Senadores contra la prensa

La Crónica, noviembre 16 de 2004

Sin que haya sido motivo de una discusión seria y abierta a la sociedad, el Senado de la República se dispone a aprobar una reforma legal que atenta contra la libertad de expresión y refrenda el atraso y el autoritarismo de la Ley de Imprenta que está por cumplir 88 años.

   Se trata de una serie de reformas a esa ley que han sido promovidas con la excusa de reivindicar los derechos de las minorías y propiciar el respeto a las culturas indígenas. Posiblemente algunos de los senadores que han avalado esa reforma hayan sido movidos por propósitos nobles. Pero en la práctica las adiciones que están a punto de aprobar implicarán nuevas limitaciones, que se añaden a las que ya existen, en una ley que a pesar de su arcaísmo sigue normando el desempeño de las publicaciones escritas en nuestro país.

   El jueves pasado el pleno del Senado conoció, en primera lectura, el dictamen de las comisiones unidas de Educación y Cultura, Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos a una iniciativa que había sido presentada el 25 de marzo del año pasado por la senadora priista Dulce María Sauri.

   Se trata de una propuesta para añadir los “ataques a la dignidad humana” a las conductas sancionadas por la Ley de Imprenta y que hasta ahora son los ataques a la vida privada, a la moral y al orden o la paz pública.

   El dictamen podría ser aprobado hoy mismo, de acuerdo con la información del reportero José Contreras que ayer publicó La Crónica. Esa nueva causal de sanciones, según la propuesta de la senadora Sauri, tipificaría como ataques a la dignidad humana aquellos que, expresados de palabra, por escrito o por cualquier medio, impliquen “algún tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el genero, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que tenga por objeto socavar los derechos y libertades de las personas”.

   En apariencia esa modificación ampararía el respeto a las personas. Pero al determinarse cuándo hay una conducta discriminatoria, los encargados de interpretar la Ley actuarían con tanta subjetividad que en muchos casos podrían sancionar a quienes hacen uso de la libertad de expresión que está garantizada constitucionalmente.

   Si esa legislación hubiera estado aprobada hace unas cuantas semanas, muchos de los comentarios adversos a la ambición política de la esposa del gobernador de Tlaxcala podrían haber sido punibles porque a esa ahora ex candidata se le cuestionó debido a las ventajas que buscaba ejercer en virtud de su estado civil.

   Con esa adición a la Ley de Imprenta, cualquier opinión crítica a los empeños de la señora Sahagún de Fox para beneficiarse políticamente de la posición privilegiada que tiene ahora podrían ser motivo de encarcelamiento.

   La Ley de Imprenta, como podrá recordarse, establece penas corporales a quienes la autoridad judicial sancione por incurrir en las conductas que allí se tipifican. Un comentario crítico como los antes mencionados, podrían significar entre seis meses y dos años de prisión para quien lo escriba o produzca y, también, para el director de la publicación en donde aparezca.

   La reforma que promueven la senadora Sauri y varios de sus compañeros de partido considera que también son “ataques a la dignidad humana” aquellos que se difundan, de manera impresa “o trasmitida por medios electrónicos” y que “directa o indirectamente signifique agravio o desprecio a la cultura, usos, costumbres o derechos de los pueblos y comunidades indígenas o de toda comunidad equiparable a aquéllos”.

   Vaya manera de reivindicar a las culturas autóctonas. Si un caricaturista satiriza a los ciudadanos que recientemente se vistieron con penachos y cascabeles para bloquear los accesos a Teotihuacán en protesta por la edificación de un centro comercial, podría pasar varios meses en la cárcel. Si un locutor, o cualquier ciudadano en una carta a la sección de correspondencia de un diario, manifiestan que prefieren las hamburguesas a los tacos de nana, podrían ser acusados por despreciar la cultura vernácula. Si alguien critica de manera áspera los usos y costumbres de las comunidades indígenas que suelen hacerse justicia por su propia mano, podría ser víctima de sanciones.

   Es plausible que se promueva el respeto a valores nacionales y autóctonos. Pero eso se logra promoviendo una cultura de la tolerancia, no imponiendo censura y castigos.

   La Ley de Imprenta obedece a una concepción decimonónica de moral social y control sobre los medios de difusión. En vez de derogarla y sustituirla por un ordenamiento moderno, que garantice los derechos de la sociedad delante de los medios pero sin apreciaciones subjetivas ni sanciones penales –como ocurre cada vez con más legislaciones en todo el mundo– nuestros senadores están a punto de ensancharla en demérito de las libertades de expresión y publicación.

Nota:

Después de la publicación de esta columna el proyecto de reformas a la Ley de Imprenta fue devuelto a comisiones del Senado y no se llevó a su discusión en el Pleno.

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