Palo y diálogo

La Crónica, enero 15 de 2004

A pesar de que varias de ellas han sido inesperadamente clausuradas el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Álvarez Hoth, asegura que el gobierno federal no persigue a las radiodifusoras comunitarias. En conversación con Reforma publicada el lunes ese funcionario expresa “estamos abiertos al diálogo”, acerca del trato que tiene con la representación mexicana de la Asociación Mundial de Radiodifusoras Comunitarias.

   Sin embargo hace un mes, justo cuando estaba dialogando, la SCT cerró tres de esas estaciones en Jalisco: Radio Santa María Zapotitlán de Vadillo, Zona Cero de Tonaya y Radiografía de Tolimán.

   Esas estaciones y varias docenas más han operado sin el permiso legal que el gobierno les puede otorgar. Entre otros motivos, no han tramitado esa autorización porque no existen pautas jurídicas que establezcan los pasos a seguir para ello.

   Algunas de las radiodifusoras comunitarias tienen varios años de existencia y han ofrecido un servicio reconocido por las poblaciones en las que transmiten. Ahora, a partir del interés de la SCT y la Secretaría de Gobernación en torno a su situación jurídica, las radios adheridas a la AMARC expresaron su disposición para buscar su regularización legal.

   El 10 de diciembre esa agrupación entregó a Comunicaciones los expedientes de cuatro estaciones, con el propósito de obtener el permiso para transmitir. El hecho de que menos de una semana después fuesen clausuradas otras tres indicaba una idea bastante heterodoxa de lo que el secretario Álvarez Hoth entiende por dialogar.

   Ahora, sin embargo, pareciera que las radios comunitarias y el gobierno federal pueden reencontrar una vía que permita atender la mutua necesidad que tienen para resolver la legalización de esas estaciones. Ya que ha recibido los expedientes de varias de esas radiodifusoras ahora es pertinente que la SCT precise cuáles serán los criterios que utilizará para otorgar los permisos de transmisión. Los ciudadanos que promueven esas estaciones, y la sociedad entera, tienen derecho a saber a partir de qué consideraciones técnicas y políticas orientará la autoridad sus evaluaciones en ese asunto.

   También es la ocasión para que el subsecretario Álvarez Hoth aclare las acusaciones que hace cuando afirma, como reiteró en la mencionada entrevista, que algunas radiodifusoras comunitarias “están vinculadas con grupos subversivos, armados”, que las dependencias de seguridad nacional de este país han señalado”. Se trata de una imputación muy grave. Si en esas estaciones hay relación orgánica o complicidad con grupos ilegales sería necesario que se conociera cuáles son y en qué circunstancias operan. Pero también es posible que se trate de una exageración del gobierno para regatearles a esas estaciones el permiso al que tienen derecho y de una persecución política que resultaría inaceptable.

   La regularización legal de las radios comunitarias ha experimentado un proceso repleto de tortuosidades. Hace un par de meses la SCT indicó a los representantes de la AMARC que entre los requisitos para tramitar los permisos debían recabar una constancia del Ejército que avalara el desempeño de tales estaciones. Más tarde, funcionarios de esa secretaría dijeron que no habían establecido tal condición.

   La rigidez que la SCT ha decidido tener ante las comunitarias parece originarse en la preocupación que esas estaciones suscitaron, repentinamente, entre los radiodifusores privados más poderosos. Con una actitud patrimonialista y comportándose como si el espectro radioeléctrico fuera de ellos y no de la Nación, los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión hicieron de ese asunto una estrepitosa causa.

   La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, subordinada de esa manera a los intereses de tales empresarios, le solicitó a la AMARC que como gesto de avenencia con los concesionarios privados suspendiera las transmisiones de una de sus estaciones afiliadas. Debido a ese compromiso en octubre pasado, en coincidencia con la XLV Semana de Radio y Televisión de la CIRT y como “un último gesto de voluntad política” la estación La Voladora de Amecameca, Estado de México, suspendió temporalmente sus transmisiones. Ahora es el turno de la SCT para elegir si abandona la política del palo, en beneficio del diálogo con la ley en la mano.  

 

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