Un año de la Ley Televisa

Publicado en La Crónica el jueves 29 de marzo de 2007

   No hubo razones que respaldaran aquella decisión de la mayoría senatorial. En patente aceptación de su indigencia argumental, los 81 senadores que el 30 de marzo de 2006 aprobaron la Ley Televisa dejaron la tribuna en manos de quienes se oponían a esas reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión. Durante varias horas los legisladores que habían encabezado la oposición a esas modificaciones reiteraron, sin encontrar una sola réplica, los muchos riesgos que implicaban para la soberanía del país sobre sus espacios radioeléctricos y para la diversidad comunicacional a la que tiene derecho la sociedad mexicana.
   La Ley Televisa, insistieron sus impugnadores, carecía de reglas equitativas para la asignación de nuevas concesiones de televisión y radio. Al establecer la oferta económica que presenten los interesados como criterio fundamental para el otorgamiento de frecuencias, se deja el desarrollo de esos medios al garete de los intereses mercantiles. La nueva composición de la Comisión Federal de Telecomunicaciones se advertía, desde entonces, como mero subterfugio para mantener las decisiones primordiales respecto de la radiodifusión en manos del gobierno federal. A los medios públicos y comunitarios, las nuevas disposiciones solamente los tomaban en cuenta para imponerles restricciones adicionales a las que ya padecían. Los cambios que aparentemente implicaba para la compra de espacios de propaganda por parte de los partidos eran esencialmente cosméticos y no atendían la necesidad de regular y limitar ese gasto. Tales reformas no implicaban un respaldo eficaz a la producción independiente ni a la diversidad de opciones en la televisión mexicana.
   Y lo más importante: al facultar a los concesionarios que ya tenían licencias de radio y televisión para que además de difundir señales de radiodifusión en esos espacios pudieran transmitir servicios de telefonía e Internet, entre otras opciones que ahora son posibles gracias a la digitalización de las telecomunicaciones, dichas reformas propiciaron un formidable negocio adicional para las principales empresas de ese ramo.
Las modificaciones al artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión permiten que esos concesionarios ofrezcan tales servicios adicionales sin establecer claramente la obligación para que, a cambio, le paguen por ello al Estado. En cambio las empresas que desde hace años brindan servicios de telefonía han tenido que pagar por ello cantidades muy altas, ya que las porciones disponibles para ello en el espectro radioeléctrico son limitadas y cada vez más cotizadas. El uso de un recurso natural por el que algunas empresas han pagado, podrá resultarles gratuito a los concesionarios de televisión y radio. La pérdida que tendría el Estado mexicano ascendería a varios miles de millones de dólares.
   Por eso, poco después de que fue abruptamente aprobada el 1 de diciembre de 2005 en la Cámara de Diputados, a esas reformas se les denominó Ley Televisa. Esa empresa, junto con Televisión Azteca, era indudablemente la beneficiaria principal de tales modificaciones legales. Pronto se comprobaría que, además de agraciada, Televisa era autora y promotora de dicha reforma.
   Solamente así podía explicarse el repentino proyecto que había presentado un hasta entonces oscuro diputado priista, Miguel Lucero Palma, sin conocimientos ni experiencia mostrados en el campo de las telecomunicaciones. Solamente así podía entenderse la insólita aquiescencia de los 327 diputados que el primer día de diciembre habían respaldado esa inopinada reforma. Algunos quisieron pensar que aquellos diputados se habían descuidado y que, confundidos en el maremágnum legislativo de fin de año, habían aprobado esas reformas sin entender su verdadero alcance.
   Ahora se sabe que, en todos los grupos parlamentarios, al menos los diputados más enterados conocían el significado de esas modificaciones legales. Todos ellos las aprobaron por instrucciones de sus respectivos candidatos presidenciales que, a su vez, de esa manera querían congraciarse con Televisa a unos cuantos días de que comenzaran las campañas formales hacia las elecciones del 2 de julio.

