Pensar en la videoesfera

La Crónica, 27 de febrero de 2005

Mientras en México la discusión sobre la ley deseable y posible para la televisión y la radio es entorpecida por los empresarios de esa industria y sus voceros, en otros sitios del mundo se reconoce que los medios electrónicos tienen tal importancia que resulta indispensable que cuenten con reglas actuales y capaces de propiciar la pluralidad en las opciones de difusión y sus contenidos.

   En estos días los miembros de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión en todo el país están recibiendo una carta de los dirigentes de ese organismo para alertarlos contra la posible reforma de la ley federal en esa materia. Se trata de un documento repleto de falsedades y que repite muchos de los prejuicios y distorsiones que los dirigentes de la CIRT y sus asesores han manifestado en diversos foros. Sin embargo los concesionarios de estaciones de radio y repetidoras de televisión que quieran estar realmente enterados, cuentan con otras opciones para conocer el proyecto de ley elaborado por varios senadores y la discusión que se desarrolla sobre ese documento.

 

El Informe español

   Esos empresarios y el resto de la sociedad mexicana, además, podrían ampliar sus horizontes si se asoman sin aprensiones a la discusión internacional sobre la radiodifusión y sus reglas. Recientemente, uno de los argumentos de los dirigentes de la CIRT para oponerse al anteproyecto de ley del Senado fue la especie de que un consejo como el que se propone para la televisión y la radio mexicanas resultaría atrasado en comparación con las actuales tendencias internacionales. Esos ignorantes –y desinformadores– líderes empresariales podrían revisar el “Informe para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado” que esta semana presentó en España el Consejo integrado por cinco destacados académicos y periodistas y que fue creado por el gobierno para definir qué hacer con la televisión estatal en ese país.

   Designado el 23 de abril de 2004, ese Consejo ha estado presidido por el filósofo Emilio Lledó. El resto de sus integrantes son Enrique Bustamante, profesor en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y autor de varios libros fundamentales sobre industrias mediáticas y culturales; la profesora de filosofía, especialmente preocupada por temas de ética y ex senadora europea Victoria Camps; el periodista y profesor Fernando González Urbaneja, colaborador de la cadena radiofónica Onda Cero y presidente de la Asociación de Periodistas de Madrid y el también filósofo Fernando Savater, uno de los pensadores más perspicaces y más leídos en lengua española.

 

El trato con la pantalla

   El Informe está precedido de una fructuosa reflexión de Lledó sobre la importancia de que existan reglas y equilibrios en la televisión. Ese medio, dice, nos resulta hoy tan habitual que casi no reparamos en su influencia. “es tal la familiaridad con la que nos hemos instalado en los hábitos que condicionan nuestro trato cotidiano con la inmensa pantalla, que el olvido y la ausencia de reflexión sobre este hecho, limita y condiciona, en buena parte, nuestras ideas y opiniones. Tal limitación y condicionamiento hace que dejemos de tener en cuenta lo reciente y novedoso de este cambio, en el horizonte de nuestra mirada, y perdamos de vista la mutación fenomenal que, desde tan corto tiempo, se ha producido en la manera de oír, de ver y, en definitiva, de experimentar el mundo que vivimos”.

   Supeditada exclusivamente a las reglas del mercado, la televisión no cumple los propósitos de servicio público que debiera tener en las sociedades contemporáneas. El presidente de la mencionada Comisión señala: “El mundo de las imágenes, o lo que se suele llamar videoesfera, puede haber caído en este territorio y verse sometido, igualmente, a los principios que rigen la doctrina de la ‘mayor ganancia’ económica, sin apenas tener en cuenta el delicado material que constituye ese mundo. Un material que, con independencia de la maravillosa maquinaria tecnológica que lo sustenta, y que podría constituir un bien social maneja, como decíamos, ideologías, opiniones, prejuicios, ignorancias, que levantan, de ese mundo entrevisto en la pasiva e inerme experiencia de la mirada, un universo de ‘visiones’ que pueden confundir nuestros deseos y nuestra forma de interpretar la realidad. Este, por otra parte, sorprendente y, en muchos casos, estimulante fenómeno, da lugar a una de las grandes transformaciones de nuestro tiempo y, precisamente por ello, no debe ser ajeno a quienes tienen el deber de administrar, honrada y equitativamente, la política”.

