Nuevo clientelismo. Partidos y medios

Publicado en Nexos de marzo de 2006

Indeseables o indispensables, los medios de comunicación son un componente inevitable en la política contemporánea. Los podemos identificar como distorsionadores y simplificadores del debate político, advertir las perversidades que implica la sustitución de la deliberación por el marketing y el frecuente reemplazo de las ideas por el maquillaje. También podemos admitir que, junto con sus efectos disruptivos, los medios de comunicación de masas propagan mensajes políticos con una cobertura mayor a la de cualquier mitin; gracias a ellos conocemos, así sea de manera superficial, a los partidos, candidatos y sus perfiles políticos.

La apreciación sobre el papel de los medios en los asuntos públicos puede ser apocalíptica o integrada como dijera Umberto Eco, o casandriana y panglosiana en términos de Zygmunt Bauman [1]. Lo que no podemos hacer es ignorar los determinantes efectos que los medios tienen tanto en la creación como en la demolición de consensos en el mundo de nuestros días.

Reconocer que los medios son indispensables en la vida pública y específicamente en el quehacer político contemporáneos no significa admitir que tengan un desempeño virtuoso. De la misma manera, comprender que en todo el mundo son el eje del espacio público no implica convalidar el desempeño que tienen en México. Aquí –y ahora incluso en China– son el escenario forzoso para el proselitismo político.

En todo el planeta las campañas electorales fincan su eficacia, fundamental aunque no exclusivamente, en la capacidad que tengan para ser reconocidas en los medios. Así ocurre también en México. Pero a diferencia de numerosas situaciones internacionales, en este país la capacidad de influencia de los medios electrónicos resulta sustancialmente mayor.

En pocos sitios del mundo esos medios, y sobre todo la televisión, se encuentran concentrados en tan pocas manos como en México. En poquísimas naciones la asignación de concesiones para transmitir por radio y televisión ocurre de manera tan discrecional como en la nuestra. El poder comunicacional –y de esa manera político– que han alcanzado Televisa y Televisión Azteca no tiene parangón en ninguna democracia en el Continente. Solamente en dos países de América Latina se puede considerar que no hay auténtica competencia en la televisión. Uno de ellos es Cuba. El otro es el nuestro. Las comparaciones suelen ser antipáticas pero en este caso tendrían que resultarnos bochornosas.

La concentración de muchos medios en pocas manos tiene flagrantes consecuencias en todas las esferas de la vida pública mexicana. En el campo de la política, implica el mayor obstáculo para que podamos tener una competencia auténticamente equitativa entre los partidos que buscan el voto de los ciudadanos.

En todo el mundo los partidos y sus candidatos buscan acceso a los medios. En muchos países pueden comprar espacios en televisión y radio para difundir sus propuestas. En otros, participan de los espacios que el Estado asigna en esos medios para la competencia política. Las modalidades para regular esa propaganda son muy variadas. Hay naciones en donde prevalecen los intereses del mercado pero con plena competitividad de los partidos. En otras, se imponen limitaciones. Brasil, Colombia y Chile, por ejemplo, han establecido prohibiciones para que los partidos compren publicidad en los medios electrónicos. A cambio de ello existen espacios que los medios están obligados a abrir para que los partidos den a conocer sus posiciones [2]. En México la legislación electoral ha cubierto de manera exhaustiva –y en ocasiones obsesiva– casi todos los pasos del proceso electoral. Pero sigue careciendo de reglas suficientes para que la equidad que propicia en otros terrenos de la competencia electoral también exista en ese campo indispensable en el encuentro entre partidos y ciudadanos que son los medios de comunicación.

 

Clientes de las televisoras

En las elecciones federales de 2000, los partidos políticos gastaron más de la mitad de sus recursos en la contratación de espacios en medios electrónicos e impresos. Se ha estimado que esa erogación fue de mil 314.4 millones de pesos –calculados en pesos de 2002–[3].

Ese monto constituyó el 6% de la publicidad que en 2000 recibieron la televisión, la prensa y la radio en México [4]. En otro sitio hemos dicho que los partidos políticos se han convertido más que interlocutores, en clientes de los medios de comunicación [5].

