Convergencia para elegidos / Paradojas con Telmex, dilación en la radio digital

Zócalo, octubre de 2006.

 

Hay dos caras de la convergencia tecnológica que invariablemente se contraponen y que, hasta ahora en México, han dificultado su apropiación e incluso su discusión por parte de la sociedad. La más conspicua de ellas es la fachada virtuosa: la imbricación de los procesos digitales con las telecomunicaciones traerá, se dice a menudo, más contenidos y mejores canales para acceder a ella; la idea de una sociedad radiante de información y boyante gracias al conocimiento y al entretenimiento que obtendría de esa manera subyace en el discurso de empresarios y gobiernos que buscan desarrollar, sin más requerimientos, esas nuevas tecnologías.

   La otra cara, más opaca y menos publicitada, es la que ofrecen los intereses que se encuentran en conflicto cada vez que se definen las reglas y los protocolos para que se desplieguen esas tecnologías. Así ha ocurrido en la disputa entre empresas de telecomunicaciones acerca de la pretensión de Telmex para conducir señales de televisión en la red telefónica. Y así sucede, también, con las indefiniciones del gobierno para aprobar el estándar de la radio digital en nuestro país.

 

Telmex en TV:

¿más de lo mismo?

   En la regulación y diversificación de la telefonía, como en tantos otros temas, el gobierno federal ha carecido de una política coherente. Al tiempo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes propuso que se eliminaran las restricciones del Título de Concesión para que Telmex además de telefonía pueda dar servicios de televisión, Hacienda sugirió que esa franquicia adicional debía costarle una contribución especial al consorcio de Carlos Slim.

   Contra las pretensiones de Telmex se manifestaron las telefónicas menores, a las que ni siquiera se les ha permitido incorporarse plenamente al servicio de telefonía regular. Y desde luego, los operadores de televisión por cable y los monopolios de la televisión han temido que Telmex se convierta en un competidor poderoso.

   Si hubiera un mercado audiovisual auténticamente abierto y que funcionara como tal, los consumidores se beneficiarían de la existencia de más opciones. Ahora mismo en la ciudad de México, para no ir lejos, los televidentes dispuestos a suscribirse a un servicio de paga solamente pueden elegir entre la televisión de cable que vende una subsidiaria de Televisa y el sistema satelital… que también es de Televisa.

   La pretensión de Telmex para difundir canales de televisión podría resultar, en principio, benéfica para la sociedad si pudiera implicar mayor diversidad de canales y precios menos altos por la contratación de ese servicio. Pero, considerada desde otro punto de vista, esa nueva prerrogativa significaría mayor concentración de capacidades mediáticas en las ya acaparadoras manos de un solo consorcio y, como todos sabemos, de un solo empresario. Esos son algunos de los elementos que han debido tomar en cuenta la Comisión Federal de Competencia y las autoridades encargadas de regular las telecomunicaciones.

   Desde el punto de vista legal, parece difícil que a Telmex se le niegue la atribución para difundir televisión puesto que la infraestructura de la que dispondría es propiedad de ese consorcio. La discusión al respecto no es equiparable con la que se suscitó hace pocos meses acerca de la Ley Televisa. El apartado más discutible de aquella reforma a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión les otorgó a los concesionarios que ya disfrutan de una frecuencia la posibilidad de utilizarla para, además de las señales que ahora difunden, propagar a través de ella otros servicios de telecomunicaciones. Esos empresarios harán un negocio adicional con el segmento del espectro radioeléctrico, propiedad de la Nación, que se les concesionó para otros fines. En cambio la red de cableado telefónico es propiedad privada desde que en 1990 el gobierno federal  le vendió Telmex al empresario Slim.

