Televisa no apoyará estas propuestas

La Crónica de Hoy, 8 de noviembre de 2007

La próxima reforma legal para los medios de comunicación tiene que ser integral, incluyente y ambiciosa. De otra manera no tendría sentido la extensa discusión que se mantiene ahora mismo y que se reavivó hace algunos meses cuando la Suprema Corte de Justicia desechó los artículos más importantes de la ley Televisa. A raíz de aquella decisión judicial, el Senado de la República conformó un “grupo de trabajo plural” integrado por los coordinadores y varios legisladores de cada uno de los grupos parlamentarios así como por los presidentes de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos. El Grupo elaboró una agenda de temas a discutir en la revisión de la legislación para las telecomunicaciones y la radiodifusión y desde el mes pasado ha invitado a varias organizaciones e instituciones a que presenten puntos de vista al respecto.
Ayer, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) entregó en el Senado sus propuestas para esa reforma legal. Junto con otros miembros de la Asociación tuve el privilegio de acompañar a Javier Corral Jurado, presidente de la Asociación, en la presentación de ese documento.
En ese texto manifestamos que la reforma legal para los medios y las telecomunicaciones no tendría sentido si no se la reconoce como uno de los pasos más importantes para construir en México una auténtica sociedad de la información. Los grandes medios de comunicación han permanecido acaparados por un puñado de concesionarios. El privilegio de difundir por radio y televisión ha estado supeditado al capricho o la conveniencia del poder político. Los contenidos en muchos de esos medios han estado definidos por el afán de lucro y no por la responsabilidad social. El acaparamiento y la incapacidad para enfrentar el contraste y la diversidad han llevado a las corporaciones mediáticas más influyentes a oponerse militantemente a cualquier apertura que propicie la competencia, especialmente en la televisión abierta.

