Libertad de expresión: los nuevos obstáculos

Publicado en Nexos 351, marzo de 2007

Hace algún tiempo dejamos atrás la época en la que era frecuente discutir si en México había, o no, libertad de prensa. Las prácticas de censura, coacción e incluso persecución con que el viejo régimen amagaba a periodistas y medios para moldear o atajar informaciones y opiniones de acuerdo con la conveniencia del poder político, nunca han desaparecido del todo pero evidentemente son distintas y tienen menor relevancia. Hoy en México, aunque sigan existiendo, las presiones del poder político se enfrentan a una libertad de maniobra que los medios no tenían antes de los años 90 del siglo XX.     Hay quienes discuten a quién corresponde el mérito de haber consagrado la libertad que hoy disfrutan los medios de comunicación mexicanos. El gobierno anterior, tan afecto como era a realizar caravanas con sombreros ajenos, con frecuencia se refería a las libertades que los mexicanos ahora sí disfrutábamos sugiriendo, de esa manera, que tales condiciones no las teníamos cuando Vicente Fox no estaba a cargo del Poder Ejecutivo.  

   En realidad, la libertad en los medios de comunicación no surgió en ese gobierno ni de la noche a la mañana. Resulta imposible establecer con toda precisión cuándo nuestros medios y periodistas pudieron desempeñarse sin las ataduras que el autoritarismo presidencial y –también– la complacencia de numerosas empresas de comunicación imponían sobre su trabajo cotidiano. Pero si tuviéramos que establecer una fecha habría que reconocer que hubo un cambio durante los últimos años de la gestión de Carlos Salinas. Esa libertad no fue resultado de la concesión de presidente alguno: cristalizó junto con la maduración de los segmentos más inquietos de la sociedad y al mismo tiempo que el sistema político avanzaba hacia una pluralidad que se traduciría en partidos crecientemente competitivos.    Cuando en 1994 irrumpió el conflicto zapatista los medios se desempeñaron, con pocas excepciones, en un contexto en el cual tuvieron libertad tanto para informar de aquel conflicto como, con frecuencia, para equivocarse y distorsionar acontecimientos. Gracias a esa libertad los medios se han afianzado no solo como espacios insustituibles para que los sectores de la sociedad y el mundo político interactúen entre sí. Además se han convertido, ellos mismos, en protagonistas de los acontecimientos públicos.  

   Escenarios y actores, los medios con frecuencia son jueces y parte de la vida pública. El espacio mediático acapara casi todo el espacio público y llega a tamizar, si no es que a condicionar, la apreciación que los ciudadanos tienen de los asuntos que allí se ventilan. La subordinación que los medios tenían respecto del poder político experimentó en estos años un viraje notoriamente drástico.     Si antes la prensa era reconocida –incluso, a menudo, por quienes la hacían– como instrumento del poder, con el cual mantenía vínculos plagados de complicidades y beneficios mutuos, ahora en no pocas ocasiones los medios más relevantes se sirven del poder. O, para decirlo de manera más clara, han llegado a sustituir al poder político por lo menos en las decisiones más relacionadas con los intereses de las corporaciones mediáticas. 

   No nos referimos, desde luego, a todos los medios. Es preciso distinguir entre escasas empresas de comunicación comprometidas con un trabajo profesional y muchas otras que subordinan ese parámetro a los intereses mercantiles y/o corporativos de los consorcios de los que forman parte. En ese inacabado pero notorio tránsito que han experimentado los medios mexicanos prescindieron de antiguas ataduras, accedieron a una inédita y amplia libertad y, de inmediato, comenzaron a experimentar nuevas presiones, limitaciones y sujeciones.     La libertad en la cual se desempeñan los medios de comunicación mexicanos es evidente. Pero padece condiciones que la ciñen, limitan e incluso desfiguran. Mencionaremos una decena de ellas. 