   En esta ampliación del abanico de negocios de Telmex posiblemente lo más importante, aunque de eso no han parecido preocuparse el gobierno federal ni la nueva y en tantos sentidos inexperta Comisión Federal de Telecomunicaciones, es qué televisión se difundiría en los nuevos canales a través de ese servicio. No ha sido un secreto el acercamiento del Grupo Carso, propietario de Telmex, con Televisa para gestionar una posible alianza. Telmex ofrecería sus nuevas capacidades para conducir televisión de paga y Televisa proporcionaría buena parte de esos contenidos. Así que el flamante competidor no aportaría una oferta auténticamente novedosa. Sería más de lo mismo, con una dosis adicional de monopolización comunicacional.

 

Radio digital,

larga indecisión

   El de la radio digital terrestre –a la que no hay que confundir con las señales de radio que se propagan desde satélite– ha sido un asunto innecesariamente críptico y que se ha mantenido en un injustificable secreto por parte de las autoridades de Comunicaciones y Transportes. En julio de 1999 el gobierno del presidente Zedillo creó el Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión, integrado por tres representantes de la SCT y tres de los empresarios de ese ramo. La tarea de ese grupo era realizar pruebas con los sistemas de radio digital que desde entonces estaban desarrollándose en varios países y, luego, proponer cuál de ellos sería más conveniente para México.

   Más de siete años después, el desempeño de ese Comité ha sido un misterio. Quién sabe qué ensayos técnicos emprendieron sus integrantes pero en todo caso seguramente no descubrieron el hilo negro en materia de radio digital. Hasta ahora existen, fundamentalmente, dos sistemas para esa forma de difusión. El Eureka 147, también llamado Digital Audio Broadcasting o DAB, es desarrollado por la Unión Europea como parte de un ambicioso proyecto de innovaciones digitales, ofrece mejor fidelidad sonora y permite que haya más estaciones de radiodifusión; ha sido adoptado en casi todos los países europeos y en Canadá. El sistema IBOC (“in-band, in channel”) es utilizado en Estados Unidos y en varios países asiáticos y tiene el inconveniente de que padece mayor interferencia que el estándar europeo y a veces sus frecuencias se enciman unas sobre otras.

   La ventaja del IBOC es que funciona en las mismas bandas de radiodifusión, AM y FM, que hoy conocemos. Eso permite que puedan coexistir estaciones digitales junto con las de carácter análogo que tenemos hasta ahora. Para sintonizar las nuevas estaciones se requieren de nuevos radiorreceptores pero los que ahora existen podrían seguir siendo utilizados para escuchar emisoras análogas.

   La propagación de la radio digital, en cualquier caso, requiere de nuevos aparatos para sintonizarla. Una ventaja de los nuevos receptores es la información, adicional al audio, que se puede leer en ellos: el nombre de la canción que estamos escuchando, o reportes sobre el estado del tiempo o la situación del tráfico entre otras opciones. Actualmente en la Gran Bretaña, que es el país donde más ha prosperado la radio digital terrestre (tan solo la BBC la utiliza para difundir 11 estaciones nacionales y 32 de alcance local) un receptor para el sistema Eureka cuesta entre 50 y 150 libras (más o menos entre mil y 3 mil pesos). En Estados un receptor para señales de IBOC cuesta entre 150 y 300 dólares (entre mi 600 y 3 mil 200 pesos).

   A diferencia del IBOC que utiliza las bandas de AM y FM, el sistema Eureka transmite en la banda denominada III que va de los 174 a los 240 megahertz y en la banda L, de los 1452 a los 1492. En algunos países puede funcionar también en la banda UHF. Esa mayor versatilidad en el empleo del espectro radioeléctrico va acompañada de una mejor recepción. En Estados Unidos, el IBOC no prosperó ente otros motivos porque la banda L en ese país está reservada para usos militares. Sin embargo la expansión del IBOC en Europa ha sido impulsada por empresas de origen estadounidense como la poderosa Microsoft.

   En lo que va de este siglo el Eureka se ha desarrollado de tal manera que ya se anuncia una nueva fase, que algunos llaman DAB 2, con tecnología de compresión digital para un sonido de calidad aun mejor. Mientras tanto el otro sistema, el IBOC, fue adoptado el año pasado en Brasil y Puerto Rico e incluso en países europeos en donde ya existía Eureka, como Francia.

