Poder formidable, legislación urgente

La Crónica, 10 de octubre de 2004

En marzo del año pasado el autor de esta columna fue invitado por el Senado de la República a participar en la Audiencia Pública sobre la Iniciativa de Ley Federal de Radio y Televisión que entonces estaba discutiéndose. Ahora que el tema ha regresado al Congreso es pertinente volver sobre aquellos puntos de vista –especialmente hoy, cuando se cumplen dos años del decretazo con que el presidente Vicente Fox y quienes lo rodean se congraciaron con el poder mediático en demérito de los intereses de la sociedad–. Esta es parte de nuestra participación en aquella Audiencia.

   Acudo a esta invitación del Senado de la República con una mezcla de espontánea expectación, ilusionado voluntarismo y razonable suspicacia. La reforma legal para la radio y la televisión constituye una asignatura impostergable. No hay una sola razón sólida ­–ni en el terreno jurídico, ni en el campo de la política– que justifique el aplazamiento de esa reforma. Será imposible considerar que en México tenemos una democracia aceptable mientras las reglas para la comunicación de masas continúen supeditadas a parámetros tan atrasados y sobre todo tan inequitativos como las que establece la Ley Federal de Radio y Televisión de hace 43 años. La negligencia que durante décadas ha mantenido el Poder Legislativo al desatender la imprescindible actualización jurídica para los medios electrónicos ha significado una inaceptable concesión a unas cuantas empresas y, al mismo tiempo, una costosa desatención al interés de la sociedad mexicana.

   La decisión del Senado de la República para promover la discusión de la iniciativa que en diciembre pasado le entregó un grupo de organizaciones sociales interesadas en la reforma de la comunicación electrónica y la organización de consultas y audiencias como la presente, significa un cambio respecto de ese costoso descuido del Poder Legislativo. Pero quisiera llamar la atención sobre la escasa utilidad que tendrá este ejercicio si no está acompañado de una auténtica decisión de los legisladores para emprender, con toda seriedad y sin innecesarias dilaciones, la reforma del marco jurídico para la radio y la televisión.

   Acerca de este asunto se han realizado demasiados foros, encuentros y consultas. En algo más de un cuarto de siglo he tenido la oportunidad de participar en numerosas reuniones para discutir siempre el mismo asunto y arribar a –siempre– similares conclusiones.

   La consulta pública que el gobierno organizó en 1977 acerca del derecho a la información, las 20 audiencias en todo el país promovidas por la Cámara de Diputados en 1980; el proyecto de Comunicación Social que la Presidencia de la República elaboró en 1981 con docenas de especialistas; el Foro nacional de Consulta Popular que el gobierno federal realizó en varias sedes, con 2 mil 163 participantes, en 1982; la investigación para la reforma de los medios que la Presidencia encargó a un grupo de investigadores en 1985; las opiniones que el gobierno solicitó en 1989 para incorporar el tema de la comunicación al Plan Nacional de Desarrollo; la Consulta sobre Reforma Política en 1989; el Foro para la Reforma Electoral (en donde también se habló de medios) en 1993; las consultas para el Plan de Desarrollo en 1995 y la Consulta Pública en Materia de Comunicación Social que la Cámara de Diputados emprendió también en 1995… esas han sido algunas de las estaciones de un recorrido extenso, difícil, siempre propositivo pero desdichadamente circular.

   Sugerencias no han faltado. Tan solo en la consulta de 1979 la Cámara de Diputados recibió 140 ponencias. En la que realizó 16 años después, en 10 foros regionales, ese órgano legislativo reunió 646 ponencias con un total de 2 mil 908 propuestas.  Ninguna de ellas ha sido recuperada, en nuevos ordenamientos jurídicos, por el Poder Legislativo. Los esfuerzos de algunos diputados y senadores para promover una reforma legal de los medios han tropezado, en cada Legislatura, con la indolencia o el desinterés de la mayoría de sus compañeros.

