Necedad y censura

Publicado en Zócalo, marzo de 2007 

No fue un error ni hubo confusión. Tampoco fue solamente un asunto de torpeza política. La decisión que en diciembre pasado tomó el gobierno federal para impedir la transmisión de uno de los programas de televisión del Partido de la Revolución Democrática fue un caso de flagrante censura política.  

   La rectificación tomada varias semanas después, cuando numerosas voces se habían levantado contra el veto a dicho programa, fue una medida sin duda saludable. Pero ni la censura, ni el estruendo que ocasionó, hubieran ocurrido de no existir un preocupante síndrome de intolerancia en los circuitos más altos del gobierno federal.  

   Allí se encuentra el rasgo más preocupante de la decisión que tomó y mantuvo durante varias semanas, respaldado por sus jefes inmediatos y superiores, el director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.  

   El impedimento que dispuso para que fuese transmitido el programa “Toma de protesta del presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador” no se debió únicamente a una parcial interpretación de las leyes que ese funcionario tiene la responsabilidad de atender. Por encima de sus altamente discutibles coartadas jurídicas, el titular de RTC y el gobierno que compartió esa medida se consideraron con capacidades para determinar qué contenidos políticos puede ver y escuchar, y cuáles no, la sociedad mexicana.  

   Esas buenas pero en realidad profundamente intolerantes conciencias –para recordar aquel paradigmático retrato que Carlos Fuentes escribió hace casi medio siglo acerca de la doble moral que suele haber en los personajes autoritarios– se arrogan un carácter de guías espirituales que la sociedad mexicana no les ha pedido ni querría jamás consentirles. 

 

Desperdiciada prerrogativa 

   Los partidos políticos tienen derecho a contar con acceso permanente a espacios en la radio y la televisión. “Cada partido disfrutará de 15 minutos mensuales en cada uno de estos medios de comunicación”, establece el artículo 44 del Código Federal Electoral. Los programas que se difunden en tales espacios tienen una mala fama tan amplia como merecida. En ellos no suele haber argumentos sino propaganda. No parecen estar destinados a persuadir a los ciudadanos sino simplemente a servir de autocomplacientes espejos a las fuerzas políticas cuyos dirigentes gustan de verse reflejados mediáticamente en los términos y condiciones que ellos mismos establecen. 

   Los partidos, incluso, por lo general toman con tan poco interés la factura y propagación de esos programas que no suelen insistir para que tengan horarios de transmisión preferentes. Con frecuencia, los programas de los partidos cumplen funciones de relleno en algunos de los horarios de menor audiencia en las estaciones de televisión y radio. 

   Peor aún, esa dejadez de los partidos respecto de sus programas es tal que no han querido percatarse de la enorme cantidad de espacios que podría proporcionarles una lectura estricta de la disposición establecida en el artículo 44 –inciso 1– del Código Electoral. Los 15 minutos mensuales en cada uno de los medios de radiodifusión tendrían que significar precisamente eso: un cuarto de hora en cada estación de radio y en cada canal de televisión del país. Sin embargo los partidos se conformar con 15 minutos en algunas radiodifusoras y en unas cuantas televisoras. Por ejemplo, en febrero de 2007 el PRD tenía asignados, en distintos días, 15 minutos en los canales 5, 7, 11 y 22 de la ciudad de México. Pero no contaría con un solo espacio en los canales 2 y 13 que tienen mayor cobertura y audiencia, ni en los canales 4, 9 y 40 que también transmiten en la capital del país. 

   Limitados y discutibles esos programas son, sin embargo y antes que nada, un derecho de los partidos. Cada organismo político puede producir sus programas como quiera (aunque el IFE  los auxilia en esas tareas cuando se lo solicitan) y la Dirección de Prerrogativas del propio Instituto Federal tiene la tarea de establecer fechas y horarios para su transmisión.  

   En ese cometido, la autoridad electoral tiene que coordinarse con la Dirección de RTC de la Secretaría de Gobernación que es la entidad responsable de administrar los llamados tiempos estatales en radio y televisión. Pero igual que las autoridades del IFE, las de Gobernación desempeñan funciones exclusivamente de administración y mediación para que se transmitan los programas de los partidos. Ninguna autoridad tiene derecho para supervisar y menos aún vetar contenidos de esos programas.   

Censor desde el año pasado 

   A Eduardo Garzón Valdés le ha parecido, sin embargo, que su función como titular de RTC no es facilitar la difusión de los programas de los partidos sino, antes que nada, inspeccionarlos para determinar si se acomodan o no a la interpretación que él decida hacer de la ley. Antes de impedir que se difundieran los 15 minutos producidos por PRD acerca del mitin que López Obrador encabezó en el Zócalo el 20 de noviembre del año pasado, dicho funcionario ya había censurado otros programas, de ese y otro partido. 