   Más tarde entre priistas, panistas y perredistas habría, de diferentes maneras, impulsores de la Ley Televisa que deploraron haberse comportado de esa manera porque al cabo de pocos meses comprobaron que esa empresa de comunicaciones no favorecía a sus candidatos como inicialmente habían esperado.
La unanimidad y la precipitación del 1 de diciembre fueron tan escandalosas que al menos propiciaron una intensa atención pública sobre la Ley Televisa. Productores, cineastas, actores, técnicos, académicos y periodistas, entre otros, comprendieron los peligros que implicaban aquellas reformas y mantuvieron ante ellas una informal pero muy destacada coalición ciudadana. Forzado a escuchar posiciones acerca de la minuta que ya había sido aprobada por los diputados, el Senado abrió audiencias en donde las razones contra la Ley Televisa sobrepasaron, en cantidad y calidad, a los parcos pero prepotentes defensores de esas modificaciones.
   A favor de la Ley Televisa se manifestaron, exclusivamente, los intereses empresariales a través de diversas voces. Empleados de despachos de asesoría jurídica contratados primero para escribir dicho proyecto de ley y luego para propagandizarlo, se hicieron cargo de esa defensa. Pero no eran argumentos sino coacciones e intimidaciones lo que estaba en juego. A no pocos de los firmantes de documentos contra la Ley Televisa, personeros de esa empresa les recriminaron que hubieran asumido tales posiciones y trataron de intimidarlos. El cabildeo más intenso era delante y dentro de los partidos políticos, a cuyos senadores también les hicieron ofertas y exigencias, según fuese el caso. A los radiodifusores que por diversos motivos se habían inconformado con la Ley Televisa también los llamaron a cuentas. Y en la industria de las telecomunicaciones, cuyos directivos habían rechazado tales reformas entre otros motivos porque no conducían a un auténtico aprovechamiento de la convergencia digital, las coacciones incluyeron amenazas de Televisa para dejar de comprarles insumos o servicios.
   En esa operación fueron cosechados los 81 votos senatoriales por la Ley Televisa. No había convicciones sino conveniencias detrás de ellos. Lo más notable fue cómo, ante tal despliegue de recursos para forzar la decisión legislativa en beneficio de la corporación mediática más influyente y arrogante, hubo 40 senadores que votaron en contra —cuatro más, se abstuvieron—.

  
   Varias semanas después, el 4 de mayo, 47 senadores presentaron en la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad respaldado con una extensa documentación. Aunque el conservadurismo y el apego a los poderes fácticos que han demostrado algunos de sus integrantes no ofrecen demasiado margen para esperar una resolución favorable a esa impugnación, de la decisión de la Corte depende, en parte, el futuro de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. La otra vía para enmendar el allanamiento de esos sectores a un puñado de intereses privados, se encuentra en las nuevas reformas que puedan emprender los actuales legisladores. No hay que olvidar que la Ley Televisa implicó la modificación de unos cuantos artículos en un par de leyes federales y que el régimen legal de la radiodifusión mexicana sigue siendo tan obsoleto como hace décadas.
   Mientras tanto, las reformas de hace un año han propiciado la conformación de una nueva Comisión Federal de Telecomunicaciones en la cual se encuentran peones y aliados de las grandes televisoras —está presidida por Héctor Osuna, quien fue uno de los senadores que encabezaron la defensa de la Ley Televisa—. El acatamiento de ese organismo al interés de los monopolios de la radiodifusión se ha manifestado en algunas de sus primeras decisiones y sobre todo en la indefinición con que mantiene asuntos relevantes como las solicitudes de nuevas frecuencias para televisión.
   Otra consecuencia de la Ley Televisa fue la propagación, en segmentos significativos de la sociedad mexicana, de las posiciones discrepantes respecto de esa empresa y del régimen de radiodifusión que tenemos en México. Una de las expresiones de ese nuevo contexto crítico ha sido la revitalización de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información cuyo nuevo presidente, Javier Corral Jurado, tomó posesión la semana pasada, el martes 20 de marzo, en una ceremonia realizada en la Facultad de Derecho de la UNAM.
   Conocido como uno de los impugnadores más perseverantes al régimen de privilegios mediáticos que cristalizó en la Ley Televisa, Corral recordó en esa ocasión que muchos de los miembros de la Asociación somos los que impugnaron aquella reforma pero nos define mucho más que esa coyuntura: “Nosotros somos los que estamos a favor de la democratización de los medios de comunicación electrónica en México, los que consideramos que como el agua, que como la seguridad, que como el medio ambiente, como la salud y la educación, la información es un bien público y no una mercancía, que esa industria poderosa e influyente de la radio y la televisión debe ser también un servicio público y no sólo un negocio, que se hace millonaria con los recursos públicos destinados a la política electoral y a los partidos, y se ha vuelto obstáculo para el verdadero debate, de la auténtica discusión de los problemas del país, que no las intrigas palaciegas de los políticos entre sí, sino la pobreza insultante, la desigualdad como principal cáncer que destruye la vida nacional”.

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