La industria de lo televisable

Publicado en Nexos, junio de 2007

 

   El canciller Otto von Bismarck tuvo motivos para considerar que la política es el arte de lo posible. Pero si hubiera vivido un siglo más tarde, el unificador de Alemania quizá habría estimado que la política es la industria de lo televisable. El reconocimiento al carácter indispensable, omnipresente e incluso inevitable que los medios de comunicación de masas alcanzan en la propalación de los hechos y la formación de los consensos políticos es tan fundado como extendido. Pero además de las capacidades propagadoras y a veces persuasoras que sin duda tienen, a los medios de comunicación y muy especialmente a la televisión con frecuencia se les sobredimensiona, atribuyéndoles el carácter de escenarios prácticamente únicos y en ocasiones de actores virtualmente inapelables de los asuntos públicos.

   En tanto la política y sus protagonistas padecen un desprestigio creciente, los medios de comunicación por lo general disfrutan de márgenes de credibilidad estables, o al menos no son tan cuestionados como los gobernantes y dirigentes partidarios. Hay al menos tres motivos para esa legitimidad mediática que se mantiene tan a contrapelo del descrédito del resto de las instituciones de la vida pública contemporánea.

   Los medios tienen acceso constante a la existencia cotidiana de los ciudadanos. Conectados a la televisión o la radio lo mismo en ratos de ocio que en buena parte de nuestras jornadas laborales, vivimos con los medios. A los políticos los vemos y escuchamos a ratos y en todos los casos, por cierto, merced al tamiz de los medios de comunicación.

   En segundo término los medios, especialmente en circunstancias de extrema concentración mediática como la que padecemos en México, constituyen la única institución de la vida pública que se autolegitima continuamente. A los gobernantes y legisladores, los ciudadanos los sancionan refrendando o retirándoles el voto, o con la opinión que registran las encuestas. A las iglesias, las escuelas e incluso a los equipos de futbol, sus fieles, alumnos o aficionados les confieren distintos niveles de confianza, según se reconozcan o no como miembros o simpatizantes de esas colectividades. Podría decirse que el mecanismo más viable para que los espectadores amonesten o aprueben a la televisión consiste en, simple y sencillamente, cambiar de canal. Pero las opciones en la televisión mexicana son tan escasas, y por lo general de tan palmaria indigencia en materia de contenidos, que sus espectadores carecen de auténtica libertad de elección.

   Nuestros políticos, en tercer lugar, suelen contemplar a los medios con un arrobo casi parroquial e idealizan, porque literalmente los apantalla, las capacidades de la televisión. Otros más, forjados en una cultura política en donde el bombo y la simulación son recursos frecuentes porque no aspiran a persuadir sino a impresionar, exaltan a la televisión porque en ningún espacio, como en ella, pueden apantallar  a otros políticos y al resto de los ciudadanos. Todos ellos, vanidosos como suelen ser, quieren congraciarse con los medios porque consideran que dejar de estar en ellos equivale a dejar de ser en términos políticos. La importancia de la televisión es insoslayable. Pero los políticos, al mitificarla, la magnifican.

 

Rezago reformador

   Los políticos, por lo general, no entienden y tampoco respetan a los medios. Pero les tienen, especialmente a la televisión, una mezcla de codicia y recelo. Como temen las represalias mediáticas nuestros políticos –con excepciones notables y aun insuficientes– prefieren padecer la artificiosa omnipresencia e incluso los abusos de la televisión antes que acotarla con decisiones capaces de aprovechar la formidable capacidad comunicacional que tienen ese y otros medios.

