Cómo mejorar la televisión

Nexos, diciembre de 2007

   Ahora sigue la reforma legal para los medios. Después de las modificaciones constitucionales que, entre otras cosas, acabaron con la compra de espacios de propaganda política en televisión y radio, el Congreso mexicano tendrá que emprender la modificación y actualización de las leyes destinadas a los medios de comunicación. Además de regular la administración del espacio radioeléctrico que es propiedad de la Nación y por el cual se difunden las señales abiertas de televisión y radio pero también de Internet inalámbrica y telefonía, la nueva legislación habrá de enfrentar el interminablemente discutido problema de los contenidos en los medios de amplia difusión social.

   En ese debate nada hay tan previsible como las televisoras. No resultaría extraño que en los próximos meses Televisa, pero sobre todo esa versión cerril y ordinaria de los peores vicios y excesos de la televisión mexicana que es Televisión Azteca, insistieran en desvirtuar las propuestas que circularán para nutrir la reforma legal de los medios de comunicación. Las televisoras dirán que la regulación de contenidos es inadmisible como si no se tratara de medios que, además de ejercer una considerable influencia social, disfrutan de una concesión para transmitir a través del espacio radioeléctrico. Distorsionarán esas medidas, equiparándolas con la censura que hay en algunos países. Se arroparán en la bandera de la libertad de expresión como si los televidentes no recordaran las muchas tergiversaciones y manipulaciones que las televisoras han desplegado en defensa de privilegios que ahora comienzan a estar acotados.

   El comportamiento que se les conocía a las televisoras desde tiempo atrás y su desmedida reacción ante las reformas constitucionales, actualizaron la discusión acerca de la necesidad de mejorar los contenidos en esos medios electrónicos. Ahora el Congreso debe revisar las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones para establecer las normas que orientarán el desarrollo de los medios electrónicos y digitales. Lo más pertinente sería que diputados y senadores crearan una nueva ley que sirviera como marco jurídico integral tanto para televisión y radio como para telefonía, servicios de datos e Internet, entre otras opciones de comunicación que se encuentran crecientemente interrelacionadas. A muchos legisladores les interesa, especialmente, que haya medidas para propiciar contenidos de mejor calidad en los medios de difusión masiva.

   La calidad en la televisión y la radio puede ser entendida de diversas maneras. También la objetividad y la veracidad. En una sociedad abierta pueden coexistir diversas concepciones acerca de esos valores siempre y cuando los receptores de mensajes tengan la misma oportunidad para acceder a toda clase de contenidos. El problema en México, especialmente con la televisión, ha sido la excesiva concentración no sólo de muchas frecuencias en pocas manos sino, también, de contenidos de muy discutible calidad en los canales acaparados por las dos empresas privadas. Los telespectadores no han tenido oportunidad de acercarse a otras opciones de televisión.

   Allí radica la importancia de la reforma que el Congreso puede emprender para los medios electrónicos. A fin de que tengamos una mejor televisión lo que hace falta en primer lugar es que contemos con más canales, a cargo de actores con intereses y enfoques diversos. Además de más empresas de comunicación privadas sería necesario que hubiera un auténtico sistema nacional de televisión pública: no una televisión de gobierno ni oficialista, sino canales orientados por criterios plurales, profesionales y no mercantiles.  

   Los contenidos en los medios electrónicos, como en cualquier forma de comunicación, jamás mejorarán estableciendo restricciones ni censuras. Más opciones, en cambio, tenderán a significar mayores contrapesos ante los consorcios que hasta ahora han especulado con las frecuencias que tienen concesionadas, especialmente en el campo de la televisión.

   En la difusión de noticias, por ejemplo, sería inaceptable que a las empresas televisoras y radiodifusoras se les impusiera la obligación de transmitir una sola versión de los acontecimientos o que se les impidiera expresar sus intereses y preferencias. Si los ciudadanos tienen varias opciones para informarse por ese medio, sabrán distinguir entre televisoras que intencionalmente distorsionan y manipulan acontecimientos (como durante largo tiempo han acostumbrado TV Azteca y Televisa) y aquellas que se comportan con otros parámetros profesionales.

