Ley Televisa. Ahora qué

Este martes 5 de junio, a las 13.52 horas, los ministros de la Suprema Corte votaron, por unanimidad, la inconstitucionalidad de los artículos 28 y 28-A de la Ley de Radio y Televisión. El artículo 28 era el más importante, porque en él se conferían más privilegios a las televisoras, de la Ley Televisa.

El siguiente texto aparece en la edición de junio de la revista Zócalo.

 

   La discusión en la Corte confirmó que el de los medios de comunicación es un tema ineludible, indispensable y del mayor interés público. Allí radica la mayor importancia –más allá de las decisiones de los ministros– del proceso que presenciamos en los meses recientes.

   Por primera vez en México a la televisión y la radio se les reconoce, abierta y notoriamente, como problemas y ya no solamente como recursos de la sociedad. Nunca antes se les había cuestionado de forma tan intensa y extensa y con tantos argumentos.

   Qué inventario de excesos. La concentración de muchas frecuencias en pocas manos, tan excesiva que se ha convertido en atentatoria del derecho que los mexicanos tenemos a la diversidad en las opciones comunicacionales de las cuales podemos disponer. Una voracidad tan inagotable que llevó a las televisoras no solamente a proponer reformas legales que les otorgaron tan ostensibles privilegios sino que, además, las condujo a un comportamiento faccioso, abusivo y difamatorio como sucedió en la campaña que ahora levantaron contra algunos de los ex senadores que promovieron la acción de inconstitucionalidad. Un organismo regulador alineado a los deseos de las mismas televisoras como ha sido la Comisión Federal de Telecomunicaciones designada a partir de la ley Televisa.

   Todo eso quedó en cuestión, primero en el debate que se desarrolló entre diciembre de 2005 y marzo de 2006, antes de que la Cámara de Senadores aprobara la que muchos denominamos –por su origen, por el cabildeo que se ejerció a favor de ella y por los intereses a los que favorecía– como ley Televisa. Un año más tarde, cuando por fin la Suprema Corte de Justicia discutió abiertamente este asunto, se reiteraron y en ocasiones profundizaron los argumentos contra aquellas reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión.

   La decisión de los ahora ex senadores que presentaron la demanda de inconstitucionalidad fue acertada. Acudir a la Corte no solo constituyó un recurso último en el plano jurídico. Además constituyó un acierto político porque favoreció el examen de esas reformas y de la situación de los medios electrónicos en un contexto distinto al periodo electoral en donde, por conveniencia y obediencia, la mayor parte de la clase política mexicana se allanó al poder de los medios.

   Luego, ya sin el amago que para ellos significaba la posibilidad de que los grandes medios desaprobaran sus campañas y candidaturas, no pocos miembros de esa clase política modificaron la complacencia que habían tenido con las televisoras. Es pronto para saber si esa actitud obedece a convicciones auténticas y duraderas o si habrá de mutar nuevamente rumbo al sometimiento que dirigentes de todos los partidos (comenzando por los de carácter nacional: PRI, PAN y PRD) han tenido respecto de los medios más influyentes. Pero en todo caso, las extendidas reconvenciones que han recibido las televisoras privadas en ocasión del debate en la Corte permite reconocer que nos encontramos en una nueva etapa en la presencia pública de esos medios.

 

Hacia una auténtica reforma

   Antes de la ley Televisa y aún durante el proceso de su aprobación legislativa, los dos consorcios de la televisión disfrutaron de una impunidad política que les permitía amagar a los partidos, extorsionar a sus legisladores, amenazar a empresarios y periodistas que no se sometían a sus determinaciones y lucrar así, mercantil y políticamente, sin dificultades significativas.

   Después de esta discusión, el de las televisoras es un tema arraigado en la agenda de la sociedad mexicana. No es que, antes, entre los ciudadanos la situación de los medios no suscitase preocupación. Lo que ha ocurrido, es que ahora se pudo comprobar que a los consorcios mediáticos se les puede discutir y cuestionar como a cualquier otro actor de la vida pública y que ese debate amerita llegar a instancias como la Corte.

   Ahora es el turno, otra vez, del Congreso. Durante las deliberaciones en el Poder Judicial, senadores y diputados de todos los partidos nacionales reconocieron que, más allá del fallo de los ministros, a la legislación para los medios le hace falta una revisión seria, completa y animada por el interés de la sociedad.

   La que se aprobó en marzo de 2006 fue solamente una colección de enmiendas, bribonamente intencionadas y que favorecían a las empresas que ya disponían de concesiones de televisión y radio. Pero no fue una auténtica reforma –más bien hay que reconocerla como contrarreforma– a la legislación para esos medios.