   Uno. Represión directa. México no es territorio de riesgo total para el periodismo, como a veces se dice con cierta afectación gremial, pero eso no disminuye la enorme gravedad que tienen los casos de periodistas amenazados, maltratados e incluso desaparecidos y asesinados debido al ejercicio de su profesión. La insuficiente y sobre todo inconstante denuncia ante esos atentados ha contribuido a que se mantenga la impunidad de poderes caciquiles –a veces asociados al narcotráfico o a otras pandillas delincuenciales– que amagan a periodistas en algunas regiones del país.   

Dos. Legislación arcaica y arbitraria. La legislación para los medios es notoriamente atrasada. La Ley de Imprenta, aparte de la imposición de una moral conservadora y el intervencionismo gubernamental que implicaría su aplicación, puede convertirse en instrumento de persecución contra los periodistas. Al establecer sanciones corporales a quienes en opinión del juez han cometido ataques “a la vida privada”, “contra la moral” o “al orden o a la paz pública” dicha Ley, que este abril cumple 90 años, lejos de garantizarla puede significar un amago para la libertad de prensa. La despenalización de los delitos de opinión (que comentamos en Nexos de julio de 2006) inicialmente aprobada por la Cámara de Diputados, quedó luego atorada en el Senado. 

    Tres. Concentración mediática. Toda libertad está supeditada al contexto de quien la ejerce. “Mi libertad la ejerzo yo de acuerdo a mi circunstancia” podríamos decir exprimiendo la siempre citable frase de Ortega. Pero en el caso de la comunicación la libertad para difundir informaciones y expresar ideas, así como la posibilidad de que esos mensajes lleguen a quienes nos interesa alcanzar, suelen estar sometidas a prioridades corporativas que no necesariamente se encuentran orientadas por criterios de veracidad ni por el interés de la sociedad.     La fórmula más eficaz para evitar que las exigencias de una empresa se conviertan en fuente de censura o distorsión de los acontecimientos se encuentra en la diversidad: mientras más medios haya será mayor la competencia entre ellos y así, más eficaz el contraste y el contrapeso que puedan ejercer unos respecto de otros. Sin embargo la tendencia contemporánea es a concentrar y no a diversificar la propiedad de los medios de comunicación. El surgimiento de corporaciones cada vez más acaparadoras, que concentran cada vez más medios bajo los mismos intereses empresariales, se ha convertido en la primordial amenaza para la libertad de expresión en el mundo actual.  

   Las dos televisoras privadas han acumulado tanta influencia que, a menudo, se han considerado con impunidad suficiente para defender sus privilegios corporativos aún a costa de transgredir las leyes. El secuestro que Televisión Azteca hizo de la señal y luego de la concesión del Canal 40, los amagos de Televisa para controlar la transmisión de eventos como el futbol y las presiones para lograr reformas favorables al interés de esas empresas como sucedió en 2006, son ejemplos de tales conductas.   

   Cuatro. Concentración publicitaria. La libertad de un medio de comunicación está directamente relacionada con la diversidad de sus fuentes de ingresos. Mientras más concentradas sean tales fuentes, sobre todo en la contratación de espacios de publicidad, más limitados serán los márgenes de maniobra de ese medio. Durante demasiado tiempo, gran parte de la prensa mexicana estuvo atada  a los intereses gubernamentales porque de allí provenían prácticamente todas sus ganancias. Ahora, antes de que esa situación desaparezca, los medios experimentan otra fuente de posibles restricciones debido a la concentración de la inversión publicitaria en unas cuantas firmas.  

   Una sola corporación, el Grupo Carso, determina contratos de publicidad en los medios impresos y electrónicos de nuestro país con tanta o más influencia que la que llegó a tener el gobierno federal en los momentos de mayor dominio sobre la prensa mexicana. De la sujeción al poder político, los medios han experimentado un preocupante tránsito a la dependencia respecto de un segmento del poder económico.   

   Cinco. Acaparamiento del mercado. Junto a las condiciones antes descritas, los consorcios comunicacionales no sólo encuentran vía libre para controlar cada vez más medios. Además, acudiendo incluso a maniobras de acaparamiento y desinformación que serían inaceptables en otros mercados, se empeñan en impedir el acceso de nuevos competidores. Así sucede con el afán de Televisa para monopolizar el mercado de la televisión de paga en el país o en la campaña de las televisoras privadas para oponerse a la creación de una nueva cadena nacional. 

