La reconversión del senador Creel

Publicado en La Crónica, 10 de mayo de 2007 

   No hacía falta que el senador Santiago Creel reconociera que se trató de una imposición para que supiéramos que la Ley Televisa estuvo definida por la coacción que las televisoras ejercieron sobre la mayor parte de la clase política mexicana. Hace más de un año quedó suficientemente claro que las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión buscaban, exclusivamente, ampliar los negocios de las empresas que ya tenían concesiones para difundir por esos medios.  

   Aquella propuesta, desde su redacción, fue impulsada desde las oficinas corporativas de Televisa. Allí fueron contratados los despachos jurídicos y de relaciones públicas que se encargaron del cabildeo con los legisladores. De allí surgieron los amagos contra los empresarios de la radiodifusión y las telecomunicaciones que estaban disgustados con una reforma que favorecía el interés de los más grandes pero que no significaba cambios sustanciales en la administración del espectro radioeléctrico. De esas oficinas salieron las convocatorias a los dirigentes nacionales y candidatos presidenciales de los tres partidos más importantes para exigirles que apoyasen tales reformas. Allí se redactaron y financiaron los desplegados en la prensa, las sugerencias a columnistas de negocios y las campañas en televisión y radio que pretendían descalificar a los legisladores que a pesar de tales coacciones se opusieron a la Ley Televisa.    Todo eso fue ampliamente conocido, documentado y denunciado entre diciembre de 2005 –cuando la Cámara de Diputados requirió nada más que de 7 minutos para aprobar esas reformas– hasta el 30 de marzo, cuando sin enfrentar los argumentos en contra la mayoría en el Senado ratificó la Ley Televisa. En el transcurso de esos cuatro meses se conocieron las amenazas que ese consorcio televisivo utilizó tanto con otros empresarios, como con políticos de todos los partidos.  

   En aquellos días se pudo verificar la exigencia que los dirigentes nacionales del PAN y el PRI les formularon a sus respectivos senadores para que apoyasen la Ley Televisa. El miércoles 22 de marzo el presidente nacional del PAN, Manuel Espino, se reunió con los senadores de ese partido para exigirles que aprobasen la Ley Televisa porque esa decisión, dijo, beneficiaría a los panistas en la campaña electoral que estaba en curso. El jueves 23 ocurrió lo mismo entre los senadores del PRI: sus dirigentes les manifestaron que el respaldo a esas reformas beneficiaría la candidatura de Roberto Madrazo.     También en el transcurso de marzo del año pasado fue evidente el manejo artificioso que Televisa y Televisión Azteca hacían de ese tema en sus noticieros, en una nueva comprobación de que para esas empresas el interés público no existe cuando están de por medio sus propios negocios. 

   El ahora senador Santiago Creel estaba en campaña cuando todo eso ocurría y es improbable que no se hubiese enterado de primera mano de ese escandaloso tráfico de influencias a cargo de las televisoras. Si no lo denunció a tiempo fue por precaución o miedo, o porque no le parecía tan grave. No sería el primer político cuya aprensión ante la capacidad de represalia de las televisoras lo lleva, incluso, a magnificar el poder de tales empresas.     En todo caso Creel conocía bien los intereses y los modos de las televisoras. En octubre de 2002 el entonces secretario de Gobernación fue el operador de Marta Sahagún para que fuera abolido el 90% del tiempo al que hasta entonces tenía derecho el Estado en las frecuencias concesionadas de radio y televisión y para que hubiera un reglamento dictado punto por punto por la empresa propiedad de Emilio Azcárraga Jean. Tres meses más tarde consintió el latrocinio que la empresa de Ricardo Salinas Pliego cometió al enviar a un grupo de pistoleros a asaltar la antena del Canal 40. Y en mayo de 2005, unos días antes de renunciar a Gobernación para competir por la candidatura presidencial del PAN, Creel le regaló a Televisa el permiso para operar 65 casinos en todo el país. 