   La Ley Federal de Radio y Televisión sigue estando integrada, en su gran mayoría, por los mismos artículos que establecieron en 1960 la discrecionalidad extrema del Ejecutivo en la asignación de concesiones, la marginación legal y orgánica de los medios de radiodifusión no comerciales, la debilidad del Estado para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de publicidad entre otros temas y la inermidad extrema de la sociedad –que no dispone de derechos de interlocución ni réplica– respecto de los medios electrónicos.

   En el plano de las telecomunicaciones, desde 1995 existe una legislación con pocos recursos para acotar el dominio de una o unas cuantas empresas en dicho sector, que no propicia la competencia ni favorece la existencia de una autoridad reguladora con auténtica autonomía y capacidades como las que existen en muchos otros países.

   En la relación directa entre medios y política, parece suficientemente extendida la certeza acerca de las modificaciones que es preciso emprender para que las campañas electorales no sigan supeditadas al poder de la televisión. Los partidos, para hacer sus campañas, podrían disponer de espacios gratuitos, tomados del tiempo al que todavía tiene derecho el Estado en las estaciones de radio y televisión. Así podría quedar prohibida la contratación de propaganda política que en las elecciones federales de 2006 significó un gasto, sufragado fundamentalmente con dinero público, de por lo menos 2 mil millones de pesos.

   Por otra parte las nuevas realidades de la sociedad, así como el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, requieren de una normatividad que propicie la convergencia de medios, la interactividad de los usuarios, la versatilidad de los servicios que se les ofrecen y, especialmente, la flexibilidad tanto para el desarrollo de esas tecnologías como en la apropiación que la gente hace de ellas.

 

El modelo excluyente

   La ley Televisa propuso, de manera implícita, un modelo de comunicación sustentado en una concepción rígida, convenenciera y excluyente del desarrollo tecnológico. La utilización de la tecnología de compresión digital para difundir únicamente televisión de alta definición ha sido el mejor ejemplo de ese modelo.

   Con la digitalización de las frecuencias, como es sabido, en el espacio en donde se difunde un canal de televisión de formato analógico, ahora es posible transmitir dos o tres canales de televisión digital y algunos otros servicios, o un canal de TV digital de alta definición y otros servicios agregados.

   El modelo de televisión digital que en 2004 adoptó el gobierno federal, y que Televisa quiso reforzar con las reformas presentadas al año siguiente, propone el empleo de esos canales para difundir, de manera fundamental, televisión digital de alta definición. La principal consecuencia de esa decisión es el empobrecimiento de las opciones que podríamos tener en el dial televisivo. En vez de varias docenas de canales, nos quedaremos con los 10 o 12 que ahora existen en cada ciudad o región del país. Al elegir entre más calidad de imagen y más diversidad de opciones, Televisa y el aquiescente gobierno del presidente Fox seleccionaron la primera posibilidad. Con otras reglas para la administración del espectro radioeléctrico, podría haber algunas televisoras de alta definición y otras más que ofrecieran imagen digital aunque no de tan intensa calidad.

   Ese modelo excluyente implica que las nuevas frecuencias de televisión y radio estén al alcance de quienes ofrecen más dinero por ellas y no necesariamente de los empresarios y comunicadores con mejores proyectos o más experiencia. También postula excluir a las emisoras no comerciales, como se demostró en los obstáculos que las reformas de 2006 impusieron a las radiodifusoras y televisoras permisionadas y en la ausencia de mención alguna a las estaciones de carácter comunitario.

   En el terreno de las telecomunicaciones, ese modelo resulta excluyente porque promueve conexiones de banda ancha solamente en las regiones en donde hay quienes pueden pagar altas sumas por ellas (la Internet con enlaces tipo ADSL tiene en México los precios más altos de América Latina y cuesta 6 u 8 veces más que en la mayor parte de los países más desarrollados en Europa y Asia).

 

Un modelo ciudadano

   Al modelo excluyente que postularon las televisoras y que beneficia también a Telmex en el campo de la telefonía y sus aplicaciones, es preciso acotarlo con leyes y reglamentos capaces de propiciar la competencia, el contraste y la pluralidad tanto en los contenidos de los medios como en los usos tecnológicos que los ciudadanos puedan y quieran hacer de los nuevos recursos comunicacionales. Pero además hay una gran variedad de iniciativas que la sociedad puede cumplir independientemente de la responsabilidad que los legisladores asuman en estos temas.