  

Pragmático poder mediático

   El gobierno y quienes lo ejercen, considera el doctor Lledó, incurrirían en un comportamiento irresponsable si se desentendieran del papel de la televisión y cedieran al poder mediático: “Es lógico, pues, que una administración política que sea consciente de la importancia que adquiere, para el desarrollo y el bien social, el cultivo de la sensibilidad y la inteligencia de las personas, tenga que plantearse en qué manos pueda caer la forja de una ciudadanía que debe sustentarse en los principios elementales de la democracia. Se olvida, a veces, este carácter ‘pedagógico’ de los medios de comunicación, y la responsabilidad que, en ellos, tiene la administración política. Hay, pues, que estimular y facilitar la práctica de aquellos principios, repetidos hasta la saciedad, que como la veracidad, la objetividad, la imparcialidad, por ejemplo, parecen ser ideales irrenunciables de la sociedad, por mucho que la doctrina del ‘realismo’, de la pragmacia, instalada en ciertos torreones del poder mediático y en otros poderes, pretendan imponer hábitos mentales y de comportamiento que, en ningún momento, responden a un proyecto democrático”.

 

Nueva televisión pública

   El Informe, avalado plenamente por cuatro de los cinco miembros de la Comisión, propone reestructuraciones administrativas y la designación de autoridades con autonomía gerencial y editorial respecto del gobierno para la empresa Radio Televisión Española –RTVE– y la agencia de noticias EFE. El apartado sobre los fines de la televisión pública resulta especialmente sustancioso.

   Además se sugiere la cancelación de la deuda de RTVE y, en lo sucesivo, su financiamiento con recursos públicos, venta de publicidad que se reduciría de manera gradual y venta de productos. Habría una política de transparencia y el desempeño de la televisión y la radio públicas estaría orientado por un Consejo de Administración de ocho integrantes, de los cuales cuatro serían electos por el Congreso de los Diputados y el Senado, dos por los sindicatos de esa empresa y otros dos por el Consejo del Audiovisual, un nuevo organismo que regularía a la televisión y la radio españolas.

   Uno de los miembros del Consejo que elaboró el Informe, Fernando González Urbaneja, no compartió algunas de las propuestas, especialmente acerca del financiamiento y la designación de autoridades para RTVE. Por eso emitió un voto particular. Pero sí respalda una de las sugerencias centrales del documento que es la creación del organismo regulador de los medios electrónicos –tanto públicos como aquellos que son exclusivamente comerciales–.

 

Consejo de lo Audiovisual

   Aunque el mandato que recibieron por Decreto Real no incluía el diseño de un mecanismo de regulación para los medios no públicos, los miembros del Consejo estimaron que si no atendían esa carencia la reforma que proponían sería insuficiente.

   El “Consejo Audiovisual” propuesto para la radiodifusión española tiene muchas similitudes con el que sugiere el proyecto de ley que actualmente discute el Senado en nuestro país. Los impugnadores del Consejo planteado para la radiodifusión en México, que han sostenido que un organismo de esa índole es contrario a los mecanismos de regulación de la televisión y la radio en el mundo y aconsejan supeditar esos medios a la Comisión Federal de Telecomunicaciones que depende del gobierno federal, quizá refrenarían sus tremendistas enfoques si leyeran consideraciones como las siguientes.

   “En el ámbito de la Unión Europea, la Comisión en su Comunicación de 1999 sobre los principios y directrices de la política comunitaria en el sector audiovisual en la era digital, en el apartado referido a los organismos reguladores, señalaba: ‘los organismos reguladores no deben depender del Gobierno ni de los operadores’.

   “Y en las Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros (punto 10), relativas a esta comunicación, se subrayaba que ‘la regulación de los contenidos dirigida hacia objetivos de interés general tales como la libertad de expresión, el pluralismo, la diversidad cultural o la protección de los consumidores, debería basarse en principios fundamentales tales como (…) la independencia de las autoridades reguladoras…’

   “En el ámbito de del Consejo de Europa, en su Recomendación (2000) adoptada por el Comité de Ministros el 20 de diciembre de 2000, se insta a los Gobiernos de los Estados miembros a: ‘Instaurar, si no lo han hecho ya, autoridades independientes de regulación del sector de la radiodifusión’”.

   Los comisionados para diseñar la reforma de los medios públicos en España recuerdan que “actualmente, en prácticamente todos los Estados de la Unión Europea, existe algún tipo de Consejo independiente para regular el sector audiovisual. Y el fenómeno trasciende incluso a la UE, ya que la EPRA, asociación que reúne a los reguladores independientes europeos, cuenta con 48 miembros que representan a 37 Estados”.

