Poderes salvajes, democracias baldadas

Capítulo del libro Poderes salvajes. Mediocracia sin contrapesos. Ediciones Cal y Arena, México, 2005.

Audiencias arrebatadas,

ciudadanía de baja intensidad

Los poderes salvajes se han constituido en el desafío principal de la democracia en nuestros días. Con gran esfuerzo las sociedades contemporáneas han conseguido democratizar sus regímenes políticos o están en curso de hacerlo. En todo el mundo –y América Latina ha tenido en esa tarea una destacada etapa que posiblemente haya culminado con las elecciones mexicanas de 2000– distintos procesos de cambio político se han traducido en el establecimiento de gobiernos legitimados en elecciones limpias cuyas reglas y resultados han sido admitidos por los actores de la competencia política. Esa coincidencia de elecciones, reglas y acuerdos ha sido considerada como razonablemente democrática.

Sin embargo la preeminencia que tienden a alcanzar los poderes salvajes no solo para contrariar o delimitar la soberanía derivada de las decisiones de la sociedad en las urnas sino para constituirse en fuerzas paralelas a las que articulan el quehacer político institucional, amenaza hoy con enfrentarse al enorme esfuerzo invertido en transiciones democráticas como las que hemos presenciado en estos años.

El destacado profesor Luigi Ferrajoli ha formulado una tipología de tales poderes. En ella incluye una amplia gama de grupos, pandillas e intereses que amenazan la estabilidad institucional de las sociedades y los Estados contemporáneos. Los poderes del terror y el crimen, desde los grupos de carácter político que desafían la fuerza del Estado como apuesta deliberada hasta las mafias hoy en día mas extendidas que nunca gracias a la internacionalización del tráfico de narcóticos y de muchos otros productos y servicios ilícitos, encabezan el inventario de ese pensador italiano. Luego están los criminales que actúan dentro de las instituciones y que en el país de Ferrajoli han llegado a ser estructuras paralelas al poder estatal, por ejemplo logias y redes de corrupción. Ese autor identifica en tercer término a los poderes privados de carácter extralegal; “sobre todo los macropoderes económicos que, en ausencia de límites y de controles legales, tienden a desarrollarse con dinámica propia, arrollando las garantías de los derechos de los trabajadores, los principios de transparencia y concurrencia, los intereses públicos y los derechos sociales, condicionando fuertemente la esfera de los poderes públicos” [1]. En cuarto término están los que el mencionado filósofo del Derecho denomina “poderes públicos extralegales” entre los que menciona la preponderancia de la ley del más fuerte en los conflictos internacionales.

 

Transiciones inacabadas,

fuerzas sin control

Aquellos macropoderes económicos que no atienden a controles ni límites capaces de acotarlos han sido denominados, por otros autores, como poderes fácticos. Las corporaciones económicas, las iglesias, los grupos sociales con capacidad específica de presión, incluso en ocasiones los ejércitos, han sido considerados entre esos poderes para los cuales no hay una definición categórica ni, por lo general, una atención específica desde el análisis académico. La ciencia política se ha dedicado mucho más a estudiar articulaciones y modos del poder político y sus instituciones, dejando a un lado –salvo excepciones– el examen crítico de esos poderes paralelos cuya influencia llega a ser mayor que la de los partidos o de los representantes de los ciudadanos.

Los poderes fácticos (catalogados como “instituciones de las que por su importante peso social pueden influir de hecho en la política del país” [2]) allí han estado siempre. En ocasiones han sido entendidos como el entramado inevitable del ejercicio de la actividad pública. En otras se les ha considerado contrapesos al poder institucional y en tal virtud fuentes de influencia deseable ante los excesos de quienes lo ejercen. Pero hay poca atención, hasta ahora, a la capacidad multiplicada por la acumulación económica que crece en cada alianza que emprenden y extendida gracias a la globalización contemporánea que esos poderes de hecho, y a menudo no de derecho, han alcanzado.

