Palafreneros de las corporaciones mediáticas

El Estado y los medios en el sexenio de Vicente Fox

Publicado en Zócalo, noviembre de 2006

La tentación de asegurar que la política comunicacional del gobierno de Vicente Fox se resume en una frase, resulta abrumadora. Él mismo se encargó de acuñar esa expresión, paradigma de ignorancia y de indolencia ante uno de los dilemas mediáticos más significativos en el sexenio reciente. Aquel “Yo? ¿Por qué?” con que respondió en la sala de prensa de Los Pinos el 6 de enero de 2003 cuando el reportero Roberto López, de Canal 40, le pidió que interviniera para resolver la ilegal incautación de la antena transmisora de esa estación por parte de Televisión Azteca, exhibía la dejadez que Vicente Fox y su gobierno mantuvieron en su relación con los medios.

Desidia y desdén, pero también irresponsabilidad, son algunos de los rasgos de esa impolítica en el terreno de la comunicación por parte de la administración foxista. Y no deja de ser una paradoja, porque quizá ningún presidente en la historia de México hipotecó tanto el consenso de su gobierno y su propia presencia pública a la capacidad propagadora y persuasiva de los medios de comunicación como hizo, deliberada pero también improvisadamente, Vicente Fox.

Quizá él mismo creyó, como se dijo con cierta impremeditación en 2000, que las elecciones de ese año las había ganado gracias a la notoriedad que le dieron los medios de comunicación. La radio y especialmente la televisión dieron cabida a la diversidad de opciones en aquella campaña electoral pero no hubo relación directa entre la exposición mediática que lograron los candidatos presidenciales en 2000 y la votación que obtuvieron. La gente que votó por Fox no lo hizo fundamentalmente por haberlo visto en la televisión y ni siquiera por las propuestas específicas –que eran ciertamente escasas y pobres– que se comprometió a impulsar. El voto favorable al entonces candidato de Acción Nacional incluyó a los ciudadanos que desde tiempo atrás confiaban en el PAN, y estuvo incrementado por muchos mexicanos que simplemente buscaban un cambio en las enmohecidas estructuras de un presidencialismo aherrojado, por siete décadas, a la hegemonía de un solo partido.

Fox no ganó gracias a los medios pero los vio como instrumento insoslayable para gobernar. La pobre apreciación que tenía acerca de la sociedad mexicana le llevó a creer que el país podía dividirse entre una pequeñísima minoría de ciudadanos atentos a los asuntos públicos y una mayoría indolente, manipulable y fundamentalmente conformista. Siguiendo una maniquea explicación que el presidente le escuchó al empresario Ricardo Salinas Pliego, al primer segmento lo denominaba círculo rojo y allí se encontraría la gente que lee periódicos y quienes escriben en ellos, la clase política y algunos sectores de las clases medias ilustradas. Al otro lo llamaba círculo verde y en él se encontraba la mayoría de los mexicanos que atienden solo o fundamentalmente a la televisión.

Con esa esquemática apreciación del país que gobernaba, Fox resolvió hacer de los medios electrónicos la tribuna para anunciar, explicar y proclamar a los ciudadanos las decisiones de su administración. Todo gobierno contemporáneo tiene que entender a los medios como instrumentos fundamentales en la construcción y el sostenimiento de sus relaciones con la sociedad. Para ello los gobiernos diseñan políticas de comunicación que les permitan llegar a la gente a través de tales medios. Sin embargo, en lugar de hilvanar una política auténticamente digna de ese nombre, el gobierno del presidente Fox se echó en brazos de las empresas mediáticas más influyentes. Se trata del gobierno que, en México, más se ha interesado en los medios de comunicación. Y, al mismo tiempo, el que ha tenido una política comunicacional más hueca y débil.

 

Larga relación de conveniencias mutuas

Durante el viejo régimen priista, al menos hasta el inicio de la última década del siglo XX, los medios de comunicación padecieron una sujeción a veces económica y en otras ocasiones jurídica y/o política, al predominio de un Estado esencialmente autoritario. Esa situación comenzó a cambiar hacia 1990 y durante el último gobierno del PRI, bajo la presidencia de Ernesto Zedillo, los medios impresos experimentaron márgenes de libertad que no habían tenido por lo menos desde los años 30 de aquel siglo. En la televisión y la radio también había expresiones de mayor diversidad que en otros tiempos aunque, allí, el dique para una libertad más amplia era impuesto por los intereses corporativos y las conveniencias políticas de sus propietarios.

