Límites al poder del dinero en los medios

Zócalo, enero de 2007

   Maltratado por sus propias inconsistencias, el Congreso de la Unión dejó un saldo contradictorio después de la intensa temporada de reformas a la legislación electoral y en las cuales hay cambios muy importantes para la relación entre los medios de comunicación y la política en México. Atrapada en el vértigo de los intereses partidarios, la Cámara de Diputados no consiguió designar a los consejeros del Instituto Federal Electoral que reemplazarían a los tres funcionarios, incluyendo al consejero presidente, destituidos por una medida muy cuestionable de los mismos legisladores.

   La decisión misma de echar sin razones legales a tres de los consejeros designados en 2003 para un encargo de siete años fue ampliamente discutida en los meses recientes. Luego, el proceso para designar a quienes los sucederán estuvo repleto de irregularidades. Aun con ellas es deseable que quienes habrán de conducir a la autoridad electoral tengan no solamente el aval de los partidos mayores sino, antes que nada, capacidad profesional y política suficiente. En esta ocasión, el nombramiento de la autoridad electoral cobra mayor importancia debido a las nuevas facultades que las reformas legales le confieren al IFE, especialmente en la administración de los espacios que los partidos tendrán para hacer campaña en los medios de comunicación y para sancionar a las estaciones de televisión y radio que no cumplan con las reglas para la difusión de tales mensajes.

 

En prensa escrita,

propaganda a salvo

   Las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobadas en los primeros días de diciembre por las dos cámaras del Congreso ratificaron las nuevas disposiciones constitucionales que habían sido promulgadas el mes anterior. El nuevo régimen electoral prohíbe la compra de espacios para propaganda política en la televisión y la radio y transfiere al IFE el empleo del tiempo del cual dispone el Estado en esos medios de comunicación. Además limita severamente la propaganda que las instituciones del Estado hagan acerca de sus propio desempeño.

   Aunque la disposición constitucional estableció un explícito veto a la propaganda que muestre obras o imágenes de los servidores públicos en “cualquier modalidad de comunicación social”, la reforma a la ley reglamentaria solamente establece sanciones para los canales de televisión y las estaciones de radio que infrinjan esa disposición. Es decir, la contratación e incluso el abuso de la propaganda que muestre a funcionarios públicos (gobernadores, legisladores, rectores, etcétera) en medios de carácter impreso, no podrá ser sancionada al menos con las reformas al Código Electoral.

   La norma constitucional (específicamente la disposición establecida en la reciente adición al Artículo 134) es por ahora imperfecta. Las consecuencias que esa innovación tendría para los diarios y revistas cuyas finanzas dependen en alguna o mucha magnitud de la venta de publicidad a instituciones estatales y que comentamos en la edición anterior de Zócalo, por ahora no ocurrirán. No quedó claro si los senadores que redactaron las nuevas disposiciones del Código Electoral, o los diputados que las revisaron y también aprobaron, decidieron expresamente no afectar a los medios escritos o si se trató de un descuido. En todo caso, aunque la Constitución prohíbe la propaganda en medios de toda índole, incluso escritos, por ahora los editores de revistas y diarios –y sus lectores, desde luego– pueden estar tranquilos.

 

Tramposa información sobre

lineamientos del IFE a medios

   Durante su discusión en el Senado, las reformas a la ley electoral fueron tema de una intencionada especulación por parte de las cadenas de televisión privada y de los diarios que han resultado más proclives a ellas. Los noticieros de Televisión Azteca con la gritonería que se ha vuelto sello de esa casa y, simultáneamente, diarios como Milenio y Excélsior, propagaron versiones incompletas o falsas de los documentos de trabajo previos al dictamen de las comisiones senatoriales encargadas de estudiar esa reforma.

   Se dijo, así, que en las nuevas reglas para la relación entre medios y campañas políticas habría disposiciones que censuraban la libertad de opinión de los periodistas. Esa sería la consecuencia, se aseguraba, de los lineamientos que la autoridad electoral les impondría a los medios de comunicación para la cobertura de campañas.

   Tales lineamientos en realidad forman parte de la legislación electoral desde 1996 y hasta ahora han implicado que, antes de cada proceso electoral federal, los partidos sugieran que los medios electrónicos cubran sus campañas políticas con pluralidad, equidad, respeto a la vida privada y respetando el derecho de réplica, entre otros atributos. Esas exhortaciones siempre han tenido un valor emblemático, en primer lugar porque no hay –ni debería haber– sanciones a los medios que las incumplan y desde luego porque, como es sabido, los partidos mismos son los primeros en quebrantar cualquier posibilidad de respeto entre sus candidatos.

   Durante un par de semanas, a contracorriente de las cotidianas aclaraciones que hacían algunos de los senadores, en varios medios se repitió la misma cantinela. Finalmente la modificación a la fracción modificada del artículo 49 del Código Electoral estableció, refiriéndose a la autoridad del IFE:

   El Consejo General se reunirá a más tardar el 20 de septiembre del año anterior al de la elección con las organizaciones que agrupen a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, para presentar las sugerencias de lineamientos generales aplicables a los noticieros respecto de la información o difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos. En su caso, los acuerdos a que se llegue serán formalizados por las partes y se harán del conocimiento público.

