Televisión, el gran problema

La Crónica, 4 de octubre de 2004

Ha sido inevitable que, en el examen de las condiciones para la gobernabilidad y la democracia, el de los medios de comunicación electrónica haya sido uno de los temas centrales. Aunque en el evento que organizó la comisión para la reforma del Estado de la Cámara de Diputados se les dio más peso y espacio a los balances entre presidencialismo y parlamentarismo o a las tareas del Congreso, en pocos días se confirmó que uno de los grandes obstáculos para la democracia mexicana –el más importante y riesgoso, a nuestro juicio– lo constituyen los medios electrónicos y de manera muy especial la televisión.

   El diagnóstico en el que coincidieron legisladores, dirigentes políticos y periodistas destacados, recordó el enorme poder que la televisión privada ha acumulado en nuestro país. Aunque en todo el mundo hay una tendencia a la concentración de los medios, facilitada por las innovaciones tecnológicas y la aglomeración de firmas en grandes consorcios, no conocemos un caso tan escandaloso de acaparamiento mediático como el que existe en México.

   Solo dos empresas monopolizan casi el 95% de todas las frecuencias de transmisión para la televisión comercial, así como porcentajes similares en la audiencia y en el financiamiento publicitario que recibe ese medio. Tan solo una de ellas ocupa alrededor del 80% de todos esos privilegios.

   La hegemonía de Televisa ha trascendido al dial y a la industria del espectáculo –o, dicho de otra manera, ha logrado subordinar gran parte de la cultura, las relaciones sociales y la política mexicanas a su peculiar, utilitaria y abusiva concepción del espectáculo–. La dependencia que la clase política contemporánea ha decidido padecer respecto de esa empresa es tan costosa, en todos los sentidos, como asombrosa.

   No hay partido político, grupo parlamentario, ni gobierno del rango territorial que sea, que no se sientan supeditados al poder y, a menudo, a los caprichos, intereses, desplantes y desde luego a la agenda que Televisa impone en los asuntos públicos. La otra televisora privada, que en muchos aspectos es una suerte de caricatura borrajeada y vulgar de Televisa, se comporta con igual prepotencia pero tiene menos poder.

   En pocos años, particularmente en los casi cuatro que lleva el actual gobierno federal, la relación de sometimiento formal y a veces real que los medios experimentaban respecto del poder político sufrió una voltereta que la trastocó significativamente. Hasta hace poco tiempo era conocida la influencia que sobre los medios ejercía el gobierno, apoyado en una ley que le confiere gran discrecionalidad pero sobre todo en los usos extralegales que habían regido ese trato.

   Las cosas no mejoraron aunque ahora sean al revés. No es en las oficinas presidenciales de comunicación, sino en los despachos de productores y directivos de las televisoras, en donde se deciden los contenidos que habrán de conformar la percepción que la sociedad mexicana tiene de los asuntos públicos –y, con preocupante frecuencia, también de la vida privada de los personajes públicos–.

   El gobierno ya no dispone de lo que transmitirán las frecuencias electrónicas concesionadas. Ahora los usufructuarios de ellas disponen de las prioridades y a veces incluso las decisiones del gobierno.

   El poder atrabiliario y extralegal de Televisa y Azteca se ejerce todos los días, a todas horas. Por eso la idea de reglamentar e incluso eliminar la publicidad política que los partidos contratan en temporadas de campañas electorales, resulta plausible pero enormemente limitada.

   El gasto que los partidos hacen, con dinero nuestro, en la compra de espacios para dar a conocer sus propuestas o a sus candidatos ocupa porcentajes cada vez mayores del financiamiento electoral. En varias ocasiones esta columna se ha ocupado de esa preocupante propensión que esta convirtiendo a los partidos, de interlocutores indispensables, en simples clientes de las televisoras.

   Terminar con la contratación de tales espacios no significaría, como tramposamente afirman los actuales directivos de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, una catástrofe para la educación política de los mexicanos. Simplemente, en vez de gastar nuestro dinero en anuncios de 20 segundos que cuestan –¡cada uno!– varios centenares de miles de pesos, los partidos utilizarían el tiempo que los medios electrónicos todavía están obligados a proporcionarle al Estado. Con la media hora y los minutos adicionales en televisión y radio que subsistieron después del decretazo con que el presidente Fox obsequió hace un par de años a los radiodifusores, basta para que los partidos difundan spots e incluso programas de mayor duración para difundir y comparar sus plataformas electorales.

   Si la televisión es un problema para la democracia mexicana, no se debe solo al acaparamiento de la propaganda electoral. Por eso en vez de leves enmiendas lo que hace falta es una nueva ley federal de medios electrónicos para la cual, desde hace meses, algunos de los senadores más responsables tienen un proyecto.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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