   Esas nuevas tecnologías se pueden utilizar para extender y vigorizar la deliberación de los asuntos públicos. El surgimiento de millares de blogs en donde se hace la crítica más libre en temas de toda índole, constituye la expresión más reciente de esas opciones. La reflexión y la fiscalización ciudadana respecto de los medios, por ejemplo, puede encontrar en Internet el espacio propicio para ejercerse con amplitud y e independencia. En México ya existen observatorios de los medios que, seguramente, alcanzarán mayor importancia en la medida en que tengan continuidad y arraiguen en el interés y la confianza de los sectores más activos de la sociedad.

   Los medios no comerciales tienen un contexto inapreciable para cristalizar algunas de sus preocupaciones más importantes. En el transcurso del reciente debate nadie objetó la necesidad de que existan medios públicos financieramente sólidos e, incluso, orgánicamente estables. Los directivos, pero muy especialmente los trabajadores de tales medios tienen la oportunidad de aprovechar esa situación para alcanzar un marco legal propicio –que termine, por ejemplo, con la discriminación que las estaciones permisionadas padecen respecto de las de carácter comercial–. Para ello tendrían que sacudirse las desavenencias e inercias que prevalecen en la mayoría de ellos. Y tendrían que apostar por un modelo de medios auténticamente públicos, no para continuar siendo simplemente medios del gobierno.

   Los grupos sociales interesados en comunicar de manera más extensa sus propias inquietudes también pueden encontrar sugerentes opciones en las nuevas tecnologías. Hasta ahora, en algunos sitios del país han surgido radiodifusoras comunitarias que por lo general han padecido limitaciones financieras y un sistemático acoso político (y a veces policiaco) a instancias de los radiodifusores comerciales. Es muy importante que se mantenga el empeño de esos grupos para conquistar espacios en el dial radiofónico, a pesar de las restricciones que encuentren al tramitar los permisos necesarios para transmitir. Pero simultáneamente, podrían encontrar una vía adicional para tener presencia pública si sus programas los difundieran, además, por Internet. Aunque sigue siendo un recurso de minorías en nuestro país, la cobertura de Red de redes continuará creciendo. Esos y otros grupos ciudadanos podrían ensayar, además, la posibilidad de añadir video a sus transmisiones de audio.

   Utilizar Internet no significa hacer una comunicación marginal –como les sucedía hace varias décadas a los editores de periódicos o a los cineastas que distribuían sus productos por vías distintas a las de índole comercial– sino participar de una alternativa a los medios convencionales. Desde luego la atención a esos medios no tiene que disminuir. Al contrario. Una de las consecuencias de la deliberación reciente, en el transcurso de la cual se han desmitificado y evidenciado el comportamiento habitual de los medios más influyentes, ha sido la constatación de que a esas empresas se les puede y debe escudriñar, discutir y reclamar.

 

Sociedad más exigente

   Con toda seguridad se incrementarán las exigencias que los ciudadanos, cuando encuentran que están en falta, les formulan a esos medios de comunicación. Las cadenas de correos electrónicos que denuncian excesos o distorsiones de la televisión y la radio, los blogs en donde incluso se reproducen (con apoyo de recursos como los que ofrece YouTube) los contenidos abusivos o equivocados de tales medios, o las convocatorias por mensajes de celular o Messenger para alertar cuando en un medio se dicen o anuncian contenidos interesantes, serán recursos que en este país la gente utilizará cada vez con más asiduidad.

   También los reclamos formales a los medios se revitalizarán. Las leyes actuales hacen extremadamente tortuoso cualquier requerimiento para que una estación de radio o un canal de televisión rectifique un dato erróneo y más aún para que les den voz a los ciudadanos que consideren que su fama pública o sus intereses han sido afectados por una información equivocada o mal intencionada. Pero el empleo de esos recursos y la exigencia para que sean más expeditos formará parte de una nueva actitud social hacia los medios.

   La televisión y la radio mexicanas encontrarán ahora a una sociedad con pretensiones para ser interlocutora, e incluso actora, y no solamente destinataria de sus mensajes. Los medios que entiendan este cambio ganarán audiencias y sobre todo la confianza de esos renovados segmentos de la sociedad.

   Es difícil que esa transformación involucre a las televisoras que hasta ahora acaparan las frecuencias comerciales. La intolerancia que manifestaron en sus esfuerzos para presionar a los ministros y desconcertar a la sociedad, el empleo que hicieron de calumnias y mentiras así como su rechazo incluso ostentoso al derecho de réplica confirman que –a diferencia de lo que algunos han querido creer– Televisa y Televisión Azteca no tienen remedio.

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