Esa libertad se mantuvo y en algunos casos se ensanchó durante el gobierno de Vicente Fox, no como grácil concesión del presidente sino porque los propietarios y operadores de los medios encontraron que la pluralidad, especialmente en asuntos de índole política, era mejor negocio que la uniformidad de otras épocas.

Los medios habían ganado, respecto del poder político, márgenes de autonomía. Durante el régimen priista las decisiones principales en materia de comunicación política eran tomadas de común acuerdo con los gobernantes en turno. Tácito y eficaz, el arreglo entre gobierno y medios privados implicaba que el primero mantuviera el monopolio del quehacer político en los espacios comunicacionales –al menos en los de carácter audiovisual– y los otros pudieran expandirse y hacer negocios con escasas o nulas restricciones.

Con la administración de Vicente Fox, en cambio, los propietarios y operadores mediáticos encontraron que no les hacía falta subordinarse a los intereses políticos del gobierno y no solamente por el talante de apertura –que desde luego hubo– en ese gobierno. Además la administración foxista se rehusó a tener una estrategia de comunicación que estableciera las pautas de su relación con los medios privados, las políticas que impulsaría en la relación de esos medios con la sociedad y la orientación que les conferiría a los medios estatales.

En ausencia de esa política de comunicación el gobierno de Fox actuó simplemente a partir de ocurrencias, ciñó sus decisiones mediáticas a veleidades personales, permitió una expansión desbordada y la actuación en ocasiones ilegal de las principales empresas de radiodifusión y, cuando ellas se lo exigieron, incluso hizo suyas las medidas reglamentarias y las reformas de ley que convenían al interés de tales corporaciones privadas.

Ese sí que constituyó un cambio en la relación entre el Estado y los medios. Durante la extensa fase autoritaria bajo la hegemonía del partido único, Estado y medios tenían un trato definido por beneficios mutuos. Uno y otros, conservaban una relación de socios. Pero en el sexenio de Vicente Fox el gobierno se subordinó a los imperios televisivos. El presidente y su administración se comportaron como palafreneros del interés de las corporaciones mediáticas.

 

Complacencia con intereses mediáticos

La obsesiva preocupación del presidente Fox y su gobierno para estar presentes en los escenarios mediáticos a los que atiende el círculo verde los llevó a dispensar excesos e incluso a dejar de aplicar la ley, con tal de beneficiar a las corporaciones comunicacionales, en varios momentos durante el sexenio 2000-2006.

Los episodios más escandalosos fueron ampliamente documentados. El decretazo del 10 de octubre de 2002 cuando el presidente Fox hizo suyos, promulgándolos, dos documentos elaborados por Televisa: se trataba del nuevo reglamento para la Ley Federal de Radio y Televisión que establecía más amplias facilidades para la expansión comercial de las empresas de ese ramo, así como del Decreto que redujo al 10% el tiempo fiscal del cual disponía el Estado en todas las estaciones de radio y televisión. La desidia gubernamental después de que, el 27 de diciembre de 2002, un comando armado enviado por Televisión Azteca asaltó la antena del Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite propiciando una crisis que desembocaría, más de tres años después, en la aniquilación de esa opción que había en la televisión mexicana. El desentendimiento también del gobierno cuando, en diciembre de 2005, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión que, por beneficiar notoriamente a las empresas de radiodifusión que ya existían, fueron denominadas como Ley Televisa. Esos y otros acontecimientos anunciaron, reiteraron y confirmaron no solamente la ausencia de una política propia en el campo de la comunicación sino, peor aún, la incondicional complacencia que el gobierno del presidente Fox había resuelto mantener respecto de los intereses de los consorcios mediáticos.

 

Dispendios, condescendencias, omisiones

Otros episodios, menos notorios, refrendaron esa decisión.

El cuantioso gasto del gobierno federal para comprar publicidad en estaciones de televisión y radio, a pesar de los espacios de los que disponía tanto en virtud del tiempo fiscal como gracias a la disposición legal que le otorga al Estado media hora diaria en cada estación, constituye un dispendio injustificado y cuyo monto preciso ha seguido siendo incierto.

