Legislar para los medios

Publicado en Nexos en marzo de 2005

Legislar para los medios de comunicación significa reconocer la enorme e insoslayable importancia que han alcanzado en la vida pública contemporánea. En todo el mundo hay reglas para el desempeño de los medios. Se les considera, en los marcos jurídicos, como industrias con funciones específicas en la economía, como actores de la vida pública con influencia y responsabilidades peculiares y como espacios en la creación y difuminación de consensos políticos.

Legislar para los medios con un sentido política y culturalmente moderno implica:

 

Reconocerlos como territorios centrales del espacio público contemporáneo. No hay agentes de promoción cultural, transmisión de noticias y creación de acuerdos más activos e influyentes que los medios de comunicación de masas. Ese carácter interviene en la concepción que los ciudadanos construyen acerca del mundo y de sí mismos y, desde luego, en las maneras como ejercen sus atribuciones y derechos. Los medios influyen en la creación de identidades –globales, nacionales, locales– no de manera exclusiva o determinante pero sí con tanta fuerza que sería imperdonable no promover en ellos la diversidad existente, y además deseable, en las sociedades contemporáneas.

Identificándolos como industrias culturales, Néstor García Canclini ha explicado puntualmente esa centralidad de los medios y la pertinencia de favorecer sus efectos virtuosos –y no los de carácter contrario– con un marco jurídico moderno: “Necesitamos actualizar las leyes y crear otras nuevas, porque las industrias culturales han pasado a ser predominantes en la formación de la esfera pública y la ciudadanía, como lugares de información, sensibilización a las cuestiones de interés común y deliberación entre sectores sociales. Desde el siglo XIX y hasta mediados del XX, estas funciones habían sido cumplidas por la literatura, las artes visuales y la música, que proporcionaron recursos para reflexionar sobre el origen de la nación, sobre el carácter distintivo de cada cultura y para elaborar los signos de identidad. Recordemos el significado del muralismo mexicano, de la literatura histórica o del «boom» en Argentina, Perú, Colombia, México y otros países. La radio y el cine contribuyeron a este proceso desde los años 40 y 50, pero fue en las últimas tres décadas cuando las industrias culturales se volvieron protagonistas de los imaginarios sociales. Por eso, participar en el intercambio mediático es ahora decisivo para ejercer la ciudadanía” [1].

Entender su ascendiente en la solidificación –pero también en la devastación– de la democracia. En todos los cambios políticos de las últimas décadas del siglo XX –desde la caída de las murallas ideológicas en Europa del Este y la transformación sudafricana hasta las transiciones sudamericanas y la alternancia en México– los medios de comunicación han tenido un papel esencial. Ninguna transición, igual que ningún resultado electoral, se deben únicamente a la influencia de los medios. Pero difícilmente se puede explicar el desenlace de un proceso de ajustes políticos o de unos comicios relevantes sin la presencia que hayan tenido la televisión y la radio.

A fin de que contribuyan a reforzar y no a paralizar a la democracia, es preciso que en los medios electrónicos se aseguren condiciones equitativas para el acceso de todos los participantes en las disputas electorales. Pero además, es pertinente que se les reconozca como espacios privilegiados en la construcción de la ciudadanía. En palabras de la directora de la televisión pública española:

“El papel de la televisión es central en una sociedad democrática. Conforma las pautas culturales de esa sociedad, canaliza la libertad de expresión y el derecho a la información. Transmite valores, canaliza la información política (cada vez más condicionada por el soporte audiovisual) y es un instrumento esencial de relación de la ciudadanía. No sólo con su propio entorno, sino con otras realidades, con el escenario internacional. Es también una vía de ocio, de entretenimiento, de acceso a la cultura, al cine, a determinados aspectos de la formación, a servicios esenciales. Y no sólo cumple una función de servicio público cuando garantiza el derecho a la información de la ciudadanía. Lo hace también cuando contribuye a su formación cívica, cultural, social, a su educación entendida en sentido profundo, universal, incluso a extender pautas de conducta en campos como la sanidad, la prevención de accidentes, la atención a los sectores más vulnerables de la sociedad, la educación a distancia. Cuando contribuye a generar una conciencia crítica colectiva. También juega un papel reequilibrador en lo social, en lo cultural y en lo económico: ayuda a hacer realidad la igualdad de oportunidades y puede ser un complemento de primer orden en el proceso educativo… Y, sin lugar a dudas, es, ya, un instrumento insustituible y omnipresente en el proceso de participación democrática de las sociedades avanzadas…” [2].

Propiciar y garantizar diversidad y pluralidad en su oferta de mensajes. Sintonizar es elegir. Atender a una estación de televisión o radio es –o debiera ser– apostar por una opción. Al detener la búsqueda en el cuadrante radiofónico o en el dial del televisor depositamos nuestra confianza, o nuestro interés al menos, en una emisora para nutrirnos de informaciones o entretenernos.

Uno de los rasgos de la ciudadanía moderna es la capacidad de elegir [3]. Pero en el consumo de la televisión y la radio, las posibilidades entre las que podemos seleccionar a veces son tan exiguas que difícilmente se ejerce, allí, una decisión equilibrada. En México, en donde dos corporaciones acaparan el 80 por ciento de las frecuencias de la televisión comercial y otras 9 o 10 más del 60 por ciento de la radio, la concentración de muchos canales en pocas manos es un obstáculo para que los ciudadanos tengan un abanico de opciones mediáticas suficientemente diverso. Al estar supeditados al interés –financiero, ideológico, político– de unos cuantos empresarios, el esparcimiento, la información y la cultura política de la sociedad tienden a ser fragmentarios e incompletos.