 

Normas para los contenidos

   El tema de los contenidos en los medios suscita confusiones, e incluso temores, debido a la posibilidad de que hubiera actitudes de imposición o censura. Se ha incurrido, por descuido pero también a causa de una apreciación parcial, en una falsa disyuntiva. El problema en este caso no es quién resuelve qué han de transmitir los medios de comunicación. La decisión acerca de qué contenidos difunden tiene que ser de los concesionarios, pero con responsabilidades claramente definidas por la ley. La regulación de los medios –que jamás debe implicar censura– estará a cargo de la autoridad que la nueva legislación establezca. El auténtico dilema es cómo propiciar mejor calidad –y, así, diversidad y pluralidad– en los medios electrónicos. Estas son seis medidas que podrían formar parte de una legislación moderna en materia de contenidos para los medios electrónicos. 

   1. Protección de los menores. Entre 6 de la mañana y 10 de la noche (que son los horarios establecidos para este propósito en diversos países) tendría que estar vetados los contenidos para adultos. La clasificación de los programas debiera ser clara, a partir de criterios transparentes y ampliamente conocidos por las audiencias.

   2. Publicidad. Los tiempos máximos que la ley establezca para la difusión de mensajes pagados deben ser cabalmente respetados. El Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión indica que la propaganda comercial no debe ocupar más de 18% del horario total de transmisión en televisión. Sin embargo un monitoreo coordinado en mayo de 2007 por la profesora Beatriz Solís Leree para la UAM y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, encontró que la publicidad comercial ocupó 22%, 15% y 23%, respectivamente, de las transmisiones en los canales 2, 5 y 13 de televisión. Es preciso que las infracción a esas y muchas otras disposiciones de la ley para medios electrónicos sean sancionadas con rigor.

   Si se mantuviera el 18% permitido para anuncios comerciales, sería necesario que fueran contabilizados cada hora y no en el total del tiempo transmitido durante todo un día. La misma observación confirmó que hay programas de las cadenas nacionales de televisión durante los cuales se transmite hasta 45% de publicidad durante una hora.

   Los anuncios de productos como bebidas alcohólicas, dirigidos a audiencias de edad adulta, solamente deberían transmitirse, sin excepciones, en los horarios correspondientes. La Ley Federal de Radio y Televisión indica que la publicidad de tales bebidas solamente puede ser presentada a partir de las 22 horas pero con frecuencia el gobierno federal autoriza salvedades a esa norma.

   La publicidad subrepticia (por ejemplo, cuando el personaje de una telenovela abre un paquete de donas Bimbo) debería estar absolutamente prohibida. También la publicidad subliminal.

   3. Proscribir engaños y supercherías. La difusión de mensajes publicitarios o de programas que ofrecen transformaciones o curaciones mágicas, o milagrosas, debería ser vedada. Cada vez más, en la televisión y la radio mexicanas se difunden mensajes de charlatanes como los que prometen aliviar enfermedades con recursos sobrenaturales y que constituyen un cotidiano engaño a la buena fe de muchas personas.

   4. Integridad de los programas. La creación artística y la integridad de los espectáculos debe ser plenamente respetada. Los largometrajes deberían ser difundidos con un mínimo de cortes comerciales (a lo sumo cada 20 o 30  minutos) y de manera completa. Se debería propiciar la transmisión de versiones originales, con subtítulos y con el audio original. Recursos que alteran creaciones artísticas, como la coloración de películas originalmente realizadas en blanco y negro, tendrían que ser evitados.

   Lo mismo, debería impedirse la superposición de anuncios o mensajes que impiden apreciar la difusión completa de un programa: por ejemplo los engendros digitales que afectan la transmisión de los partidos de futbol.

   5. Producción independiente. Un recurso fundamental para propiciar a la vez diversidad y calidad se encuentra en el establecimiento de tiempos mínimos (por ejemplo el 20% sobre el total de la programación de cada televisora) para transmitir programas producidos por empresas distintas a las que disfrutan de concesiones. De esa manera se lograría que hubiera distintas concepciones y orientaciones en la programación de los medios electrónicos.

