Después de la Ley Televisa

Publicado en Zócalo de abril de 2006

No por anunciado, el abuso que el jueves 30 de marzo consumó el Senado dejó de ser escandaloso. Los 81 legisladores que aprobaron la Ley Televisa conocían los alcances, ominosos y costosos, que tendrá ese ordenamiento. No tuvieron la coartada con la que casi cuatro meses antes quisieron ampararse los diputados cuando, el 1 de diciembre, aprobaron esa reforma legal sin discusión alguna.

En el Senado, a diferencia de la otra Cámara, hubo un debate intenso y extenso pero no gracias al talante de apertura de aquellos que terminarían respaldando las modificaciones a las leyes federales de telecomunicaciones y radiodifusión, sino debido a la presión que ejercieron grupos sociales y legisladores empeñados en detener aquel plan de negocios de la empresa Televisa. Sin el tesón y la valentía de senadores como, entre otros, Dulce María Sauri, Raúl Ojeda, Manuel Bartlett, Felipe Vicencio y –destacadamente– Javier Corral, la Ley Televisa hubiera sido aprobada con tanta celeridad y silencio como en San Lázaro. Apuntalados en la opinión de instituciones estatales así como de numerosos organismos profesionales y sociales, esos senadores protagonizaron durante varias semanas un debate en el que no encontraron interlocutores a la altura de su seriedad y razonamientos.

El desenlace de ese proceso deliberativo, la tarde del jueves 30 de marzo y la madrugada siguiente, confirmó que los impugnadores de la Ley Televisa tenían argumentos de sobra. Sus contrapartes apenas hicieron una defensa hueca e inconsistente de posiciones que repetían como consigna.

Los motivos para oponerse a la Ley Televisa han sido fundamentalmente de soberanía estatal. La empresa de Emilio Azcárraga Jean se ahorrará miles de millones de dólares que, con una legislación diferente, debería entregar al Estado mexicano por concepto de derechos por la explotación adicional, para servicios de telefonía y transmisión de datos, que hará de las frecuencias televisivas de las que ahora dispone.

La inequidad de ese ordenamiento es tal que los senadores que lo aprobaron presentaron ese mismo 30 de marzo, antes de la discusión del tema, una iniciativa para enmendar las reformas legales que estaban a punto de votar. Se trata de un absurdo galimatías parlamentario: en una iniciativa distinta, los senadores Héctor Osuna y Eric Rubio propusieron modificar varios artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión que cambian o son añadidos debido a la Ley Televisa. Son alteraciones menores, pero si tanto interés tenían para promoverlas ¿por qué no las incorporaron a la ley que iban a votar ese mismo día? Televisa no quería que al dictamen original se le cambiara una sola coma para que no corriera el riesgo de ser nuevamente revisado por los diputados.

La Ley Televisa confiere más privilegios a las empresas que acaparan las concesiones de televisión. Limita la diversidad en televisión y radio. Impone criterios mercantiles a la asignación de nuevas frecuencias. Entrega de manera prácticamente indefinida los canales “espejo” que hace dos años el gobierno decidió asignar a las televisoras para que emprendan la transición hacia la TV de alta definición. Junto con todo ello, ha sido una reforma infausta porque acentuó la subordinación de un importante segmento de la clase política mexicana a los intereses de las televisoras comerciales.

Los senadores y dirigentes políticos que respaldaron esa ley con la ilusión de que Televisa ayude a sus partidos en la actual campaña electoral no sólo prefirieron un beneficio coyuntural por encima del interés de la Nación. Además cometieron un terrible error porque suponen que, con mayor presencia en los canales de ese consorcio, tendrán más votos el 2 de julio. Desde hace tiempo se ha demostrado que una exposición televisiva más intensa no está necesariamente relacionada con las preferencias de los ciudadanos a la hora de las urnas.

Más televisión no significa forzosamente más votos. Los dirigentes y candidatos presidenciales de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional que instruyeron a sus senadores para que apoyaran la Ley Televisa se apantallaron, magnificándolo, ante el de por sí formidable poder de las televisoras comerciales.

Lamentable y aciago, este episodio deja experiencias que será pertinente no abandonar. La primera de ellas es la cohesión y presencia social que alcanzaron los medios estatales que nunca como ahora han sido tan públicos. Las estaciones del IMER, Radio Educación, los canales 11 y 22, la televisión de la UNAM, demostraron por qué son necesarios. Por otra parte, nunca como ahora el de los medios había sido un tema tan presente en las preocupaciones de la sociedad mexicana. Esos pasos adelante –en medio del retroceso legal– ameritan nuevas iniciativas para, con imaginación y perseverancia, diseñar formas y espacios que les permitan actuar y expresarse a quienes delante de los medios no quieren ser espectadores sino ciudadanos.

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