Lo mismo les ha sucedido a las sociedades y sus dirigentes políticos en nuestros países. Durante difíciles etapas nos hemos empeñado en transformar la institucionalidad del Estado y las formas de representación política. Hemos reformado, en ocasiones con sintomática puntillosidad, las leyes para celebrar elecciones. Le hemos reconocido al sufragio la enorme importancia que tiene para instituir o refrendar consensos. Hemos impulsado regímenes de partidos derivados de la convicción de que las decisiones fundamentales y la conciliación de posiciones distintas tienen que procesarse en el quehacer político, el cual encuentra su mejor realización en el cotejo partidario. Gracias a tales transformaciones hemos arribado a estadios razonablemente aceptables que a algunos les permiten considerar que llegamos a la culminación de nuestra transición democrática y a otros, que ya nos encontramos instalados en ese proceso.

Todo eso ha estado muy bien. Pero mientras más avanzamos en tales procesos más advertimos que se trata de transiciones incompletas, o de democracias baldadas. La nueva institucionalidad que se ha creado no siempre compromete a todos los actores de la vida pública, o no de la misma manera. Y sobre todo, al margen de las revitalizaciones y reestructuraciones que se conciben para la institucionalidad estatal, hay poderes fácticos que crecen y no en beneficio sino en demérito de la democracia.

Cuando quedan al margen de la ley, o cuando las leyes no son suficientes para acotarlos, y cuando de ellos surgen abusos y exacciones de diversa índole en contra de los derechos de los ciudadanos, tenemos que esos poderes de hecho se convierten en salvajes al estilo de los que explica el profesor Ferrajoli.

 

El poder de los jueces,

necesario y riesgoso

Entre los poderes que en una democracia se salen de cauce, o adquieren tal preponderancia que resultan desequilibrados en comparación con otros, se encuentra el poder de los jueces.

El poder judicial es parte de la civilización. No hace falta insistir en la necesidad de que sea sólido, autónomo y respetado. Pero en distintas experiencias nacionales recientes algunos jueces ha adquirido un protagonismo tan excedido y sus indagaciones y fallos se han encontrado tan imbricados con la espectacularización de los asuntos públicos que no siempre sus decisiones han podido estar orientadas por un escrupuloso apego a las leyes. Cuando los asuntos públicos más relevantes se resuelven no por la vía de la política sino por decisiones judiciales, nos encontramos ante carencias graves en la capacidad de las normas para dirimir las confrontaciones entre los actores públicos sin necesidad de acudir al recurso último que es la acción de los jueces. En esos casos, además, nos encontramos en una situación de debilidad de las instituciones políticas.

Pero cuando la acción de los jueces se mezcla con la publicidad, estamos ante el riesgo de que la justicia quede supeditada al sentido común, no siempre razonable, que prevalezca en la sociedad en un momento determinado.

El escritor francés Alain Minc ha insistido en los riesgos que implica el encuentro de jueces, medios de comunicación y la llamada opinión pública –especialmente aquella que se establece a partir de encuestas–. “Medios de comunicación y justicia se alimentan mutuamente. El juez de instrucción… se convierte en un poder cuasi omnímodo cuando utiliza la prensa como caja de resonancia. Y es que una inculpación pública equivale a un juicio. La presunción de inocencia desaparece y el verdadero juicio en primera instancia se asemeja a un veredicto de la opinión pública lo que, a su vez, transforma las apelaciones a las más altas instancias judiciales en ultima ratio. Pero esta tendencia no proporciona un nivel jurisdiccional suplementario para mayor protección de los encausados, porque el primer juicio, el de la opinión pública, equivale siempre a una condena” [3].

 

El Estado es inevitable

El actual poder de los medios se ajusta puntualmente a la noción de poderes salvajes que mencionamos anteriormente. Las empresas de comunicación siempre son poderes de hecho, influyentes sobre los asuntos públicos y con agendas que no necesariamente corresponden a los intereses de la sociedad. Pero la formidable capacidad para propagar mensajes que han alcanzado gracias al desarrollo de la tecnología y las alianzas corporativas que han emprendido en los más variados sitios del mundo han convertido a los medios ya no solo en parte del espacio público sino, con frecuencia, en casi incontrolables monopolizadores de él. En palabras del español Sánchez Noriega: “un gran grupo mediático se convierte en un poder fáctico que, en el espacio político, tiene capacidad para boicotear determinadas leyes o difundir demandas concretas en la opinión pública y, al mismo tiempo, posee capacidad de resistencia frente a las imposiciones del poder político” [4].

