Convergencia sí, pero no para unos cuantos

Los días 8 y 15 de febrero se realizó una consulta, convocada por la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, acerca del proyecto de reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La consulta estuvo dividida en seis temas, en cada uno de los cuales los convocados a ese foro presentemos nuestros puntos de vista. Esta es la participación que presenté el 15 de febrero en el tema Convergencia tecnológica.

 

La digitalización de los contenidos, aunada a la posibilidad de difundirlos de manera rápida y distante, es el eje de la actual revolución tecnológica en las comunicaciones. La tecnología es un instrumento que puede ser empleado en beneficio de los intereses y las causas más diversas. Por sí sola, la tecnología no resuelve ni propicia nada. Sus efectos dependen de la manera como se le utilice.

En todo el mundo se despliegan políticas para que los beneficios de la sociedad de la información alcancen a cada vez más personas, con cada vez mayores servicios. La minuta que se discute ahora no propicia una utilización creativa, ni capaz de incentivar la diversidad de contenidos y emisores. Al contrario, se trata de una iniciativa que tiende a beneficiar directa y ostensiblemente a los empresarios que ya disfrutan de un desmedido acceso al privilegio de difundir señales de televisión.

El meollo de ese propósito se encuentra en artículo 28 de las propuestas de reforma a la Ley de Radio y Televisión. Señalo solamente algunas de sus implicaciones.

 

Devolución de frecuencias

Como es sabido, en virtud de un Acuerdo del gobierno federal publicado en julio de 2004 los concesionarios que así lo han solicitado disponen ahora de una frecuencia adicional a la que ya tenían para, en ella, emprender transmisiones de televisión digital de alta definición. Ese canal se asigna de manera temporal pero la minuta no establece los procedimientos para que tales concesionarios, una vez cumplida la transición a ese modelo de televisión, regresen al Estado dicha frecuencia adicional. A falta de tales normas, existiría la posibilidad de que esa asignación temporal sea, en realidad, por tiempo indefinido.

A nadie perjudicaría –excepto a quienes quisieran lucrar con esa ambigüedad– que en la minuta se indique, con toda claridad, que una vez concluido el tránsito tecnológico los concesionarios le regresarán al Estado las frecuencias que les fueron asignadas de manera temporal.

 

Contraprestación por servicios adicionales

Como sabemos, la digitalización de las comunicaciones permite un mayor y mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico. En la frecuencia en la que hasta ahora solamente cabía una señal de televisión ahora pueden difundirse ese canal y, además, diversos servicios de telecomunicaciones.

La médula de esta minuta y de la discusión alrededor de ella, señores senadores, se encuentra en la manera como se aprovecharán esas nuevas capacidades que ofrece la convergencia tecnológica.

La minuta propone que esa utilización adicional del espectro electromagnético beneficie a quienes ya tienen concesiones de televisión. La propuesta de artículo 28 para la Ley de Radio y Televisión establece que, para ofrecer tales servicios, los concesionarios solamente tendrían que presentar una solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Los defensores de la minuta dicen que no beneficia de manera especial a empresa alguna y niegan que esté orientada por los intereses del consorcio Televisa. El artículo 28, sin embargo, confirma a quiénes favorecería esa iniciativa.

Recordemos que cada canal de la televisión abierta, con los parámetros técnicos que se utilizan en México, se difunde en una banda de seis megahertz. Eso significa que, en el Valle de México, en donde tiene los canales 2, 4, 5 y 9, Televisa ha dispuesto durante muchos años de 24 megahertz y recientemente de otros tantos, debido a la asignación de canales “espejo” para la transición hacia la televisión digital. Esos 48 megahertz que Televisa usufructúa en la capital del país se complementan con los que corresponden a las repetidoras y filiales que tiene en toda la República. De acuerdo con sus propios datos, Televisa dispone de 258 estaciones (incluyendo 33 afiliadas) en todo el país. Si recordamos que a cada una de ellas corresponde un canal espejo y que cada canal utiliza un espacio de 6 megahertz, tenemos que, en toda la República, ese consorcio puede explotar casi 3 mil cien [1] megahertz.

Por la utilización de esas porciones del espectro radioeléctrico Televisa no pagó un centavo –excepto cuando, a fines del gobierno de Carlos Salinas, esa empresa cubrió una cuota por varias docenas de repetidoras–. Para evaluar cuánto cuestan esos 3 mil cien megahertz a los que hoy puede tener acceso, recordemos que a las compañías telefónicas el derecho a utilizar un megahertz en el Valle de México les costó, hace nueve años, cinco millones de dólares.