   En la versión anterior que estuvo vigente durante más de una década esa disposición, contenida en el artículo 48 del Cofipe, le asignaba un rango menor a la mencionada reunión ya que sería convocada por el Director de Prerrogativas y no por el Consejo General del IFE. Se mencionaba expresamente que a tal encuentro sería invitada la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, lo cual siempre implicó alguna parcialidad porque no todos los radiodifusores están inscritos en ese organismo. Anteriormente no se hablaba de precampañas porque esa fase del proceso electoral no estaba reglamentada y ahora sí. Ahora se especifica, además, la posibilidad de que haya acuerdos entre la autoridad electoral y los radiodifusores. Por lo demás, el artículo relativo a los lineamientos de cobertura de campañas es idéntico al que ya existía.

 

Quisieron confundir libertad de

expresión con capacidad de compra

   La otra disposición, esa sí nueva, que los medios disgustados con la reforma electoral impugnaron con más estruendo que argumentos, fue la prohibición para la contratación de propaganda en radio y televisión.

   Quizá los concesionarios aspiraban a que el Código Electoral no estableciera sanciones para que la infracción a esa nueva regla pudiera ser frecuente. Pero en sus alegatos soslayaron que esa norma ya había sido incorporada a la Constitución, en el Artículo 41, que indica con toda claridad: Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

   En atención a ese principio, ahora el Código Electoral establece en su artículo 49  que ni los partidos, ni precandidatos ni candidatos, “podrán contratar, contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión”. Esa taxativa se extiende a los dirigentes y miembros de los partidos “o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales”. La única propaganda política autorizada será la que el IFE gestione en los tiempos de Estado en radio y televisión.

   El mismo artículo reproduce, letra por letra, la disposición constitucional que transcribimos antes y que instaura el impedimento para que ninguna persona, “física o moral”, contrate en radio o televisión propaganda “dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos”.

   Esa fue la disposición en la que, cuando resultó fallido el rechazo a los lineamientos, se apoyaron los concesionarios para descalificar la reforma electoral. Con impostada enjundia, algunos locutores y comentaristas aseguraron que esa modificación atentaba contra la libertad de expresión de los ciudadanos. Algunos, incluso, dijeron mentiras al señalar que dicha reforma haría imposible la publicación los periódicos de inserciones pagadas por ciudadanos.

   El impedimento a la contratación de propaganda en televisión y radio es muy claro: se refiere expresamente a esos medios y comprende cualquier transacción mercantil destinada a pactar la difusión de anuncios políticos. No se afecta la difusión de noticias ni de opinión política alguna. Lo que sí se limita es la contratación de spots como los que al finalizar la campaña presidencial de 2006 pagó el Consejo Coordinador Empresarial con mensajes destinados a perjudicar la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

 

Multa y bloqueo de publicidad

a quienes vendan spots

   La contratación de propaganda por parte de particulares ya estaba prohibida en la legislación electoral, pero no había sanción específica para quienes trasgredieran esa disposición. Por eso en la elección de 2006 ni el IFE ni el Tribunal Electoral pudieron hacer algo contra los empresarios que infringieron esa norma. Ahora, merced a las reformas al Cofipe, la contratación de propaganda podría conducir a la cancelación de su registro en el caso de los partidos políticos que reincidieran en esa falta y con multas de hasta 500 días de salario mínimo a los ciudadanos y de cien mil días a las empresas que hicieran tal contratación.

   Las empresas de televisión o radio que vendan espacios para la difusión de propaganda política, en una primera falta serían amonestadas y luego recibirían multa de hasta 100 mil días de salario mínimo. De reincidir, la autoridad electoral podría suspender hasta por 36 horas los espacios destinados a publicidad sin afectar el resto de la programación. También se contempla la posibilidad de gestionar la revocación de la concesión de la empresa que persistiera en esa infracción. Aunque el Cofipe no se refiere expresamente a esa revocación, la reforma Constitucional sí abre tal posibilidad.

   Decir que el impedimento para contratar propaganda en medios electrónicos vulnera la libertad de expresión equivale a considerar que solamente con el poder del dinero, pagando por espacios en radio y televisión, se puede ejercer esa libertad. No es la libertad de opinión o de prensa lo que se limita sino, si acaso, la libertad mercantil de las empresas de radiodifusión para lucrar con las campañas políticas y desde luego el poder del dinero para influir sobre los ciudadanos. Por eso no ha sido extraño que algunos de los beneficiarios de ese poder del dinero se hayan manifestado contra la reforma electoral con tanta vehemencia como lo hicieron algunos dirigentes empresariales, locutores y concesionarios. No son esas, desde luego, las únicas reformas que hacen falta. Ya veremos, en los primeros meses de 2008, si la enjundia legislativa de los senadores y los diputados alcanza para que tengamos una nueva y moderna legislación para los medios y las telecomunicaciones.

–0–

  

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s