   Ustedes entenderán por qué, después de 26 años diciendo y escuchando fundamentalmente lo mismo, digo que acudo a esta Audiencia con documentada suspicacia. La situación actual es ciertamente distinta. Por primera vez se discute una iniciativa de manera específica y no una colección de propuestas desperdigadas. Por primera vez la reforma de la legislación para los medios electrónicos forma parte de la agenda de los asuntos públicos prioritarios en nuestro país. El interés de la sociedad por el desempeño de los medios es creciente y también, hay que decirlo, el patrimonialismo que el gobierno federal ha manifestado acerca de la comunicación así como los descomunales abusos que se les toleran a  algunas empresas de radiodifusión, han llevado al tema de los medios a una situación límite. A contracorriente del proceso de deliberaciones al que el gobierno mismo había convocado para revisar la ley de radio y televisión, el Presidente expidió el 10 de octubre pasado un decreto y un reglamento dictados, punto por punto, por el interés de las corporaciones televisivas. En contradicción con el respeto a la legalidad y las prácticas civilizadas con las que está obligada, Televisión Azteca emprendió en los últimos días de 2002 un asalto armado contra las instalaciones de otra televisora. El decretazo de octubre y el atraco en El Chiquihuite han contribuido, de manera notable, a subrayar la necesidad que el país tiene para contar con reglas actuales, modernas y equitativas, para el desarrollo de la radio y la televisión.

 

Proyecto perfectible

   El proyecto que ahora se discute es suficientemente ambicioso para significar, si fuese aprobado en sus líneas fundamentales, una reforma cabal para los medios electrónicos. Desde luego, tiene aspectos discutibles y perfectibles. Se trata de una iniciativa coherente, que establece mecanismos de licitación para la asignación de concesiones, reconoce la importancia de los medios públicos, instaura un auténtico derecho de réplica y se preocupa por estimular una programación nacional y de calidad, entre otros aspectos. En lo personal me parece que en vez de refrendarla debería desaparecer la licencia para locutores –que significa una forma de coacción a la expresión en los medios electrónicos– y que no debería prohibirse la inversión extranjera en la radio y la televisión, la cual es un recurso generalizado en prácticamente todo el mundo.

   De manera particular me quiero detener en los dos aspectos que me parecen medulares para resolver los rezagos principales que padecen la televisión y la radio en nuestro país. Se trata de los límites a la concentración de la propiedad en esos medios y del organismo que se propone para regular a la televisión y la radio.

 

Concentración de la propiedad

   La comunicación de masas es una actividad, por definición, autoritaria: unos cuantos difunden mensajes para muchos más. Ese carácter de los medios electrónicos se intensifica cuando una sola o pocas empresas controlan a una gran cantidad de frecuencias de transmisión.

   En México sabemos bien los costos sociales, culturales, informativos, educativos y también políticos que ha implicado la concentración de muchas frecuencias en pocas manos. En este país el 80% de las televisoras comerciales son propiedad de una sola empresa y un 13% adicional son controladas por otra más. Televisa y Televisión Azteca constituyen un duopolio que, más allá de las intenciones o los intereses de cada uno de esos consorcios, es posiblemente el mayor signo de antidemocracia en el México de nuestros días. Al estar supeditados a los contenidos que resuelven proporcionales únicamente dos empresas, a los mexicanos se les estrechan las opciones de las que tendrían derecho a disponer en materia de entretenimiento o información. La enorme concentración de frecuencias electrónicas en unas cuantas manos atenta contra el derecho de otros grupos a transmitir mensajes de radiodifusión e impide la competencia y por tanto, la diversidad de opciones para que la sociedad pueda elegir qué estaciones de televisión y radio sintoniza.

   En todo el mundo el establecimiento de límites a la propiedad de medios es uno de los recursos más importantes para propiciar la diversidad, el contraste y la competencia comunicacionales. (Los datos que mostramos a continuación han sido tomados de distintos apartados en el informe Communications Outlook. OECD, 2001).

   En Alemania una televisora no puede alcanzar una audiencia anual de más del 30%.

   En Australia está prohibido que una sola empresa tenga licencias para transmitir a más del 75% de la población.

   En Bélgica no se permite que un inversionista tenga más del 24% de acciones en dos televisoras.

   En Canadá está prohibido que una misma entidad sea propietaria de más de una televisora que ofrezca sus servicios en el mismo mercado y en el mismo idioma.

   En Dinamarca no se permite que una misma persona pueda ser miembro del Consejo de más de una televisora local.

   En España una sola entidad no puede tener más de una licencia de transmisión ni controlar más del 25% del capital de una televisora.

   En Estados Unidos está prohibido que un grupo tenga, opere o controle televisoras que lleguen a más del 35% de la audiencia nacional. Un grupo no puede tener operar más de una cadena nacional de televisión, ni tener más de una televisora en el mismo mercado.