La constante displicencia que la Secretaría de Gobernación mantuvo durante todo el sexenio respecto de las cotidianas transgresiones que cometen centenares de empresas de radiodifusión pero muy especialmente las televisoras nacionales cuando, por ejemplo, la publicidad que transmiten rebasa los límites máximos que establece la ley, o cuando se difunden anuncios como si se tratase de contenidos que forman parte de la programación de esas estaciones.-

– En junio de 2004 el gobierno les regaló a los concesionarios de televisión una frecuencia más, por cada una de las que ya tenían, para que emprendieran pruebas de televisión de alta definición. Dos años más tarde la Ley Televisa revalidó ese inusitado obsequio al dejar en la imprecisión los procedimientos y plazos para que los concesionarios le regresen al Estado, algún día, esa frecuencia adicional.

En junio de 2005 la Secretaría de Gobernación –pocos días antes de que Santiago Creel dejara de encabezarla– le obsequió a Televisa la concesión para instalar 65 casinos.

También en 2005, la intervención de Comunicaciones y Transportes para impedir que el dueño de Canal 40 recibiera de la empresa General Electric un préstamo que le hubiera permitido resolver la huelga que mantenía cerrada a esa emisora, constituyó un respaldo efectivo a Televisión Azteca que terminó apropiándose de dicha estación.

Las oficiosas gestiones gubernamentales para que el empresario Olegario Vázquez Raña se quedara con la concesión del Canal 28 en la ciudad de México, a partir del cual quiere establecer una cadena nacional, pudieran entenderse como resultado de un convenenciero tráfico de influencias y están muy distantes de los compromisos de transparencia que tanto abundan en los discursos oficiales.

La enumeración de canonjías que el gobierno les ha procurado a los consorcios mediáticos, así como los excesos que les ha permitido al punto de abstenerse cuando tenía que haber aplicado la ley, hacen imposible considerar que el gobierno de Fox haya tenido una política para los medios de comunicación. La única estrategia fue la ausencia de política y, ante esa omisión, las decisiones más importantes en materia de comunicación no estuvieron determinadas por los principios jurídicos que soportan al Estado mexicano y mucho menos por el interés de la sociedad.

 

Mezcolanza entre vida pública y privada

Un balance más amplio de la relación entre el gobierno de Fox y los medios tendría que incorporar las extravagancias que definieron el comportamiento público –en el cual incorporaron asuntos propios de su vida privada– del presidente y su familia. La irrefrenable atracción que Fox tuvo hacia los micrófonos y las cámaras, la desfachatez con que Marta Sahagún –primero vocera y a la postre esposa presidencial– utilizaba escenas de esa relación personal con fines de propaganda, la contratación de asesores que impusieron a la discusión y al tratamiento de la imagen presidencial recursos de la más estrambótica índole (desde charlas motivacionales hasta invocaciones esotéricas, pasando por un asesor presidencial que estaba convencido de que la llegada de Fox al poder político era resultado de influencias extraterrestres) todo ello fue parte de un pintoresco retablo de torpezas profesionales, inexperiencias políticas e incluso abusos patrimoniales que contribuyeron a definir la impolítica comunicacional de esa administración.

En su afán para congraciarse con los medios pero sobre todo en la confusión que mantuvieron entre presencia política y mediática, así como entre sus ámbitos privado y público, el presidente Fox apareció en cámaras imitando a cómicos de la televisión e incluso rivalizando con ellos y su señora esposa cocinó para los televidentes, aconsejó a las mujeres y aspiró a desempeñar el trabajo de su marido, entre muchas otras comparecencias electrónicas.

Al final del sexenio la relación de los Fox con los medios de comunicación había quedado maltratada por la difuminación de las fronteras entre los ámbitos del gobierno y del interés mediático. Pero

más allá de episodios anecdóticos, el involucramiento personal de la señora Sahagún de Fox para gestionar asuntos según la conveniencia de las corporaciones mediáticas señaló el compromiso o al menos la anuencia del presidente para que el interés de las televisoras prevaleciera sobre el interés público.