   El senador Creel, por supuesto, conoce el poder de las televisoras. Se ha doblegado a él en tantas ocasiones que posiblemente ya está cansado de hacerlo. Quizá el ahora senador ha tenido un rapto de honestidad y lucidez. Posiblemente en los meses recientes haya tenido condiciones para reflexionar sobre los riesgos que significa para el país el poder desbocado, insaciable e insolente de las empresas que acaparan el 95% de las concesiones para televisión comercial. Acaso tuvo ocasión de conocer los estudios de legislación comparada que muestran el vergonzoso rezago de México junto a países latinoamericanos y europeos en donde la televisión y la radio están definidas por la competencia y la diversidad porque hay diques a la concentración de muchos medios en pocas manos y existen autoridades regulatorias capaces de otorgar nuevas frecuencias con criterios de calidad y variedad.     Posiblemente el senador Creel leyó, en el Diario de los Debates de la Cámara de la que ahora es destacado integrante, las argumentaciones que presentaron a fines de marzo del año pasado los senadores que se batieron con denuedo, en contra de la línea que había en sus partidos, para subrayar las perversiones jurídicas y el reforzamiento de privilegios que implicaba la Ley Televisa. Probablemente conoció las transcripciones de las audiencias que a comienzos de febrero convocó la Comisión de Comunicaciones del propio Senado y en donde los defensores de la Ley Televisa quedaron reducidos en el terreno de las razones aunque sabían que contaban con la amedrentada mayoría que en esa Cámara había impuesto el poder de la televisión. Acaso también revisó las consideraciones que presentaron la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal Electoral e incluso la Comisión Federal de Telecomunicaciones que había entonces y que coincidían en alertar contra aquella reforma. O puede haber leído el recurso que 47 senadores de la anterior Legislatura presentaron a la Corte para demandar que tales reformas sean declaradas anticonstitucionales. 

   Documentos, experiencia y testimonios, no deben haberle faltado al senador Creel para concluir, como hizo el viernes 4 de mayo, que en la aprobación de la que muchos denominamos Ley Televisa “las cosas fueron más bien una imposición que una negociación en donde fue una sola visión, no la que surge de una pluralidad de intereses”.     Pero quizá, junto con todo eso, lo que ocurrió es que el senador Creel simplemente se hartó. Se cansó de contemplar la expansión descomunal del poder que las televisoras adquieren no porque los contenidos que transmiten sean especialmente perspicaces, ni porque a la sociedad mexicana le hagan falta, sino fundamentalmente gracias a la negligencia y la ignorancia que los políticos mexicanos, en su gran mayoría, han tenido respecto de las grandes empresas mediáticas. Quizá lo terminó de convencer el amplio proyecto de sentencia que ha presentado el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en donde se recogen varios de los principales argumentos de los ahora ex senadores que hace un año solicitaron que a esas reformas se les declarase anticonstitucionales. 

   Dicho proyecto reconoce la arbitrariedad que implica la llamada Ley Televisa, entre otros motivos porque a las empresas que ya disfrutan de concesiones les permite hacer con ellas un negocio adicional, por el cual no tendrían que ganar una licitación ni pagar derechos, al ofrecer nuevos servicios de telecomunicaciones en el ancho de banda que deje libre la digitalización de las señales de televisión y radio.     Por esa y otras transgresiones, la Suprema Corte de Justicia podría encontrar motivos de anticonstitucionalidad en las reformas del año pasado a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión. Esa posibilidad está ocasionando que las presiones que antes padecieron los legisladores, ahora estén siendo dirigidas contra la Corte. Bastaría con asomarse a las antesalas de los ministros para constatar el intenso cabildeo que realizan tanto empleados de las televisoras como, incluso, miembros de la Cofetel que fueron designados gracias a la Ley Televisa. 

   La posibilidad de que dicha ley se modifique está propiciando una reacción exasperada y sumamente nerviosa de varias empresas de radiodifusión, comenzando por la que más se ha beneficiado con tales reformas. Por eso a Santiago Creel la Cámara de la Radiodifusión, que sigue supeditada a la hegemonía de Televisa, le respondió con tanta vehemencia. Por eso ayer en la radio el ahora senador Javier Orozco Gómez, veterano soldado al servicio de los radiodifusores, cuando quiso defender las reformas ahora impugnadas solamente acertó a decir que los legisladores que hace un año pidieron la declaración de inconstitucionalidad “fueron engañados por Javier Corral” como si no hubiera numerosos motivos para rechazar tales modificaciones legales y como si 47 senadores, adultos todos y entre ellos algunos bastante curtidos políticamente, pudieran haber sido engatusados por uno solo de ellos. Esas actitudes –tristes, torpes, inverosímiles– confirman la pobreza de argumentos de quienes defienden la Ley Televisa.     Quizá algo de todo eso es lo que entendió ahora Santiago Creel. Dicen que más vale tarde. Quién sabe. En todo caso cuando considera que si la Corte no modifica la Ley Televisa entonces lo harán los legisladores, el senador Creel adelanta una obviedad y un compromiso. Es deseable que la Corte rechace la acumulación y concentración de privilegios que implican tales reformas, en los términos que han sido sugeridos por el ministro Aguirre Anguiano.  Pero aunque esas reformas fuesen desechadas, seguiría haciendo falta una seria revisión de las leyes para los medios electrónicos. El auténtico cambio en la normatividad para la televisión y la radio solamente puede emerger en el Poder Legislativo. Así que el senador Creel y quienes, como él, reconocen ahora los peligros que implica para el país y la sociedad el poder excesivo de las empresas mediáticas, tienen mucho por hacer. 

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