La Crónica, 20 de enero de 2005
Mentir, confundir, distorsionar: ese ha sido el recurso que, a falta de argumentos sólidos, emplean los empresarios de la radiodifusión para oponerse a que sea actualizada la ley de radio y televisión. Esta vez, lamentablemente, han aprovechado un descuidado y desafortunado reportaje publicado ayer como nota principal en La Crónica de Hoy.
Derrotados en el terreno de la discusión pública, los adversarios de la reforma legal acuden ahora a inventar una supuesta conspiración de fuerzas oscuras para apropiarse de los medios. Afirman que detrás de la ley que se discute en el Senado está el intento del PRD y Andrés Manuel López Obrador para promover su proyecto político.
Ayer por la mañana en el noticiero de Oscar Mario Beteta en Radio Fórmula Javier Tejado, uno de los asesores de los empresarios de esa industria, aseguró que el proyecto de ley “está hecho con un ánimo de intenciones políticas”.
Horas más tarde, en la misma emisora y con Joaquín López Dóriga, un ex presidente de los radiodifusores, Emilio Nassar, dijo acerca de esa reforma: “esto es muy peligroso, esta ley que se quiere implantar va ligada con las estaciones ilegales y comunitarias, sería un retroceso enorme del país y no obedece a los intereses y la realidad de los mexicanos sino a intereses extranjeros”.
El pretexto para esas declaraciones fue la información publicada en Crónica sobre la supuesta existencia de 124 estaciones ilegales de radio y televisión. En esa nota se confunde a las emisoras que desde hace años han buscado su regularización jurídica con otras, aparentemente manejadas por varios municipios del PRD.
La información es errónea al menos en algunos casos. A la estación comunitaria en Mazatlán Villa de Flores en Oaxaca se la califica como “clandestina” cuando su existencia es ampliamente conocida porque se trata de una de las radiodifusoras que exigieron su reconocimiento legal, el cual obtuvo en diciembre pasado.
En la misma nota, el manejo de esa emisora se le adjudica el PRD cuando en realidad es propiedad de una asociación civil y en el municipio en donde transmite las elecciones se realizan por el sistema de usos y costumbres.
La lista de emisoras sin autorización incluye un supuesto canal 7 de televisión del gobierno de Chiapas, en Comitán. Pero la repetidora en esa localidad de la red gubernamental chiapaneca transmite por la frecuencia del canal 33.
La fuente que entregó ese documento engañó al reportero José Contreras y a su periódico. Pero la publicación de esa nota sirvió como subterfugio a los voceros de los empresarios de la radiodifusión para reanudar sus ataques a la reforma legal.
Emilio Nassar, que fue presentado como “primer vicepresidente de la Asociación Internacional de Radio y Televisión” aunque se trata de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, dijo que al proyecto de ley que se ha elaborado en el Senado lo orientan los principios del Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación, la tendencia de cambio en los medios que fue desarrollada en numerosos países en los años setenta. Según ese empresario, aquel “movimiento internacional (era) financiado por grupos ideológicos”.
En realidad los legisladores que promueven esa reforma no han tenido que ir muy lejos, ni geográfica ni cronológicamente, para advertir la necesidad de que los medios electrónicos en México tengan una normatividad moderna. El mismo Nassar, involuntaria y transparentemente, le confió a López Dóriga por qué a algunos empresarios les preocupa tanto la propuesta de ley. Lo que no quieren es que haya competencia en la radiodifusión: “en el momento en que las autoridades dieran indiscriminadamente concesiones, o permisos con posibilidad de comercializar, entraríamos en una espiral de quiebra”. Quieren ser los únicos en ese negocio.
Las comunitarias que transmiten sin permiso no les inquietan a esos empresarios por la audiencia que alcancen, ni por la ilegalidad en la que puedan incurrir. Solamente les interesan como pretexto para descalificar el trabajo legislativo que podría acotar los desmedidos privilegios que hasta ahora han disfrutado.
No dijo cuáles son, pero según Nassar con el proyecto de ley “estas organizaciones extranjeras quieren meterse por la cocina, por la puerta de atrás a México”. El corte diazordacista, la paranoia y el macartismo de ese vocero empresarial, no alcanzan a encubrir dos rasgos fundamentales de su discurso. Los actuales concesionarios creen que la televisión y la radio son suyas y no de la Nación como todavía dicen nuestras leyes. Y acostumbrados a tratar a sus públicos como mentecatos, creen que la sociedad se creerá la fábula que tratan de enderezar: una conjura extranjera para apoderarse de la radiodifusión mexicana y –con propósitos hasta ahora inexplicados– promover al jefe de Gobierno del DF. Se les olvida que a López Obrador lo que le interesa fervientemente, en el plano de los medios, es el beneplácito de Televisa.
Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx
Página web: http://raultrejo.tripod.com/
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mediocracia 