   En Francia ninguna entidad puede poseer más del 49% de las acciones de una empresa de radiodifusión nacional. Al propietario de una televisora que transmita a un área con una población de más de 4 millones de personas no se le permite tener otra licencia de transmisión. Ninguna empresa o individuo puede transmitir, aunque sea a través de varias estaciones, en áreas que sumen más de 6 millones de personas.

   En Grecia ninguna entidad puede tener más del 25% de las acciones de una empresa de radiodifusión.

   En Hungría no está permitido que una empresa tenga más de una televisora.

   En Italia se prohíbe que una sola entidad tenga o controle más del 20% de las frecuencias disponibles o más del 30% del ingreso (la suma de publicidad y cuotas de transmisión) en ese sector.

   En Japón está prohibido que una misma empresa o persona controle más de una televisora.

   En el Reino Unido una misma entidad no puede tener o controlar más del 15% de la audiencia total de la televisión.

   En Turquía es ilegal que una misma entidad posea más del 20% de las acciones de una estación televisora.

   En México, como sabemos, no existen restricciones a la propiedad de televisoras y radiodifusoras.

   La iniciativa que ahora se discute enfrenta el problema de la concentración de propiedad de los medios electrónicos pero de manera demasiado tímida. El artículo 77 de ese documento propone: “Las personas físicas o morales que operen empresas de radiodifusión no pueden obtener mas concesiones cuando rebasen el cincuenta por ciento de la audiencia o de los ingresos del sector en una plaza”.

   Eso significaría que una sola empresa –y todos nos imaginamos cuál– tendría la posibilidad de quedarse con la mitad de todas las televisoras privadas en el país. Y que entre dos consorcios podrían repartirse todo el mercado. Me parece que ese porcentaje tendría que ser revisado de acuerdo con parámetros internacionales como los antes mencionados. Ninguna empresa, a nuestro juicio, debería tener más del 25% de las estaciones, la audiencia ni el ingreso publicitario nacionales y regionales en la televisión mexicana.

   La iniciativa tampoco establece normas para la propiedad de radiodifusoras y televisoras por parte de quienes tienen intereses empresariales en otras áreas de la comunicación. En muchos países hay restricciones para que los dueños de estaciones de TV y radio ofrezcan, además, servicios de televisión por cable o posean periódicos impresos.  En Estados Unidos, para no ir lejos, una misma entidad está imposibilitada para tener una radiodifusora o televisora en la misma localidad en donde tiene un periódico y ninguna empresa de televisión por cable está autorizada a prestar servicios a más del 30% de los hogares que reciben televisión pagada.

   Por lo demás, la iniciativa se preocupa solamente de la radio y la televisión de difusión abierta, que son los medios que alcanzan mayores audiencias, pero se olvida de otras vías de comunicación como la televisión por cable o los servicios de señales codificadas como Multivisión, Direct TV o Sky.

 

Autoridad regulatoria

   La aplicación de la nueva Ley estaría a cargo de un Consejo Nacional de la Radio y la Televisión “con carácter autónomo, personalidad jurídica y patrimonio propio”. Esa previsión coincide con la tendencia internacional, que ya es una práctica en casi todo el mundo, para que la asignación de frecuencias y la supervisión del desempeño de la radio y la televisión no estén a cargo de una autoridad administrativa supeditada al gobierno sino de organismos colegiados.

   En Alemania, la autoridad regulatoria para televisión y radio (Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten) tiene una Conferencia de Directores designada por los länder, los estados alemanes.

   En Argentina, el Comité Federal de Radiodifusión depende del Poder Ejecutivo nacional. Su Directorio lo componen un presidente y seis vocales designados por el presidente a propuesta de sectores como el Ejército y la Armada, las  secretarías de Información y comunicaciones y las asociaciones de concesionarios (o “licenciatarios”).

   En Canadá, la Comisión de Radio-televisión y Telecomunicaciones está integrada hasta por 13 miembros de tiempo completo y seis comisionados de tiempo parcial designados por el gabinete de gobierno. Tiene autoridad para regular y supervisar todos los aspectos del sistema de radiodifusión canadiense.

   En Colombia, la Comisión Nacional de Televisión es dirigida por una Junta de cinco integrantes. A dos los designa el gobierno, a uno más las empresas televisoras, a uno adicional las asociaciones profesionales y los sindicatos de la televisión. Otro miembro de la Comisión es designado por las asociaciones de padres de familia y las facultades universitarias de Comunicación.