   La vecindad con Estados Unidos permitiría suponer que el sistema de radio digital terrestre que más fácilmente podría establecerse en México es el IBOC. Sin embargo en los meses corrió la versión de que la SCT se decidiría por el estándar europeo. También se habló de una opción intermedia: IBOC en la frontera con Estados Unidos y Eureka para el resto del territorio nacional. Esa solución dotaría al país de la mejor posibilidad técnica pero segregaría de ella a los mexicanos del norte.

   Al inexplicable retraso de varios años en el trabajo del Comité Consultivo, se ha añadido la proliferación de versiones contradictorias y la constatación de la profunda ignorancia que las autoridades de Telecomunicaciones mantienen sobre el tema de la radio digital. Un asunto que podría y debería ser discutido de la manera más amplia, poniendo sobre la mesa opciones, costos y proyectos, se ha mantenido tras las bambalinas del temor a la convergencia tecnológica y del tráfico de intereses también con ese asunto.

   Entre los radiodifusores las opiniones sobre uno y otro sistemas están divididas pero no se ventilan de manera abierta. A la mayoría de ellos el asunto no les interesa sustancialmente porque no implica de manera inmediata un negocio de rendimientos tan rápidos como el que están acostumbrados a tener con la radio analógica.

   La radio digital terrestre podría significar más canales y, por ello, una mayor multiplicidad de opciones. Su desarrollo no debiera estar supeditado al beneficio que en ella encuentren quienes actualmente lucran con la explotación de las frecuencias radiofónicas.

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Medios acotados por la desconfianza

Zócalo, septiembre de 2006.

Los medios, por buenas o malas razones, han quedado severamente cuestionados durante una temporada política que no termina del todo pero tras la cual el panorama comunicacional mexicano difícilmente habrá quedado incólume. En la primavera pasada, la afrentosa aprobación de la Ley Televisa manifestó la enorme influencia de ese consorcio sobre toda la clase política pero, también, los riesgos que el poder mediático significa para el interés de la sociedad. Luego, en el ríspido verano postelectoral, el papel de los medios electrónicos ha sido reconocido como riesgoso para la democracia en este país.

   La demostración de fuerza que, al doblegar o alinear voluntades e intereses de legisladores, candidatos y dirigentes de todos los partidos ejerció el consorcio más relevante del entramado mediático, tuvo consecuencias paradójicas. Televisa impuso las reformas legales redactadas por sus asesores jurídicos y luego, sin dificultad, logró que el gobierno federal y el Senado avalaran una composición de la Comisión de Telecomunicaciones notoriamente allanada a sus programas de negocios. Al mismo tiempo, sin embargo, esa concentración de poder comunicacional y político concitó las reacciones adversas más extendidas que jamás hayan suscitado los medios en México.

   Muchas de las apreciaciones que se han esparcido acerca del papel de los medios en el proceso electoral de 2006 estuvieron fincadas en esa imagen de prepotencia e intolerancia que suscitó –o afianzó– el desempeño de Televisa y otras empresas mediáticas en el proceso para la aprobación de aquellas reformas legales. Las denuncias que varios candidatos y partidos, pero después del 2 de julio especialmente numerosos simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador enderezaron contra las televisoras y cadenas de radio, subrayaron la capacidad de distorsión que siempre, pero sobre todo en condiciones de intensa concentración de muchos medios en pocas manos, llegan a tener los medios electrónicos.

   Buena parte de esas apreciaciones fueron más subjetivas que afianzadas en la realidad. Como hemos señalado en distintos espacios –y desde luego aquí, en las ediciones anteriores de Zócalo– si algún candidato recibió más espacio en los noticieros de los medios electrónicos fue el aspirante presidencial de la Coalición por el Bien de Todos. Pero ni siquiera con ese trato preferencial que le asignó, ya fuese como resultado de la importancia que se le reconocía a su campaña o a consecuencia de una decisión corporativa, Televisa y Televisión Azteca alcanzaron reconocimientos del candidato del PRD y de la Coalición encabezada por dicho partido.