 

Organismo independiente

   El documento de 229 páginas entregado al gobierno español y a partir del cual tendrá que emprenderse una reforma legal acompañada de profundos cambios administrativos, deplora que ese país sea el único de la Unión Europea que todavía no tiene un Consejo Audiovisual de ámbito estatal.

   “El principal argumento a favor de la constitución de un órgano regulador, desvinculado jerárquicamente de la Administración del Estado, apunta a la necesidad de independizar de las coyunturas políticas el control y la aplicación de una regulación en la que entran en conflicto derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión y de información y la defensa de la dignidad humana y la protección a la infancia”, señalan los especialistas designados para estudiar los regímenes de radiodifusión contemporáneos.

   Con una argumentación diametralmente distinta a la que han esgrimido quienes se oponen en México a la creación de un organismo colegiado e independiente para la regulación de la televisión y la radio, los intelectuales y académicos españoles explican:

   “Las dificultades para actuar sobre un sector extremadamente sensible, en el que las intervenciones del Estado suscitan inmediatamente el recuerdo y la sospecha de censura o manipulación política, y el plus de flexibilidad que se le permite a un órgano independiente, son así los argumentos más frecuentes para justificar la creación del mismo.

   “A ello debe añadirse una razón, manejada frecuentemente por la Comisión Europea, que señala como riesgo para la libre competencia que el Estado sea a la vez competidor – como titular de los servicios públicos de televisión – y regulador de su propia competencia.

   “Finalmente, no cabe olvidar que el traspaso de las competencias del Estado sobre los contenidos de la televisión a un órgano independiente, se inscribiría dentro de las tendencias más recientes del Derecho Administrativo, que buscan ‘despolitizar’ la defensa del interés público en ciertos sectores más sensibles, mediante la creación de órganos independientes o el reforzamiento de la independencia de los existentes”.

 

Competencia y tecnología

   Igual que en la mayor parte de las experiencias de regulación internacionales más recientes, en España no se ha considerado la creación de un solo organismo para todas las telecomunicaciones. Tampoco se teme que la existencia de un consejo destinado a la televisión y la radio sea obstáculo para el desarrollo tecnológico. En el Informe del Consejo para la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad del Estado, el término “convergencia” –que en nuestro país algunos asesores de los radiodifusores, con desconocimiento de sus auténticos alcances, han esgrimido como palabra mágica para oponerse a la legislación– solamente se emplea una vez, para enfatizar la importancia que alcanzaría el portal de RTVE en Internet.

   En cambio, el documento señala: “Ni los cambios tecnológicos ni la internacionalización mediática debilitan la necesidad de unos medios gestionados públicamente”.

   Al contrario, el desarrollo tecnológico tendría mayores alicientes en una situación de competencia entre los medios y no con el mercado estrangulado que hoy en México le imponen a la televisión la hegemonía y el patrimonialismo de Televisa y Televisión Azteca.

   En España, como en otros sitios del mundo, hay empresas privadas que quisieran que no hubiera reglas precisas para ese campo y que solamente el albedrío de los radiodifusores determinara el cumplimiento, o no, de sus responsabilidades sociales.

   El documento que hemos mencionado explica con toda claridad por qué la autorregulación, si bien útil, no es suficiente: “La función básica de todos los Consejos audiovisuales, más allá de las singularidades de cada uno de ellos, es la de velar por la garantía y protección de los derechos fundamentales. En ese sentido, constituyen una especie de defensor último del telespectador. Dicho cometido han de llevarlo a cabo tanto al procurar que la legislación audiovisual se aplique correctamente, como impulsando la autorregulación a fin de que ésta se base en una efectiva toma de conciencia de las obligaciones y responsabilidades de quienes gestionan y operan en los medios de comunicación. Es decir, para que la autorregulación sea operativa y tenga la máxima eficacia, ha de contar con el impulso y el control o la supervisión de un organismo que sea política y mediáticamente independiente”.

 

Reforma pendiente

   El documento para reformar la televisión pública española no abunda en peculiaridades del Consejo que propone para las industrias audiovisuales. Pero considera que la designación de sus integrantes debería ser con dos tercios de los votos en el Congreso de los Diputados.

   También se considera que los consejeros han de reunir “un perfil adecuado al desempeño de sus funciones en el Consejo, demostrado ante comparecencia en el Parlamento. Y que se sometan a un régimen de incompatibilidades estricto que garantice su independencia de intereses económicos en el sector”. También en esos requisitos el nuevo modelo propuesto para la radiodifusión española se asemeja a la propuesta que hoy en día –y nadie sabe hasta cuándo– se mantiene en el Senado mexicano.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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