A los medios de comunicación contemporáneos les hace falta tener contenidos útiles y creativos, independientemente de los criterios de calidad con que se les evalúe. Acaparar la audiencia con programas de gran espectacularidad sin duda es atractivo para cualquier empresa de ese ramo. Pero después del estrépito inicial los públicos, tarde o temprano, se preguntan qué les ha dejado la contemplación –por ejemplo, en series como Big Brother– de varios individuos confinados a llevar durante varios meses una vida tan artificial como intensamente acechada.

Ese, como cualquier otro modelo de televisión se encuentra sujeto a la tensión constante entre el interés mercantil y su atadura al rating y, de otra parte, el interés de los ciudadanos. En última instancia, esa relación desemboca siempre en las responsabilidades de los medios. Incluso en una economía regida por las más atroces pulsiones del mercado y precisamente porque esa voracidad mercantil existe, resultan necesarias las fuentes de moderación y responsabilidad que se encuentran en la autorregulación y las leyes.

Para los medios siempre es útil ceñir sus contenidos a parámetros éticos que reivindiquen el interés de la sociedad y no solamente la avidez por el rating. Las empresas mediáticas que se comprometen con principios de esa índole resultan más confiables para los ciudadanos. Pero como ninguna actividad que tenga repercusiones sociales puede autorregularse eficazmente a sí misma, también se precisa de leyes que definan y acoten el ejercicio del poder que tienen los medios de comunicación.

Hoy en día parece haber quedado claro que, incluso en los modelos de organización política y social más dúctiles a las necesidades de expansión del mercado y sus capitales, hay tareas de regulación que solo pueden ser desempeñadas por el Estado.

El Estado es inevitable. Todavía de cuando en cuando se escuchan voces que hablan de él como si fuese una maldición a la que es preciso exorcizar. Pero sintomáticamente, y eso vale tanto para individuos como para corporaciones, muchos de quienes descalifican al Estado se encuentran entre aquellos que se disputan el privilegio de encabezarlo o influir en él.

La regulación estatal es uno de los recursos que tiene la sociedad para que sus intereses sean considerados en las decisiones que les afectan (entre ellas, el funcionamiento de los medios de comunicación). Ciertamente estos no son los mejores tiempos para el Estado, que a veces se encuentra tan escaldado por los cuestionamientos externos y por los abusos de quienes lo encabezan que pareciera destinado a ocupar un sitio marginal. Sin embargo, como apunta en otro libro el ya citado Alain Minc, el Estado: “Si persevera en su modo de ser, si quiere producir servicios, si se juzga protegido en su propia esfera e indiferente al mercado, está condenado. Si, por el contrario, toma conciencia de lo posible y acepta cambiar su oficio de productor por el más esencial de regulador, habrá de corresponderle un rol cardinal”. La disyuntiva es “o bien un mercado más o menos regulado, o bien un mercado desregulado, es decir, la jungla” [5].

 

El mercado mediático

se autoprotege

En el campo de la comunicación, uno de los requisitos para propiciar contenidos congruentes con la heterogeneidad y los intereses de las sociedades a las que se dirigen es la diversidad de medios. En la medida en que las decisiones acerca de qué se difunde y para quiénes, son tomadas desde distintas perspectivas y no solo una, las opciones de comunicación serán más variadas y los públicos podrán ejercer su libertad para recibir un mensaje u otro. Eso vale tanto para medios convencionales (como la televisión y la radio) como para la Internet.

Sin embargo, con frecuencia esa diversidad de opciones queda limitada por la concentración de los medios de comunicación. Más que en torno a proyectos tecnológicos o a contenidos y mensajes, la convergencia mediática de la actualidad se desarrolla en el campo de las alianzas empresariales. Se trata de una tendencia internacional, relacionada con la expansión de la tecnología pero fundamentalmente con la asociación de capitales en su búsqueda de mayores o más fáciles rendimientos. Como parte de las fuerzas que mueven la economía contemporánea la asociación de firmas en la industria de las comunicaciones es una realidad inevitable. Pero tiene que estar circunscrita tanto por las reglas que hay en toda economía de mercado para evitar las prácticas monopólicas, como por normas específicas que propicien la pluralidad y la responsabilidad en los contenidos de los medios de comunicación.