 

Alineamientos y reproches

   Después del 2 de julio el ánimo de muchos conductores de noticieros de radio y televisados, así como de numerosísimos articulistas en la prensa escrita, fue cada vez más adverso a López Obrador. Sin embargo es difícil considerar que esas opiniones se debían a determinaciones de las empresas de comunicación. En cada una de ellas, especialmente en la radio, se mantuvieron espacios fieles –a veces de una devoción tan politizada que sobrepasaba las fronteras del rigor profesional– al candidato de la Coalición. También, desde luego, hubo conductores y comentaristas tan interesados en congraciarse con Felipe Calderón y con el PAN –o con el estado de ánimo que se propagaba entre sus audiencias– que mostraron un panorama intencionalmente maniqueo de los reclamos postelectorales.

   En las semanas posteriores a las elecciones hubo un desplazamiento en la opinión que la sociedad mexicana había tenido acerca de López Obrador. Así, de la misma manera que entre el conjunto de los ciudadanos –incluso entre muchos de aquellos que el 2 de julio le dieron su voto– el juicio sobre ese candidato fue cada día más crítico, también hubo periodistas y conductores que abandonaron el tratamiento sin matices políticos que le habían dispensado a ese y otros aspirantes presidenciales.

   Con todo, aún en la fase de mayor cuestionamiento social a ese personaje, los medios de comunicación siguieron informando acerca de sus proclamas, exigencias y movilizaciones. Seguramente lo hicieron con menos espacio y énfasis del que hubieran querido los simpatizantes de la Coalición por el Bien de Todos. Pero, hasta donde hemos podido advertir, los principales noticieros en la televisión y la radio nunca desplazaron a López Obrador de la agenda de los asuntos públicos.

   Aun así, las quejas contra las empresas mediáticas han menudeado. Podría decirse que Televisa y otros consorcios cosecharon, en la fase postelectoral, parte de las consecuencias de la avidez y los excesos que manifestaron para que fuesen aprobadas las reformas legales. En segmentos activos y críticos, y cada vez menos minoritarios en la sociedad mexicana, se ha extendido la impresión de que los medios electrónicos no han realizado su trabajo con todo el profesionalismo que exigen los ciudadanos. Más allá del tiempo que destinaron a cada opción política, podrían documentarse las ineludibles propensiones al sensacionalismo, la casi generalizada ausencia de contexto y la supeditación al declaracionismo –refrendada en la prácticamente inexistente investigación periodística– que define el tratamiento de los asuntos públicos en la televisión y la radio (así como en buena parte de la prensa escrita).

 

Después de la Ley Televisa

   Las corporaciones mediáticas intentarán que, más allá de lo que cambie o no en el escenario político, nada cambie de forma sustancial en el desempeño de la radio y la televisión. Pero esa propensión a la inercia motivada por el afán de rentabilidad fácil en los terrenos de las ganancias financieras y en la acumulación de audiencias, tropezará con las miradas críticas y, de una manera u otra, con la nueva desconfianza que hay en algunos segmentos de la clase política hacia el desempeño de los medios de comunicación.

   Cuando escribimos estas líneas todavía se encontraba pendiente la decisión de la Suprema Corte de Justicia ante la demanda de inconstitucionalidad que presentaron 47 senadores y que, en la tercera semana de agosto, fue avalada por un importante grupo de dirigentes políticos y legisladores de todos los partidos así como por escritores, artistas y académicos de diversas disciplinas. El cuestionamiento a la Ley Televisa tenía en esa decisión una de sus escalas más importantes pero no terminará allí. El seguimiento puntual de lo que hagan y dejen de hacer los medios de mayor influencia en el país tendrá que alimentar nuevas apreciaciones críticas en los siguientes meses. Será inevitable que la reforma de los medios –la reforma en serio, no mascaradas de ella como la que ocurrió en la primavera pasada– siga destacando en la agenda pública de nuestro país.

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