La escasez mediática suele ser de cantidad pero, también, de calidad. El empobrecimiento que implican muchas frecuencias al servicio de unas cuantas maneras de ver al mundo empeora cuando los contenidos de esas televisoras y radiodifusoras están orientados por la ganancia fácil, la complacencia acrítica y la concepción de sus públicos como consumidores maleables y condescendientes.

Un marco jurídico que propicie la pluralidad y la diversidad coadyuva, de manera muy importante, para que los ciudadanos reciban contenidos mediáticos menos limitados.

Favorecer la competencia y el contraste. En una sociedad de mercado la competencia tendría que ser un factor de alicientes y equilibrios en todas las áreas –a excepción de aquellas que se reserva el Estado–. Sin embargo, en la industria de la comunicación la fusión de cada vez más empresas alrededor de unas cuantas y poderosas corporaciones se está convirtiendo en factor de sujeción a una limitada colección de intereses. La inversión para producir con creatividad, la búsqueda de contenidos menos adocenados, la incursión en géneros y formatos nuevos y la innovación tecnológica, entre otros rasgos, suelen estancarse cuando no hay competencia entre las empresas mediáticas.

En ocasiones, las corporaciones que se benefician de ese acaparamiento se oponen a la regulación del mercado comunicacional alegando que atenta contra la libertad de empresa. Pero lo que ocurre es precisamente lo contrario. Lo que atropella la libertad para emprender, invertir, crear y ofrecer servicios en el terreno de la comunicación es la concentración monopólica –duopólica se le ha llamado en el caso mexicano– y sobre todo la contumacia de los beneficiarios de ese acaparamiento para mantener tales privilegios.

Para que haya un auténtico mercado –en este caso de mensajes, ideas y propuestas culturales en el sentido más amplio del término– se requieren reglas y autoridad capaz de aplicarlas. Hace poco, un diagnóstico de las dificultades que imponen los monopolios al mercado de las telecomunicaciones decía que la regulación es necesaria para promover el interés público porque frena los excesos del poder de mercado: “Los consumidores deberían ser protegidos de los abusos de ese poder de mercado, que suele reflejarse en precios altos, abastecimiento insuficiente, servicio de mala calidad y escasa confiabilidad…” Fomentar la competencia, en cambio, implica terminar con la costumbre de que alguien decida “quién puede entrar al mercado y bajo qué condiciones”, impediría que “los nuevos participantes necesiten acceder a escasas fuentes inicialmente controladas” por quien maneja el mercado, mantener una “constante vigilancia contra el comportamiento anticompetitivo” y “crear un clima favorable para la inversión” [4].

Las anteriores ventajas que ofrece el mercado han sido señaladas en un informe acerca de las inercias anticompetitivas que llegan a dominar cuando las telecomunicaciones han estado acaparadas por un monopolio estatal. Pero se asemejan extraordinariamente al comportamiento de Televisa y Televisión Azteca que en México se han actuado opuesto a que haya otras cadenas de televisión, como si fueran dueñas del espectro radioeléctrico y no solamente concesionarias de un segmento de él.

La diversidad empresarial es tan importante para la pluralidad en los medios electrónicos que desde hace tres lustros las naciones de Europa, en su fundamental documento conocido como “Televisión sin fronteras”, advirtieron: “es esencial que los Estados miembros velen para que no se cometan actos que puedan resultar perjudiciales para la libre circulación y el comercio de las emisiones televisivas o que puedan favorecer la creación de posiciones dominantes que impondrían límites al pluralismo y a la libertad de información televisiva, así como a la información en su conjunto” [5]. También para evitar esos riesgos sirven las reglas destinadas a los medios electrónicos.

Proteger a la sociedad. Los medios, particularmente cuando están fortalecidos por la concentración empresarial y la capacidad tecnológica, son un poder que en ocasiones rivaliza ventajosamente frente a otros poderes en la sociedad e incluso, delante del Estado. Frente a ese poder, como ante cualquier otro, los ciudadanos necesitan recursos para defenderse de posibles abusos.

Las leyes tienen que proteger a los menores de edad de la transmisión de mensajes impropios para ellos. El mejor recurso al respecto es el establecimiento de horarios para programas dirigidos a distintos públicos. La autorregulación en ese, como en otros terrenos, es útil pero nunca sustituye a la obligación que el Estado tiene para salvaguardar el interés de los ciudadanos y sus familias.

Los derechos de autores y productores también tienen que estar regulados ante la explotación que los medios hacen de su trabajo. En distintas zonas del mundo se promueve la creación nacional estableciendo cuotas del mercado audiovisual que deben ser cubiertas con programas y contenidos de cada país.

La sociedad, de manera general, también tiene prerrogativas reivindicables ante los medios. El derecho de réplica y el derecho a la privacía serían inexistentes si no existiera una legislación precisa y aplicable que los garanticen. Además es preciso que existan normas para regular y, en su caso, evitar mensajes cuya propagación podría perjudicar a los ciudadanos –por ejemplo, anuncios de fármacos cuya venta requiere receta médica– o de productos que sean promovidos con engaños.

En un Estado de Derecho nada debe quedar fuera del orden jurídico. Los medios no pueden ser la excepción.


[1] Néstor García Canclini, “Por qué legislar sobre industrias culturales”. Nueva Sociedad Nº 175. Caracas, Septiembre-Octubre 2001.

[2] Carmen Cafarell, Directora General de RTVE, “La televisión pública de hoy y la perspectiva futura”. Foro Dircom de la Asociación de la Prensa. Madrid, 22 de noviembre de 2004.

[3] Este concepto es abordado en el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Buenos Aires, 2004.

[4] Peter L. Smith y Björn Wellenius, “Mitigating Regulatory Risk in Telecommunications”. Private sector No., 189. The World Bank Group, julio 1999.

[5] Consejo de las Comunidades Europeas, Directiva del 3 de octubre de 1989 sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.

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