Saldos de la Ley Televisa

Publicado en Nexos de agosto de 2006

De visita en México hace varias semanas, uno de los investigadores más prestigiados de la comunicación en América Latina se asombraba ante la reciente discusión sobre la Ley Televisa: “¡Cuarenta senadores votaron contra el monopolio de la televisión! Ya quisiéramos que en muchos de nuestros países hubiera esa oposición al poder mediático!”.

Nuestro entusiasta interlocutor consideraba que, aun habiendo perdido en el Congreso, la oposición a las reformas a las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones –diseñadas y promovidas para beneficiar a las empresas que ya tienen concesiones de televisión– había significado un paso adelante en la discusión sobre los medios. Después de una extensa polémica el 30 de marzo el Senado aprobó, por 81 votos a favor y 40 en contra, la que debido a los privilegios adicionales que implica para esa empresa pudo ser denominada como Ley Televisa. Dos semanas más tarde el presidente de la República promulgó esas modificaciones. En contra de ellas, 47 senadores presentaron ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad cuya resolución seguía pendiente a mediados de este año.

Los principales rasgos de esa reforma y algunas de sus implicaciones fueron descritos en Nexos 339 y 342, de marzo y junio pasados, por Ricardo Raphael y Jenaro Villamil respectivamente. Quizá es tiempo de comenzar un corte de caja para identificar algunos haberes, pero también desaciertos, en la causa contra la Ley Televisa.

1. Ha sido evidente que la convergencia digital –es decir, la amalgama de telecomunicaciones y contenidos grabados en soportes binarios– es susceptible de ser regulada por la ley. Pero también se ha generalizado la idea de que el desarrollo de las posibilidades tecnológicas que implica la digitalización de las telecomunicaciones –y de esa manera la ampliación o no de la sociedad de la información— no depende únicamente de su marco jurídico. A partir de ahora las decisiones administrativas y desde luego las medidas políticas respecto de las telecomunicaciones y la radiodifusión (por ejemplo la conformación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y cada una de las decisiones que tome ese organismo) adquieren una visibilidad pública que no hubieran tenido de no ser por la manera como fue aprobada la Ley Televisa.

2. Al mismo tiempo ha quedado claro que existen distintas opciones de convergencia digital. No hay, en este plano, neutralidad tecnológica. El que propusieron Televisa y quienes se subordinaron a ella es un modelo excluyente, limitado y concentrador de convergencia digital.

3. La especialización tecnológica, al menos en este campo, dejó de ser patrimonio de unos cuantos. En esa discusión hubo legisladores que se enteraron, estudiaron y entendieron las aparentemente inaccesibles sofisticaciones de la tecnología para las telecomunicaciones digitales. Los asesores y empleados de Televisa, que lucraban con un pretendido acaparamiento del conocimiento en este asunto, fueron sobrepasados en la discusión del tema.

4. Esa des-especialización estuvo acompañada por una parcial pero vistosa socialización del tema de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Por primera vez en México los medios de comunicación han sido reconocidos como un problema respecto del cual existen diversas opciones y no solamente como una presencia inaccesible e inmodificable. Tal es, acaso, el logro más importante de esta fase junto a la contundente realidad y al tropiezo de los afanes reformadores que significó la aprobación de la Ley Televisa.

5. Aunque ganó en el Congreso, Televisa perdió en la apreciación que la sociedad mexicana tiene acerca de esa empresa. Los esfuerzos de acotada apertura informativa y ocasionalmente en sus posiciones editoriales que había desplegado en los años recientes para demostrar mayor pluralidad y autonomía, Televisa los echó por la borda con el tosco cabildeo con que impulsó esa reforma legal. Las presiones y coacciones que puso en práctica demostraron que la diferencia en su actitud ante la sociedad entre la Televisa autoritaria e intolerante que padecíamos en el siglo pasado y la Televisa del siglo 21 es fundamentalmente cosmético.