   En Chile, el Consejo Nacional de Radio y Televisión es un organismo autónomo y con personalidad jurídica propia.

   En España la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología, es un órgano consultivo del gobierno pero tiene funciones ejecutivas y de arbitraje. Los integrantes de su Consejo son nombrados por Decreto Real.

   En Estados Unidos la Comisión Federal de Comunicaciones se encuentra integrada por cinco miembros cuya designación –por siete años– es responsabilidad del presidente pero debe ser aprobada por el Senado. No está permitido que más de tres miembros de la CFC pertenezcan a un mismo partido.

   En Francia, al Consejo Superior del Audiovisual lo encabezan nueve comisionados a quienes el Presidente de la República designa por seis años. A tres de ellos los propone el presidente de la República, a otros tres el presidente de la Asamblea Nacional y tres más son presentados por el presidente del Senado.

   En Grecia el Consejo Nacional para Radio y Televisión tiene siete miembros, seleccionados por el Parlamento a través de su Conferencia de Presidentes.

   En Italia, la Autoridad para la Garantía en las Comunicaciones tiene nueve integrantes, designados por el Parlamento, que se organizan en dos comisiones, una para asuntos relacionados con infraestructura y redes y la otra para servicios y productos, ambas encabezadas por el mismo presidente.

   En Portugal la Alta Autoridad para la Comunicación Social tiene once miembros: cinco son designados por el parlamento, y uno por cada una de estas entidades: el Consejo Superior de la Judicatura, el gobierno, los periodistas, los propietarios de medios, el Consejo Nacional del Consumidor y la comunidad científica y cultural.

   En el Reino Unido la Comisión de Pautas para la Radiodifusión tiene 13 comisionados a quienes designa el Secretario de Estado para la Cultura y los Medios.

   En Turquía, el Consejo Supremo de la Radio y la Televisión cuenta con nueve integrantes, electos por la Asamblea Nacional para una gestión de seis años.

   En México la asignación y revisión de concesiones para radiodifusión está a cargo de un funcionario del gobierno federal –el secretario de Comunicaciones y Transportes– y la supervisión del desempeño de esos medios corresponde a la Secretaría de Gobernación.

   La iniciativa que se examina ahora propone la creación de un Consejo Nacional de Radio y Televisión cuyos nueve integrantes serían designados por el Senado de la República

 

Costos y plazos

   Establecer límites a la concentración de la propiedad y mecanismos para aplicar la nueva ley son dos asignaturas sin cuya solución será imposible considerar que hemos tenido algún avance en el marco jurídico para la televisión y la radio. Ambos temas forman parte de la demarcación entre un régimen discrecional, autoritario y discriminatorio y un orden con reglas modernas, congruente con la democracia que queremos tener en este país.

   Todos sabemos que una reforma de estas dimensiones puede tener costos políticos y suscitar animosidades corporativas. Cada vez que se propone la actualización de la Ley de Radio y Televisión se manifiesta el rechazo de los concesionarios más influyentes que han preferido que se mantenga un ordenamiento atrasado (y que quieren seguir dependiendo de la discrecionalidad que esa Ley le otorga al gobierno federal) antes que arriesgarse a participar de la renovación en las reglas para la comunicación electrónica. Con frecuencia, no pocos legisladores y los dirigentes de sus partidos se sobrecogen ante la reacción que una reforma de ese carácter podría suscitar en las televisoras más prominentes.

   El poder de los medios electrónicos resulta, sin duda, formidable en la sociedad contemporánea. Y precisamente porque reconocemos esa influencia es preciso establecer reglas para que sea ejercida en beneficio del interés de la sociedad y no en contra de ella. Por lo demás hoy resulta claro que por muy extendida que sea la capacidad de propaganda y persuasión de las corporaciones televisivas, hay otros medios y espacios de la sociedad que actúan como contrapesos. Ninguna conducta social o convicción política arraigan solo porque sean propagadas por la televisión. Ninguna elección se gana o se pierde exclusivamente en el terreno de los medios. No hay que desdeñar el poder de los medios pero tampoco atemorizarnos ante él. Quisiera exhortarlos con todo respeto, señores senadores, a que emprendan sin timidez y cuanto antes la reforma legal para la televisión y la radio. Decía Morelos que a lo que es preciso temer es a la historia. Y ustedes contribuirían a la historia democrática de este país si aprueban la indispensable reforma legal para los medios electrónicos.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

–0–

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s