Esa condición clientelar permite apreciar el viraje que el predominio mediático está propiciando en las relaciones políticas en nuestro país. Antes todos los actores de la vida pública, formales o extra institucionales, se encontraban subordinados al poder del Estado el cual actuaba, como bien sabemos, de manera discrecional y autoritaria. Esa relación, por lo menos respecto de los medios de comunicación más importantes, ha experimentado un drástico cambio. Ahora, en algunas ocasiones, es el poder de los medios el que impone agendas, intereses y decisiones –e incluso vetos– en distintos ámbitos del Estado mexicano. Así como en el antiguo régimen el Estado subordinaba y manipulaba clientelarmente a distintos sectores de la sociedad, ahora asistimos a la transformación de algunas de las instituciones políticas fundamentales en clientes de las empresas de comunicación más poderosas. De esas dimensiones es el cambio que nos ha conducido a afirmar, sin por ello soslayar que todavía tenemos Estado e instituciones en capacidad de cumplir con sus responsabilidades jurídicas y políticas que el poder de las empresas comunicacionales, especialmente aquellas que controlan la televisión, adquiere hoy una condición de mediocracia en nuestro país.

Reducida al ámbito del mercado, la relación entre partidos y medios de comunicación está supeditada al regateo de índole comercial pero también política. La adquisición de espacios para la propaganda partidaria en la televisión y la radio se ha convertido en un nuevo terreno de especulación y favoritismo. Ni siquiera las reglas habituales en cualquier mercado, que implican trato igual en condiciones semejantes, son respetadas en el escenario de trapicheos y regateo en que se ha convertido la compra y venta de espacios para propaganda política en televisión y radio.

Discriminación tarifaria

Convertidos en clientes, los partidos se ven sometidos a condiciones de discriminación en los medios. En otros tiempos era frecuente que les hicieran pagar tarifas más altas que las establecidas para empresas comerciales. Ahora en ocasiones los medios les cobran de manera diferenciada, privilegiando a unos partidos en perjuicio de otros.

En las campañas federales de 2003, por ejemplo, hubo empresas de radiodifusión que exigieron a algunos partidos pagos equivalentes al triple de lo que les cobraban a otros por el mismo tiempo y en los mismos programas de televisión. Con facturas que obtuvo del Instituto Federal Electoral gracias a la Ley de Acceso a la Información la reportera María Scherer Ibarra, de la revista Proceso [6], comprobó que empresas como Televisión Azteca imponen tarifas diferentes a distintos partidos políticos. Por ejemplo, la contratación de 20 segundos durante la final del futbol mexicano la noche del 14 de junio de 2003 en el Canal 13 –tres semanas antes de las elecciones federales– le costó 166 mil 666 pesos al Partido del Trabajo. Por un anuncio de la misma duración y en el mismo espacio (tan solo 5 minutos antes) el Partido Fuerza Ciudadana pagó 190 mil pesos. Un poco antes, dentro del mismo evento deportivo, minutos antes de las 10 de la noche, el Partido de la Revolución Democrática pagó 500 mil pesos por un anuncio de 30 segundos. Pero al Partido Revolucionario Institucional un anuncio también de 30 segundos y en el mismo programa –tres minutos después de las 11 de la noche– le costó, nada más, 25 mil 375 pesos. Por un spot de la misma duración aunque con diferencia de algo más de una hora, el PRD pagó veinte veces más que el PRI.

Supuestamente, las empresas de comunicación tienen que mantener las tarifas que le presentan al IFE antes de cada temporada electoral [7]. El catálogo de TV Azteca indicaba que un spot de 20 segundos en un horario como el señalado costaría 100 mil pesos y 150 mil el de medio minuto. Pero a los partidos del Trabajo y Fuerza Ciudadana les cobraron 66% y 90% por encima de la tarifa oficial. Y al PRD tres veces más en comparación con el precio notificado a la autoridad electoral. En cambio el PRI solamente pagó, por el mismo tiempo de publicidad política, la sexta parte de la tarifa oficial.

La investigación de Scherer Ibarra documentó otros casos de ese trato desigual, que anula las condiciones de equidad que la ley y la autoridad electorales tendrían que asegurarles a los partidos. La información fue tomada de facturas y relaciones de anuncios transmitidos que las empresas de radiodifusión entregaron a los partidos y luego fueron recibidas por el IFE. Al comentar aquella información de Proceso consideramos [8] que si esos abusos son posibles, se debe en primer lugar a la irresponsabilidad de los partidos que aceptan pagar montos muy superiores a los que señalan los catálogos entregados por las empresas de radiodifusión. Y si los partidos tienen tal munificencia con los medios es gracias al excesivo financiamiento que se les otorga. Gastan con tanta largueza porque el dinero que reciben no es de ellos. Es de todos nosotros.