 

Medios estatales, libertad sin respaldo

El haz cuestionable de la impolítica comunicacional del gobierno de Vicente Fox está repleto de episodios como esos. En el envés de ese panorama hay momentos de avance –ciertamente muy pocos– en el camino hacia una comunicación de y para la sociedad. Quizá la más importante decisión en ese terreno haya sido el reconocimiento legal de una docena de radiodifusoras comunitarias que debieron enfrentar la ignorancia oficial, el encono de los directivos de la radiodifusión comercial e incluso una vulgar campaña mediática en donde, con distorsiones y engaños, se las presentaba como nidos de subversión. Esas radiodifusoras y sus representantes supieron documentar sus argumentos, presentaron nutridos expedientes para satisfacer complejas exigencias técnicas y jurídicas y mantuvieron una inteligente presencia pública hasta conseguir el reconocimiento oficial. La decisión de presidente Fox para autorizar esos permisos, fue una ligera pero quizá intencional zancadilla a los dirigentes de la radiodifusión privada que habían hecho de la persecución a las comunitarias una desmedida causa política.

Esa decisión para reconocer a las radios comunitarias señaló una vertiente contradictoria con la política de complacencia e incluso subordinación al interés de la radiodifusión privada que fue el rasgo sobresaliente en la administración del presidente Fox. La anuencia para darle autonomía administrativa a la agencia de noticias Notimex y la efectiva libertad con que se desempeñaron los medios propiedad del Estado fueron parte de esa conducta que posiblemente, más que buscar contrapesos a los espacios de comunicación comercial, obedecía al desinterés del gobierno por los medios que se encontraban en sus manos.

Cada una de esas actitudes tiene sus respectivos bemoles. Las radiodifusoras comunitarias no hubieran estado apremiadas para buscar desesperadamente su registro legal de no haber sido por el acoso que, a comienzos del sexenio, el propio gobierno federal emprendió contra ellas y que incluyó amagos directos por parte de efectivos del Ejército Mexicano. La autonomía de Notimex fue larga e incluso tortuosamente discutida dentro del gobierno, en un proceso que desgastó a la agencia y sus defensores aunque desembocó en la aprobación de un nuevo estatuto legal.

El gobierno mismo respetó a los medios que se encuentran ubicados dentro de la administración pública y que, cabe subrayar, estuvieron encabezados por funcionarios que entendieron la importancia de construir una comunicación auténticamente pública. Directivos como Lidia Camacho en Radio Educación, Enrique Strauss en Canal 22, Julio di Bella en Canal 11 y muy especialmente Dolores Béistegui al frente del Instituto Mexicano de la Radio supieron comprometerse, cada uno con matices y contraluces, con proyectos comunicacionales distintos de la voracidad mercantil pero también alejados de la propaganda oficial. El gobierno del presidente Fox reconoció la libertad que se habían ganado esos medios y sus trabajadores pero no hizo esfuerzo alguno para proporcionarles mejores y mayores recursos.

 

Postrados ante el poder mediático

Transcurrido ese sexenio de impolítica comunicacional por parte del Estado, aquella frase con la que el presidente rehuía su responsabilidad para que la ley se aplicara en el caso del Canal 40 resulta diáfanamente característica de tales insuficiencias. Para Fox los medios no eran un problema sino un instrumento. Y ese instrumento no lo quiso entender como recurso de la sociedad sino únicamente como amplificador de sus propias acciones y declaraciones. Cabe decir, no en su descargo sino para precisar el contexto en que se desempeñó, que la complacencia con el predominio de las corporaciones mediáticas no fue un error solamente del Ejecutivo Federal.

En los años recientes, si bien con significativas excepciones el Poder Legislativo, y sin excepción alguna todos los partidos políticos, coincidieron en resguardar el interés de Televisa, Televisión Azteca y otras empresas comunicacionales como si de ello dependieran el escaño, la curul, el registro o las prerrogativas. Como resultado de decisiones y omisiones suyas, el gobierno federal quedó postrado ante la preeminencia mediática. Pero junto con él, legisladores, dirigentes, secretarios de Estado y muy especialmente gobernadores y jefes de gobierno de todas las adscripciones políticas refrendaron, amplificándolo de esa manera, el poder de las televisoras. Prácticamente toda la clase política mexicana ha compartido, aunque no fuese de manera tan palmaria, aquel ¿Yo? ¿Por qué? con el cual se puede definir la relación entre el Estado y los medios en el sexenio de Vicente Fox.

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