Tres mentiras sobre la ley Televisa

Publicado en La Crónica, jueves 17 de mayo

 

   En su análisis acerca de las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión cuya inconstitucionalidad está siendo estudiada por la Suprema Corte de Justicia, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano hace un diagnóstico serio y exigente acerca de los medios de comunicación.

 

   El artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión no pasa la prueba de ese ojo crítico: “los actuales concesionarios de servicios de radiodifusión tienen un poder sustancial en el mercado de la radio y la televisión abiertas, por lo que el otorgamiento de mayores privilegios para la obtención de concesiones en materia de telecomunicaciones, implicará la traslación de su posición preponderante en su mercado al segmento de los servicios de telecomunicaciones, provocándose así que las actividades tanto de radiodifusión como de servicios adicionales de telecomunicaciones, se concentren en unos cuantos agentes económicos, en lugar de que se abran a la competencia y se logre una mayor diversidad y pluralidad tanto en los medios masivos de comunicación, como en materia de telecomunicaciones” (página 497).

 

   Esa reforma es inconstitucional porque vulnera los fines que de acuerdo con la Carta Magna debieran tener los medios de comunicación. Dice el ministro: “la radiodifusión debe entenderse como un componente fundamental de la sociedad de la información, en este contexto, la optimización del uso del espectro radioeléctrico puede y debe abrir opciones democratizadoras debido al uso de nuevas tecnologías (digitalización). Este proceso no debe entenderse como un mero proceso tecnológico, sino que debe implicar el establecimiento de políticas sobre aspectos fundamentales de esta nueva sociedad de la información, tales como la recuperación y repartición del espectro radioeléctrico, la reglamentación de nuevos servicios de telecomunicaciones y una política de servicios masivos de educación, cultura e información que fortalezcan el desarrollo de las capacidades de la población marginada y más excluida del desarrollo” (pp. 415-416).

 

   Esas verdades torales orientan la reflexión del ministro Aguirre Anguiano en su extensa ponencia, para llevarlo a  concluir que cinco de los artículos reformados el año pasado e impugnados por 47 senadores son total o parcialmente inconstitucionales.

 

   Los ministros de la Corte han conocido argumentos de sobra en respaldo a la solicitud de inconstitucionalidad. También han escuchado la defensa de intereses creados que propalan las empresas televisoras con exageraciones y mentiras como las siguientes.

 

   “Si se modifican las reformas de 2006 México quedará al margen del avance tecnológico”. El desarrollo de las comunicaciones en nuestro país no ha dependido de las reformas a las dos mencionadas leyes federales. Lo que resultaría afectado es el modelo de expansión sustentado en la promoción de las nuevas tecnologías para las telecomunicaciones en beneficio de unas cuantas empresas.

 

   Ese modelo, promovido por Televisa y con menor notoriedad por Televisión Azteca, postula el desarrollo de la televisión de alta definición (a la que abreviaremos como TAD) en manos de esas empresas y como eje para el aprovechamiento de las franjas del espectro radioeléctrico en las que se propagan señales de radiodifusión. Actualmente cada canal de TAD necesita un espacio de 6 megahertz para difundir su señal y esa es la porción del espectro radioeléctrico que, por cada uno de los canales que ya tenían, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les asignó a dichas empresas para que difundan televisión de ese tipo.

 

   Las televisoras dicen que en esos 6 mhz no pueden transmitir nada más que TAD. Y en efecto, con la tecnología que hoy se encuentra más difundida en México y Estados Unidos cada canal de alta definición requiere de ese espacio. Sin embargo la tecnología cambia a cada momento y es previsible que, en pocos años, la TAD requiera solamente de 2 o 3 mhz por canal.

 

   Lo que singulariza al desarrollo tecnológico para los soportes digitales es la posibilidad de comprimir cada vez más información en menos espacio. Ahora es factible, por ejemplo, guardar todo el contenido de una colección de casi 2000 CDs de audio en un Ipod que podemos transportar a cualquier sitio. De la misma manera, la digitalización de las señales permite que cada vez se pueda transmitir más contenidos en menor espacio del espectro radioeléctrico.

 

   Esa es la realidad tecnológica que ocultan los promotores de la ley Televisa. Si a cada televisora se le deja en posibilidad de utilizar como quiera los 6 mhz que hoy tiene por cada canal de televisión, dentro de pocos años podrá enviar señales de TAD en un espacio menor al que tiene asignado y entonces usaría los megahertz restantes para difundir otros servicios de telecomunicaciones (telefonía, Internet, radio digital, etcétera). Por otro lado, la televisión digital no tiene por qué ser en todos los casos de alta definición. Una señal digital de televisión convencional puede difundirse en un espacio de tan solo 1.5 mhz. Es decir, en el espacio que ocupa un canal de alta definición pueden caber tres o cuatro canales de televisión con imagen de menor calidad pero con mayor variedad de contenidos. Todas esas posibilidades quedan canceladas con la apropiación del espectro radioeléctrico que la ley Televisa les permite hacer a las empresas que actualmente disfrutan del 95% de las concesiones para televisión comercial en este país. El desarrollo tecnológico que promueve la ley Televisa es estático, uniforme y excluyente. Pero no es el único al que podría acceder nuestro país.