6. La variación más importante ha sido respecto del poder político. A diferencia de la vieja Televisa, en donde según el viejo Emilio Azcárraga todos eran soldados del PRI, hoy en día esa empresa considera que en el sistema político mexicano todos son soldados de Televisa. La obstinación de los operadores de Televisa para que no cambiara una sola coma respecto del discutible pero además jurídicamente incorrecto proyecto que había impulsado, obligó a los senadores más dóciles a esa empresa a diseñar las llamadas “reformas paralelas” que hacían cambios a varios errores de técnica legislativa en la Ley Televisa y que permanecieron estancadas en el Congreso.

7. En correspondencia con esa actitud, se ha podido verificar el sometimiento de buena parte del Estado mexicano a los dictados de dicho consorcio privado. Quienes suponían que dentro del gobierno federal había contradicciones que acabarían beneficiando a la oposición a la Ley Televisa tuvieron que constatar cómo prevaleció la subordinación a los intereses mediáticos que la administración del presidente Vicente Fox ya había admitido desde el decretazo en octubre de 2002 –cuando disminuyó a la décima parte el tiempo que tiene derecho a manejar el Estado en las estaciones concesionadas de radio y televisión–. Esa capitulación para refrendar la Ley Televisa fue inicialmente unánime en la Cámara de Diputados y mayoritaria en el Senado. Todos los partidos políticos se subordinaron, en diferentes momentos, a los afanes del consorcio mediático. La clase política mexicana se sujetó a una desmedida exaltación de los medios y especialmente de la televisión. De suyo influyente, el poder de la televisión –especialmente en la etapa electoral que transcurrió en los meses recientes– fue magnificado por dirigentes y candidatos de los tres partidos nacionales que, después de amplificarlo, se arrodillaron ante él.

8. Ese sometimiento no fue unánime. En todos los partidos y en ambas cámaras se expresaron desacuerdos a la Ley Televisa. Difíciles y en algunos casos valientes, las discrepancias a la reforma diseñada para beneficiar a esa empresa hicieron evidente que la hegemonía del consorcio no es absoluta. Después de haberlas aprobado el 1 de diciembre más de cien diputados manifestaron, aunque tardíamente, su desacuerdo con esas modificaciones legales. Y más de la tercera parte de los senadores le pidieron a la Suprema Corte que reconozca la inconstitucionalidad de esa reforma. Muy especialmente destacaron el tesón y el arrojo políticos de senadores como Dulce María Sauri, Felipe Vicencio y Javier Corral que, con razones sólidas, desafiaron no sólo al consorcio mediático sino, por consiguiente, la cerrazón que se impuso en la clase política.

9. Al imponer con presiones corporativas y amagos políticos una reforma legal que le conviene, Televisa y sus promotores abrieron un flanco de repercusiones inciertas: la regulación y la situación jurídica de los medios se ha convertido, ahora más que antes, en asunto de negociación política. En abril pasado por motivos de conveniencia electoral, con la esperanza de ganar el respaldo de esa y otras empresas de radiodifusión, el PRI postergó la aprobación de las llamadas reformas paralelas. Por causas parecidas, el de los medios puede ser un tema que regrese en cualquier momento a la agenda legislativa.

10. Tampoco en el campo de los medios Televisa pudo articular un frente homogéneo. Aunque la reforma le beneficia, Televisión Azteca se mantuvo al margen durante casi todo el proceso de discusión de la iniciativa. Varias de las cadenas de radiodifusión más importantes (Radio Fórmula, Radio Mil, MVS entre otras) alentaron las expresiones críticas a la Ley Televisa. Y más de cien radiodifusores de los estados se consideraron tan mal representados por la Cámara Nacional de esa industria que se plantearon la posibilidad de escindirse de ella. Los motivos de tales discrepancias se deben fundamentalmente a que tales concesionarios y grupos tienen aspiraciones empresariales distintos a los que alientan los consorcios de la televisión. Varios de los radiodifusores que se opusieron a la Ley Televisa han querido obtener una concesión de Frecuencia Modulada por cada una de las estaciones que ya tienen en Amplitud Modulada. Esa no es una exigencia que represente el interés de la sociedad sino, simplemente, la búsqueda de un discutible privilegio. La beligerancia de algunos de esos concesionarios desapareció cuando se les hizo creer que su reivindicación quedaría satisfecha con las reformas paralelas a la Ley Televisa, pero en ellas no hay un solo apartado que garantice la asignación de las concesiones adicionales que ellos quieren. Por lo demás no hay motivos sólidos de carácter jurídico, cultural o técnico, que justifiquen la adjudicación de esas frecuencias adicionales. La oposición a la Ley Televisa no en todos los casos estuvo alentada por buenas ni reivindicables razones.