   Sin medios de comunicación simple y sencillamente no hay democracia, entendida como un proceso de interacciones en donde se combinan reglas y mecanismos para la representación, la expresión y la participación de los ciudadanos en la definición de los asuntos públicos. De la misma forma que el funcionamiento de las elecciones, el desempeño del poder legislativo y la eficacia o no de la división de poderes son parte de los factores que determinan la calidad de la democracia, la situación de los medios de comunicación también contribuye a profundizarla o deteriorarla. Y así como no todos los legisladores, o no todos los partidos o los gobernantes actúan de manera idéntica, también en los medios de comunicación hay comportamientos muy variados. Cada vez resulta más impreciso hablar de los medios cuando entre ellos existe una señalada diversidad de trayectorias, intereses y actitudes. Pero si se busca definir reglas capaces de auspiciar la contribución de los medios de comunicación en la democracia es preciso atender a los rasgos generales del sistema mediático, independientemente de que haya medios responsables y nobles mientras que otros actúan con imprudencia y voracidad.

   A la democracia solamente se la construye, preserva y enmienda en un camino de avances, revisiones y nuevas determinaciones. Sin embargo, respecto de los medios, la reforma de la democracia mexicana implica en varios sentidos partir prácticamente de cero. Las reglas que tenemos para las elecciones son ejemplares y han funcionado razonablemente bien –a pesar de la ideologización y la confusión que, por motivos políticos, fueron promovidas acerca de la elección presidencial reciente–. En cambio  las normas vigentes para el desempeño de los medios no impulsan la equidad, ni la claridad y mucho menos la deliberación ni el mejoramiento en la cultura de los ciudadanos.

 

Bonificaciones y gacetillas

   Los medios de comunicación más poderosos han impuesto, por cauces formales e informales, sus propias reglas. Las normas que establece la legislación electoral para favorecer una competencia equilibrada entre los partidos son distorsionadas por el interés mercantil y en ocasiones por decisiones políticas que se toman en esos medios de comunicación o incluso en el gobierno.

   El Código Federal Electoral establece en su Título Tercero las reglas para que los partidos accedan de manera permanente a espacios en radio y televisión y para que, en épocas de campaña, además puedan comprar tiempo en esos medios. El primero de esos derechos por lo general es respetado –aunque en las campañas presidenciales de 2000 los radiodifusores privados se negaban a transmitir mensajes de promoción del voto que auspiciaba el Instituto Federal Electoral–. A comienzos de 2007, el gobierno federal se rehusó a transmitir un programa del PRD alegando que la información que allí se presentaba era “falsa”. Esa acción de censura previa fue rectificada. Pero sigue siendo preocupante que el gobierno se haya considerado con derecho a decidir los contenidos políticos que, a su juicio, podemos ver y escuchar los ciudadanos. De allí que una reforma necesaria a la ley en esa materia es el establecimiento de plenas garantías para que se cumpla sin reservas el derecho del Instituto Federal Electoral y de los partidos que concurren en él a la difusión de programas y anuncios en los medios electrónicos.

   Cada temporada electoral, concesionarios y permisionarios de radio y televisión están obligados a entregarle al IFE las tarifas para que los partidos puedan contratar espacios de publicidad política. Sin embargo esos precios son alterados de dos maneras. Las empresas de televisión y radio, de manera discrecional, hacen descuentos a los partidos de acuerdo con el volumen de la publicidad que contratan pero también de acuerdo con el respaldo político que quieran otorgarles. Por otra parte, otorgan “bonificaciones” en especie que ensanchan artificiosamente el tiempo comprado por los partidos y que se ha convertido en una manera de engaño a radioescuchas y televidentes. Cuando un partido compra publicidad distintas radiodifusoras y televisoras le ofrecen, de manera adicional, espacios para que sus candidatos sean entrevistados o incluso comentarios expresamente favorables a ellos. Sin embargo tales entrevistas o menciones no son reconocidas como parte de la publicidad pagada. Descuentos y bonificaciones son formas de respaldo ilegal a los partidos y podrían ser consideradas como delitos electorales si no han sido reportadas como donaciones en los informes financieros que los propios partidos deben entregar a la autoridad electoral.  