   A mediados de septiembre de 2006, Garzón dispuso que no fuesen transmitidos los programas “Convención Nacional Democrática” y “Medidas de resistencia civil” del PRD, así como “No nos vamos a dejar” y “Postura del PT ante el sexto informe de gobierno” del Partido del Trabajo. La abundancia de asuntos que pululaban en la agenda pública del país seguramente influyó para que la censura a esos cuatro programas no desatara una protesta política como la que ocurriría tres meses más tarde. De cualquier manera el Instituto Federal Electoral y los partidos afectados exigieron que aquellos programas fuesen transmitidos y, a fines de octubre, Garzón tuvo que aceptar. Los dirigentes del PRD no se consideraron satisfechos porque, para entonces, los contenidos que querían difundir en septiembre habían envejecido y perdieron el efecto político que buscaban inicialmente. 

   Los reclamos de los partidos y la autoridad electoral no le bastaron a Garzón en las últimas semanas del gobierno de Vicente Fox. Quizá alentado por su ratificación como titular de RTC, ese funcionario repitió la fórmula censora a fines de 2006. La protesta de los partidos y el IFE se multiplicó en las primeras semanas del nuevo año. 

 

Involuntaria propaganda 

   El programa que Garzón quiso censurarle ahora al PRD no tenía nada de extraordinario. Allí se mostraban escenas del discurso que López Obrador dirigió al protagonizar la mascarada de una supuesta toma de protesta como “presidente legítimo”.  

   Las escenas de ese ex candidato presidencial simulando que asumía un cargo que no alcanzó a ganar en las urnas eran más bien grotescas y forman parte de la imbricación entre tragedia, desastre, impostación y comedia que ha definido en buena medida a la política mexicana durante los últimos tiempos. El contenido de ese programa, pero sobre todo el comportamiento político del cual se hacía eco, eran harto discutibles pero no ofrecían nada que los ciudadanos no hubieran conocido meses antes. Sin embargo, gracias a los involuntarios oficios del licenciado Garzón ese se convirtió en el más comentado programa que jamás hayan difundido los partidos políticos en nuestro país. 

   Garzón consideró que ese programa no debía ser transmitido porque contenía “información falsa”. Posiblemente así era pero no es tarea del gobierno determinar cuáles hechos son auténticos y cuáles no entre los que se les presentan a los ciudadanos. Con la misma y retorcida lógica que ese funcionario esgrimió en su actitud censora, el gobierno podría enviar supervisores a las redacciones de los periódicos y los noticieros para determinar si los contenidos que van a ser publicados o transmitidos son fidedignos o tienen que ser prohibidos. 

   Esas implicaciones ominosas contribuyeron para que, además de las quejas IFE, la decisión de Garzón fuese incisivamente cuestionada en numerosos medios de comunicación. En contraste con la extendida indiferencia que tuvo la censura de cuatro programas en septiembre, en esta nueva oportunidad el veto a los mensajes del PRD recibió amplia cobertura mediática. 

 

Descalificados funcionarios 

   Garzón y el gobierno del que forma parte resistieron con intolerante terquedad durante varias semanas. Una y otra vez, el titular de RTC mantuvo su tesis sobre la presunta ilegalidad del programa del PRD. Peor aún, el 6 de febrero el subsecretario de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Miguel Alessio Robles, consideró que Garzón, como director de RTC, “incurriría en grave responsabilidad” si autorizaba la transmisión del programa del PRD “porque viola directamente disposiciones constitucionales”. 

   Unas horas más tarde, la media noche del miércoles 7, Gobernación anunció que siempre sí permitiría que el programa fuese transmitido.  

   Torpe en términos políticos –incluso porque propició que el programa vetado alcanzara una notoriedad que jamás habría tenido de otra manera–, injustificable desde la perspectiva legal, atrabiliaria en un panorama nacional de por sí demasiado encrespado, la decisión de Garzón mostró el fundamentalismo que el actual gobierno puede estar en tentación de desplegar para amagar la expresión pública.   

   Si fuesen congruentes con sus propios dichos, Garzón y Alessio Robles tendrían que haber renunciado apenas se conoció la decisión que contradecía las posturas que con tanta soberbia defendieron. Si se tomara en serio a sí mismo el subsecretario –que está a cargo de los temas jurídicos y de ¡derechos humanos! en Gobernación– tendría que haber abierto una indagación formal contra Garzón que, al autorizar finalmente la transmisión del programa, incurrió en la conducta que Alessio había considerado punible.  

   Pero aunque no se respeten a sí mismos ni al orden jurídico que debiera ceñir sus decisiones, es preciso no soslayar el desempeño de esos funcionarios. La reivindicación que hicieron de la censura (decían que no era tal porque el contenido del programa ya era conocido, lo cual se convertía en argumento adicional para que la decisión de vetarlo fuera innecesaria) no fue responsabilidad solamente de Garzón y Alessio Robles.  

   La rectificación dispuesta en los primeros días de febrero tuvo que haber sido resultado de una decisión en la cúpula del gobierno federal. Sin embargo el hecho de que durante varias semanas el tema fuese motivo de cuestionamientos y denuncias sin que el gobierno modificase la decisión de vetar el programa, indica que en las alturas más sobresalientes de la administración pública se consideraba pertinente mantener esa censura. 

   El presidente Felipe Calderón supo rectificar. Pero antes indudablemente compartió, y respaldó, la torpe decisión de Garzón y de Gobernación que quisieron erigirse en inopinados custodios de la conciencia política de los mexicanos. –0–    

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