En distintas latitudes se expresan preocupaciones fundadas ante los efectos que puede tener una concentración excesiva de los medios de comunicación. El profesor Lawrence Lessig de la escuela de leyes de la Universidad de Stanford, ha recordado el gran desafío que implica el papel dominante de unas cuantas empresas en el negocio de la música: “Un puñado de compañías controlan más del 80% de la música en el mundo. Esas compañías controlan no solo la distribución sino el mercado donde los artistas tienen que vender sus almas a una firma grabadora precisamente para tener el derecho a desarrollar música que se pueda distribuir”.

El mismo autor considera que ese modelo económico pudiera estar siendo desplazado por el espacio de exposición y producción mediática que puede constituir la red de redes: “Ese es el modelo del último siglo. Las razones económicas que podrían haber justificado esa estructura apretadamente controlada han desaparecido. La Internet puede sostener una competencia en la producción y la distribución mucho mayor que (si fuera posible con) las cinco compañías dominantes” [6].

Lessig, que ha destacado por su interés para encontrar reglas que permitan organizar el desarrollo de la Internet sin restringir las libertades que la singularizan, se ha ocupado de la aglutinación mediática y sus perversidades en un trabajo más reciente. En Estados Unidos, explica: “La propiedad de los periódicos se ha vuelto más concentrada. Hoy en los Estados Unidos existen menos 600 periódicos diarios menos de los que había ochenta años antes y diez compañías controlan la mitad de la circulación nacional. Hay veinte grandes editores de periódicos en los Estados Unidos. Los diez principales estudios cinematográficos reciben el 99 por ciento de todas las ganancias en el cine. Las diez compañías de cable más grandes concentran el 85 por ciento de todas las ganancias en la industria del cable. Hay un mercado lejano de la prensa libre que los reguladores tratan de proteger. Sin duda, es un mercado que está bastante bien protegido –por el mercado–” [7].

Desbordada influencia

sin rendición de cuentas

La presencia cotidiana y cautivadora que tienen sobre la sociedad multiplica la influencia de los medios. Las empresas de comunicación y sus operadores adquieren tal dominio que quienes tienen poder en otros ámbitos –gobernantes, legisladores, e incluso jerarcas de los poderes extralegales como los clérigos y en ocasiones hasta los capos criminales– suelen doblegarse ante el vasto poder de los medios.

Esa influencia tiene implicaciones culturales, educativas y políticas, entre otras. Pero en el terreno de los derechos se produce una enorme disparidad entre el imperio de los medios y el desamparo que frente a ellos suelen padecer los ciudadanos, independientemente de la relevancia pública que tengan.

De entre los poderes salvajes o no regulados, el de los medios de comunicación es el de más contundente expansión en el mundo contemporáneo. Los italianos conocen bien esa capacidad que llegó a traducirse, junto con otros factores, en el éxito electoral de Silvio Berlusconi.

Unos días antes de las elecciones de mayo de 2000, cuando la opción mediática ganaría el gobierno de Italia, Umberto Eco promovió un llamamiento a sus compatriotas en donde decía que aquel domingo habría un referéndum moral. El electorado de Berlusconi, explicaba, “lee pocos periódicos y poquísimos libros, poco le importa que se instaure un régimen de hecho, que no disminuiría, antes bien, aumentaría la cantidad de espectáculo a la que ha sido acostumbrado”.

“Es un electorado –añadía Eco– producido por nuestra sociedad, con años y años de atención a los valores del éxito y de la riqueza fácil; que ha sido generado también por la prensa y la televisión que no son de derechas; que es producto de los desfiles de modelos procaces, de madres que abrazan finalmente al hijo que ha emigrado a Australia, de parejas que obtienen el elogio de los vecinos porque han exhibido sus crisis conyugales delante de una cámara; es un electorado producido asimismo por lo sagrado transformado a menudo en espectáculo, por la ideología de que basta agradar para vencer, por el escaso encanto mediático de toda noticia que diga lo que las estadísticas demuestran… este electorado encantado es el que hará ganar al Polo. La Italia que tendremos será la que ellos hayan querido” [8].

La preeminencia mediática no basta para explicar procesos políticos como el mexicano de 2000 o el italiano del siguiente año anterior. Pero al mismo tiempo, hay procesos cuyo desenlace no se explicaría sin el concurso de los medios.

El problema con los medios no es su vasta presencia delante de la sociedad, ni el hecho de que tengan agendas privadas, sino la ausencia de contrapesos en el espacio público y, en el terreno del derecho, de regulaciones eficaces. Se han convertido, o están en tránsito de ser, una mediocracia sin mediaciones como le hemos llamado en otro sitio.