La acumulación de muchos recursos comunicacionales en pocas manos reforzó el poder que de por sí confiere siempre el privilegio de acceder a una concesión de radio o televisión. Y esa capacidad de influencia, convirtió a los principales concesionarios en un poder que en ocasiones se ha colocado al margen del Estado y ha querido sobresalir por encima de las instituciones legales. Ese afán acaparador les permitió incluso, a los consorcios comunicacionales, promover y lograr la aprobación de una reforma legal que ampliaba los privilegios que ya tenían.
Aquellos excesos, sumados a los que han cometido cuando han tratado de subordinar a sus designios a segmentos importantes de la clase política mexicana, han encontrado resistencias y respuestas muy importantes. Hace año y medio, cuando estaba a discusión la contrarreforma a las leyes federales de Radio y Televisión y Telecomunicaciones a las que no resultó exagerado denominar como ley Televisa, no fueron pocos los legisladores que, especialmente en el Senado de la República, se manifestaron en contra. La acción de inconstitucionalidad promovida por casi medio centenar de ellos permitió que, un año después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechara los puntos más relevantes de aquellas modificaciones legales.
Esa histórica decisión de la Corte contribuyó a crear un contexto propicio a la reforma constitucional en materia electoral que en septiembre pasado aprobó el Congreso de la Unión y la cual, a pesar del tosco rechazo que le opusieron algunos concesionarios de televisión y radio, fue impulsada por los partidos políticos más importantes. La consecuencia necesaria de tales decisiones es ahora la instauración de una auténtica reforma para las leyes que regulan a las telecomunicaciones y la radiodifusión. Esa, lejos del abuso en beneficio de unos cuantos que constituía la ley Televisa, tendrá que propiciar una modificación decisiva y en beneficio de la pluralidad y la democracia en el panorama actual de los medios de comunicación en México.
El avance tecnológico de los años recientes ha favorecido la existencia de nuevos y cada vez más difundidos recursos para almacenar, propagar y reproducir cantidades de información crecientemente cuantiosas. Sin embargo, el desarrollo en nuestro país de esos recursos ha sido limitado y desigual. No han existido políticas públicas suficientemente amplias y capaces de proporcionar a la mayoría de los mexicanos acceso franco, constante y de calidad lo mismo a tecnologías interactivas como Internet y la telefonía que a medios de difusión como la televisión y la radio. La brecha digital se ha añadido a otros factores de escisión social que ya padecíamos. Los proyectos estatales para utilizar Internet se han limitado a promover la administración y la gestión electrónicas pero no han propiciado el aprovechamiento de tales recursos por parte de los ciudadanos. La telefonía, tanto fija como celular, ha tenido una expansión considerable aunque hay zonas del país en donde se han desarrollado de manera irregular. También en esta área de las comunicaciones el interés monopólico ha obstaculizado la diversificación de empresas que, junto con una auténtica y eficaz regulación estatal, podría mejorar la calidad y reducir los precios al consumidor de tales servicios.
La revisión de la legislación para las telecomunicaciones y la radiodifusión tiene que estar orientada por la búsqueda de un auténtico proyecto de sociedad de la información para este país. Por tal proyecto, entendemos al contexto de normas jurídicas y políticas públicas que pretenda la equidad, la participación, la construcción del conocimiento y la solidificación de la cultura cívica de los mexicanos.
En su propuesta de reforma integral para los medios de comunicación y las telecomunicaciones, la Amedi reivindica antes que nada derechos de los ciudadanos como los de réplica, expresión e información. También considera que a la radiodifusión se la debe reconocer como servicio público.
El espectro radioeléctrico es y debe seguir siendo propiedad de la nación: cualquier usufructo con propósitos comerciales tiene que ser a cambio de una contraprestación económica pero los criterios para asignar la concesión deben tomar en cuenta, antes que nada, el servicio que recibirá la sociedad.
A la convergencia digital se la debe aprovechar plenamente, siempre a partir de las políticas que establezca la autoridad reguladora y privilegiando, por encima de cualquier otro, el interés público. Y para que haya congruencia entre el desarrollo tecnológico que hoy amalgama formatos, canales y modalidades para la difusión de los mensajes, se propone la creación de una sola ley federal tanto para la radiodifusión como para las telecomunicaciones.
La regulación de tales áreas tendría que estar a cargo, siempre en concordancia con esos principios, por un órgano autónomo respecto de los poderes estatales como, por supuesto, de las empresas a las que normaría. La creación de ese organismo haría necesaria una reforma constitucional para que la asignación de concesiones no sea privilegio del Ejecutivo Federal sino responsabilidad de la nueva entidad autónoma.
Acceso, conectividad y diversidad son otros principios que normarían el nuevo marco legal, siempre de acuerdo con la propuesta de la Amedi. La garantía de acceso universal requiere políticas de Estado a fin de diversificar la educación, el aprovechamiento y los recursos para acceder a Internet y aprovechar creativa y participativamente sus contenidos, así como la obligación para que los contenidos de televisión y radio que se propagan en señales abiertas sean incluidos en todos los servicios que difunden a esos medios de manera codificada o de paga. La conectividad, exige de la mayor flexibilidad posible para la interconexión de las redes digitales, independientemente del formato o de los contenidos que propaguen. La diversidad, implica entre otras consecuencias que en la asignación de concesiones se tomen en cuenta requerimientos de grupos étnicos, universidades e instituciones educativas y organismos comunitarios.
La legislación deberá garantizar los principios de pluralidad, libertad de expresión y derecho a la información con responsabilidad. Se sugiere, por ejemplo, que en la radiodifusión haya pautas para clasificar la programación. También hacen falta reglas para que el derecho de réplica recientemente consagrado en la Constitución sea realidad. En otro tema, se considera que los productores tienen derecho a que los contenidos de su autoría sean difundidos sin censura, modificaciones o confiscaciones de cualquier índole.
La Amedi propone que en la radiodifusión pueda haber inversión extranjera directa, con límites precisos, con lo cual terminaría la simulación que significa la inversión enmascarada a la que hoy en día acuden empresas extranjeras para participar en medios de nuestro país.
Y de manera especial, la Asociación promueve la existencia de medios de radiodifusión auténticamente públicos: con autonomía funcional respecto del resto del Estado, financiamiento versátil que incluya recursos fiscales junto con el derecho a comercializar espacios y vinculación con la sociedad que sea un referente para afianzar calidad y variedad de sus contenidos.
Esos son los principios que orientan las propuestas de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información entregadas ayer, en un documento de 66 cuartillas, al Grupo Plural de senadores. El texto completo estará disponible en los sitios del grupo senatorial: http://www.senado.gob.mx/telecom_radiodifusion/ y de la propia Amedi: http://www.amedi.org.mx Estas propuestas seguramente no ganarán consenso en Televisa ni en Televisión Azteca. Pero ya se ha demostrado que la animosidad de esas empresas (que, por cierto, cada vez tienen menos respaldo entre otros radiodifusores) no es indispensable para abrir espacios a la democracia. Lo que se requiere es decisión y cohesión de los legisladores para completar la delimitación del poder mediático que iniciaron en junio pasado los ministros de la Corte al invalidar la contrarreforma del año pasado y prosiguieron en septiembre los propios senadores y diputados con las reformas constitucionales que moderan la influencia política de la radio y la televisión.

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