11. También se expresaron, con notable vitalidad, los medios de propiedad estatal a los que por economía de lenguaje, o para designar lo que podrían llegar a ser más que lo que son ahora, se suele denominar como medios públicos. Nos referimos especialmente al Instituto Mexicano de la Radio, Canal 11, Radio Educación, TV UNAM y docenas de estaciones de radio y televisión en los estados. Ni las vicisitudes compartidas, ni la marginación jurídica, ni el interés de sus audiencias, habían conseguido que esos medios adquiriesen la cohesión y la presencia social que lograron frente a la Ley Televisa. No sólo se manifestaron con decisión y originalidad sino que, además, actuaron con una inédita independencia respecto de la política del gobierno federal –y de muchos gobiernos estatales— ante la Ley Televisa. Hay que reconocer que en ese comportamiento fue posible gracias a la intrepidez de los directivos de esos medios así como, también, a la libertad que encontraron en los gobiernos e instituciones de los cuales dependen. También hay que reconocer que la Ley Televisa, si bien limita sus opciones de crecimiento al impedirles la explotación de servicios digitales adicionales a los de radiodifusión, no significa la desaparición de los medios públicos como algunos de los impugnadores de esas reformas llegaron a manifestar. No todo lo que se dijo contra la Ley Televisa fue cierto, ni riguroso, ni serio.

12. La decantada inquietud que la televisión suscita en algunos segmentos de la sociedad mexicana a causa de sus contenidos, parcialidades y chabacanerías pudo manifestarse, por primera vez, en torno a un asunto específico. La Ley Televisa no fue rechazada por toda la sociedad (si así hubiese ocurrido estaríamos comentando otro desenlace) pero entre los ciudadanos se extendió la sensación de que esa empresa cometió un abuso. Y en los sectores más activos, o menos desenterados de nuestra sociedad, además de esa imagen de arbitrariedad hoy existe una nueva disposición para buscar o auspiciar otros modelos de comunicación. Radios y televisoras comunitarias, medios a cargo del Estado, canales televisivos en servicios de cable y el aprovechamiento de nuevos espacios de comunicación e interacción en las redes informáticas como el podcasting comienzan a complementar, con lentitud pero consistencia, el espacio público mediático hasta ahora acaparado por las grandes empresas.

13. El interés en torno a las políticas públicas destinadas a la comunicación social alcanzó a productores, artistas, periodistas e investigadores y docentes de los medios, entre otros gremios. Varios de ellos, como la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación recuperaron, ahora con el empuje de una nueva generación de especialistas, la tradición que habían forjado dos o tres décadas antes en las primeras discusiones para actualizar la legislación de los medios en México. Los promotores de la Ley Televisa nunca pudieron acreditar legitimidad alguna para sus puntos de vista en el campo académico. En universidades públicas y privadas de todo el país la discusión sobre esa reforma y sus implicaciones congregó a decenas de miles de estudiantes y profesores.

La cuestionada Ley Televisa, y de manera más amplia el ejercicio de las leyes para los medios, seguirán siendo tema de interés público en el nuevo sexenio mexicano. Para la sociedad y especialmente para el nuevo gobierno la arrogancia de Televisa, que gracias a la sumisión de una porción significativa de la clase política pudo imponer una ley a su modo, constituye un problema y un desafío que no podrán esquivar.

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