   Gracias al monitoreo de medios electrónicos que desde hace varias elecciones realiza el IFE, podemos saber con detalle cuántos segundos de publicidad contrataron los partidos y cuántos les asignó cada noticiero de radio y televisión. Lo que no sabemos es cuántos ni cuáles de esos espacios fueron adjudicados, por parte de las radiodifusoras y televisoras, no debido a decisiones de carácter periodístico sino a convenios mercantiles. En televisión y radio se ha extendido la venta de espacios en programas de entrevistas en donde comparecen quienes han pagado para aparecer como invitados, cuando en realidad se trata de marchantes de tales espacios. A los radioescuchas y telespectadores nunca se les informa que esas presentaciones se deben al interés mercantil y no a criterios propiamente editoriales. Con esas prácticas, se reproduce en los medios electrónicos una de las más tristes tradiciones de la prensa escrita en México que han sido las gacetillas –es decir, la publicación de espacios pagados pero que no son reconocidos como tales–.

   Todas esas costumbres atropellan el profesionalismo de los medios pero además, constituyen factores de oscuridad e inequidad respecto de la competencia electoral. El único recurso práctico para remediar esos subterfugios, al menos en el plano de las campañas políticas, radicará en que solamente la autoridad electoral esté facultada para, en representación de los partidos, contratar espacios en radio y televisión. Así desaparecerían los acuerdos a trasmano con las empresas de medios.

  

Cancelar compra de espacios

   En la temporada electoral más reciente nuestros partidos gastaron, para contratar espacios en radio y televisión, más del 65% de los recursos que recibieron del Estado para financiar esas campañas.  Si tales erogaciones no sirven para la promoción de ideas y propuestas sino para la generalización del encono y las campañas “negativas” como sucedió en 2006, es tiempo de que modifiquemos el esquema fundamental de propaganda que ha hecho, del proselitismo político, una triste arena de enfrentamientos y resentimientos.

   Ya es hora de que en México establezcamos la imposibilidad para que los partidos políticos compren espacio en los medios electrónicos. Esa es la única vía tanto para aligerar el injustificado gasto electoral que pesa sobre los recursos públicos, como para que nuestros partidos se pongan a hacer política en vez de limitarse a hacer propaganda en televisión y radio.

   La prohibición a la compra de espacios en los medios electrónicos ha funcionado bien en varios países europeos. En América Latina, Brasil y Chile emplean con provecho ese esquema, complementado con el acceso de los partidos a espacios gratuitos en televisión y radio. En Brasil, durante las temporadas de campaña existe una franja diaria en la cual se presentan los mensajes de los partidos. En Chile los partidos también tienen espacios públicos en televisión y les está prohibido comprar tiempo en ese medio pero pueden hacerlo en estaciones de radio y televisoras de cable (Steven Griner y Daniel Zovatto  Funding of Political Parties and Election Campaigns in the Americas. OEA e IDEA. San José, Costa Rica, 2005).

   En México, además de cuantiosos espacios que compran con dinero público, los partidos disponen de amplios segmentos gratuitos en los medios electrónicos. Esos espacios, si fueran organizados por la autoridad electoral y estuvieran ubicados en tiempos preferentes, podrían bastar para que los partidos dieran a conocer sus propuestas. Al dejar de disponer de dinero público para gastar en medios electrónicos seguramente harían un uso más creativo y, en todo caso, menos costoso de tales segmentos.

   Una reforma de esa índole no enfrentaría el problema principal que tenemos en los medios electrónicos y que es la excesiva concentración de muchos recursos comunicacionales en pocas manos. Tampoco resolvería los muchos y cada vez más evidentes defectos de nuestros partidos. Pero quizá le daría al quehacer político un contexto de mayor exigencia o, dicho de otra manera, con menos recursos para la autocomplacencia de los partidos. Acaso no logremos hacer de la política el ejercicio de realismo que proclamaba Bismarck. Pero quién sabe si, al menos, estemos en condiciones de seguir a John Kenneth Galbraith cuando decía que “la política no es el arte de lo posible. Consiste en elegir entre lo desastroso y lo desagradable”.

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