   6. Pluralidad informativa. Para los programas de noticias, se podrían establecer pautas que propicien la inclusión de todos los actores posibles en la difusión de un acontecimiento. En especial, es pertinente favorecer la cobertura equitativa de las campañas electorales señalando como responsabilidad de los concesionarios la inclusión de todos los partidos y candidatos. Sería imposible, pero sobre todo resultaría absolutamente indeseable, que hubiera intervención alguna sobre los contenidos informativos que difunden radiodifusoras y televisoras. Pero los monitoreos que ya realiza la autoridad electoral acerca de la cobertura de asuntos de esa índole en tiempos de campaña podrían ser ampliamente difundidos. De esa manera los ciudadanos conocerían enfoques y sesgos que cada empresa de radiodifusión y cada programa imprimen a la presentación de noticias políticas. Los resultados de esos monitoreos podrían ser uno de los elementos que tome en cuenta la autoridad reguladora de la radiodifusión al momento de aprobar o rechazar el refrendo de una concesión.

 

Otras decisiones indispensables

   Además de recursos como esos, la equidad en los contenidos de los medios electrónicos podrá ser respaldada con decisiones entre las que se encuentran las siguientes.

   a) Derecho de réplica. Esta prerrogativa de los ciudadanos fue establecida en la reciente reforma constitucional y tiene que ser reglamentada en la legislación federal. Aquellos locutores y concesionarios que gustan de injuriar, mentir y distorsionar sin que hasta ahora hayan encontrado suficientes reconvenciones sabrán que, cuando incurran en esas prácticas, habrá ciudadanos interesados en ejercer su derecho para aclarar informaciones y alusiones que les afecten de manera directa.

   b) Órgano regulador. El organismo que administre esas y otras disposiciones tendría que contar con independencia plena respecto de los poderes públicos y, desde luego, de las empresas concesionarias. Sin una autoridad con autonomía y recursos suficientes cualquier reforma para los medios quedará trunca.

   c) Límites a la concentración. El acaparamiento de muchos medios en pocas manos ha sido el origen del poder hasta ahora desmedido de los consorcios comunicacionales. Televisa y Azteca no deberían recibir una sola concesión más. Tienen que existir reglas que favorezcan la diversidad de opciones y que establezcan límites a la propiedad de medios.

   d) Medios públicos. A los medios de gobierno q         ue ya tenemos en México (canales 11 y 22 y las radiodifusoras del IMER, entre otros) es preciso convertirlos en medios públicos con recursos, autonomía de gestión y mecanismos institucionales que los vinculen con la sociedad. Esos medios y otros más podrían formar parte de una corporación pública manejada por autoridades plenamente independientes y de reconocida competencia profesional.

   e) Alfabetización mediática. Es preciso promover, tanto en la escuela como fuera de ella, programas de divulgación capaces de desarrollar, en los niños y jóvenes, así como en los ciudadanos, la habilidad para relacionarse de manera enterada y crítica con los contenidos de los medios de comunicación.

   Ninguna de las once medidas que hemos enumerado resulta ajena a la regulación que existe para los medios en otros países. Casi todas ellas se encuentran, por ejemplo, en la normatividad para los medios que la Unión Europea acaba de revisar en la directiva denominada Hacia un espacio audiovisual sin fronteras, de mayo de 2007. Cuando los legisladores mexicanos se asomen al derecho comparado en estos temas encontrarán que, en la discusión internacional acerca de los medios, existe coincidencia en la necesidad de que las ventajas de la convergencia tecnológica, que permite difundir más contenidos por una amplia gama de formas de transmisión, beneficie antes que nada a los ciudadanos. Más opciones en materia de contenidos, protección de los menores, defensa de los ciudadanos, promoción de la diversidad y medidas para auspiciar la calidad, son parte de los recursos que los Estados contemporáneos utilizan con ese propósito. Ya es hora de que así ocurra en México.

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