Los medios llegan a desempeñar un papel muy valioso en la edificación y la preservación de la democracia y en el afianzamiento del Estado de derecho. Por ejemplo, pueden y suelen llegar a cumplir tareas de enorme utilidad en la supervisión de las acciones y decisiones del poder público. La rendición de cuentas, o accountability, encuentra en los medios eficaces espacios de exigencia ante los gobernantes. El periodismo de investigación, cuando se hace con meticulosidad y sin tener al escándalo como forzoso afán, llega a contribuir a que la sociedad escudriñe al poder público.

Pero los medios no sustituyen la tarea de las instituciones, ni a las leyes, en la vigilancia del gobierno y los funcionarios públicos. Cuando creen que el periodismo es el contrapeso principal del poder, los informadores se arrogan una representación social que no tienen.

Entonces, las condiciones son propicias para que los medios se constituyan en fiscales del poder y el resto de la sociedad. Son muy inquisitivos con todos pero no suelen tolerar el menor escrutinio. Al estar al margen de mecanismos formales de rendición de cuentas, los medios de comunicación adquieren una impunidad de la que no disfruta ningún otro actor de la vida pública. La ausencia de regulaciones eficaces forma parte de las condiciones en las que esos poderes salvajes incrementan su presencia social.

Uno de los recursos para atemperar o al menos identificar el desempeño de los medios radica en la observación organizada por grupos y ciudadanos preocupados por estos temas. Las nuevas tecnologías de la información, especialmente la Internet, constituyen plataformas útiles para dejar registro y hacer promoción a las tareas de seguimiento del comportamiento de los medios.

No hay motivo para que las grandes corporaciones mediáticas supongan que están al borde de la extinción. Pero sí lo hay para que no dejen de tomar en cuenta las nuevas tendencias del intercambio y la generación del conocimiento –y por lo tanto de mensajes y contenidos de toda índole– que se desarrollan en la Internet. La red de redes no sustituirá a los medios de propagación más amplia pero constituye lo mismo parte de su nuevo entorno que, aun de manera incipiente, un espacio en donde se manifiestan contrapesos y eventualmente opciones a los contenidos de los medios convencionales. Los grupos de observación de los medios, así como agrupaciones de consumidores de mensajes mediáticos y otras organizaciones civiles de ese corte encuentran en la Internet un espacio propicio, y cada vez más influyente, para expresarse y crecer.

A falta de regulación,

sujeciones extra jurídicas

Sin embargo, por lo general la atención crítica a los medios sigue siendo marginal en comparación con la relevancia pública que alcanzan. Al ubicarse por encima de controles formales e informales, esos poderes salvajes –específicamente el poder sin contrapesos ni regulaciones eficaces de los medios de comunicación– pueden llegar a ser el problema central de las democracias contemporáneas. Las reflexiones de Ferrajoli parecieran aludir a la situación de los medios en países como México cuando dice que no solamente entre el Estado y la sociedad hay relaciones de potestad / sujeción sino también en el campo de la sociedad misma:

“Relaciones verticales y por tanto asimétricas de potestad / sujeción existen por el contrario, como bien lo sabemos, también en las relaciones privadas de las cuales está tejida, natural o artificialmente, la sociedad civil. A falta de regulación jurídica, estas relaciones se manifiestan bajo la forma de poderes y sujeciones extra jurídicas y tendencialmente salvajes: o porque se desarrollan dentro de roles e instituciones jurídicas abandonadas a dinámicas sustancialmente libres e incontroladas, o porque se desarrollan fuera de cualquier rol o institución jurídica y bajo formas puramente extra-legales o ilegales… Es claro que estos poderes, tanto más si no están regulados, son fuentes, más que de desigualdades, también de no-libertades” [9].

En México, como tanto se ha insistido en este libro, las leyes para los medios de comunicación en algunos casos son tan obsoletas que casi nunca se aplican, o no registran los avances tecnológicos que han ocurrido en ese campo en las últimas cuatro décadas. Al margen de ese marco jurídico, los dueños de empresas radiodifusoras y periodísticas suelen establecer arreglos casuísticos con el poder político. Y sobre todo, persiste la ausencia de una reglamentación específica que ampare los derechos de los ciudadanos ante posibles abusos de los medios.