 

   “Si se modifica la Ley Televisa no habrá convergencia tecnológica”. La digitalización de las telecomunicaciones permite que en el mismo canal en donde ahora se difunde un servicio, se puedan propagar varios más. A la posibilidad de suministrar por una misma vía servicios de televisión, telefonía e Internet se le ha denominado “triple play”. Esos servicios se pueden propagar por cable o por el espacio aéreo y su abastecimiento de manera conjunta permite que emisores y consumidores ahorren costos.

 

   En México esa convergencia existe ya, independientemente de las reformas legales. Desde hace varios años Telmex vende Internet de banda ancha a los suscriptores de su servicio telefónico y está en capacidad de transmitir, además, por esas líneas digitales, canales de televisión. En la ciudad de México la empresa Cablevisión, propiedad de Televisa, ya tiene autorización para además de los canales de televisión y el servicio de Internet que brinda por el mismo conducto, ofrecer telefonía. Esa convergencia no se debió a las reformas de 2006. El “triple play” que propicia la ley Televisa es, en realidad, la concentración de tales servicios en pocas empresas para que tengamos solamente one player.

 

  “La desaparición de esas reformas implicaría volver al antiguo sistema discrecional y presidencialista en la asignación de concesiones”. Hasta el año pasado el otorgamiento de concesiones de televisión y radio estuvo a cargo del presidente de la República. A partir de la Ley Televisa esa facultad se encuentra… en las mismas manos. La Comisión Federal de Telecomunicaciones que surgió merced a la Ley Televisa no tiene auténtica autonomía. A sus integrantes los designa el Presidente de la República y muchas de sus facultades están subordinadas a la autoridad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

 

   La reforma de 2006 no estableció garantías para que los integrantes de la Cofetel estuvieran a salvo de conflictos de intereses con las empresas del sector que deben regular. Por ello, entre los actuales comisionados hay funcionarios que tuvieron estrecha relación laboral y política con alguna de las televisoras. La Cofetel de hoy en día no es autónoma respecto del gobierno y tampoco respecto de las empresas cuyo desempeño debe supervisar.

 

   Esa reforma establece que las nuevas concesiones de radiodifusión serán asignadas por subasta pública. Es decir, que aquellos que ofrezcan más dinero tendrán licencias para transmitir por televisión y radio. No está mal que el Estado obtenga recursos por esas concesiones. Pero asignarlas solamente de esa manera implica la rendición del poder estatal y del interés de la sociedad al poder del dinero. En la mayoría de los países de América y Europa las autoridades en materia de telecomunicaciones toman en cuenta,  para otorgar concesiones de televisión y radio, las propuestas de programación, el servicio que brindarán al público y las ofertas financieras que presenten los interesados.

 

* * *

 

   Algunos promotores de la ley Televisa suelen ostentar terminajos técnicos aparentemente complejos con el propósito de simular que, para determinar cuál es la legislación pertinente en ese campo, hace falta un conocimiento muy especializado. Con ello no pretenden ilustrar, sino secuestrar la discusión de estos asuntos.

 

   Pero los ministros de la Corte no requieren pericia técnica peculiar para dictaminar sobre las reformas del año pasado. Lo que al país hace falta en estas materias, desde el terreno de la ley, es contar con principios generales que permitan:

 

   a) el dominio del Estado en la administración del espectro radioeléctrico, que es parte del patrimonio nacional;

 

   b) que esa administración esté a cargo de una autoridad verdaderamente autónoma, tanto respecto del poder presidencial como de los poderes fácticos a los que debe regular;

 

   c) la existencia de condiciones de equidad para las empresas que operen y quieran operar en ese campo;

 

   d) el aprovechamiento, sin modelos tecnológicos cerrados ni excluyentes, de los beneficios que propician la convergencia digital y la propagación de las telecomunicaciones;

 

   e) la promoción de la diversidad, la competencia y la pluralidad en las opciones comunicacionales que reciben los mexicanos.

 

   Esos principios son desconocidos por las reformas del año pasado. Ahora la Corte tiene la posibilidad de enderezar los excesos y abusos que ha implicado la ley Televisa.

 

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