 

Sospechosos descuentos

Tres años después se suscitó una situación inversa a aquella y de la que han sido protagonistas la misma televisora y el partido afectado con las tarifas más altas en 2003. Por la contratación de un programa mañanero y en cadena nacional al PRD y su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, Televisión Azteca les cobra una tarifa 41 veces más baja que la que estableció en el catálogo de precios entregado a la autoridad electoral. En enero de 2006 ese partido contrató 115 programas de 28 minutos, que se transmiten de 6 a 6.30 de la mañana y por cada uno de los cuales pagará 155 mil pesos. Es decir, cada minuto le cuesta 5 mil 536 pesos a ese partido

Sin embargo las tarifas que TV Azteca entregó al IFE para normar la contratación de propaganda política en sus canales establecen que el minuto de publicidad para los partidos, en el horario considerado “no estelar” –de 6 a 17 horas– costaría 222 mil 500 pesos. Eso implica que, al PRD, TV Azteca le está cobrando 40.7 veces menos. Si a otros partidos la televisora se rehusara a cobrarles esa tarifa, entonces habría una situación de inequidad en la competencia electoral.

Desiguales hacia arriba, o al ofrecer a unos descuentos que no se les conceden a todos, los partidos políticos se encuentran subordinados a las condiciones que establecen las empresas de radiodifusión para la transmisión de mensajes políticos. El remedio a esa abusiva situación lo conocemos todos pero casi nadie, en el mundo político mexicano, se anima a ponerlo en práctica. Desde otra experiencia el experto español Manuel Alcántara ha señalado con precisión: “Un tema vinculado con el anterior es el del financiamiento de las campañas políticas. Un minuto en la televisión es más importante que una hora en el Parlamento. Y cuando la TV está en manos privadas es muy caro pagar el minuto… si hay algo que corrompe el proceso democrático, es la búsqueda de fondos para pagar el tiempo de publicidad televisiva. Y hay una respuesta para ello: dado que el espectro que se usa, tanto para la radio como para la TV, es público, el público debería poder usarlo de la manera que estimara más conveniente” [9]. Eso es, precisamente, lo que no está ocurriendo en México.

–0–


[1] Zygmunt Bauman, La sociedad sitiada. FCE, Buenos Aires, 2004.

[2] Juan Rial, “Financiamiento político. El acceso de los partidos a los medios de comunicación”. En Steven Griner y Daniel Zovatto, De las normas a las buenas prácticas. El desafío del financiamiento político en América Latina. OEA e IDEA. San José, Costa Rica, 2004.

[3] De acuerdo con estimaciones de Luis Emilio Giménez-Cacho, “La hora de las cuentas. Para saber cómo gastan los partidos”. Configuraciones, revista del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Número 12-13. México, abril-septiembre de 2003.

[4] El gasto publicitario total en 2000 fue de 22 mil 159 millones de pesos, según la Cámara de la Industria de Radio y Televisión.

[5] Estos datos y una discusión más amplia al respecto se encuentran en nuestro ensayo “Medios, el nuevo poder real ante el Estado mexicano” en Jorge Alonso y Alberto Aziz, El Estado mexicano. Herencias y cambios. Tomo III. CIESAS-Porrúa, México, 2005.

[6] María Scherer Ibarra, “Tarifas a conveniencia”. Proceso 1444. Suplemento. 4 de julio de 2004.

[7] El artículo 48 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su inciso 2 que, al comienzo de cada temporada de campañas, los concesionarios de radio y televisión deben entregar al IFE su catálogo de horarios y tarifas. Con tal medida se pretende que ningún partido esté obligado a pagar más que otros y que los precios de la publicidad política no sean superiores a los que se cobran por anuncios comerciales.

[8] “Este sí es un escándalo”. La Crónica de Hoy, 9 de julio de 2004. El partido de futbol durante cuya transmisión TV Azteca cobró esas tarifas diferenciadas era entre los equipos Morelia y Monterrey.

[9] Manuel Alcántara Sáez, “Partidos políticos en América Latina: precisiones conceptuales, estado actual y retos futuros”. En Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD). La democracia en América Latina Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. contribuciones para el debate. Buenos Aires, 2004, p 118.

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One thought on “Nuevo clientelismo. Partidos y medios

  1. Raúl Trejo Delarbre, muchas gracias por compartir tanta información y de tan buena calidad. Ha contribuido fuertemente a fundamentar una parte importante de mi investigación.

    Por supuesto toda la información estará referenciada.

    Gracias!!

    Elena Ramos j.

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