Desde luego una porción del espectro radioeléctrico no cuesta lo mismo en la ciudad de México que en poblaciones más distantes de la sofisticación y el mercado tecnológicos. Pero aun así, se puede asegurar que Televisa se ha ahorrado miles de millones dólares con la política que no ha requerido del pago de derechos por la asignación de frecuencias en este país.

La novedad y el negocio adicional, ahora, radican en la posibilidad de que las empresas televisoras difundan servicios de transmisión de datos y telefonía inalámbrica en los mismos 6 megahertz que han utilizado para propagar señales de televisión. La propuesta de reforma legal que se discute actualmente establece que, por esa utilización adicional del espacio radioeléctrico, las empresas de televisión no estarían obligadas a pagar un monto adicional a diferencia de lo que han tenido que hacer, por un aprovechamiento similar, las empresas de telefonía.

Ese sería un negocio inmediato. Además habría un negocio adicional, y no de menor cuantía, con los megahertz que las empresas concesionarias podrán emplear gracias a la compresión de las señales de televisión.

Con la digitalización, los contenidos que requerían de 6 megahertz para difundirse ahora necesitan anchos de banda menores. Las transmisiones de calidad similar a la televisión analógica que hasta ahora hemos conocido, cuando se difunden digitalmente no necesitan de los 6 mhz sino de una porción menor del espectro radioeléctrico. Los 3 o 4 megahertz restantes constituyen un patrimonio muy valioso para la difusión de otros canales de televisión o de servicios de telefonía o de transmisión de datos. Sin embargo la minuta que se discute ahora no toma en cuenta esa oportunidad tecnológica. Por omisión, la propuesta de reformas deja la utilización de ese espectro sobrante al arbitrio de los concesionarios.

Una tercera opción para que haya espectro adicional al que ahora se está tomando en cuenta es la posibilidad de que la televisión digital de alta definición, que hoy en día requiere de los 6 megahertz, en un futuro cercano necesite un ancho de banda menor. También en esa situación habría espectro radioeléctrico cuya utilización no estaría explícitamente regulada.

La solución para enfrentar desde ahora estos escenarios es muy sencilla. El Senado no tiene por qué entramparse discutiendo las dimensiones ni la maleabilidad digital del espectro radioeléctrico. Lo que pueden y tienen que hacer los legisladores es establecer reglas de carácter general, cuya aplicación sea posible más allá de las eventualidades tecnológicas. Y la regla pertinente, en este caso, sería muy simple: que cualquier aprovechamiento del espectro radioeléctrico que los concesionarios hagan de manera adicional al que les ha sido autorizado para difundir transmisiones de radiodifusión, implique el pago de una contraprestación.

 

En contra de ese espíritu previsor y que reivindicaría el interés del Estado sobre el espectro radioeléctrico, el artículo 28 de la propuesta de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión indica que cuando un concesionario solicite autorización para ofrecer servicios adicionales de telecomunicaciones en la frecuencia que ya le ha sido otorgada para radiodifusión, la autoridad administrativa “podrá requerir el pago de una contraprestación”. En la elasticidad de ese verbo radica el interés de Televisa para que esa propuesta de reformas se apruebe sin cambio alguno. Al dejar ese cobro sujeto a la discrecionalidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se mantiene la posibilidad de que empresas como la que hemos mencionado presionen al gobierno –y como todos sabemos suelen y saben hacerlo con notoria eficacia– para que no les requieran esa contraprestación.

No es gratuito, como puede apreciarse, que a la propuesta de reformas que la Cámara de Diputados aprobó el 1 de diciembre se le haya denominado, para precisar con toda claridad a quiénes conviene y de dónde surgió, como la Ley Televisa.

Una simple sustitución del verbo en la primera línea del segundo párrafo del artículo 28 cerraría la puerta a la discrecionalidad que he comentado. Si se dijera que la autoridad administrativa deberá, o simplemente requerirá el pago de la contraprestación, en vez de dejar ese cobro al arbitrio de la Cofetel o la Secretaría de Comunicaciones, se resolvería ese tema que ha motivado tantas suspicacias.

El aprovechamiento de la concesión para esos servicios adicionales debería ser motivo de licitación abierta. La posibilidad de que a las televisoras se les exente del pago por esa prestación ascendería a varios miles de millones de dólares. De ese tamaño es la cantidad, señores senadores, que se escatimaría al patrimonio nacional si ustedes aprueban, sin cerrar esa puerta a la discrecionalidad, la minuta que ahora se discute.

–0–

 


[1] Exactamente, 3096 mhz

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