  

   Seis. Desigual relación con la sociedad. A sus públicos, los medios suelen entenderlos como consumidores pero no como ciudadanos. Sin embargo, paradójicamente, a menudo no les reconocen derechos como unos, ni como otros. La relación que por lo general mantienen con lectores, televidentes y radioescuchas, es entre el proveedor ante el cual no suele haber recursos de queja y el usuario de servicios respecto de cuya calidad no es frecuente que pueda inconformarse. Peor aun: cuando una persona es aludida, o de plano calumniada en un medio de comunicación, los instrumentos que tiene para exigir una reparación son débiles y supeditados a tortuosos vericuetos jurídicos.     Es muy importante que a los medios el Estado les garantice plena libertad. Pero también resulta fundamental, para cualquier convivencia democrática, que los ciudadanos puedan defenderse de los medios cuando su fama pública o privacía han sido afectadas.  

  

   Siete. Derecho a la comunicación. El derecho a responder ante los medios forma parte de la normatividad esencial en cualquier sociedad moderna. Pero no es suficiente. Junto con él, los ciudadanos tendrían que ejercer el derecho a la comunicación no solo cuando son personalmente afectados por lo que dicen los medios sino cuando tienen algo que decir. Esa tendría que ser una tarea que cumplieran especialmente los medios públicos –a los que es preciso no confundir con los medios del Estado o del gobierno– y, en parte, los medios comunitarios que han sido tan injustamente perseguidos por los acaparadores radiodifusores privados.    

  

   Ocho. Ausencia de parámetros éticos. La ética, como se ha dicho en numerosas ocasiones, no sustituye a las leyes. Pero constituye un recurso insuperable para que los medios se comprometan a manejar sus contenidos a partir de normas explícitas. La ética no propicia la libertad pero contribuye de manera importante a darle sentido. En otros países la calidad en los medios y los criterios para medirla han sido motivo de fructíferas discusiones. Pero en México esos temas no forman parte de la agenda pública. 

   

  Nueve. Murmuración en vez de información. Con creciente frecuencia, los medios están repletos de suposiciones que son presentadas como noticias. Alusiones, afirmaciones oblicuas, habladurías, se confunden con auténticos acontecimientos. Con la coartada de anticipar decisiones o develar confidencias, los medios publican informaciones sin confirmar cuyo aparente mérito radica en que se trata de revelaciones a las que no se tendría acceso de otra forma. A semejanza de las antiguas columnas que distintos personajes del poder político aprovechaban para intercambiar mensajes entre sí en la prensa del viejo régimen, el periodismo mexicano del siglo XXI sigue dando cabida a rumores que serían inaceptables en la prensa de la mayor parte del mundo contemporáneo. Las columnas de trascendidos son parte de ese viejo periodismo.    Emparentada con la anterior es la costumbre, sobre todo en el periodismo de opinión, de aludir a hechos, declaraciones o conductas presuntamente conocidas y de los que no se proporciona la fuente. Expresar “se dice que….” sin mencionar el origen de tales dichos se ha convertido en una muletilla con la cual a menudo se hacen afirmaciones sin sustento suficiente, o sin sustento alguno.  

   Esas prácticas pueden ser entendidas como ejercicio abusivo de la libertad de expresión. Pero sobre todo, son resultado de la ausencia de una sociedad capaz de exigir suficiente escrupulosidad a sus medios.    

   Diez. Estrechas concepciones de la realidad. La preponderancia en el espacio mediático de unas cuantas empresas –especialmente la que controla más frecuencias de televisión– ha devenido en la propagación de una suerte de pensamiento único que sofoca a la sociedad mexicana. Junto a la estética vulgar y a la indigencia de ideas que campea en sus contenidos los medios mexicanos, especialmente la televisión y la radio, suelen difundir una visión muy pobre –escasamente inquisitiva, irremisiblemente esquemática– de la realidad del país y del mundo. En ese páramo comunicacional hay escasos espacios para la diferencia y el contraste. Televisa es el principal dique para el ejercicio de la libertad de expresión en México. 

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