciado vecino latinoamericano, que además del narcotráfico padece el amago de una despiadada guerrilla y de salvajes grupos paramilitares. Pero aquí ahora, como antes en Colombia, hay grupos delincuenciales que tratan de propagar sus crímenes para sembrar desconcierto y miedo.

El Acuerdo de los medios colombianos, suscrito en noviembre de 1999 a iniciativa de la Facultad de Comunicación y Periodismo de la Universidad de La Sabana en Bogotá, establece los siguientes seis compromisos:

“ 1. El cubrimiento informativo de actos violentos –ataques contra las poblaciones, masacres, secuestros y combates entre los bandos– será veraz, responsable y equilibrado. Para cumplir con este propósito, cada medio definirá normas de actuación profesional que fomenten el periodismo de calidad y beneficien a su público.

“ 2. No presentaremos rumores como si fueran hechos. La exactitud, que implica ponerlos en contexto, debe primar sobre la rapidez.

“ 3. Fijaremos criterios claros sobre las transmisiones en directo, con el fin de mejorar la calidad de esa información y evitar que el medio sea manipulado por los violentos.

“ 4. Por razones éticas y de responsabilidad social no presionaremos periodísticamente a los familiares de las víctimas de hechos violentos.

“ 5. Estableceremos criterios de difusión y publicación de imágenes y fotografías que puedan generar repulsión en el público, contagio con la violencia o indiferencia ante ésta.

“ 6. Respetaremos y fomentaremos el pluralismo ideológico, doctrinario y político. Utilizaremos expresiones que contribuyan a la convivencia entre los colombianos ”.

¿Qué medio mexicano, sensata y explícitamente, podría negarse a compromisos como esos? Desde luego todos podemos pensar de inmediato en los medios más notoriamente singularizados por la explotación del sensacionalismo y de las desgracias ajenas que hacen todos los días. Pero la sola existencia de un acuerdo en torno a principios básicos sería útil tanto para que los periodistas orientaran la cobertura de hechos suscitados por la delincuencia organizada como para que los televidentes, lectores y radioescuchas evalúen el desempeño de los medios.

La situación mexicana es distinta a la de Colombia. Qué bueno. Pero en los amagos de la delincuencia, el peso que alcanzan en los medios y la insuficiente reacción social ante el crimen organizado, tenemos similitudes que ameritarían una seria y extendida preocupación. En 1995 el profesor Manuel Vidal Noguera, de la Universidad Javeriana en Bogotá, ofreció una conferencia en donde después de calificar como narcoterroristas a las acciones criminales con las que el narcotráfico busca amedrentar a la sociedad y el Estado, explica: “El narcoterrorismo necesita la publicación espectacular de los hechos, y dentro de ella da la bienvenida a los adjetivos que se empleen, aún para condenarla, pues ellos potencian sus nefastos efectos”.

Más adelante el profesor Noguera puntualiza, en esa exposición que luego fue publicada en la revista Signo y sociedad: “Yo jamás sería partidario de la censura a la prensa, por ningún motivo y en ninguna circunstancia… Pero sí esperaría de los medios de comunicación que, justo en el momento en que más lo necesito como ser humano aterrorizado y horripilado por los actos de terror, me ayudaran a comprender la situación, a hacerme conciente de ella, a encontrar los asideros racionales del terror a otra serie de hechos, sucesos, datos y fenómenos, de manera que pudiera reducir y manejar la angustia que provocan. Esperaría de los medios que me ofrecieran toda la gama de posibles explicaciones, pues lo que necesito en esos momentos, durante la larga ola narcoterrorista, por ejemplo, es reducir la incertidumbre, recordemos que ‘a nada teme más el ser humano, que a ser tocado por lo desconocido’ ”.

Después de esa referencia a Elías Canetti, el profesor colombiano reclama de los medios: “Esperaría que los medios de comunicación, depositarios de la confianza ciudadana expresada en forma de libertad política, ejercieran un importante liderazgo de la opinión pública para restituir los lazos de cohesión social que busca deshacer el terrorismo. La evidencia empírica… demuestra consistentemente que el narcoterrorismo victimiza sistemáticamente a la población civil cuando se dirige al Estado para modificar sus políticas, ensañándose contra ella para deslegitimarlo, desestabilizarlo y volver a la sociedad contra el garante de su seguridad, a quien cobardemente han reducido a la impotencia, pues cuentan a su favor con la sorpresa, la sevicia calculada, la vulnerabilidad de los múltiples blancos civiles, urbanos y rurales”.

Una de las varias vías para reaccionar ante el narcoterrorismo se encuentra en los medios de comunicación. Claro, para emprender esa acción conjunta tendríamos que reconocer que hay problemas superiores a las querellas políticas y al estruendo mediático. Una decisión así, más allá de sus consecuencias inmediatas, subrayaría que por encima de diferencias y ambiciones circunstanciales la sociedad –y en este caso sus medios de comunicación– pueden tener causas comunes, nacionales. Aunque sea por elemental necesidad de supervivencia.

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