Si la democracia se sustenta en la igualdad de los ciudadanos para intervenir en las decisiones básicas los medios llegan a entorpecer, cuando no a obstaculizar de plano, esa participación. Más allá del sufragio y las reglas para los procesos políticos lo que importa de una democracia, dice Guillermo O´Donell, es su calidad. “Los ciudadanos son la contrapartida individual de un régimen y un estado democráticos. Se supone que el conjunto de derechos sancionados en las constituciones modernas protege y potencia a los ciudadanos. El fundamento de la ciudadanía es la premisa de la autonomía de todos los individuos y, consecuentemente, de su igualdad básica… Una ciudadanía efectiva no consiste únicamente en votar sin coacción: es también un modo de relación entre los ciudadanos y el estado, y de los ciudadanos entre sí. Es una modalidad continua de relación, antes, durante y después de las elecciones, entre individuos protegidos y potenciados por su condición de ciudadanos” [10].

El mismo O’Donell considera que en democracias como las que se han desarrollado recientemente en América Latina existe “una ciudadanía trunca o ‘de baja intensidad’ ” [11]. No es una ciudadanía plena debido a insuficiencias y abusos en la aplicación de la justicia, o a la violencia y las presiones de los poderes fácticos. En esas condiciones que demeritan el ejercicio de la ciudadanía podemos incluir a las que establecen, o contribuyen a establecer, los medios de comunicación.

Arrebatados por la seducción mediática, los ciudadanos suelen quedar reducidos a espectadores. Pero además los medios, que en circunstancias como las que se han descrito en este libro llegan a ser poderes más allá de controles legales y solo excepcionalmente regidos por autocontroles de carácter ético, no acostumbran considerar a sus destinatarios como ciudadanos, sino como consumidores. Esa concepción tiene implicaciones culturales y comerciales pero también legales. Cuando el individuo que forma parte del público de los medios no tiene recursos jurídicos para defenderse con eficacia de calumnias o difamaciones, o cuando amplios segmentos de la población no tienen derecho a comunicarse a través de medios que para difundir sus mensajes usufructúan un recurso público –el espacio radioeléctrico– estamos ante una inequidad que erosiona el carácter ciudadano de la sociedad.

Por eso decimos que el de los medios es un asunto que atenta contra la democracia. Por eso creemos que, con todo lo fundamental que puede resultar, no basta con reformar al Estado de la misma manera que nuestra democracia no depende solo del respeto al sufragio. También hace falta que a los poderes fácticos se les quite su carácter salvaje. Y para ello nada mejor que incorporarlos a un proceso de civilización, que tiene que incluir reformas legales pero también el desarrollo de una cultura cívica capaz de acotarlos, resistirlos y convivir con ellos.

 


[1] Luigi Ferrajoli, El garantismo y la filosofía del derecho, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, pp. 128-129.

[2] Manuel Seco, et al, Diccionario del español actual. Aguilar, Madrid, 1999. Tomo II, p. 3595.

[3] Alain Minc, La borrachera democrática. Temas de hoy. Madrid, 1995, p. 97.

[4] José Luis Sánchez Noriega “El verdadero poder de los medios de masas”. Latina, revista de comunicación social, número 13, de enero de 1999, La Laguna, Tenerife, http://www.lazarillo.com/latina/a1999c/143noriega.htm

[5] Alain Minc, http://www.capitalismo.net. Paidós, Buenos Aires, 2001, pp. 187 y 209.

[6] Lawrence Lessig, “The Dinosaurs Are Taking Over”, Business Week Online, mayo 13 de 2002. Disponible en:

http://www.businessweek.com/magazine/content/02_19/b3782610.htm

[7] Lawrence Lessig, Free Culture. How big media uses technology and the law to lock down culture and control creativity. The Penguin Press, New York, 2004.

[8] Umberto Eco, “Las elecciones italianas, un referéndum moral” El País, Madrid, 10 de mayo de 2001. El Polo era la alianza de derechas que respaldó la candidatura de Berlusconi.

[9] Luigi Ferrajoli, “Contra los poderes salvajes del mercado. Para un constitucionalismo de derecho privado”. En Miguel Carbonell et. al., coords., Estrategias y propuestas para la reforma del Estado. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

[10] Guillermo O’Donell, Contrapuntos. Paidós, Buenos Aires 1997, p. 348.

[11] Ibid.

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